Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00831-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2018 › Radicado 08001-23-33-000-2013-00831-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00831-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2013-00831-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
14 de junio de 2018
RÉGIMEN DE CESANTÍAS APLICABLE A LOS DOCENTES OFICIALES VINCULADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1990 – Régimen de los empleados públicos del orden nacional / RECONOCIMIENTO DE SANCIÓN MORATORIA DOCENTE - Requisitos
Pese a acreditarse que el decreto de nombramiento del actor fue expedido por el alcalde (E) del municipio de Sabanalarga, ello no le otorga el carácter de territorial, pues en materia prestacional el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 previó respecto de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, la aplicación de las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, tal como lo consideró el a quo, lo cual no conllevaba a que el tribunal de instancia concluyera que al demandante le es dable el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues como se expuso, dicha penalidad solo fue extendida a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y afiliados a fondos privados de cesantías. En consecuencia, le asiste razón a los apoderados judiciales del FOMAG y del municipio de Sabanalarga, al manifestar que al actor no le es aplicable la penalidad pretendida, pues debido a la fecha de su vinculación está regulado en materia prestacional por las normas de los empleados públicos del orden nacional, por lo que no es destinatario de la sanción moratoria extendida por disposición expresa del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, requisitos que no cumple el docente, por no reunir la condición de territorial y tampoco se encuentra afiliado a un fondo privado administrador de cesantías de aquellos creados por la Ley 50 de 1990, toda vez que precisamente la finalidad del legislador fue la creación del FOMAG para atender las prestaciones sociales de los maestros del sector oficial, cuyos recursos provienen por disposición legal, de la Nación. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 19 de octubre de 2017, C.P.: William Hernández Gómez, rad.: 5010-15.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 356 / LEY 344 DE 1996 – ARTÍCULO 13 / DECRETO 1582 DE 1998 – ARTÍCULO 1 / LEY 50 DE 1990 – ARTÍCULO 99 / LEY 50 DE 1990 – ARTÍCULO 102 / LEY 50 DE 1990 – ARTÍCULO 104 / LEY 43 DE 1975 / LEY 91 DE 1989 / LEY 60 DE 1993 – ARTÍCULO 6 / LEY 60 DE 1993 – ARTÍCULO 9 / LEY 50 DE 1990 – ARTÍCULO 11 / LEY 115 DE 1994 – ARTÍCULO 115 / LEY 715 DE 2001 – ARTÍCULO 4 / LEY 715 DE 2001 – ARTÍCULO 20
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00831-01(3583-15)
Actor: MILTON DARÍO MERCADO HERRERA
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y MUNICIPIO DE SABANALARGA
Asunto: Revoca sentencia y en su lugar, niega el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011
_____________________________________________________________
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas contra la sentencia del 21 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por la cual condenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento del Atlántico y al municipio de Sabanalarga, al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes a las anualidades 2000, 2001, 2002 y 2003.
ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2. El señor Milton Darío Mercado Herrera, a través apoderado judicial legalmente constituido, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, demandó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento del Atlántico y al municipio de Sabanalarga.
2.1.1 Pretensiones
a. Declarar la nulidad de los actos administrativos por los cuales se les negó el reconocimiento de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 y demás normas complementarias, los cuales se enuncian a continuación:
1) Oficio 2013ER95144 del 6 de agosto de 2013, proferido por la asesora de la Secretaría General de Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional.
2) Oficio del 18 de julio del 2013 expedido por el alcalde municipal de Sabanalarga.
3) Oficio 2564 del 29 de julio de 2013 proferido por el Secretario de Educación Departamental del Atlántico.
b. En consecuencia de la anterior declaración y como restablecimiento del derecho, condenar a las entidades demandadas, a título de sanción moratoria, a un día de salario por cada día de retardo desde el incumplimiento en la consignación de las cesantías del 2000, 2001, 2002 y 2003.
c. Condenar a las entidades demandadas a la indexación de los valores que resulten de la condena y los intereses moratorios, de conformidad con los artículos 187 inciso 4 y 192 del CPACA.
Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes que se extraen de la demanda y de los documentos aportados con esta:
2.2. Fundamentos fácticos.
a. El demandante manifestó que fue nombrado como docente tecnólogo de la planta del municipio de Sabanalarga desde el 30 de diciembre de 1999, y en el 2003 asimilado al departamento del Atlántico, inscrito en el Escalafón Nacional Docente, grado 8, sin que le consignaran sus cesantías correspondientes a las anualidades de 2000, 2001, 2002 y 2003 dentro del plazo legal previsto para el régimen anualizado.
b. Adujo que debido al incumplimiento de las entidades demandadas, se hicieron acreedoras de la sanción moratoria desde la fecha en que se hizo exigible la obligación laboral, sin que a la fecha se haya efectuado la consignación o el pago del valor adeudado por concepto de la prestación social.
c. Indicó que por lo anterior, elevó petición el 18 de julio de 2013 ante las entidades demandadas respectivamente, con el objeto de obtener el reconocimiento de la aludida penalidad, frente las cuales se expidieron los actos administrativos acusados a través del presente medio de control.
2.3. Normas violadas y concepto de violación.
3. Invocó como normas desconocidas las siguientes disposiciones: artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución Política; 13 de la Ley 344 de 1996; 1 del Decreto 1582 de 1998; numeral 3, artículo 99 de la Ley 50 de 1990; y artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.
4. Señaló que no es cierta la motivación de uno de los actos demandados atinente a la carencia de los recursos y en otro de ellos, no se resolvió de fondo la petición del demandante, sino que se remitió a otra autoridad pública; por lo que desconocieron el mandato constitucional previsto en el artículo 53 Superior, relativo a la irrenunciabilidad mínima de las garantías laborales.
