Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00041-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00041-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00041-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
11 de abril de 2024
Demandante: Jhon Harold Vergara Pidiache
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00041-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00041-01
Demandante: JHON HAROLD VERGARA PIDIACHE
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia –
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala resuelve la impugnación presentada por el señor Jhon Harold Vergara
Pidiache contra la sentencia del 15 de febrero de 2024 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Primera. En esta decisión se declaró improcedente la solicitud de
amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de la relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El señor Jhon Harold Vergara Pidiache, actuando a través de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la que solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.
2. El accionante consideró vulneradas las mencionadas garantías con ocasión
de la sentencia del 24 de agosto de 2023 y de la providencia del 30 de noviembre
de 2023 proferidas por la accionada, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-2014-03660-00/011.
1 Demanda promovida por el señor Jhon Harold Vergara Pidiache contra la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo de Bomberos Oficial de Bogotá.
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Demandante: Jhon Harold Vergara Pidiache
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00041-01
3. En aquellas decisiones, la autoridad judicial accionada por una parte resolvió
el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de
primera instancia del proceso ordinario y, de otra parte, no accedió a la solicitud de
corrección, aclaración y adición de la sentencia del 24 de agosto de 2023.
1.2. Pretensiones
4. Con la solicitud se plantean las siguientes súplicas:
PRIMERA: Que el Honorable Consejo de Estado conceda al señor JHON
HAROLD VERGARA PIDIACHE, la tutela interpuesta, con el fin de proteger sus
derechos Constitucionales Fundamentales: DERECHO A LA IGUALDAD,
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y el derecho al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA conforme a los artículos 13, 29 y 229 de la
Constitución Política.
SEGUNDA: Que el Honorable Consejo de Estado, ampare los derechos
Constitucionales fundamentales: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, y el derecho al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA y disponga DEJAR SIN EFECTOS las decisiones adoptadas por la
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN ‘A’, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO- del CONSEJO DE ESTADO, con la expedición de las
providencias proferidas por esta instancia judicial, el 24 de agosto de 2023,
notificada el 10 de octubre de 2023, mediante la cual se resolvió el recurso de
apelación contra la providencia proferida el 11 de noviembre de 2020, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección ‘B’, y
con la providencia proferida el 30 de noviembre de 2023, notificada el 13 de
diciembre de 2023, por la cual no se accedió a la solicitud de corrección,
aclaración y/o adición de la providencia proferida el 24 de agosto de 2023;
solicitadas por la parte demandante, dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho con Radicación No. 25000-23-42-000-2014-
03660-01 (3865-2022).
TERCERA: Que el Honorable Consejo de Estado, con base en lo anterior, ordene
a la SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN ‘A’, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO- del CONSEJO DE ESTADO, que profiera una nueva
providencia, mediante la cual se modifique la providencia proferida el 11 de
noviembre de 2020, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda – Subsección ‘B’, que incluya adicionalmente a lo decidido en la
providencia del 24 de agosto de 2023, el reconocimiento, liquidación de las 50
horas extras diurnas desde el 29 de junio de 2011, a que tiene derecho el
accionante dentro de la presente demanda de tutela.2
1.3. Hechos
La Sala encuentra que los hechos que resultan relevantes en el presente asunto
son los siguientes:
5. El accionante señaló que trabaja en la Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (UAECOB)3 desde el 29 de junio del 2011,
2 Transcripción literal con posibles errores ortográficos y énfasis y mayúsculas sostenidas del texto
original.
3 El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá es una Unidad Administrativa Especial del orden Distrital,
adscrita a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá.
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Demandante: Jhon Harold Vergara Pidiache
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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en el cargo de bombero código 475 grado 15. El señor Vergara desempeñó sus
funciones en turnos de 24 horas de labor por 24 horas de descanso «no
remunerado» y habitualmente trabajó en días dominicales y festivos.
6. Explicó que desde su ingreso, la UAECOB no le ha reconocido los días de
descanso compensatorio por cada día dominical y festivo laborado, ni le ha pagado
las horas extras y los recargos correspondientes por esos días laborados, lo que ha
afectado negativamente la liquidación mensual de sus salarios y prestaciones
sociales. Por lo anterior, presentó una reclamación administrativa en la que pidió el
reconocimiento y pago de las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y
festivos. Mediante la Resolución 725 del 23 de octubre del 2013 la entidad negó lo
solicitado, decisión confirmada en la Resolución 046 del 4 de febrero del 2014.
7. Por lo señalado el accionante promovió una demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara
la nulidad de las referidas resoluciones proferidas por la UAECOB4. La Subsección
B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante
sentencia del 11 de noviembre de 20205, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda6.
