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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00026-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Gloria Maria Gomez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00026-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el municipio de Guadalajara de Tuluá. SEGUNDO: REVOCAR la decisión del 1 de marzo de 2024 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, para en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela instaurada por la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00026-01

Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya

18 de abril de 2024

Demandante: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio- Fomag
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00026-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00026-01
Demandante: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO- FOMAG
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial- falta de relevancia
constitucional – sanción moratoria docentes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 1° de marzo de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A que declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado el 11 de enero de 2024 la Nación, Ministerio de Educación,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG),
actuando a través de su apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que sean amparados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 29 de septiembre de 2023, mediante la cual se confirmó
parcialmente la providencia del 12 de diciembre de 2022 dictada por el Juzgado
Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga, que accedió a las pretensiones de
la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76111-33-33-002-2022-00347-01, instaurado por la señora
Carmen Elisa de la Cruz Melo.

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Demandante: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio- Fomag
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00026-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
y, en consecuencia, reclamó lo siguiente:

Como consecuencia de la anterior declaración se ordene dejar sin efectos
jurídicos la decisión judicial del 12/12/2022 y confirmada por el Tribunal
Administrativo Del Valle del Cauca el 29/09/2023 respecto del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 761113333002202200347 y en su
lugar proferir la sentencia de reemplazo que de aplicación al precedente
jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del 11 de octubre de
2023 y consecuente con ello se denieguen las pretensiones de la demanda.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La señora Carmen Elisa de la Cruz Melo en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho presentó demanda con el fin de obtener la nulidad del
acto ficto a la petición presentada el 5 de octubre de 2021 en la que solicitó: (i) el
reconocimiento de una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada
día de retardo en la consignación de las cesantías docentes, contados desde el 15
de febrero de 2021 y hasta que se acredite el pago de los valores en la cuenta del
docente, por aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; y (ii) la solicitud de una
indemnización por el no pago de los intereses a las cesantías del año 2020 antes del
31 de enero de 2021 pese a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley
50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga mediante
sentencia calendada el 12 de diciembre de 20221, ordenó al Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
reconocer y pagar a la demandante el equivalente a un día de salario por cada día

1 PRIMERO.- Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada

por el ente territorial demandado, conforme con lo expuesto en la parte considerativa de esta
Sentencia.
SEGUNDO.- Declarar la nulidad del acto administrativo ficto demandado, generado por la no
contestación de la petición radicada ante la Nación - Ministerio de Educación - Fomag el día 05 de
octubre de 2021.
TERCERO.- Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag), a reconocer y pagar a favor de Carmen Elisa de la Cruz Melo, la
sanción moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías prevista en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta que tenga lugar su efectiva consignación,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (Fomag), a reconocer y pagar a favor de la parte demandante, la indemnización por el
pago inoportuno de los intereses a las cesantías correspondientes al año 2020, la cual equivale a una
suma adicional igual a dichos intereses de conformidad con el artículo 2.2.1.3.8. del Decreto 1072 de
2015.
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de mora en la consignación de las cesantías, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta
la fecha en que se acreditara el depósito al Fondo, la cual se debería liquidar con
base en la asignación básica devengada por la demandante durante el año 2021,
época en que se causó la mora.

La anterior decisión fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca mediante sentencia de segunda instancia de fecha 29 de septiembre
de 20232, notificada el 23 de octubre de 2023.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte tutelante argumentó que la decisión proferida por el juez colegiado incurre
en defecto sustantivo, por los motivos que se sintetizan a continuación:
Adujo que la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió el 11 de octubre de
2023 la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-032-CE-S2-2023, en la que
resolvió que los docentes estatales afiliados al FOMAG, no tienen derecho a la
sanción moratoria establecida en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
debido a que dicho régimen es incompatible con el sistema de administración de
cesantías establecido en el régimen especial de los docentes consagrado en la Ley
91 de 1989, y previó que dicha sanción sólo es aplicable al personal docente en
servicio activo que no esté afiliado al FOMAG.

Esgrimió que dicha corporación advirtió que las consideraciones expuestas en la
providencia referenciada constituían precedente obligatorio en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos que se estuvieran
tramitando en vía administrativa y en vía judicial.

