Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04645-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04645-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04645-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-04645-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
13 de diciembre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: ALBINO CANGREJO JAVELA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento
de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago
tardío de las cesantías. Requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante contra la sentencia de 5 de octubre de 2023, dictada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la
acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante manifestó que con posterioridad al año 1990 se vinculó como
docente del municipio de Neiva y que, en razón a esto, el 15 de febrero de 2021 le
debían ser consignadas las cesantías correspondientes al servicio que prestó
durante el año 2020, lo que no sucedió en esa fecha.
Afirmó que el 30 de agosto de 2021, solicitó a la Secretaría de Educación de Huila
y al Fomag, el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de
los intereses a las cesantías, descrita en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975,
solicitud que no fue contestada.
Refirió que, dado lo anterior, promovió demanda a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional-
Fomag y el municipio de Neiva, con el fin de que se declarara la nulidad de los
actos administrativos fictos, producto del silencio administrativo negativo frente a
la solicitud formulada el 30 de agosto de 2021.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
Señaló que del asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Neiva, que en sentencia de 9 de diciembre de 2022
negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías de
los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 es especial, por lo que no es
comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.
Narró que contra la anterior determinación interpuso recurso de apelación, en el
que sostuvo que “no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de
unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo
tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año,
ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de
1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de
empleados públicos de Colombia”.
Por último, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia de 4 de
julio de 2023, confirmó el fallo apelado.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial,
sobre la relevancia constitucional citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de
2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el
proceso No. 11001031500020230106300.
Alegó la configuración del defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte
Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU-098 de 20181, SU-332
de 20192 y SU-041 de 20203, y del Consejo de Estado establecido en las
siguientes sentencias: del 6 de agosto de 2020 4, 24 de enero de 20195, 17 de
junio de 20196, 28 de junio de 20197, 29 de julio de 20198, 2 de diciembre de
20199, 10 de junio de 202010, 22 de octubre de 202011, 12 de noviembre de
202012, 17 de junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 202116, 20 de enero
1
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
2
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
3
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-01 (0833-
16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867- 01 (4854-
2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales
7
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-
16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-01(0324-
2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00132-01,
C.P. William Hernández Gómez.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–
2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César Palomino Cortés.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015- 00445-
02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
de 202217, 3 de marzo de 202218, 28 de abril de 202219, 920 y 19 de mayo de
202221, 1 de julio de 202222, 22 de agosto de 202223, 22 de septiembre de 202224,
1925 y 2626 de enero de 2023.
Por último, se refirió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del
Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la
Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que
tienen para el Tribunal Administrativo del Huila.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA en la sentencia proferida el día 7/4/2023, en el expediente rad. No.
41001333300520220031101, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE
AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD
SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan
a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este
órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra
vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora
como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los
siguientes expedientes:”.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 01127-01
(1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021,
Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015- 90008-01
(2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de
2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-01
(1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-01.
Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (2660-
2020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-
01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-01 (2224-
2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-01 (2659-
2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-01
(4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-01
(4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-01
(2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015- 90124-01
(2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-02 (4470-
2021) , C.P. William Hernández Gómez.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231- 01 (0871-
2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el No. 41001333300520220031101,
actor: Albino Cangrejo Javela.
5. Trámite procesal
5.1. Por auto de 30 agosto de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado
dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante y a la autoridad judicial demandada. Además, se ordenó vincular al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag), a Fiduprevisora S.A., como terceros interesados en el resultado del
proceso.
5.2. A través del auto de 12 de septiembre de 2023, se dispuso la vinculación
como tercero con interés de departamento del Huila.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Huila
El Magistrado Ponente de la decisión cuestionada rindió informe en el que solicitó
que se nieguen las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que no se
incurrió en los defectos alegados por lo que no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados.
De igual modo, señaló que, aunque el actor alega el desconocimiento de la
normatividad aplicable al caso concreto, lo cierto es que lo que pretende es dar
continuidad al debate superado el trámite del proceso ordinario por el desacuerdo
con la decisión adoptada.
6.2. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.
