Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07678-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07678-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07678-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
29 de febrero de 2024
Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07678-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07678-00
Demandante: GUSTAVO ADOLFO PAZOS MARÍN
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO
TEMAS: Tutela de fondo. Acto administrativo definitivo de carácter
particular. Improcedencia al existir otros medios de defensa
judicial1.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Gustavo Adolfo Pazos Marín, en nombre propio, presentó acción de tutela2
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a cargos
públicos.
Las mencionadas garantías superiores las estimó vulneradas con ocasión de la
Resolución N.° EJR23-214 de 21 de julio de 2023, expedida por la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”, a través de la cual se denegó la solicitud de homologación
del curso de formación judicial dentro de la convocatoria 27 y del Acuerdo
Pedagógico PCSJA19-11400 del 25 de septiembre de 2019, que, en su sentir,
establece un trato diferenciado entre los concursantes respecto de la opción de
homologación, contrario al ordenamiento legal y constitucional.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones son las siguientes:
1 Sobre el particular ver los fallos de esta Sección de 18 de enero de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2023-07159-00. MP Omar Joaquín Barreto Suárez y de 15 de febrero de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-00056-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra (E).
2 La tutela se radicó en línea el 19 de diciembre de 2023, en el correo
tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co.
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Demandante: Gustavo Adolfo Pazos Marín
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1. Comedidamente solicito al Juez Constitucional que en aplicación del test de
proporcionalidad/igualdad en sentido estricto, establezca que la diferenciación de
trato en la aplicación del derecho a la homologación del curso de formación judicial
contenida en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19- 11400 del 25 de septiembre de 2019
carece de una finalidad constitucionalmente legitima y lesiona mis derechos
fundamentales a la igualdad de trato, debido proceso y acceso a cargos públicos en
igualdad de condiciones.
2. Comedidamente solicito al Juez Constitucional que protección de mis derechos, se
ordene a RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL- ESCUELA JUDICIAL
RODRIGO LARA BONILLA, aplique a mi caso la homologación del curso de
formación judicial que curse y aprobé con un puntaje 928,27, como aspirante del
cargo de Magistrado Sala Laboral de Tribunal Superior en la convocatoria del
concurso público 17 y 18 de la rama judicial, sin que la inscripción en la carrera judicial
como Juez Segundo Laboral del Circuito de Popayán, constituya una restricción o
limitante en la aplicación de este derecho o constituya una razón constitucionalmente
valida para la diferenciación de trato.3 (Negrillas y mayúsculas sostenidas
originales)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
1.3.1. El señor Gustavo Adolfo Pazos Marín hizo parte del registro de elegibles
contenido en la Resolución N. º. PSAR11-684 del 19 de julio de 2011, dentro de la
convocatoria pública 17 y 18, para aspirar al cargo de magistrado de la Sala Laboral
– Tribunal Superior de Distrito Judicial, en el cual obtuvo un puntaje de 928,27 en el
respectivo curso-concurso.
1.3.2. El señor Pazos Marín aprobó el examen del concurso de méritos de la
convocatoria 27, en el que aspiró al cargo de magistrado de la Sala Laboral de
Distrito Judicial.
1.3.3. El 5 de julio de 2023, el tutelante, en atención al oficio EJO23-912 del 20 de
junio de 2023, solicitó a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” la homologación
del curso-concurso de la convocatoria 27, petición que fue negada mediante la
Resolución N.º EJR23-214 del 21 de julio de 20234, para lo cual se señaló que la
situación fáctica del peticionario no se adecuaba a la disposición que pedía le fuera
aplicada, comoquiera que, conforme al Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del
25 de septiembre de 2019, la referida opción solo corresponde a los aspirantes que
no hayan ocupado un cargo de funcionario en carrera, lo cual no sucedía en su
caso.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró que con la decisión de negar su petición de
homologación del curco-concurso de la convocatoria 27, la accionada Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” vulneró sus derechos fundamentales, entre ellos el
3 Trascripción literal del texto original con posibles errores.
4 En este mismo acto administrativo se le negó la solicitud de homologación al señor Ramiro Esteban
Rodríguez Riveros.
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de la igualdad, pues el hecho de que ocupe en la actualidad el cargo de Juez Laboral
del Circuito, no puede ser un motivo razonable, desde el punto de vista
constitucional, que justifique un trato diferenciado ante supuestos fácticos similares.
