Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00041-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00041-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00041-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
15 de febrero de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00041-00
Accionante: Jhon Harold Vergara Pidiache
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00041-00
Accionante: JHON HAROLD VERGARA PIDIACHE
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por el actor pretende reabrir el
debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Jhon Harold
Vergara Pidiache, en contra de la sentencia proferida el 24 de agosto de
2023 y la providencia dictada el 30 de noviembre de 2023, por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro.
25000-23-42-000-2014-03660-00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jhon Harold Vergara Pidiache, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de las precitadas
providencias y, para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
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Accionante: Jhon Harold Vergara Pidiache
“[…] PRIMERA: Que el Honorable Consejo de Estado conceda al
señor JHON HAROLD VERGARA PIDIACHE, la tutela interpuesta, con
el fin de proteger sus derechos Constitucionales Fundamentales:
DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y el
derecho al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (…).
SEGUNDA: Que el Honorable Consejo de Estado (…) disponga
DEJAR SIN EFECTOS las decisiones adoptadas por la SECCIÓN
SEGUNDA-SUBSECCIÓN ‘A’, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO- del CONSEJO DE ESTADO, con la expedición
de las providencias proferidas por esta instancia judicial, el 24 de
agosto de 2023, notificada el 10 de octubre de 2023, mediante la
cual se resolvió el recurso de apelación contra la providencia
proferida el 11 de noviembre de 2020, por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección ‘B’, y con la
providencia proferida el 30 de noviembre de 2023, notificada el 13
de diciembre de 2023, por la cual no se accedió a la solicitud de
corrección, aclaración y/o adición de la providencia proferida el 24
de agosto de 2023; solicitadas por la parte demandante, dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con Radicación
No. 25000-23-42-000-2014-03660-01 (…).
TERCERA: Que el Honorable Consejo de Estado, con base en lo
anterior, ordene a la SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN ‘A’,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- del CONSEJO
DE ESTADO, que profiera una nueva providencia, mediante la cual
se modifique la providencia proferida el 11 de noviembre de 2020,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda –
Subsección ‘B’, que incluya adicionalmente a lo decidido en la
providencia del 24 de agosto de 2023, el reconocimiento, liquidación
de las 50 horas extras diurnas desde el 29 de junio de 2011, a que
tiene derecho el accionante dentro de la presente demanda de tutela
[…]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora señaló que presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C., que
fue decidida en primera instancia por la Subsección B, Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accediendo parcialmente a
las pretensiones.
Mencionó que contra la precitada decisión interpuso recurso de apelación,
y que, por fallo del 24 de agosto de 2023, la Subsección A, Sección
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Accionante: Jhon Harold Vergara Pidiache
Segunda del Consejo de Estado, “(…) decidió adicionar el numeral
segundo de la sentencia de primera instancia (…)”.
Indicó que frente al precitado fallo formuló “solicitud de corrección,
adición y/o aclaración”, que fue negada por providencia dictada el 30 de
noviembre de 2023 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado.
Aseveró que el presente asunto tiene relevancia constitucional porque se
demuestra que con las providencias judiciales censuradas se vulneraron
sus derechos invocados “(…) por la interpretación indebida y claramente
errónea e irrazonable, de las pruebas allegadas y de las normas aplicables
al presente caso, que de no haber sido así, hubiese permito (sic) concluir
por el contrario, por parte de la accionada, que el demandante tiene
derecho al reconocimiento, liquidación y pago, de las 50 horas extras
diurnas al mes, desde el 29 de junio de 2011, ya que contrario a lo
aseverado (…) en la sentencia del 24 de agosto de 2023, las citadas horas
no han sido reconocidas (…)”.
Indicó que la autoridad judicial accionada “(…) llega a esta equivocada
decisión, de negar el reconocimiento, liquidación y pago de las horas
extras reclamadas, porque la citada decisión no se soportó en las pruebas
existentes dentro del proceso, ya que no existe, dentro del respectivo
expediente ninguna prueba de dicho pago, sino que el supuesto pago tuvo
como soporte una interpretación que no corresponde a hechos o pruebas
que demuestren la aseveración que soporta dicha decisión (…)”.
Alegó que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico
“(…) al valorar en forma totalmente equivocada, y errónea las pruebas
que figuran en el expediente del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho, que demuestran que la entidad demandada en dicho
proceso, no efectuó el reconocimiento, liquidación y pago de las horas
extras diurnas reclamadas (…)”.