Explicó que posteriormente, en sentencia del 29 de septiembre de 2023, notificada
el 23 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió la
sentencia de segunda instancia dentro del proceso, ordenando pagar al demandante
la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, pese a estar afiliada al
FOMAG.

Concluyó que la notificación de la decisión de segunda instancia se generó con
posterioridad a la sentencia de unificación, lo que significa que ésta constituye un
precedente obligatorio para este caso, en los términos de los artículos 10 y 102 de
la Ley 1437 de 2011.

1.5. Trámite de la acción de tutela

2 PRIMERO: REVOCAR el numeral 4° de la sentencia sin número proferida por el Juzgado Segundo

Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, el día 12 de diciembre de 2022, por las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO: Confirmar en todo lo demás la sentencia recurrida.
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1.5.1. Auto admisorio

Mediante auto del 17 de enero de 2024, el magistrado ponente de primera instancia
dispuso, entre otras, admitir la demanda y notificar a la parte actora, así como a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como autoridades
judiciales accionadas.

Igualmente, vinculó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Guadalajara de Buga [juez de primera instancia del proceso ordinario], a la señora
Carmen Elisa de la Cruz Melo [demandante en el proceso ordinario] y al municipio
de Tuluá [demandado en el proceso ordinario].

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo. Al respecto, sostuvo que la
providencia cuestionada se aprobó en la sala celebrada el 28 de septiembre de 2023,
cuando aún no se había proferido la sentencia de unificación del 11 de octubre del
mismo año, razón por la cual dicha decisión no resultaba aplicable al caso concreto,
por cuanto «dicho precedente era de aplicación inmediata sólo respecto de los
procesos que se encontraran en curso; situación que no aplicaba para el caso bajo
estudio, como quiera que el mismo ya contaba con sentencia desde el 29 de
septiembre de 2023».

Por último, remitió el link del expediente virtual del aplicativo Samai.

1.6.2. Municipio de Guadalajara de Tuluá

Pidió su desvinculación del presente tramite constitucional por falta de legitimación
por pasiva, toda vez que, de acuerdo a las pretensiones de la tutela, no se
evidenciaba vulneración por acción u omisión por parte de dicha entidad.

1.6.3. Carmen Elisa de la Cruz Melo

Manifestó que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 29 de septiembre
de 2023, es decir, con anterioridad a la sentencia de unificación SUJ-032-CES2-2023
de fecha 11 de octubre de 2023.

Adujo que, si bien es cierto, la notificación de la sentencia de segunda instancia se
realizó de manera posterior a la expedición de la sentencia de unificación referida,
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también lo es que el trámite de notificación de una sentencia es un aspecto
secretarial y las consecuencias de que se haya realizado en fecha posterior no
pueden afectar al demandante.

Reiteró que la tardanza por parte de la secretaría de un despacho judicial y sus
posibles consecuencias no deben perjudicar al ciudadano, quien en últimas está
accediendo de buena fe ante la administración de justicia.

Indicó, además, que la tutela deviene improcedente pues se trata sobre una cuestión
meramente económica, saber el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1.6.4. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de
Buga

Se limitó a enviar el expediente en calidad de préstamo, sin realizar alguna
consideración adicional.

1.7. Sentencia de primera instancia3

El 1 de marzo de 2024 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A negó
las pretensiones de la demanda al considerar que el tribunal accionado, en ejercicio
de la autonomía funcional que caracteriza la actividad del juez, consideró que en el
caso concreto sí resultaba procedente el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías, de conformidad con lo previsto en la
Ley 50 de 1990, al estimar que los docentes del sector oficial también son
destinatarios de la referida norma.

Adujo que, dicho razonamiento en modo alguno se tornó irrazonable y mucho menos
caprichoso, dado que se expuso de forma clara y suficiente las razones que llevaron
al reconocimiento de la sanción moratoria.

Concluyó que el hecho que la decisión del 29 de septiembre de 2023 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no hubiese sido notificada para el momento en
que se dictó la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, «en modo alguno implicaba que dicho precedente resultase aplicable para
el caso que, se insiste, fue definido con anterioridad y, por consiguiente, las reglas
de unificación fijadas no resultaban vinculantes porque son posteriores al proveído
aquí cuestionado».