La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora
del FOMAG pidió que se declare improcedente la solicitud de amparo por no
cumplir con las causales generales y específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, y solicitó ser desvinculada por carecer de
competencia frente a las pretensiones de la demandante. Agregó que al caso no le
resultan extensibles los efectos de la sentencia de unificación SU-098 de 2018.
6.3. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva y el departamento del
Huila, vinculados al trámite constitucional como terceros interesados, guardaron
silencio, pese a que fueron notificados del auto admisorio en debida forma.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia de 5 de octubre de 2023,
declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
constitucional, al considerar que el actor emplea la acción de tutela para dar
continuidad al debate legal superado en el trámite del proceso ordinario.
De igual forma, adujo que el asunto gira en torno a una cuestión meramente legal
y de carácter económico, pues la inconformidad de la accionante se limita al pago
de derechos patrimoniales –sanción moratoria e intereses anuales a las
cesantías–, más allá de estar orientado a la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia, que corresponde resolver al juez natural.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en
escrito en el que reiteró los argumentos que sustentan los defectos alegados en la
solicitud de amparo.
En primer lugar, manifestó que durante más de dos años se conocen fallos con
postura pacífica donde se predica la aplicación del derecho que ostentan los
docentes de la educación pública en lo atinente a la sanción moratoria estipulada
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, “teniendo como base el principio de
favorabilidad ampliamente desarrollado además en la Sentencia de Unificación
098 del 17 de octubre 2018 emitida por la Honorable Corte Constitucional”.
Afirmó que, en este sentido, no es cierto que no exista una posición respecto de la
aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto, se
evidencia en el Consejo de Estado una postura decantada desde el año 2019, “tal
y como se observó en el recuento jurisprudencial arrimado con el escrito de la
acción de tutela”.
Afirmó que en distintas sentencias se ha arribado a “acertadas conclusiones que
siguen siendo postura en el Consejo de Estado, ya que en el interregno en el cual
se radicó la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió el
pronunciamiento más reciente en la materia, fue proferida el 19 de enero de 2023,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero
ponente Dr. William Hernández Gómez, consistente en un fallo de segunda
instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es
decir, que mientras estamos en el presente trámite de la acción constitucional, el
Consejo de Estado ratifica su postura en el tema de sanción moratoria cesantías
anualizadas – Docente”, sentencia que allegó mediante memorial radicado con
posterioridad a la sustentación de la impugnación.
Reiteró que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en virtud de
los principios de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244
de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006, indicó que no se debe excluir al
sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los
mismos carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria
prevista en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive
preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social, “es por ello,
que no es de recibo para esta parte procesal que se afirme que el presente asunto
no tiene relevancia constitucional, por cuanto al no tener los docentes la garantía
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
de la prestación claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad social,
luego entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es
decir, que la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva
consignación efectiva”.
Indicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en
pronunciamientos de tutela de 23 de marzo y 17 de abril de 2023, analizó casos
idénticos, encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y, de
manera específica, consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió en
desconocimiento del precedente judicial.
Finalmente, señaló que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción
moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros servidores
públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, y tal
distinción entre unos y otros viola el derecho a la igualdad, “pues los docentes del
señor oficial tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica
dentro de los trabajadores del Estado, siendo inconcebible negar el acceso a la
aplicación favorable deprecada, lo que evidentemente conlleva una relevancia
constitucional para que el presente asunto sea estudiado en sede de tutela”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
debe revocar la decisión de primera instancia, en tanto la solicitud sí cumple con el
requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional, necesario para su
estudio de fondo.