5. Arguyó que las decisiones de la administración fueron expedidas con infracción del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, toda vez que a partir de la vigencia de la citada ley, se contempló que las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado serían beneficiarios del régimen anualizado de cesantías, y el Decreto reglamentario 1582 de 1998 extendió la sanción moratoria de dicho sistema prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en el evento en que no se efectúe la consignación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 14 de febrero de cada año, a los servidores públicos del nivel territorial que ingresaran con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 y que se afiliaran a fondos privados.
2.4. Contestación de la demanda – Municipio de Sabanalarga.
6. Se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que la administración no tiene certeza sobre el derecho reclamado por el demandante, pues ello no aparece enlistado en las acreencias incorporadas en el proceso de reestructuración celebrado con fundamento en la Ley 550 de 1999, en cuyo artículo 20 estableció que el acuerdo solo estará integrado por las deudas identificadas en el inventario, con sustento en los estados financieros con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la promoción o la reclamación correspondiente que el acreedor efectúe dentro de la reunión preliminar y en la audiencia celebrada para la determinación de pasivos, por lo que al no encontrarse ninguna solicitud relacionada con las cesantías y la sanción moratoria pretendida en la demanda, no se encuentra acreditada la existencia de tal obligación.
7. Manifestó que conforme al artículo 88 de la Ley 1328 de 2009, la sanción por mora no podrá exceder el doble del interés bancario corriente vigente a la fecha establecida para el pago; y finalmente, propuso la excepción de prescripción trienal que operó de manera individual para cada anualidad.
2.5. Contestación – Departamento del Atlántico.
8. Frente a los hechos expuestos en la demanda, manifestó que de acuerdo con la base de datos de la secretaría de educación, el demandante fue nombrado como docente del municipio de Sabanalarga mediante el Decreto 095-9 de 30 de diciembre de 1999, del cual tomó posesión el 30 de diciembre de la misma anualidad y fue afiliado al FOMAG el 19 de agosto de 2005 financiado con los recursos del Sistema General de Participaciones, bajo los parámetros del Decreto 3752 de 2003.
9. Adujo que de acuerdo con el extracto individual suministrado por la Fiduprevisora y allegado con la contestación, se evidencia que desde el 2003 en adelante las cesantías del actor han sido oportunamente reportadas a la entidad fiduciaria, y frente a aquellas del 2000, 2001 y 2002, el demandante no hacía parte de la planta de personal del municipio demandado.
10. Alegó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto a partir del 2003 cuando el actor se incorporó a la planta única de docentes del Departamento del Atlántico, la entidad territorial ha cumplido su obligación, por lo que solicitó ser desvinculado del proceso. Igualmente, afirmó que se configuró la prescripción, ya que la sanción se causa día a día y debido a que dicho fenómeno extintivo opera dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, en atención a la reclamación tardía efectuada hasta el 17 de julio de 2013, dicha penalidad se encuentra prescrita.
2.6. Contestación – Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG.
11. Señaló que las pretensiones del demandante no se encuentran ajustadas a derecho, por cuanto al FOMAG por disposición legal le fue asignada la función de atender las prestaciones sociales de los docentes oficiales, cuyo trámite se delegó a las secretarías de educación territoriales, conforme al artículo 56 de la Ley 962 de 2005 reglamentada por el Decreto 2831 de 2005, y se encargó a la entidad fiduciaria la administración de los recursos del fondo y el pago de las sumas reconocidas a través de los correspondientes actos administrativos por la autoridad competente, según la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y bajo ese entendido no puede endilgársele una negligencia al FOMAG.
12. En cuanto al asunto objeto de la litis, indicó que la vinculación del demandante ocurrió el 30 de diciembre de 1999, esto es, con posterioridad al 31 de diciembre de 1989, fecha hasta la cual, el régimen de cesantías de los docentes era el retroactivo; por consiguiente, el demandante es beneficiario del sistema anualizado; sin embargo, de acuerdo con la postura del Tribunal Administrativo de Antioquia, dado que el único habilitado para el trámite y pago de las cesantías de los educadores estatales es el FOMAG, se les excluye del sistema de liquidación previsto en las normas generales, entre ellas, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
13. Propuso como excepciones, la actuación bajo el postulado constitucional de la buena fe consagrado en el artículo 83 Superior; y la prescripción conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.
2.7. Audiencia Inicial.
14. El magistrado ponente dio apertura a la Audiencia Inicial celebrada el 15 de octubre de 2014, en la cual una vez efectuado el saneamiento del proceso, señaló que las excepciones propuestas por las entidades demandadas serían resueltas en la sentencia y se fijó el litigio a folio 260, en los siguientes términos:
«[...] Si el señor MILTÓN MERCADO HERRERA en su calidad de docente, perteneciente a la planta del Municipio de Sabanalarga, tiene derecho a que se le reconozca y pague por conceptos de sanción moratoria por el supuesto retardo en la consignación del auxilio de cesantías a un fondo que se encuentre afiliado, correspondiente a los años 2000, 2001, 2002 y 2003, de conformidad con lo establecido en la Ley 344 de 1996.»
Las partes manifestaron estar de acuerdo.
2.8. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo del Atlántico a través de sentencia del 21 de abril de 2015, expuso los diferentes regímenes de liquidación establecidos para los servidores públicos del orden territorial –retroactivo, del Fondo Nacional del Ahorro y de liquidación definitiva anual a través de los fondos de cesantías creados por la Ley 50 de 1990-, y precisó el sistema especial contemplado en la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 3, literal b), consagrado para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los nacionales vinculados con anterioridad, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir de esa fecha, el cual consiste en que el FOMAG reconocerá un interés anual sobre el saldo de la prestación social al 31 de cada año.