8. Contra esta decisión el señor Vergara Pidiache interpuso recurso de
apelación, que fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en fallo de segunda instancia del 24 de agosto de 2023 en el que decidió
adicionar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia7 y confirmar en
todo lo demás la sentencia apelada. Lo anterior, al considerar que:
4 Identificado con el número de radicación 25000-23-42-000-2014-03660-00/01.
5 MP: José Rodrigo Romero Romero.
6 Al respecto el despacho judicial dispuso la anulación parcial de las resoluciones demandadas y le
ordenó a la UAECOB reconocer al señor Vergara Pidiache: «(…) 1) Los recargos nocturnos del 35%
causados a partir del 29 de junio de 2011, y que no fueron compensados con descanso, teniendo
como base 190 horas semanales, 2) Los recargos nocturnos, dominicales y festivos y recargos
dominicales y festivos causados a partir del 29 de junio de 2011, aplicando las fórmulas pertinentes,
teniendo en cuenta que la jornada máxima fijada es de 190 horas mensuales, a excecpion de las
horas que se hubieran compensado con periodos de descanso como quedó establecido. Las sumas
correspondientes deben ser actualizadas en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal
fin la siguiente formula: R= Índice Final
Indice Inicial (…)».
7 Al respeto dispuso que el numeral segundo de la de la sentencia de primera instancia del 11 de
noviembre del 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, quedaría así: «(…) Segundo: como consecuencia de la anterior declaración
ordénase a Bogotá D.C. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, reconocer al
señor Jhon Harold Vergara Pidiache: (i) los recargos nocturnos del 35% causados a partir del 29 de
junio del 2011, y que no fueron compensados con descanso, teniendo en cuenta como base 190
horas mensuales; (ii) los recargos nocturnos, dominicales y festivos causados a partir del 29 de
junio del 2011, aplicando las fórmulas pertinentes, teniendo en cuenta que la jornada máxima fijada
es de 190 horas mensuales, siempre y cuando no se hayan compensado con periodos de descanso;
(iii) reliquidar las cesantías causadas a partir del 29 de junio del 2011 con inclusión de los
recargos nocturnos, dominicales y festivos cuya reliquidación se ordena; Las sumas
correspondientes deben ser actualizadas en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal
fin la siguiente formula:
R= índice final
Índice final (…)» (énfasis del texto original).
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Demandante: Jhon Harold Vergara Pidiache
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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[E]l señor Jhon Harold Vergara Pidiache no tiene derecho al reconocimiento de las
horas extras pedidas, en atención a que en sede administrativas ya le fueron
reconocidas y liquidadas, incluso de modo más favorable. A su vez, el accionante sí
tiene derecho a la reliquidación de los dominicales y festivos, pero en los términos
ordenados por el juez de primer nivel, razón por la que se mantendrá lo decidido en
esa instancia. Al paso que se adicionará la sentencia apelada en el sentido de
acceder a la reliquidación de las cesantías, en el sentido de incluir dichos
emolumentos.
9. El señor Vergara Pidiache presentó solicitud de corrección, adición y/o
aclaración de la referida sentencia del 24 de agosto de 2023, que fue negada
mediante providencia del 30 de noviembre de 2023 dictada por la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, en atención a que la sala no encontró
estructurados «los presupuestos de ninguna de las figuras procesales planteadas,
es decir, ni de la corrección ni la adición ni la aclaración de sentencia».
10. En este contexto, el señor Vergara Pidiache, mediante memorial radicado el
11 de enero de 2024, interpuso la presente acción de tutela contra la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado.
1.4. Fundamentos de la vulneración
11. El accionante expuso que la autoridad judicial accionada, con sus decisiones,
incurrió en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo.
12. Señaló que en el caso se configuró el defecto fáctico, en su dimensión
positiva, porque la Subsección demandada valoró de forma equivocada y errónea
las pruebas que figuran en el expediente del proceso ordinario que demuestran que
la entidad demandada no efectuó el reconocimiento, liquidación y pago de las horas
extras diurnas reclamadas8.