Alegó que de conformidad con el instructivo publicado por la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” para acceder a la homologación se debe haber obtenido un
puntaje superior a 800 puntos en el curso de formación judicial de una convocatoria
anterior, lo cual se cumple en su caso.
Advirtió que:
La tesis de la EJRLB implica que ningún aspirante que haya cursado y aprobado un
curso de formación judicial anterior pero que se encuentre vinculado a la carrera
judicial, pueda solicitar la homologación quedando solo la alternativa de solicitar la
exoneración, siempre que su última calificación sea superior a 80 puntos.
Tal restricción contenida en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 25 de
septiembre de 2019, no se encuentra contenida en la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, y el trato diferenciado entre aspirantes que se encuentran
en similar situación jurídica lesiona sin lugar a dudas derechos fundamentales (…)5.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 15 de enero de 2024, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora así como a la Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrea
Judicial y a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, y les otorgó el término de dos
días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de
1991.
De igual forma, vinculó como tercero con interés al señor Ramiro Esteban Rodríguez
Riveros, en atención a que con la Resolución N.º EJR23-214 del 21 de julio de 2023,
se le negó también su solicitud de homologación.
Asimismo, ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado que realizara una
publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela.
Por providencia de 13 de febrero de 2024, se negó por innecesaria la solicitud de
decreto y práctica de la prueba documental solicitada por el accionante.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”6
La directora de la referida dependencia solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela comoquiera que el actor no ejerció los medios ordinarios de defensa
5 Transcripción literal con posibles errores
6 Con correo del 18 de enero de 2024.
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establecidos por la ley para atacar el acto administrativo censurado, o que, en su
defecto, se niegue el amparo solicitado, ante la ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el actor.
Advirtió así que, para la protección de las prerrogativas superiores que alegó como
conculcadas el señor Pazos Marín, este cuenta con los mecanismos previstos en
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto
es, el recurso de reposición en la actuación administrativa o el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual puede solicitar medidas
cautelares, luego, lo que se advertía era la intención de revivir términos de
caducidad.
Asimismo, señaló que no se configuraba un perjuicio irremediable para el
demandante, pues, estaba habilitado para inscribirse y desarrollar el IX Curso de
Formación Judicial, con lo cual, contrario a lo alegado, la entidad estaba
garantizando todos los derechos de los concursantes, situación que por lo tanto no
ameritaba la intervención del juez constitucional.
Indicó que el Consejo de Estado ha determinado que los actos administrativos que
expide el Consejo Superior de la Judicatura como administrador de la carrera judicial
son reglamentos que desarrollan la Ley 270 de 1996, estatutaria de administración
de justicia, con la cual se definen los límites a los que debe sujetarse esa actividad.
Por lo tanto, expuso que al expedir el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre
de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura no se arrogó competencias del
legislador, puesto que esa es una manifestación del amplio margen de acción que
tiene el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de la potestad reglamentaria
que se le ha atribuido la Constitución y la ley.
Puso de presente que, de acuerdo con lo el numeral 2.° del artículo 164 de la Ley
270 de 1996 y el artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018,
la convocatoria es norma obligatoria y reguladora del proceso de selección y por
ello es de perentorio cumplimiento para los aspirantes y para la administración. En
ese sentido, concluyó:
En esta misma vía, se concluye que las disposiciones normativas consagradas en el
Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 se adoptó el Acuerdo
Pedagógico que rige el IX Curso de formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, promoción
2020-2021, materializan la potestad reglamentaria que la propia Constitución Política
le ha conferido al Consejo Superior de la Judicatura, particularmente en lo atinente a
la facultad para definir los requisitos para acceder a la homologación o exoneración
del IX Curso de Formación Judicial Inicial. Además, se indica que aquel acto
administrativo cuenta con presunción de legalidad, goza de fuerza vinculante y es de
obligatorio cumplimiento, tanto para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla como
para los aspirantes.
Explicó que en desarrollo de lo consagrado en el parágrafo del artículo 160 de la
Ley 270 de 1996, el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 reguló
dos situaciones jurídicas diferentes para los aspirantes que superaron las fases I y
II de la etapa de selección y que van a realizar el IX Curso de Formación Judicial
Inicial:
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(i) concursantes que sean o hayan sido funcionarios judiciales de carrera y que
soliciten la exoneración del curso, a quienes se les «tomará la última calificación de
servicio como sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases, siempre que sea
superior a 80 puntos», y
(ii) aspirantes que sin ser funcionarios de carrera hubiesen cursado y aprobado un
curso de formación judicial inicial como etapa de procesos de selección anteriores,
quienes pueden solicitar la homologación «y se tomará la calificación obtenida en el
curso de formación judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases,
siempre que la calificación sea superior a 800 puntos».