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El accionante refirió que la autoridad judicial accionada, en la sentencia
del 24 de agosto de 2023, indicó que “(…) en la liquidación de horas extras
efectuada por la entidad y citado en el hecho probado número ii), el
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá reconoció y pagó (…) las 50 horas
extras mensuales que señala la norma (…)”; sin embargo, manifestó que
“(…) la afirmación anterior, no corresponde a las pruebas existentes en el
expediente, (…) porque el llamado hecho probado número ii), no prueba
dicha afirmación (…)”.
Por último, señaló que las providencias censuradas incurrieron en defecto
sustantivo “(…) al realizar una interpretación claramente errónea e
irrazonable, de las normas y jurisprudencia aplicables (…)”, por una parte,
porque el artículo 36 del Decreto Ley 1042 de 1978 “(…) establece que se
pagarán 50 horas extras al mes (…)” y “(…) con base en una valoración
objetiva de las pruebas (…)” no debería negarse dicho pago al accionante.
Por otra parte, expuso que, pese a que en el fallo censurado se citaron
apartes de sentencias del Consejo de Estado que precisan la procedencia
del reconocimiento y pago de 50 horas extras diurnas al mes, como lo
estableció la sentencia de unificación proferida el 12 de febrero de 2015
por la Sección Segunda de la Corporación, “(…) decisión que es aplicable
al caso concreto (…) ya que se trata una (sic) situación similar (…)”; “(…)
inexplicablemente la accionada (…) niega dicho reconocimiento sin
fundamento legal, constitucional o jurisprudencial (…)”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 11 de enero de 20242 a través de la
ventanilla virtual de la Corporación, y correspondió por reparto a la
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Sección Primera que, por auto del 16 de enero de 20243 i) la admitió, y
ii) dispuso notificar a los magistrados de la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado, como parte accionada, así como vincular
a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
D.C. y a la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca4.
De igual forma, requirió a la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y a la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado, para que allegaran copia digital o el hipervínculo
de consulta del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado nro. 25000-23-42-000-2014-03660-00/01, el cual fue remitido5.
3.2. El Consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas de la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, ponente de la
sentencia de segunda instancia censurada, presentó escrito vía correo
electrónico6 en el que indicó que las decisiones controvertidas se ajustan
a derecho y fueron adoptadas con apego al marco normativo aplicable,
aunado a que “(…) no existe sustento normativo alguno que permita
acceder al reconocimiento, en dinero, de horas extras nocturnas por
encima del tope de 50 horas mensuales establecido en el Decreto 1042
de 1978 (…)”.
Agregó que no es cierto que haya existido una indebida valoración
probatoria, más aún si se toma en consideración que la decisión atendió
a los límites legales fijados en la norma y se centró en ordenar la correcta
aplicación de las fórmulas matemáticas que deben utilizarse para el
cálculo de los recargos por horas extras laboradas.
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Esta orden se cumplió el 18 de enero de 2024. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
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Accionante: Jhon Harold Vergara Pidiache
Aseveró que no ha existido vulneración alguna de los intereses
constitucionales del accionante y que las decisiones censuradas fueron
respetuosas de sus derechos.
3.3. El apoderado de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá D.C., allegó informe vía correo electrónico7, en el
que solicitó declarar improcedente la acción.
Alegó que del escrito de tutela se deriva que el accionante está atacando,
como recurso de instancia, la decisión adoptaba por el Consejo de Estado;
así mismo, que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que
no está acreditado que se hayan agotado todos los mecanismos
procesales y extraprocesales para controvertir la decisión objeto de la
acción de tutela, por cuanto frente a aquella procedía el recurso
extraordinario de revisión.
Agregó que el accionante no demuestra siquiera de manera sumaria la
posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, aunado a que no se
encuentra en una situación que permita catalogarla como una persona de
especial protección constitucional.
3.4. La Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca guardó silencio.
3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 26 de enero de 20248.