16. Señaló que según la certificación aportada por la Secretaría de Educación del Atlántico el docente fue nombrado a través del Decreto 095-9 del 30 de diciembre de 1999 proferido por el alcalde de Sabanalarga y a partir del 1 de enero de 2003 dejó de pertenecer al municipio cuando fue incorporado a la Planta única de Docentes del Departamento del Atlántico, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones y se efectuó su afiliación al FOMAG, patrimonio autónomo que de conformidad el artículo 5 previó que el señalado fondo es el encargado de reconocer las prestaciones sociales de los docentes, entre ellas, el auxilio de cesantías, aun cuando el correspondiente trámite deba ser adelantado mediante las secretarías de educación, de manera que el legitimado en el proceso es la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG.
17. El a quo concluyó que al demandante le es aplicable la Ley 91 de 1989, que previó en lo atiente a las cesantías, que los docentes nacionales y vinculados a partir del 1 de enero de 1990, como es el caso del actor, se regirían por el sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses; a diferencia de los nacionalizados que ingresaron hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes conservaron el sistema de retroactividad.
18. Adujo que se encontró acreditado que el municipio de Sabanalarga no giró los dineros correspondientes a los auxilios de cesantías de las anualidades 2000, 2001, 2002 y 2003 al FOMAG, y debido a que como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, bajo el argumento de encontrarse incurso en los acuerdos de reestructuración, el empleador no puede desconocer las obligaciones laborales de los empleados públicos, especialmente las cesantías y la sanción moratoria, sin que ello implique obligatoriamente la presencia de estos durante la negociación.
19. Indicó que con base en los argumentos expuestos en precedencia, era procedente el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, respecto de la cual no se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción en atención a la vigencia de la relación laboral, puesto que como lo consideró esta Corporación al acoger una línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, el término se empieza a contar no desde la fecha en que se realiza la consignación del auxilio de cesantías como antiguamente se consideraba, sino desde que finaliza el vínculo con el Estado, lo cual no sucedió en el caso concreto.
20. En consecuencia, declaró no probadas las excepciones formuladas por las entidades demandadas, e igualmente dispuso la nulidad de los actos, así: i) Parcial del Oficio 2564 del 29 de julio de 2013, proferido por la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, solo en cuanto negó la sanción moratoria; ii) Parcial del Oficio del 18 de julio de 2013, expedido por el municipio de Sabanalarga, por la misma razón que el anterior; y iii) total del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo frente a la petición formulada el 18 de julio de 2013 ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG.
21. A título de restablecimiento del derecho, condenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, departamento del Atlántico y municipio de Sabanalarga a un día de salario por cada día de retardo en la consignación de las cesantías por las anualidades de 2000, 2001, 2002 y 2003, hasta el cumplimiento de la obligación laboral. Igualmente, ordenó la indexación de las sumas reconocidas y negó la condena en costas.
2.10.1. El recurso de apelación – Departamento del Atlántico.
22. Manifestó que se ratifica en lo expuesto en la contestación de la demanda, pues si bien adujo que se encontraba en desacuerdo frente a la sentencia de primera instancia y por ello, solicita se revoque, no formuló ningún cargo, pues solo reiteró que dentro del proceso se encuentra acreditado que desde el 2003 en adelante las cesantías han sido oportunamente reportadas a la entidad fiduciaria, por lo que no se configuran los presupuestos para que el actor pueda reclamar la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
23. Reiteró que se configuró la prescripción previsto en materia prestacional en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, por cuanto se trata de un emolumento que se causa por el pago de una prestación social como lo son las cesantías, por lo que al haberse formulado la petición hasta el 17 de julio de 2013, se configuró dicho fenómeno por cuanto se deriva del supuesto incumplimiento de efectuar la consignación por las anualidades 2000, 2001, 2002 y 2003.
2.10.2. El recurso de apelación – Municipio de Sabanalarga.
24. Solicitó se revoque en esta instancia el fallo del a quo, sin que tampoco formulara ningún cargo contra la providencia, ya que reiteró la excepción de prescripción contemplada en la ley respecto de aquellos derechos que no se hubieren reclamado dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad.
25. Igualmente, insistió en que el municipio de Sabanalarga se encuentra admitido a la promoción de un acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999, con el objeto de sanear sus finanzas, y debido que dentro de la base de datos del referido trámite, no se observa ninguna reclamación elevada por el demandante, es improcedente reclamar a través del presente mecanismo judicial, el pago de las cesantías y la sanción moratoria.
26. Así mismo, reiteró que a los docentes no les es aplicable el sistema previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, por cuanto son beneficiarios de la Ley 91 de 1989, en donde sus prestaciones sociales deberán ser atendidas por el FOMAG, de manera que no les es dable afiliare a fondos de carácter privado.
2.10.3. El recurso de apelación. Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG.
27. Redundó en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, relacionados con la disponibilidad presupuestal como una condición trascendental para el manejo de los recursos del FOMAG por parte de la Fiduprevisora, ya que a partir de ella se efectúan las asignaciones presupuestales de acuerdo al estricto turno de radicación, de manera que no puede endilgarse negligencia de la administración.
28. Igualmente recalcó que el procedimiento para el trámite de las solicitudes de reconocimiento de las prestaciones sociales de los educadores estatales es de carácter especial consagrado en el Decreto 2831 de 2005, razón por la cual, están excluidos de las demás normas generales, como lo ha sostenido el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual difiere sustancialmente de lo estipulado en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues no puede extenderse una sanción por el supuesto pago tardío del auxilio de cesantías, en atención al principio de interpretación restrictiva de la norma.