Agregó que las figuras de homologación y exoneración del IX Curso de Formación
Judicial Inicial contenidas en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de
septiembre de 2019 se construyeron conforme con lo dispuesto en el Capítulo II de
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, particularmente en el parágrafo del
artículo 160 de la Ley 270 de 1996, en el que se dispuso que «[l]os funcionarios de
carrera que acrediten haber realizado el curso de formación judicial, no están
obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán
las respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación».
Alegó que las mencionadas figuras, al emanar de un mandato legal superior que
tiene plena vigencia, gozan de presunción de legalidad y fuerza vinculante por lo
que son de obligatorio cumplimiento para el Consejo Superior de la Judicatura y
para todos los participantes de la Convocatoria 27.
1.6.2. Unidad de Administración de Carrea Judicial7
La directora de la unidad pidió que se le desvincule del trámite constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva o que, en su defecto, se nieguen las
pretensiones elevadas por el accionante.
Refirió que la presente acción de amparo giraba en torno a la decisión de la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” de negarle al actor la solicitud de homologación,
frente a lo cual, de conformidad con sus competencias, no tenía ninguna injerencia
y, en ese orden, no había desconocimiento de algún derecho fundamental del
tutelante.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
formulada por el señor Gustavo Adolfo Pazos Marín, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
7 Mensaje de datos de 17 de enero de 2024.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales del señor Gustavo Adolfo Pazos Marín
por parte del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, al establecerse en el
Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 20198, en su sentir, un trato
diferencial entre los concursantes respecto a la opción de la homologación y,
negarle la solicitud de homologación del Curso de Formación Judicial Inicial
adelantado para los aspirantes a los cargos de magistrados y jueces, en el marco
de la Convocatoria 27, mediante la Resolución N.° EJR23-214 de 21 de julio de
2023.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de
tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos; y (iii) el caso
concreto.
2.3. Cuestión Previa
En el presente asunto, la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial solicitó la desvinculación de la presente acción constitucional, al considerar
que carece de legitimación en la causa por pasiva.
Para la Sala, la Unidad de Administración de Carrera Judicial no está legitimada
para comparecer en este trámite como accionada, toda vez que los reparos del
tutelante están dirigidos, según se observa de las pretensiones deprecadas, contra
los actos administrativos -Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 25 de
septiembre de 2019 y Resolución N.° EJR23-214 de 21 de julio de 2023-, sin que
se evidencia cargo alguno contra dicha dependencia, razón por la cual se declarará
la prosperidad de dicha excepción.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuandoquiera que resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente,
de particulares.
Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial
ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
8 «Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial
Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, Promoción 2020-2021»
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En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo,
que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.
2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia9.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan
suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir medidas cautelares
en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
9 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
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No obstante, a pesar de ser este el juez natural de este tipo de asuntos es claro que
en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente
para precaver la vulneración de derechos fundamentales, pues se puede dar el caso
de que tal transgresión sea el producto de una decisión administrativa que a la luz
del ordenamiento contencioso se encuentre revestida de legalidad. En esos casos,
la tutela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas
garantías de orden superior.
2.6. Caso concreto
2.6.1. En síntesis, en el sub examine la parte tutelante alegó que se vulneraron sus
derechos fundamentales, comoquiera que en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de
septiembre de 2019 «Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX
Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y
Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021», en su
sentir, se estableció un trato diferenciado e injustificado en el caso de la
homologación del concurso de la Convocatoria 27 y, por la negativa a su solicitud
de homologación que elevó a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, expresada
en la Resolución N.° EJR23-214 de 21 de julio de 2023.
Por lo tanto, solicitó se estudiara el sustento constitucional y legal del referido
Acuerdo Pedagógico PCSJA 19-11400 de 19 de septiembre de 2019, y se accediera
a la petición de homologación, sin tener en cuenta que se encuentra inscrito en
carrea judicial como Juez Segundo Laboral del Circuito Judicial de Popayán.