3 Notificada el 7 de marzo de 2024.

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Respecto del análisis de los requisitos de procedibilidad se limitó a indicar lo
siguiente: «dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, la Subsección procede a verificar si se configuran los
defectos alegados por la parte actora».

1.8. Impugnación4

La parte demandante interpuso impugnación en contra del fallo de primera instancia,
en el que manifestó que la entidad no podía interponer el recurso de unificación
jurisprudencial por cuanto la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
se efectuó el 6 de octubre de 2023, y no podía exigírsele a la corporación aplicar el
precedente jurisprudencial expedido con posterioridad.

Sostuvo que las reglas allí contenidas aplicarían de forma inmediata a todos los
casos que estuvieran pendientes de solución, sin que haya hecho precisión alguna
frente a los casos en los que ya hubiere decisión judicial de segunda instancia.

Por tanto, la acción constitucional contra providencias judiciales presentada por el
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, si procede, por cuanto considera que si se agotaron todos los medios de
defensa judicial y ante la imposibilidad de interposición del recurso extraordinario de
unificación jurisprudencial.

Por lo anterior, solicitó declarar procedente la acción de tutela interpuesta contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y tutelar a favor del Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG- los derechos fundamentales conculcados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Elmer José Montaña Gallego contra la sentencia del 12 de enero de 2024 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

Se tiene que el municipio de Guadalajara de Tuluá solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional pues, a su juicio, carece de legitimación en la causa
por pasiva. No obstante, dicha petición será negada ya que su vinculación al proceso

4 Interpuso la impugnación el 8 de marzo de 2024.

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se hizo en calidad de tercero, en atención al interés que le asiste en las resultas del
presente trámite, dado que hizo parte del proceso de tutela que se discute en esta
oportunidad.
2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 1 de marzo de 2024 el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca vulneró los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la sentencia del
29 de septiembre de 2023, que confirmó la decisión de primera instancia que dispuso
reconocer y pagar la sanción moratoria por la consignación inoportuna de las
cesantías prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la demandante dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra el FOMAG?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii)
el análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su procedencia.7

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que contenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7

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del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Se debe manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4.1. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional en su contra, el juez de tutela debe:

[…] limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se
cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser
más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano
de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que
también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Además, refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

8

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[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal8 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional10.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal11”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales12”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal14. (Resaltado de la Sala)

8 Sentencia SU-573 de 2019.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-128 de 2021.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Ibid.

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Demandante: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio- Fomag
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00026-01

Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los
derechos fundamentales invocados.

Por su parte, en la SU-114 de 2023 la Corte Constitucional hizo un estudio respecto
de que sentencias constituyen precedente y su intrínseca relación, no solo con la
concreción del derecho a la igualdad sino también con la garantía del principio de
legalidad. Igualmente, recordó que, los jueces están obligados a seguir el precedente
o a justificar adecuadamente la decisión de apartarse de él.

En este fallo de unificación el Máximo Tribunal Constitucional se determinó que
tratándose cuando se alega el desconocimiento del precedente como requisito
especifico de procedencia de la tutela contra providencia judicial, se hace evidente
una marcada relevancia constitucional dado que el juez por regla general debe
atender a las reglas fijadas previamente por el órgano de cierre y aplicarlas a
situaciones de hecho similares, en razón a ello, concluyó que «el respeto por el
precedente es un mecanismo indispensable para la consecución de fines de
relevancia constitucional.»

2.5. Caso concreto

La sala anticipa que revocará la negativa decretada por el a quo constitucional, para
en su lugar, declarar la improcedencia de la acción, dado que la controversia
propuesta por el FOMAG no supera el requisito de relevancia constitucional porque
aunque se alegue el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 11 de octubre de 2023,
lo cierto es que, no se puede realizar un estudio sobre su inobservancia en la decisión
enjuiciada, en la medida que dicha tesis no existía cuando se profirió la providencia
del 29 de septiembre de 2023.

Así, en el proceso ordinario se ordenó al FOMAG, reconocer y pagar a la señora
Carmen Elisa de la Cruz Melo: «la sanción moratoria por la consignación inoportuna de
las cesantías prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021
y hasta que tenga lugar su efectiva consignación, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia».