En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, y de cumplirse con
el resto de requisitos de procedibilidad, corresponde a la Sala establecer si la
sentencia de 4 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
incurre en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, en tanto i) no
es cierto que no exista una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990
a los docentes del sector oficial, por cuanto se evidencia en el Consejo de Estado
una postura decantada desde el año 2019, “tal y como se observó en el recuento
jurisprudencial arrimado con el escrito de la acción de tutela”, ii) la sentencia SU-
098 de 2018 de la Corte Constitucional, en virtud de los principios de igualdad, in
dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley
1071 de 2006, indicó que no se debe excluir al sector oficial docente de la
aplicación de la Ley 50 de 1990, iii) una interpretación restrictiva de la aplicación
de la sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de
cesantías, y tal distinción entre unos y otros viola el derecho a la igualdad, y iv) en
el caso se desconoce le preceptuado por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, en pronunciamientos de tutela de 23 de marzo y 17 de abril de
202327, en los que analizó casos idénticos, encontrando superados los requisitos
de procedencia de la tutela y declarando que se incurrió en desconocimiento del
precedente judicial.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones”28.
Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 200529, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional30.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala31, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
27
Radicado No. 11001031500020230096500.
28
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
29
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P.
María Victoria Calle Correa.
30
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-
01.
31
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En primera instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia
de 5 de octubre 2023, declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, al considerar que el actor acude al
mecanismo de protección constitucional para dar continuidad al debate legal
superado en el trámite del proceso ordinario. En ese sentido señaló que, aunque
el actor alega la configuración del defecto sustantivo por desconocimiento de la
normatividad aplicable para resolver el caso concreto, lo cierto es que la solicitud
de amparo obedece al desacuerdo con la decisión.
En la impugnación, el actor reiteró los argumentos de la solicitud de amparo, y
señaló que no es cierto que no exista una posición respecto de la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto, adujo, se evidencia
en el Consejo de Estado una postura decantada desde el año 2019, “tal y como se
observó en el recuento jurisprudencial arrimado con el escrito de la acción de
tutela”.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
4.2. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto, contrario a lo manifestado en
la impugnación, la misma no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en
tanto, se acude a ella con el propósito de dar continuidad al debate legal que fue
resuelto en dos instancias.
Como se anotó, del expediente ordinario aportado como prueba, se observa que,
en primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva en
sentencia de 9 de diciembre de 2022, negó las súplicas de la demanda, tras
considerar que el régimen de cesantías de los docentes, contemplado en la Ley 91
de 1989, es especial, por lo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.
Contra la anterior determinación la accionante interpuso recurso de apelación, en
el que, conforme con el relato del recurso en efectuado en la sentencia de
segunda instancia, sostuvo que:
“(…) conforme a la sentencia SU-098 de 2018 y precedente del Consejo de
Estado el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes,
agregando que desde las sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016 se
estableció que los docentes se equiparan a los empleados públicos y por ello
“les resulta aplicable el régimen general en aquello que no se encuentre
regulado en el régimen especial”, tal como ocurre con la sanción moratorio
por la consignación tardía de las cesantías “en el único fondo para
trabajadores de la educación” contenida en la disposición antedicha.
Refirió que contrario a lo indicado por el a quo el régimen especial de liquidación
de cesantías de los docentes no es más favorable que el régimen general, pues
para aquellos los intereses de las cesantías se calculan aplicando la tasa DTF
sobre el capital acumulado que resulta inferior al 12% que se aplica a los demás
trabajadores, añadiendo que la Nación – Ministerio de Educación es la responsable
de consignar las cesantías de los docentes en el Fonprema como quedó reglado
en la Ley 715 de 2001, no obstante, incumple dicha obligación y ello constituye la
razón por la cual el aludido fondo no cuenta con los recursos para su cubrimiento,
impidiendo además la generación de los intereses al no existir un capital que los
cause. (…)
Frente a la inexistencia de identidad fáctica con la sentencia SU-098 de 2018,
advertida por el juez de primera instancia en tanto los demandantes en dicha causa
no estaban afiliados al Fonprema, señaló que “no existe sanción por la no afiliación
al fondo, la no afiliación al fondo trae como consecuencia lógica que no va a existir
una consignación y lo que se puede sancionar a favor del trabajador es la falta de
consignación y este es el término contenido en la Ley 50 de 1990”.