2.11. Alegatos de conclusión – Parte demandante.
29. Adujo que en el presente caso, no se ha configurado la prescripción, toda vez que el demandante se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones, pues la exigibilidad de las cesantías y los derechos accesorios, entre ellos, la sanción moratoria, solo tiene lugar a partir de la terminación de la relación laboral, como lo ha considerado esta Corporación; y debido a que no existe una norma jurídica que excluya a los empleadores públicos o privados de la obligación mencionada por el solo hecho de haber sido admitidos en la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos, la no inclusión de la acreencia del actor conlleva consecuencias gravísimas para el convenio.
30. Manifestó que de acuerdo con la Ley 91 de 1989, en lo referente a los docentes nacionalizados, como es el caso del demandante, que fue asimilado como tal al departamento del Atlántico en el 2003, dado que entró a laborar después de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, es beneficiario del sistema de liquidación anualizado de cesantías, el cual fue extendido a los servidores públicos del orden territorial por el Decreto reglamentario 1582 de 1998.
2.12. Alegatos de conclusión – Departamento del Atlántico.
31. Reiteró en su totalidad los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
III.- CONSIDERACIONES
32. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:
3.1 Problema jurídico.-
33. De acuerdo con los cargos formulados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le corresponde a la Sala:
34. Establecer si el demandante en su calidad de docente vinculado al sector oficial a partir de 1999, es beneficiario del sistema anualizado que regula a los servidores públicos del nivel territorial, y en tal virtud, analizar si se configuró la sanción moratoria por el incumplimiento en la consignación del auxilio de cesantías con anterioridad al 15 de febrero, por las anualidades de 2000, 2001, 2002 y 2003.
35. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el siguiente estudio: (i) Del sistema de liquidación de servidores públicos del nivel territorial; (ii) Del régimen de cesantías de los docentes y el proceso de descentralización de la educación; (iii) Antecedentes jurisprudenciales; y (iv) Solución del caso.
3.2. Del sistema de liquidación de servidores públicos del nivel territorial.
36. La Ley 344 de 1996 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» en el artículo 13 estableció la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado (Ramas Legislativa y Ejecutiva), a partir de su entrada en rigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996. Dice la norma:
«[…] Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.»
37. El artículo 13 de la Ley 344 de 1996, fue reglamentado por el Decreto 1582 de 1998, en el que de manera expresa extendió la aplicación de los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afiliaran a los fondos privados de cesantías creados por esta última ley. Dice la norma:
«Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998.» (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
38. El sistema contemplado en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, señalados expresamente por el Decreto reglamentario 1582 de 1998, previó la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente al año anterior, la consignación del valor correspondiente antes del 15 de febrero de cada año en el fondo privado seleccionado por el empleado y la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo a cargo del empleador en el evento en que incumpla la obligación. Dice la norma:
«Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.”
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.
[…]
Artículo 102º.- El trabajador afiliado a un Fondo de Cesantía sólo podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos:
Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora entregará al trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud.
En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía durante la vigencia del contrato de trabajo. El valor de la liquidación respectiva se descontará del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva.
Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva.
[…]
Artículo 104º.- De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía.
La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá presentar al trabajador en las acciones que se adelanten con motivo del incumplimiento del empleador en la liquidación o pago del auxilio de cesantía.
En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar a préstamos o pignoraciones el pago de auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la retención correspondiente y la realización del procedimiento que señalen las disposiciones laborales sobre el particular.
Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la pignoración del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin que el valor de la garantía exceda al del préstamo. […]».
39. De la norma transcrita, se establece que el régimen anualizado tiene las siguientes características:
i) Destinatarios: Servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados administradores de cesantías;
ii) Liquidación: Cada 31 de diciembre, por la anualidad o por la fracción correspondiente, diferente a la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo;
iii) Intereses: Legales del 12% anual o proporcionales por fracción;
iv) Sanción moratoria: Un día de salario por cada día de retardo cuando el empleador no consigne el valor liquidado antes del 15 de febrero de cada año.
3.3 Del régimen de cesantías de los docentes y el proceso de descentralización de la educación.
40. La Ley 43 de 1975 «por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones», implementó un proceso de nacionalización de la educación estatal, el cual tenía como propósito trasladar gradualmente a la Nación la totalidad de los costos de la prestación de dicho servicio, entre los que estaban comprendidos los salarios y las prestaciones sociales de los docentes
41. Posteriormente, la Ley 91 de 1989 «por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», diferenció las categorías en que se agruparían los docentes afiliados al fondo, con el fin de establecer los trámites y las disposiciones que les serán aplicables de conformidad a su fecha de vinculación. Al efecto, consagró que los docentes oficiales se agruparían así:
(i) en el personal nacional, el cual reúne a los docentes nombrados por el Gobierno Nacional;
(ii) el nacionalizado, cuyo ingreso se efectúa mediante nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha de conformidad con lo previsto en la Ley 43 de 1975; y
(iii) el personal territorial, en el cual se encuentran los docentes por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la mencionada ley, relativo a la creación de nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria.
42. Así mismo, en el parágrafo del artículo 2.º ibidem previó cómo se reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la citada ley, así:
«[…] Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975 […]»
43. Como se expuso, creó el FOMAG como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, para atender el pago de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encontraran vinculados a la fecha de la promulgación de la ley, con observancia del régimen ya señalado y de los que ingresaran con posterioridad a ella. Dice la disposición:
«[…] A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley […]».