Al respecto, es importante precisar que con el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, se adelantó el proceso de selección para la provisión de los cargos
de funcionarios de la Rama Judicial, denominado Convocatoria 27, que en su
artículo 3.° estableció lo siguiente:
ARTÍCULO 3. El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria
y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto
para la administración como para los participantes, quienes con su inscripción,
aceptan las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo.
Además, en cuanto a las fases que conforman el mencionado concurso de méritos,
en el acuerdo se determinó, entre otras cosas, lo que se transcribe a continuación:
4. ETAPAS DEL CONCURSO
El concurso de méritos comprende dos (2) etapas: Selección y Clasificación.
4.1 Etapa de Selección
Comprende la Fase I - Prueba de Aptitudes y Conocimientos, la Fase II –
Verificación de requisitos mínimos y la Fase III – Curso de Formación Judicial
Inicial, las cuales ostentan carácter eliminatorio. (Artículos 164 - 4 y 168 LEAJ).
[…]
Fase III. Curso de Formación Judicial Inicial
Los aspirantes que aprueben la prueba de conocimientos y de aptitudes y que
reúnan los requisitos para el cargo de aspiración, serán convocados a través
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de la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co a participar en
la Fase III - Curso de Formación Judicial Inicial, que estará a cargo del Consejo
Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
Para tal efecto deberán inscribirse obligatoriamente, en la fecha, lugar y hora
que se indique en la citación. La no inscripción conllevará el retiro del proceso
de selección del o de la aspirante.
[…]
Acuerdo Pedagógico: El Curso de Formación Judicial Inicial se regirá por las
anteriores disposiciones y por las que se señalen en el correspondiente
Acuerdo Pedagógico, que expida el Consejo Superior de la Judicatura para el
efecto y que se constituye en norma rectora de su desarrollo en todas las sub
fases, el cual será publicado en la Gaceta Judicial y en la página web de la
Rama Judicial -www.ramajudicial.gov.co-. (Se subraya).
Ahora bien, en virtud de lo anterior el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, en el que se establecieron,
entre otras reglas, los requisitos para solicitar la homologación o exoneración del
IX Curso de Formación Judicial Inicial.
Con fundamento en el mencionado acuerdo, así como en aplicación a lo previsto en
el parágrafo del artículo 16010 de la Ley 270 de 1996, la directora de la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” mediante la Resolución N.° EJR23-214 de 21 de julio
de 2023, resolvió de forma negativa la petición de homologación que presentó el
actor.
2.6.2. Pues bien, una vez realizado el anterior recuento, para la Sala el presente
asunto se torna improcedente, teniendo en cuenta que los reproches hechos por el
tutelante se dirigen a cuestionar no solo un acto administrativo de carácter general,
como lo es el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, sino además
un acto administrativo particular expedido por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”.
Lo anterior encuentra fundamento en que lo pretendido por la parte actora configura
las causales de improcedencia fijadas en los numerales 1° y 5º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, que señalan:
Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
[…]
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”. (Énfasis
propio)
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la
acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos, en consideración a que la naturaleza residual y subsidiaria de este
10«PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación
judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se
tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación».
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mecanismo impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través
de los respectivos medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la administración y proteger
los derechos de las personas11.
De igual forma, se ha precisado que el requisito de subsidiariedad exige que el
peticionario despliegue de manera diligente los medios judiciales que estén a su
disposición, siempre y cuando sean idóneos y efectivos para la protección de los
derechos que se consideran vulnerados o amenazados, pues «[u]na acción judicial
es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los
derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados»12.
En el caso objeto de análisis, ante la existencia de otro medio de defensa judicial,
esto es, el de simple nulidad para controvertir el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de
septiembre de 2019, así como el de nulidad y restablecimiento del derecho para
reprochar la resolución a través de las cual se negó la solicitud de homologación del
del IX Curso de Formación Judicial Inicial que elevó el actor, impide que el juez de
tutela se pronuncie sobre la validez de las decisiones del Consejo Superior de la
Judicatura y de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, los cuales deben ser
controvertidos ante el juez natural de la causa ordinaria en virtud de lo estipulado
en la Ley 1437 de 2011, donde además incluso, se pueden solicitar las medida
cautelares pertinentes.
En ese orden de ideas, corresponde al juez de lo contencioso administrativo a la
hora de decidir las medidas cautelares que le sean solicitadas dentro del trámite de
un proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo: los derechos de las personas -sean estos de carácter
fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el artículo
103 de la Ley 1437 de 2011.