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 4 de julio de 2023,
confirmó el fallo impugnado, luego de considerar que los docentes oficiales
vinculados al Fomag se rigen por la norma especial consagrada en la Ley 91 de
1989, la cual no contempló la sanción por no consignación de cesantías en una
cuenta individual para cada docente antes del 14 de febrero del año
correspondiente, y que no existe pronunciamiento de la Corte Constitucional o del
Consejo de Estado que ordene a las demandadas a aplicar la sanción consagrada
en la Ley 50 de 1990, para esos funcionarios públicos.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
En el fallo objetado, la autoridad judicial accionada, luego de hacer amplia
referencia al marco jurisprudencial y legal aplicable al caso, sostuvo lo siguiente
respecto a la aplicación extensiva de la Ley 50 de 1990:
“Hasta este momento es claro que la Corte Constitucional en sede de control de
constitucionalidad determinó que los docentes gozan de un régimen especial y
diferente en materia prestacional y en específico en materia de cesantías dijo que
la ley 50 de 1990 no le es comparable o posible examinar aisladamente.
(…)
En materia fáctica es indiscutible el argumento del juez de primera instancia,
porque los hechos en que se fundamentó la sentencia de unificación fue de un
servidor público docente que se retiró del servicio público y nunca había sido
afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio o a fondo privado o
público alguno para la administración de sus cesantías, dice la providencia
constitucional: “
3. El 21 de abril de 2009, en ejercicio del derecho de petición, el señor Bonilla
Guerrero elevó una solicitud ante el alcalde de Santiago de Cali, en la cual solicitó
el reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria con fundamento en
el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Lo anterior, porque dicho ente
territorial no le consignó las cesantías en la fecha que establece la ley en el
respectivo Fondo de Cesantías [4], los intereses sobre las cesantías ni los
rendimientos financieros que se causaron con dicho retardo.
4. En respuesta a la anterior solicitud, el ente territorial le manifestó al peticionario
que no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) ni a otro fondo por un error interno, esto es, porque se presentó una
inconsistencia en el aplicativo de afiliación al fondo con respecto a algunos
docentes técnicos provisionales.” (Resaltado propio)
Mientras que en este proceso la actora SI se encuentra afiliada al FOMAG y, se le
han reconocido y liquidado sus cesantías en forma anualizada y son administradas
por dicho fondo.
En el proceso de análisis constitucional, la Corte procedió a valorar los diferentes
pronunciamientos del Consejo de Estado respecto a la aplicación de la Ley 50 de
1990 y su propia posición en sede de tutela en servidores públicos, así:
De SI reconocimiento o aplicación de la Ley 50 de 1990, caso docente
universitario no destinatario de la Ley 91 de 1989, a quien no habían realizado la
consignación de cesantías por deficiencias administrativas de la entidad, sentencia
del 10 de octubre de 2013 del Consejo de Estado.
De NO reconocimiento o aplicación de la Ley 50 de 1990 de docentes que
deberían estar afiliados al FOMAG por considerar que son del orden nacional y
que, la Ley 344 de 1996 solo aplica a docentes territoriales vinculados a partir del
31 de diciembre de 1996 y afiliados a fondos privados; Sentencias del consejo de
estado del 14 de junio de 2018 radicado 08001-23-33-000-2013-00762-01(3472-
15), y 08001- 23-33-000-2013-00831-01(3583-15).
Y la posición de la Corte Constitucional de SI reconocimiento y aplicación de la
sanción moratoria de la Ley 50 de 1993, por no afiliación al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en Sentencia T-008 de 2015.
(…)
Por tanto, la sentencia SU98-2018 si fijo una regla jurisprudencial pero específica y
determinada a regular la protección del servidor público docente que por mandato
legal debe afiliarse al FOMAG pero que no se cumple con dicha obligación y por
ello, no puede gozar en términos de oportunidad y protección con el beneficio
económico de las cesantías, y la ley especial no regulo amparo o sanción alguna
pues, la regulación normativa como es la Ley 244 de 1995 es frente a un supuesto
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
diferente, que es un servidor público si afiliado y se presenta mora en reconocerse;
y además, que no puede diferenciarse por el tipo de vinculación. En esa medida,
la Sala no comparte la apreciación del recurrente de que “no existe sanción por la
no afiliación al fondo, la no afiliación al fondo trae como consecuencia lógica que
no va a existir una consignación y lo que se puede sancionar a favor del trabajador
es la falta de consignación ...”, pues la falta de afiliación del docente al FOMAG
hace que no quede regulado por la Ley 91 de 1989 y por eso opera la Ley 50 de
1990 pero no ocurre lo contrario, si está afiliado, se rige por el régimen especial de
los docentes.