44. En lo relativo a las cesantías del personal docente, el numeral 3 del artículo señalado, previó la siguiente disposición:
«3.- Cesantías:
Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional».
45. De la norma transcrita, se concluye que respecto de los docentes oficiales, la ley regula dos situaciones en el tiempo atendiendo la naturaleza de su vinculación:
1) Docentes nacionalizados, antes territoriales, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
2) Docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les aplicará las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, esto es, la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989.
46. Así, en virtud de lo dispuesto por la citada Ley 344 de 1996 y la Ley 91 de 1989, aquellos docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, se regularán por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación reviste las siguientes características:
i) Destinatarios: Docentes vinculados desde el 1º de enero de 1990;
ii) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
iii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido la comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero durante el mismo período.
47. En armonía con el desarrollo del concepto de educación como función pública y como elemento determinante en el cumplimiento de los fines del Estado establecidos en la Constitución Política de 1991, se expidió la Ley 60 de 1993 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones», se creó el situado fiscal que sería destinado a la educación y se definieron los porcentajes de participación cedidos por la Nación a los entes territoriales, el cual sería administrado bajo la responsabilidad de los departamentos y distritos.
48. En tal sentido, el Estado en ejercicio de la división y organización administrativa descentralizó la educación primaria y secundaria que se había nacionalizado a través de la Ley 43 de 1975, y distribuyó de manera diferente las competencias de los servicios educativos entre la Nación y los entes territoriales y se otorgaron los recursos necesarios –bienes y personal-, a los departamentos, distritos y municipios certificados para el ejercicio de la actividad docente.
49. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993, señaló que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporaran a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y los de las nuevas vinculaciones, sería el reconocido por la Ley 91 de 1989, en los siguientes términos:
«El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios recursos.» (Se resalta)
50. En desarrollo de los principios constitucionales sobre el derecho a la educación, fue proferida la Ley 115 de 1994 «Por la cual se expide la ley general de educación», a través de la cual se definió en el artículo 115 que el régimen especial de los educadores estatales sería el que allí se señalaba y el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993.
51. A través del Acto Legislativo 01 de 2001, se creó el Sistema General de Participaciones de los entes territoriales y en desarrollo del mismo, se expidió la Ley 715 de 2001 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.» que entró en vigor el 21 de diciembre de la misma anualidad, en virtud de la cual, se estableció un porcentaje de recursos de la Nación para cada uno de los sectores que posteriormente se repartiría entre los municipios, distritos y departamentos.
52. Así, se continuó con el proceso de descentralización territorial de la educación, pues adicional a ello, se distribuyeron nuevamente las competencias entre la Nación y las entidades territoriales para ejercer la prestación del servicio en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 715 de 2001, mediante los cuales se entregó a los departamentos, a los distritos y a los municipios certificados, la planeación, dirección y prestación directa del servicio educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.
3.4 Solución al asunto planteado.
53. De las normas expuestas en precedencia, se establece que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional que establece un sistema anualizado, sin retroactividad y pago de intereses a sus beneficiarios.
54. Por lo anterior, aquellos educadores que ingresaron con posterioridad a la fecha señalada (1 de enero de 1990), por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador, no adquieren el carácter de territorial regidos por normas prestacionales aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad, pues esta prerrogativa solo cobijó a quienes cumplieran la condición de ser nombrados sin el cumplimiento de las previsiones del artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
55. De manera que los educadores del sector público que ingresaren a partir de 1990, en materia prestacional se encuentran regulados por las disposiciones que gobiernan a los empleados públicos del orden nacional, y en tal virtud, no les son aplicables los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación, pues dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, únicamente a «los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías», que como se expuso, no se equiparan a los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, pues su nombramiento por el representante de la entidad territorial no le otorga la calidad de ser un maestro de dicho nivel y sus prestaciones sociales –cesantías-, son administradas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuya naturaleza jurídica es diferente a aquellos fondos privados creados por la Ley 50 de 1990.
3.4.1. Antecedentes jurisprudenciales
56. La Sección Segunda de esta Corporación en Sentencia de Unificación CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 2016, sostuvo que la voluntad del legislador al expedir la Ley 91 de 1989, además de la creación del FOMAG, fue la de unificar el sistema salarial y prestacional de los docentes oficiales nacionales y nacionalizados a partir de 1 de enero de 1990, por cuanto en dicha norma se dispuso, que a partir de ese momento, se crearía un solo régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros, que por disposición de las entidades territoriales a las que se encontraban adscritos, les habían sido reconocidas algunas prestaciones adicionales a las mínimas legales.
57. En casos similares al presente, las subsecciones A y B de esta Sección, han sostenido que al personal docente incorporado o vinculado a las plantas de personal del servicio educativo departamental o municipal, se les aplica el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden nacional, por lo que pese a que el nombramiento sea efectuado por el representante legal de la respectiva entidad territorial, no le otorga la calidad de docente territorial. Al respecto, señaló lo siguiente:
« […] a pesar de que el demandante fue nombrado por el gobernador del Departamento del Cesar como docente del municipio de Valledupar en el año de 1994, este nombramiento se realizó: i) con posterioridad al proceso de nacionalización desarrollado por la Ley 43 de 1975 «inició el 1.º de enero de 1976 y finalizó el 31 de diciembre de 1980»; ii) con las facultades legales otorgadas por el artículo 9.º de la Ley 29 de 1989 a los alcaldes y gobernadores para nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados.
Ahora bien, una vez que finalizó el proceso de nacionalización de la educación, al personal docente incorporado o vinculado a las plantas de personal del servicio educativo departamental o municipal, se les aplica el régimen prestacional y salarial de los docentes del orden nacional señalado en la Ley 91 de 1989, toda vez que las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 mantuvieron las previsiones contempladas en la Ley 91 de 1989 para todos los docentes que se incorporen sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones a las plantas departamentales y distritales.