13. Explicó que se incurrió en un defecto sustantivo porque se realizó una
interpretación errónea e irracional de las normas y jurisprudencia aplicables9 al caso
concreto. Por una parte, el 36 del Decreto Ley 1042 de 1978 «establece que se
pagarán 50 horas extras al mes» y «con base en una valoración objetiva de las
pruebas» no debería negarse dicho pago al accionante. Por otra parte, porque, pese
a que en el fallo censurado se citaron apartes de sentencias del Consejo de Estado
que precisan la procedencia del reconocimiento y pago de 50 horas extras diurnas
al mes, como lo estableció la sentencia de unificación proferida el 12 de febrero de
2015 por la Sección Segunda de la corporación «decisión que es aplicable al caso
8 El accionante explicó que en dichas providencias la Sala consideró que el demandante «no tiene
derecho al reconocimiento de las horas extras pedidas, en atención a que en sede administrativa ya
le fueron reconocidas y liquidadas, incluso de modo más favorable», conclusión a la que llegó sin
prueba alguna que figure en el expediente. Así mismo, señaló que «en la liquidación de horas extras
efectuada por la entidad y citado en el hecho probado número ii), el Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá reconoció y pagó (…) las 50 horas extras mensuales que señala la norma», sin embargo,
manifestó que «la afirmación anterior, no corresponde a las pruebas existentes en el expediente,
(…) porque el llamado hecho probado número ii), no prueba dicha afirmación».
9 Señaló puntualmente los artículos 36 al 38 del Decreto Ley 1042 de 1978 y la sentencia de
unificación proferida el 12 de febrero de 2015 por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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concreto (…) ya que se trata una situación similar» la accionada de forma
inexplicada «niega dicho reconocimiento sin fundamento legal, constitucional o
jurisprudencial».
1.5. Trámite de la acción de tutela
14. Mediante providencia del 16 de enero de 2024, la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y dispuso la notificación de los
magistrados de la Subsección A, Sección Segunda, de la misma corporación, para
que, en su calidad de parte accionada, presentara informe sobre el particular.
15. Además, ordenó la vinculación de la UAECOB y de la Subsección B, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como terceros con interés.
16. De igual forma dispuso oficiar a la Subsección B, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado, para que allegaran copia digital o el hipervínculo de consulta
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-23-
42-000-2014-03660-00/01, que promovió la parte actora contra la UAECOB.
1.6. Informes
17. Realizadas las notificaciones pertinentes, se presentaron las siguientes
intervenciones:
18. La Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado a través del
magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia10 presentó memorial en
el que indicó que las decisiones controvertidas se ajustan a derecho y que fueron
adoptadas con apego al marco normativo aplicable, aunado a que «no existe
sustento normativo alguno que permita acceder al reconocimiento, en dinero, de
horas extras nocturnas por encima del tope de 50 horas mensuales establecido en
el Decreto 1042 de 1978».
19. Explicó que no es cierto que haya existido una indebida valoración probatoria,
más aún si se toma en consideración que la decisión atendió a los límites legales
fijados en la norma y se centró en ordenar la correcta aplicación de las fórmulas
matemáticas que deben utilizarse para el cálculo de los recargos por horas extras
laboradas y precisó que no existió ninguna vulneración de los intereses
constitucionales del accionante y que las decisiones censuradas fueron respetuosas
de sus derechos.
20. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá - UAECOB contestó mediante informe en el que solicitó declarar
improcedente la acción. Señaló que el accionante no cumplió con el requisito de
subsidiariedad, ya que no se acreditó que se agotaron todos los medios de defensa
10 Magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas.
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judicial, toda vez que contra la decisión controvertida procedía el recurso
extraordinario de revisión y no se demuestra la ocurrencia de un perjuicio
irremediable o que la parte accionante se encuentra en una situación que permita
catalogarla como una persona de especial protección constitucional.
1.7. Providencia impugnada
21. Mediante sentencia del 15 de febrero de 2024, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con
el requisito general de relevancia constitucional. Lo anterior al considerar que en el
caso concreto las inconformidades que se exponen en el escrito de tutela se
encaminan a cuestionar la valoración que el juez natural de la causa hizo sobre el
acervo probatorio bajo el principio de autonomía e independencia judicial y las
reglas de la sana crítica.
22. Así mismo indicó que el accionante no precisó de manera expresa la regla
de la providencia que presuntamente fue desatendida11, ni los supuestos fácticos
que la estructuran para que se extienda a su caso en contraste con las
consideraciones que la Subsección A, Sección Segunda de la corporación, efectuó
en el fallo de segunda instancia que censura.