(…)
Concluyendo que en materia de cesantías el FOMAG no depende de su propia
gestión para su existencia o financiación administrativa pues, por mandato legal
depende y se sufraga con recursos del presupuesto nacional, y si se trata de la
generación de rentabilidades individuales a los trabajadores, se llega a la misma
conclusión, en el FOMAG se garantiza y reconocen los intereses legales
directamente por el presupuesto general de la nación.
(…)
Llegando a la conclusión entonces que las pretensiones no están llamadas a
prosperar en atención a la existencia de un régimen especial que regula en forma
expresa el trámite de reconocimiento de cesantías e intereses a las cesantías de
servidores públicos docentes que están afiliados al FOMAG sin que pueda ser
objeto de aplicación en el mismo los tramites de la Ley 50 de 1990”.
Lo anterior permite evidenciar que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, estudiaron de manera suficiente lo
relativo al régimen prestacional aplicable a los docentes escalafonados, en
específico, respecto de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizado y de los intereses a las mismas, lo cual fundamentó la
denegación de las pretensiones de la demanda.
4.3. Conforme con lo anterior, la Sala observa que los reproches formulados por la
parte actora en el escrito de tutela relativos a la presunta configuración de los
defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial y por violación
directa de la Constitución, independientemente de que se quieran encuadrar en la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, junto
con el principio a la seguridad jurídica, lo que en realidad pretenden es darle
continuidad al debate relacionado con la aplicación para el caso de las Leyes 50
de 1990 y 52 de 1975 y con el desconocimiento de la sentencia SU-098 de 2018
proferida por la Corte Constitucional y, en tal razón, carecen de la relevancia
constitucional necesaria para ser estudiadas por el juez de tutela, pues son un
aspecto que ya fue motivo de estudio en el curso del proceso ordinario en sus dos
instancias, en el que se concluyó que dichas normas no eran aplicables por ser
incompatibles con el régimen de la Ley 91 de 1989, al que la demandante
pertenece, y que sobre la materia no hay una postura jurisprudencial unificada.
Cuestión diferente es que el demandante, al no estar de acuerdo con la
apreciación que se hizo sobre dicho cargo por parte de las autoridades judiciales,
presentara los mismos argumentos en la acción de tutela, bajo la supuesta
vulneración de derechos fundamentales, lo que no es razón suficiente para omitir
el hecho de que el mecanismo constitucional se está utilizando como una instancia
adicional, en desconocimiento del requisito de la relevancia constitucional.
Por lo tanto, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró la
improcedencia de la solicitud por falta del mencionado requisito de procedibilidad.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
Por último, si bien la parte actora se refiere a la sentencia de tutela de 23 de
marzo de 202332 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” de esta
Corporación, en las que se dio por superado el requisito de relevancia
constitucional y se accedió al amparo constitucional solicitado, basta indicar que
sobre dicho fallo se declaró la nulidad por la Sección Primera del Consejo de
Estado, por indebida conformación del contradictorio.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional,
en sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues
se proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los
docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la
Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a
establecer aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes
(territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de
cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por
no consignación oportuna de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la
sentencia y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces
de la jurisdicción contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el
Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una penalidad por no
consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
precedente y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un
efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la
afectación de un derecho fundamental, por cuanto “las decisiones impugnadas en
sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes
de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una prerrogativa
de carácter constitucional”.
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras
obtener una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los
demandantes acudían a la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos
específicos con el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas
pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión impugnada, que declaró
la improcedencia de la solicitud por ausencia del requisito de relevancia
constitucional.
32
Rad. 2023-01063-00.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04645-01
Demandante: Albino Cangrejo Javela
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 5 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
amparo.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.