De igual manera, no es posible equiparar las condiciones salariales y prestacionales de docentes a la de los demás empleados del régimen general territorial o a aquellos que conservaron esta condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989, en tanto que los docentes ostentan un régimen especial y en esa medida gozan de unas previsiones especiales en cuanto a ingreso, ascenso y prestaciones, independientemente de su carácter.(Se resalta)
58. En tal sentido, esta Corporación ha considerado que las nuevas vinculaciones de los docentes con el Estado a partir del 1 de enero de 1990, conlleva a que por disposición legal, sean beneficiarios del régimen prestacional vigente para los empleados públicos del orden nacional, aun cuando el nombramiento sea efectuado por la máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad territorial, como consecuencia del proceso de descentralización de la educación.
3.5 Análisis del caso concreto.
59. En el sub judice, el a quo accedió a la pretensión de reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al considerar que debido a la vinculación del demandante a partir del 30 de diciembre de 1999, le es aplicable la Ley 91 de 1989, que previó en lo atiente a las cesantías, que los docentes que ingresaran con posterioridad al 1 de enero de 1990, se regirían por el sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses. Igualmente, encontró acreditado que el municipio de Sabanalarga no giró los dineros correspondientes a los auxilios de cesantías de las anualidades 2000, 2001, 2002 y 2003 al FOMAG, por lo que se generó la aludida penalidad, sin que el argumento relativo a los acuerdos de reestructuración conlleve al empleador a eximirse de la obligación laboral.
60. Las entidades demandadas no formularon cargos contra la sentencia de primera instancia, sino que se limitaron a reiterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Así, los apoderados del municipio de Sabanalarga y el FOMAG, coincidieron en señalar que a los docentes no les son aplicables las normas generales que regulan el régimen prestacional general, así como tampoco la afiliación a fondos privados administradores de cesantías, puesto que la Ley 91 de 1989 creó el FOMAG como una cuenta especial de la Nación destinada al manejo de las prestaciones sociales de sus afiliados, cuyo trámite para el reconocimiento fue reglamentado en un decreto reglamentario especial, al que no puede extenderse la penalidad solicitada en virtud del principio interpretación restrictiva que rige en materia sancionatoria.
61. Al respecto, la Sala señala en primer lugar, que dentro del asunto objeto de análisis, las partes coinciden y no es objeto de debate el supuesto fáctico de la vinculación del demandante a través del Decreto 095-9 del 30 de diciembre de 1999, expedido por el alcalde (E) de Sabanalarga, para desempeñarse como docente en el área de mecánica automotriz del Instituto Técnico Industrial del municipio, del cual tomó posesión en la misma fecha.
62. Igualmente, se encuentran de acuerdo en que a partir del 2003, el demandante fue incorporado a la planta del departamento del Atlántico, financiado con recursos del Sistema General de Participaciones constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios educativos cuya competencia se les asigna en la Ley 715 de 2001.
66. Con la contestación de la demanda, se aportó copia de los actos administrativos relacionados con la inscripción y el ascenso del señor Mercado Herrera en el Escalafón Nacional Docente, así:
Acto administrativo
Autoridad que lo expidió
Objeto del acto administrativo
Fl.
Resolución 2394 del 29/12/00
Presidente y secretario ejecutivo de la Junta Seccional de Escalafón – Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla.
Inscripción en el grado 1º del Escalafón Nacional Docente.
134
Resolución 102 del 15/01/09
Secretaria de Educación Departamental del Atlántico
Ascenso al grado 2º del Escalafón Nacional Docente.
111
Resolución 1046 del 03/03/10
Secretaria de Educación Departamental del Atlántico
Ascenso al grado 4º del Escalafón Nacional Docente.
105
Resolución 1908 del 29/08/12
Secretario de Educación Departamental del Atlántico
Ascenso al grado 8º del Escalafón Nacional Docente.
97
67. El 5 de junio de 2013, el actor solicitó ante las entidades territoriales demandadas y el FOMAG, el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, petición frente a la cual, la administración resolvió lo siguiente:
• Oficio 2013ER95144 del 6 de agosto de 2013, por el cual la asesora de la Secretaría General de Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, en la que sin resolver la petición de fondo, la remitió a la Secretaría de Educación del Atlántico.
• Oficio del 18 de julio del 2013 expedido por el alcalde municipal de Sabanalarga, en el que le manifestó que la entidad territorial no se encuentra obligada al reconocimiento de la penalidad, pues ha efectuado la cancelación de las cesantías a los empleados y además, ello no forma parte de las acreencias establecidas en el artículo 19 de la Ley 550 de 1999 para los acuerdos de reestructuración.
• Oficio 2564 del 29 de julio de 2013 a través del cual el Secretario de Educación Departamental del Atlántico, señaló que desde la afiliación al FOMAG en el 2003, las cesantías de la demandante han sido reportadas oportunamente, sin que se observara a la fecha, reportes del municipio de Sabanalarga por concepto de la prestación social del período reclamado (2000, 2001, 2002 y 2003).