Es preciso señalar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este
requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de
tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el referido
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que estableció que, al existir
otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar
la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la tutela.
La Corte Constitucional ha indicado que cuando una persona acude al servicio de
administración de justicia con el propósito de que le sean protegidas sus
prerrogativas, no puede omitir los medios judiciales estipulados en el ordenamiento
jurídico, puesto que en la Constitución Política de 1991, se colige que la garantía
para la efectividad material de los derechos fundamentales no es un asunto
exclusivo de la acción de tutela, habida cuenta de que todos los mecanismos
11 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
12 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
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ordinarios y extraordinarios previstos en cada materia deben buscar la defensa de
aquellos.
En la misma línea, la Corte Constitucional manifestó en la sentencia T–030 de 2015:
«[q]ue conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo
el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que
para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo
transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar
a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un
perjuicio irremediable […]».
De manera que, podrá ejercerse la acción de tutela contra un acto administrativo,
excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. También, en el evento en que se constata que el medio de control
preferente carece de idoneidad y/o eficacia para garantizar la protección oportuna
e inmediata sobre los derechos fundamentales vulnerados.
Ahora, conviene precisar que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, solo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido de dicho
acto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona
determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la
facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso
concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión
de fondo por parte del juez competente13.
Entonces corresponde a la Sala estudiar si en la causa concreta procede de forma
transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera
directa los derechos fundamentales invocados por el actor.
La referida Alta Corte en sentencia T-097 de 2011, señaló que para que aquel
perjuicio se configure se requiere:
Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se esté frente a un
perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que
únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las circunstancias
del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente, esto es, que no
se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se haya sustentado en la apreciación
razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra gravedad, desde el
punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza del derecho
fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que sea
necesario e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión
antijurídica de connotación irreparable (…)14.
En el asunto sub examine dicho perjuicio no se evidencia, habida cuenta de que de
los reparos planteados por el accionante no se advierte una violación protuberante
que permita establecer de plano que las medidas adoptadas por el Consejo Superior
13 Ver sentencia C-312 de 28 de Noviembre de 2019 , M.P. Alberto Rojas Ríos
14 «T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».
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de la Judicatura y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, conducentes a
establecer el procedimiento y aceptación de la homologación y exoneración del
Curso de Formación Judicial Inicial, sean impertinentes.
El demandante en su escrito de tutela señaló que «En este caso y considerando
que la decisión de la EJRLB de negar la aplicación de la homologación del curso de
formación que ya adelante, obligándome a cursar de nuevo el mismo curso,
configura a todas luces un perjuicio irremediable que permite la procedencia
excepcional de este mecanismo constitucional, como quiera que los mecanismos
ordinarios no resultan en este caso efectivos para la protección inmediata de mis
derechos fundamentales15».
Sin embargo, esta simple afirmación no prueba siquiera sumariamente que se
configure la amenaza de un perjuicio irremediable que implique la necesidad y
urgencia de que el juez constitucional supla las funciones de la autoridad judicial de
la causa en el estudio de validez del Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre
de 2019, así como de la Resolución N.° EJR23-214 de 21 de julio de 2023, a través
de la cual se decidió la solicitud de homologación del del IX Curso de Formación
Judicial Inicial.
En consecuencia, ante la ausencia de una vulneración palmaria, se desvirtúa la
urgencia alegada por la accionante, con fundamento en la cual pretende que el juez
de tutela realice un pronunciamiento respecto de las directrices que implementó del
Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de
septiembre de 2019 y de la decisión de negarle la solicitud de homologación
contenida en la Resolución N.° EJR23-214 de 21 de julio de 2023.
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de amparo, debido a
que no satisface el presupuesto de la subsidiariedad y por dirigirse también contra
un acto administrativo general y abstracto; máxime cuando se insiste en que en el
presente asunto no se acreditó la amenaza de un perjuicio irremediable.
2.7. Conclusión
La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor
Gustavo Adolfo Pazos Marín, contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”,
comoquiera que la solicitud de amparo se encuadra en las causales de
improcedencia señaladas en los numerales 1º y 5° del artículo 6° del Decreto 2591
de 1991.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
15 Trascripción literal con posibles errores.
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FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Gustavo Adolfo Pazos Marín.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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