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19919 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201912 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:
4.2.1. El señor Jhon Harold Vergara Pidiache, por conducto de apoderado,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra de la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, a fin de que se i) declarara la nulidad
de las Resoluciones nro. 725 del 23 de octubre de 2013 y 046 del 4 de
febrero de 2014, expedidas por dicha entidad, y ii) se ordenara “(…)
reconocer, liquidar y cancelar al actor las horas extras, recargos
nocturnos, compensatorios, dominicales y festivos, reliquidación de
factores salariales y prestacionales, incluyendo la prima de antigüedad, y
9
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
10
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
11
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
12
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13
Lo que se desprende del expediente del proceso ordinario con el radicado nro. 25000-
23-42-000-2014-03660-00/01, aportado por la autoridad judicial accionada. Visto en el
índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2024 00041 00.
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demás emolumentos a que tiene derecho, desde el 29 de junio de 2011
(…)”14.
4.2.2. La precitada demanda fue conocida en primera instancia por la
Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que por sentencia del 11 de noviembre de 2020 resolvió15:
“(…) Primero: Anúlanse parcialmente las Resoluciones Nos. 725 del 23
de octubre de 2013 y 046 del 4 de febrero de 2014, por medio de las
cuales el Director Ad-hoc de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá negó al señor JHON HAROLD VERGARA
PIDIACHE, identificado con cédula de ciudadanía No.80.740.849 de
Bogotá, la reliquidación y pago de las horas extras diurnas y nocturnas
ordinarias, dominicales y festivos, descansos compensatorios, recargos
nocturnos en días ordinarios (35%), dominicales y festivos (200%),
festivos nocturnos (235%) y reliquidación y pago de primas de servidos,
bonificaciones, primas de vacaciones, de navidad, cesantías, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 1042 de 1978, desde el 29 de
junio de 2011.
Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración ORDÉNSASE a
BOGOTÁ D.C. — UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL
DE BOMBEROS, reconocer al señor JHON HAROLD VERGARA PIDIACHE,
identificado con cédula de ciudadanía No.80.740.849 de Bogotá 1) Los
recargos nocturnos del 35% causados a partir del 29 de junio de 2011, y
que no fueron compensados con descanso, teniendo como base 190 horas
semanales, 2) Los recargos nocturnos, dominicales y festivos y recargos
dominicales y festivos causados a partir del 29 de junio de 2011, aplicando
las fórmulas pertinentes, teniendo en cuenta que la jornada máxima fijada
es de 190 horas mensuales, a excepción de las horas que se hubieran
compensado con períodos de descanso como quedó establecido (…).
Tercero: Niégase las demás pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva (…)”.
4.2.3. Inconforme con la precitada decisión, la parte demandante
presentó recurso de apelación16, en el que solicitó revocar parcialmente
los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva del precitado fallo,
y se dispusiera “(…) el reconocimiento, liquidación y pago del valor
correspondiente a cincuenta horas [50] extras diurnas al mes (…)”, “(…)
el reconocimiento, reliquidación y pago de los recargos ordinarios
nocturnos [35%], dominicales y festivos diurnos [200%] y dominicales y
14
Ibídem.
15
Ibídem.
16
Ibídem.
8
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festivos nocturnos [235%] (…)”, y “(…) el reconocimiento, reliquidación y
pago de las cesantías reconocidas y pagadas al actor a partir del 29 de
junio de 2011 (…)”.
4.2.4. Por sentencia dictada el 24 de agosto de 2023, la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, adicionó el numeral segundo de
la parte resolutiva y confirmó todo lo demás del fallo recurrido, en los
siguientes términos17:
“(…) [O]bserva la Sala que en la liquidación de horas extras efectuada por
la entidad y citado en el hecho probado número ii, el Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá reconoció y pagó al señor Jhon Harold Vergara más
de las 50 horas extras mensuales que señala la norma. Lo anterior puede
corroborarse, por ejemplo, de la lectura del total de horas extras diurnas
y nocturnas citadas en el cuadro transcrito en el acápite de hechos
probados al que se hizo referencia.
(…)
En ese sentido, la Sala estima que no hay lugar a emitir reconocimiento
alguno en favor del accionante y en relación con las horas extras, toda
vez que, como ya se definió, la liquidación realizada en sede
administrativa es superior a la que en derecho le correspondería, toda vez
que se le reconocieron y pagaron horas extras que superan el tope de 50
horas mensuales que establece la norma y las horas extras diurnas se
liquidaron en un porcentaje más favorable.