68. Se encuentra acreditado igualmente, que el docente solicitó sus cesantías parciales con destino a compra de un lote el 6 de julio de 2010, por sus servicios prestados como docente desde el 30 de diciembre de 1999 hasta el 30 de diciembre de 2009, las cuales fueron liquidadas a través de la Resolución 0649 del 6 de agosto de 2010, proferida por la Secretaria de Educación Departamental del Atlántico, como se discrimina a continuación:
Reportes anuales de cesantías
Cesantía año 2003
209.063
Cesantía año 2004
671.872
Cesantía año 2005
681.972
Cesantía año 2006
745.462
Cesantía año 2007
1.024.337
Cesantía año 2008
884.406
Cesantía año 2009
984.067
TOTAL REPORTES DE CESANTÍAS
5.201.179
69. En el señalado acto administrativo citó como normas aplicables: « […] Ley 91 de 1989, Decreto 2755 de 1966, y su decreto reglamentario 888 de 1991, Ley 962 de 2005, Decreto 2831 de 2005, la Ley 344 de 1996 y, los Acuerdos del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio […]» (Se destaca).
70. En tal virtud, ordenó girar al demandante la suma de $5.200.000 por concepto de anticipo de cesantías con destino a la compra de lote de terreno; decisión administrativa que fue notificada personalmente al demandante el 17 de agosto de 2010.
71. Ahora bien, de los suspuestos fácticos acreditados dentro del proceso, se evidenció que el demandante fue vinculado como docente al servicio del municipio de Sabanalarga mediante el Decreto 095-9 del 30 de diciembre de 1999, el cual pese a ser expedido por el alcalde (E), de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, debido a su vinculación con posterioridad al 1 de enero de 1990, su nombramiento no se asimila al de un docente territorial, puesto que solo tenían dicha condición aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes por mandato legal mantendrían el régimen prestacional que habían adquirido en cada entidad territorial, con anterioridad al proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975.
72. Por lo anterior, pese a acreditarse que el decreto de nombramiento del actor fue expedido por el alcalde (E) del municipio de Sabanalarga, ello no le otorga el carácter de territorial, pues en materia prestacional el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 previó respecto de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, la aplicación de las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, tal como lo consideró el a quo, lo cual no conllevaba a que el tribunal de instancia concluyera que al demandante le es dable el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues como se expuso, dicha penalidad solo fue extendida a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y afiliados a fondos privados de cesantías.
73. En consecuencia, le asiste razón a los apoderados judiciales del FOMAG y del municipio de Sabanalarga, al manifestar que al actor no le es aplicable la penalidad pretendida, pues debido a la fecha de su vinculación está regulado en materia prestacional por las normas de los empleados públicos del orden nacional, por lo que no es destinatario de la sanción moratoria extendida por disposición expresa del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, requisitos que no cumple el docente, por no reunir la condición de territorial y tampoco se encuentra afiliado a un fondo privado administrador de cesantías de aquellos creados por la Ley 50 de 1990, toda vez que precisamente la finalidad del legislador fue la creación del FOMAG para atender las prestaciones sociales de los maestros del sector oficial, cuyos recursos provienen por disposición legal, de la Nación.
74. Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida el 21 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se declaró la nulidad parcial de los actos acusados y se condenó a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de la sanción moratoria que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.
75. Así las cosas, esta Subsección se abstendrá de pronunciarse frente a los demás argumentos planteados por las entidades demandadas, relacionados con el acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de Sabanalarga y la excepción prescripción, en la medida que no hay lugar al reconocimiento de la penalidad pretendida por el demandante, por las razones expuestas en esta providencia.
76. Finalmente, se observa a folio 477 del expediente, que la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, confirió poder a la abogada Silvia Margarita Rúgeles Rodríguez identificada con C.C. 63.360.082 de Bucaramanga, y T.P. 87.982 del C. S. de la J., por lo que se le reconocerá personería para actuar dentro del proceso.
77. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 21 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico; y en su lugar, negar la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pretendida por el señor Milton Darío Mercado Herrera, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada Silvia Margarita Rúgeles Rodríguez identificada con C.C. 63.360.082 de Bucaramanga y T.P. 87.982 del C. S. de la J., para actuar como apoderada judicial de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con las facultades conferidas en el poder que obra a folio 474 del expediente.
TERCERO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CARMELO PERDOMO CUÉTER
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
En adelante FOMAG.
El 9 de diciembre de 2013. Folios 2 a 13 del expediente.
Folios 5 a 7.
«Conjunto normativo de la Ley 344 de 1996 reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 y remisión a la normatividad del artículo 99 a 104 de la Ley 50 de 1990, que regula el régimen legal de cesantías de estos trabajadores.»
Folios 7 a 9 del expediente.
«por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;[…]»
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
« por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
« Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
[…]
Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.»
Folios 51 a 57.
«por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.»
«Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones.
[…]
ARTÍCULO 88. INTERESES CON CARGO A OBLIGACIONES DE LA NACIÓN. En todos los eventos en los que la Nación o las entidades públicas, de cualquier orden, deban cancelar intereses por mora causados por obligaciones a su cargo, la indemnización de perjuicios o la sanción por mora no podrá exceder el doble del interés bancario corriente vigente al momento de la fecha establecida legalmente para realizar el pago.
De igual forma, toda suma que se cobre a la Nación o a las entidades públicas como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria adeudada en virtud de un mandato legal se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación.»
Folios 62 a 67.
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones»
« por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
[…]
Artículo 56. Reglamentado por el Decreto Nacional 2831 de 2005. Racionalización. de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.»
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones»
Contestación de la demanda que obra a folios 166 a 175 del expediente.
Sentencia de 9 de mayo de 2014. Rad. 2012-168. M.P. Gonzalo Zambrano Velandia.
« Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
«por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;[…]»
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
« por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»
« por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
[…]
Artículo 41º.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
FF. 255 a 262.
Folio 260.
Folios 312 a 352 del expediente.