Por su parte, en la acción de la referencia, la entidad actora aseguró que se
desconoció el precedente establecido por esta corporación en la sentencia de
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Prestaciones Sociales del Magisterio- Fomag
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00026-01

unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023, en la cual se
resolvió:

Primero. – Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente: Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen
derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley
50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración
de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente
en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de
1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de
protección social en favor del docente estatal (…).

Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de
aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los
que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación,
de manera que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación
con el tema objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos
en discusión tanto en vía administrativa como judicial.

La actora insistió en que la notificación de la decisión atacada se generó con
posterioridad a la expedición de la referida sentencia de unificación, y por tal motivo,
constituía un precedente vinculante para el tribunal, en la medida que fue notificada
el 23 de octubre de 2023, mientras que el fallo de unificación data del 11 de octubre
de 2023.

Sobre el particular, contrario a lo señalado para sala el asunto no reviste relevancia
constitucional por cuanto al dictarse la sentencia del 29 de septiembre de 2023 no
existía el precedente invocado por el FOMAG, toda vez que se profirió hasta el 11
de octubre de 2023.

Se recuerda que en dicha providencia la Sección Segunda del Consejo de Estado
definió, luego de haber sostenido posturas disimiles en cada una de sus
subsecciones, que los docentes afiliados al FOMAG, no tenían derecho a la sanción
moratoria establecida en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debido
a que dicha normativa era incompatible con el sistema de administración de
cesantías establecido en el régimen especial de los docentes consagrado en la Ley
91 de 1989.

En ese sentido, cuando el tribunal accionado profirió la decisión cuestionada,
existían al interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado distintas
posiciones, como se observa en el siguiente recuento15:

15 Información extruida de la sentencia del 24 de agosto de 2023 de la Seccion Segunda del Consejo

de Estado, mediante la cual avocó el conocimiento del presente asunto para proferir sentencia de
unificación jurisprudencial, en el proceso con radicado 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022),
Demandante: Julián David Quintero Agudelo

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• Entre junio y octubre del 2018, se profirieron varias sentencias en las que se
denegó el reconocimiento de la sanción por mora de la Ley 50 de 199016, al
considerarse no tenían la calidad de servidores del orden territorial y las
cesantías son administradas por un patrimonio autónomo con recursos
provenientes de la Nación como lo es el FOMAG, de modo que no se
cumplían los supuestos del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, para
extenderles el reconocimiento de la aludida penalidad.

• No obstante, a partir del año 2020, las subsecciones A y B de la Sección
Segunda acataron la tesis de la Corte Constitucional expuesta en la sentencia
SU-098 de 2018, en la cual se determinó que los docentes oficiales si eran
destinatarios de la Ley 50 de 1990 y en tal medida era dable acceder a lo
pretendido sobre la sanción moratoria.

• En suma, hasta el 2018 la jurisprudencia del Consejo de Estado mantuvo la
posición de negar la aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990
a los docentes afiliados al FOMAG (tesis 1). Sin embargo, como efecto de la
sentencia SU-098 de 2018, surgió un cambio jurisprudencial que definió su
extensión con base en el principio de favorabilidad (tesis 2).

• Por todo lo relatado el Consejo de Estado, Sección Segunda en el año 2023
avocó conocimiento del asunto y ante la divergencia de criterios adoptados a
lo largo del tiempo, advirtió la necesidad de unificar jurisprudencia frente a la
aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 por la falta de
consignación de las cesantías anualizadas a los docentes al servicio del
Estado, motivo por el cual profirió la sentencia de unificación del 11 de
octubre de 2023.

Entonces para el 29 de septiembre de 2023, la autoridad judicial accionada,
actuando en el marco de su autonomía judicial y al no haber un criterio de
unificación, válidamente podía optar por elegir la tesis consistente en que los
docentes oficiales eran destinatarios de la Ley 50 de 1990. Así, en el análisis propio
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, resolvió que el FOMAG debía
reconocer y pagar el equivalente a un día de salario por cada día de mora en la
consignación de las cesantías, sin que dicha decisión implique por sí misma una

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, de la Subsección B, sentencias del 14 de junio de 2018, rad.