(…)
FALLA:
Primero. Adicionar el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia del 11 de noviembre del 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, (…) el
cual quedará del siguiente modo:
Segundo: como consecuencia de la anterior declaración ordénase
a Bogotá D.C. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos, reconocer al señor Jhon Harold Vergara Pidiache: (i) los
recargos nocturnos del 35% causados a partir del 29 de junio del
2011, y que no fueron compensados con descanso, teniendo en
cuenta como base 190 horas mensuales; (ii) los recargos
nocturnos, dominicales y festivos causados a partir del 29 de junio
del 2011, aplicando las fórmulas pertinentes, teniendo en cuenta
que la jornada máxima fijada es de 190 horas mensuales, siempre
y cuando no se hayan compensado con periodos de descanso; (iii)
reliquidar las cesantías causadas a partir del 29 de junio del
17
Ibídem.
9
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2011 con inclusión de los recargos nocturnos, dominicales y
festivos cuya reliquidación se ordena; (…).
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada, de acuerdo
con las consideraciones expuestas en la parte motiva (…)”.
4.2.5. El accionante presentó solicitud de “Corrección, Adición y/o
Aclaración” respecto del precitado fallo, indicándo que “(…) no se decidió
uno de los extremos de la litis (…)”, porque “(…) la decisión negativa sobre
el no pago de las 50 horas extras mensuales diurnas no se soporta en las
pruebas existentes dentro del proceso (…)”18.
4.2.6. En providencia dictada el 30 de noviembre de 2023, la Subsección
A, Sección Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud anterior, con
sustento en que “(…) pretender una reconsideración de una de las
pruebas valoradas en la sentencia no puede entenderse como una
corrección, adición o aclaración de la sentencia, pues ello obedece a un
replanteamiento de lo decidido y, con ello, una modificación de la
sentencia de segunda instancia, lo cual, no se acompasa con los límites
planteados para el tipo de solicitud interpuesta por el demandante (…)”19.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
18
Ibídem.
19
Ibídem.
10
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4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional20
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”21.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional22.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades23:
20
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
21
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
22
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
23
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
11
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Accionante: Jhon Harold Vergara Pidiache
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia24. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
4.3.2. Caso Concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que25 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra
24
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
25
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones’, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto de la providencia cuestionada, “circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que
dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en
la Sentencia SU-128 de 2021, este ‘enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial’ (…)”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
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Lo anterior, debido a que las inconformidades expuestas en el escrito de
amparo están encaminadas a cuestionar la valoración que el juez natural
de la causa hizo sobre el acervo probatorio, por cuanto afirma que sus
derechos fueron vulnerados “(…) por la interpretación indebida y
claramente errónea e irrazonable, de las pruebas allegadas y de las
normas aplicables al presente caso, que de no haber sido así, hubiese
permito (sic) concluir por el contrario, por parte de la accionada, que el
demandante tiene derecho al reconocimiento, liquidación y pago, de las
50 horas extras diurnas al mes (…)”.
En efecto, en el escrito de amparo se alega que la autoridad judicial
accionada “(…) llega a esta equivocada decisión, de negar el
reconocimiento, liquidación y pago de las horas extras reclamadas,
porque la citada decisión no se soportó en las pruebas existentes dentro
del proceso, ya que no existe, dentro del respectivo expediente ninguna
prueba de dicho pago, sino que el supuesto pago tuvo como soporte una
interpretación que no corresponde a hechos o pruebas que demuestren la
aseveración que soporta dicha decisión (…)”26; así mismo, se plantea que
las decisiones judiciales censuradas incurrieron en defecto fáctico “(…) al
valorar en forma totalmente equivocada, y errónea las pruebas que
figuran en el expediente del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho (…)”.
En este sentido, se estima que la acción de tutela está siendo empleada
para controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez natural,
bajo el principio de autonomía e independencia judicial, y las reglas de la
sana crítica, por lo que acorde con la jurisprudencia constitucional aludida
en precedencia, la tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
De otro lado, se anota que el accionante alegó que no le fue aplicada la
sentencia de unificación proferida el 12 de febrero de 2015 por la Sección
Segunda de la Corporación, que “(…) es aplicable al caso concreto (…) ya
26
Subrayado fuera de texto.
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que se trata una (sic) situación similar (…)”; sin embargo, no precisó de
manera expresa la regla de la providencia que fue desatendida, ni los
supuestos fácticos que la estructuran para que se extienda a su caso en
contraste con las consideraciones que la Subsección A, Sección Segunda
de la Corporación, efectuó en el fallo de segunda instancia que censura.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
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el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que el
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Jhon Harold Vergara Pidiache, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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