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
Al respecto citó: Sentencias de 27 de enero de 2011. Exp. 1506 de 2008. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez; y del 10 de febrero de 2011. Exp. 0910-2010. C.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Consejo de Estado – Sección Segunda. Sentencia del 9 de mayo de 2013. Rad. 2012-01219.
Sentencia del 24 de agosto de 2010. Rad. 34393.
Recurso de apelación que obra a folios 361 a 365 del expediente.
« Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
«por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
[…]
Artículo 41º.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
«por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
[…]
Artículo 102º.- Prescripción de acciones.
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
Recurso de apelación que obra a folios 366 a 369 del expediente.
«por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.»
«por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;[…]»
Recurso de apelación que obra a folios 370 a 375 del expediente.
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones»
Sentencia de 9 de mayo de 2014. Rad. 2012-168. M.P. Gonzalo Zambrano Velandia.
« por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Rad. 2011-00941-01. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sentencia de 5 de septiembre de 2014. Rad. 2709-2013. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
«por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;[…]»
« por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.»
Según se observa a folios 471 a 473 del expediente.
Publicada en el Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996.
Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
“Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.”
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”
Ibídem.
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»
Ley 45 de 1975, Artículo 10.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.
Destacado por la Sala.
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968»
«Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.»
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
«Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.»
« Artículo 11. Distribución del situado fiscal. El situado fiscal consagrado en el artículo 356 de la Constitución Política, se distribuirá en la siguiente forma: 1. El 15% por partes iguales entre los Departamentos, el Distrito Capital y los Distritos de Cartagena y Santa Marta. 2. El 85% restante, de conformidad con la aplicación de las siguientes reglas: a) Un porcentaje variable equivalente a la suma de los gastos de atención de los usuarios actuales de los servicios de salud y educación de todos los departamentos y distritos del país, hasta el punto que sumado con el porcentaje del numeral lo permita la prestación de los servicios en condiciones de eficiencia administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del presente artículo. Este porcentaje se considerará para efectos de cálculo como el situado fiscal mínimo. b) El porcentaje restante, una vez efectuada la distribución por Situado Fiscal Mínimo para salud y educación, se asignará en proporción a la población potencial por atender, en los sectores de salud y educación, y al esfuerzo fiscal ponderado, de conformidad con los criterios establecidos en el parágrafo 2 del presente artículo. La metodología para establecer la población usuaria actual, para aplicar las reglas de distribución de los recursos del situado fiscal y para diseñar los indicadores pertinentes, será adoptada por el CONPES para la Política Social de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: i) Los usuarios actuales en educación, son la población matriculada en cada año en el sector oficial, más la becada que atiende el sector privado. La población becada se contabilizará con una ponderación especial para efectos de la estadística de usuarios. ii) La población potencial, en educación, es la población en edad escolar comprendida entre los 3 y los 15 años de edad, menos la atendida por el sector privado. iii) Los usuarios actuales en salud, son la población atendida en cada año por las instituciones oficiales y privadas que presten servicios por contratos con el sector oficial, medida a través del registro de las consultas de medicina, enfermería y odontología y de los egresos hospitalarios. iv) La población potencial en el sector salud se mide como la población total del departamento, no cubierta plenamente por el sistema contributivo de la seguridad social, ponderada por el índice de necesidades básicas suministrado por el DANE.»
La Ley 43 de 1975 «por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.» nacionalizó los servicios educativos públicos hasta el bachillerato y reguló la forma de prestarlos y de administrarlos por la Nación, que asumió la competencia directa de la prestación de este servicio.»
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones»
«Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.
[…]
ARTÍCULO 2. El artículo 356 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios. […]»
«Artículo 4. Distribución Sectorial de los Recursos. Modificado por el art. 2, Ley 1176 de 2007, Modificado transitoriamente por el art. 4, Decreto Nacional 017 de 2011. El monto total del Sistema General de Participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 2°, se distribuirá las participaciones mencionadas en el artículo anterior así: la participación para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud corresponderá al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al 17.0. »
Artículo 5. Competencias de la Nación en materia de educación.
Artículo 6. Competencias de los departamentos.
Artículo 7. Competencias de los distritos y los municipios certificados.
«Artículo 20. Entidades territoriales certificadas. Son entidades territoriales certificadas en virtud de la presente ley, los departamentos y los distritos. La Nación certificará a los municipios con más de cien mil habitantes antes de finalizar el año 2002. Para efectos del cálculo poblacional se tomarán las proyecciones del DANE basadas en el último censo.
Todos aquellos municipios con menos de 100 mil habitantes que cumplan los requisitos que señale el reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera podrán certificarse. Le corresponde a los departamentos decidir sobre la certificación de los municipios menores de cien mil habitantes, que llenen los requisitos. Si contados seis meses desde la presentación de la solicitud no ha sido resuelta o ha sido rechazada, el municipio podrá acudir a la Nación para que ésta decida sobre la respectiva certificación.
Los municipios certificados deberán demostrar, cuando lo requiera el Gobierno Nacional, que mantienen la capacidad necesaria para administrar el servicio público de educación. Aquellos municipios que no logren acreditar su capacidad, perderán la certificación.»
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
[…]
Artículo 10º.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.»
Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B, Sentencia de 14 de abril de 2016 con Rad. 2013-00134-01. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 19 de octubre de 2017. Rad. 20001-23-39-000-2014-00289-01(5010-15). C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B. Sentencia del 12 de abril de 2018. Rad. 52001-23-33-000-2013-00159-01(2860-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Folio 18.
Como se observa en el Acta de Posesión que obra a folio 17.
«por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.»
Folios 20-22.
Folio 29.
Folio 24.
Folios 26-28.
Folios 136 – 139.
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»
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