08001-23-33-000-2013-00831-01(3583-15) y 08001-23-33-000-2013-00762-01(3472-15); del 19 de
julio de 2018, rad. 08001-23-33-000-2014-00061-01(0406-16); del 8 de agosto de 2018, rad. 08001-
23-33-000-2014-00228-01(2092-16); del 13 de agosto de 2018, rad. 08001-23-33-000-2013- 00787-
01(5172-16); del 24 de agosto de 2018, rad. 08001-23-33-000-2014-00174-01(1653-16); del 5 de
septiembre de 2018, rad. 08001-23-33-000-2013-00817-01(0228-16) y 08001-23-33-000-2014-
00079-01(0345-16); y del 7 de septiembre de 2018, rad. 08001-23-33-000-2014-00208-01(0324-16).
De la Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2018, rad. 08001-23-33-000-2014-00060-
01(0375-16).

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vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia o al debido
proceso.

En síntesis, para la fecha en la que se adoptó la sentencia cuestionada no existía un
criterio imperativo que los jueces y tribunales administrativos debieran aplicar, por lo
que en atención al principio de autonomía judicial no podía incurrir en el
desconocimiento del precedente que alega el actor, ya que este no existía. Sobre el
particular, la Corte Constitucional17 sostuvo:

Como se señaló en la parte motiva (...) ante la falta de unidad en la
jurisprudencia sobre un determinado tema le corresponde el juez exponer
en su providencia la diversidad de criterios y, tomar partida sobre la
decisión que interprete mejor el imperio de la ley. En el asunto bajo estudio,
si bien el tribunal accionado no hizo explícita la diversidad de criterios, considera
la Sala que ello no tiene la entidad ni la trascendencia para constituir una
violación del precedente vertical, por cuanto: (i) esbozó de manera integral los
argumentos que defienden una de las posiciones que el Consejo de Estado ha
adoptado sobre el tema; e (ii) hizo referencia parcial a la diversidad de criterios,
en la medida que citó providencias del alto tribunal de lo contencioso
administrativo que respaldaban su tesis. Por lo tanto, se concluye que no se
configuró la causal por desconocimiento del precedente vertical, en la
medida que, el tribunal accionado en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, por medio de una interpretación razonada y
justificada, tomó partida de la posición que sostiene una parte de la
Sección Segunda del Consejo de Estado (…).”

Se recuerda que los artículos 228 y 230 de la Constitución Política establecieron la
autonomía judicial como una garantía institucional que debe preservarse para
efectos de articular correctamente el principio de separación de poderes y la
imparcialidad. De este modo, los jueces de la República gozan de independencia
dentro del ejercicio de sus funciones y solamente están sometidos al imperio de la
ley. Igualmente, resulta evidente que las normas constitucionales también
reconocieron que existen situaciones en las que el juez debe gozar de un margen de
discrecionalidad importante para apreciar el derecho aplicable al caso, por lo cual
debe ser autónomo en sus decisiones.

Como se advierte, lo que pretende la parte actora es aplicar las reglas de unificación
fueron construidas con posterioridad a la fecha en que se dictó la sentencia
cuestionada, lo que no implica un debate sobre la interpretación, aplicación de un
derecho fundamental o que el debate este encaminado a darle alcance a una
garantía constitucional, por el contrario, se evidencia una mera inconformidad con la
decisión que optó por una de las tesis vigentes al momento de su adopción.

17 Sentencia T-354 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

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2.6. Conclusión
En ese orden de ideas, se concluye que el asunto carece de relevancia constitucional
porque la sentencia de unificación que el FOMAG pretende que se aplique a su caso
concreto, no existía para la época en que se profirió la sentencia del 29 de septiembre
de 2023. Así, el tribunal accionado amparado en los principios de autonomía e
independencia judicial podía optar por la tesis que para aquel entonces sostenían las
distintas subsecciones del órgano de cierre,

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el municipio de
Guadalajara de Tuluá.

SEGUNDO: REVOCAR la decisión del 1 de marzo de 2024 del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, para en su lugar, DECLARAR la improcedencia de
la acción de tutela instaurada por la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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