1.8. Impugnación
23. La parte accionante presentó memorial en el que reiteró los argumentos
propuestos en la demanda. Adicionalmente señaló que no es válida la sustentación
de la negativa de la tutela por no cumplir supuestamente con el requisito de
relevancia constitucional con consideraciones puramente formales como las
planteadas en la sentencia impugnada y expresó que se requiere de la evaluación
integral y sustancial del escrito introductorio, confrontando los argumentos de la
parte accionada con las peticiones de la tutela y las razones que sustentan dichas
pretensiones, para concluir que en el presente caso sí se cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
24. Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte accionante contra el fallo del 15 de febrero de 2024 dictado por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por medio del cual se declaró improcedente esta
solicitud de amparo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.3. del
Decreto 1069 de 2015 [modificado por el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021], así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
11 Explicó que el accionante alegó que no le fue aplicada la sentencia de unificación proferida el 12
de febrero de 2015 por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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2.2. Legitimación en la causa
25. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
26. Con fundamento en lo anterior, la sala advierte que el señor Jhon Harold
Vergara Pidiache está legitimado en la causa por activa. Esto porque fue quien
promovió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que concluyó con la
decisión judicial que se cuestiona en el presente tramite constitucional.
27. Por otro lado, esta colegiatura encuentra que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la
autoridad judicial que profirió la providencia que se controvierte en este proceso de
tutela.
2.3. Problema jurídico
28. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y el escrito de
impugnación presentados, esta sala debe determinar si confirma, modifica o revoca
el fallo de primera instancia.
29. Para tales efectos, se deberá resolver si la acción de tutela es procedente y
en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante:
• ¿La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia invocados por el señor Jhon Harold Vergara
Pidiache al proferir las providencias de 24 de agosto y 30 de noviembre de
2023, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 25000-23-42-000-2014-03660-00/01?
30. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) el criterio de la Sección sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (iii) los
requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional (iv) el
análisis de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto y, de
encontrarse superados dichos requisitos, (v) el caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
31. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
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vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o excepcionalmente,
de particulares.
32. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
33. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
34. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201212. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema13. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales14.
36. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201415. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia16 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
16 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
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37. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela;
ii) inmediatez;
iii) subsidiariedad;
iv) relevancia constitucional;
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
38. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
39. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
40. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional, y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si las
providencias censuradas incurrieron en los defectos aludidos por la parte tutelante.
2.6. Los requisitos generales de procedibilidad
2.6.1. Relevancia constitucional
41. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200517. En esta
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
17 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción
de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al
señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se
instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial;
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decisión se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como
ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra
a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes18. (Subrayado fuera de texto)
42. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202219 y SU-573 de
201920 el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de
determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional.
43. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 2014 21, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de
2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
44. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló
que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.
45. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 22
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que
las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
18 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
19 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de
una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo
órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional
esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo
anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política
o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal;
(iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y; (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos
fundamentales invocados.
20 Mediante esta determinación judicial, la Corte Constitucional ha señalado que el reconocimiento
de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías no puede ser considerado como un derecho
fundamental. En consecuencia, el caso carece de relevancia constitucional.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.
46. De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i.Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii.Que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii.Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
47. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar, en el caso concreto, la
concurrencia de los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.7. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
48. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la parte
accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales, con ocasión de las
providencias del 24 de agosto y del 30 de noviembre de 2023 proferidas por la
accionada y por medio de las cuales, por una parte, decidió adicionar y confirmar la
sentencia de primera instancia del proceso ordinario y, de otra parte, no accedió a
la solicitud de corrección, aclaración y adición de la providencia del 24 de agosto de
2023, dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 25000-23-42-000-2014-03660-00/01.
49. El accionante expuso que con las referidas providencias las accionadas
incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo.
50. Sea lo primero indicar que, si bien la parte actora reitera la argumentación
expuesta en su escrito introductorio, para lo cual transcribe varios de los apartados
del mismo, con el propósito de señalar que la Sección Primera del Consejo de
Estado no consideró adecuadamente sus planteamientos al declarar improcedente
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la acción promovida y, por tanto, que se debe procurar el estudio de fondo frente a
cada uno de los derechos fundamentales invocados, se anticipa que esta sección,
concuerda con lo decidido por el a quo constitucional, en cuanto a que no encuentra
acreditado el requisito general de relevancia constitucional en el caso concreto, por
los motivos que a continuación se mencionan.
51. Es importante resaltar que esta sala reconoce la relevancia constitucional a
toda pretensión que, en el contexto de un proceso de tutela, esté vinculada a una
controversia relacionada con la protección de un derecho o garantía de rango
fundamental.
52. Sin embargo, se debe precisar que, como se explicó en precedencia, cuando
se trata de tutela contra providencias judiciales, no es suficiente que la parte
accionante, en su demanda, refiera que con la decisión judicial se vulneró un
derecho fundamental, sino que es necesario que quien se considera afectado
cumpla con el deber de argumentar el concepto de la violación que se deriva del
fallo que se ataca, exponiendo con claridad la abierta contradicción de esta con los
postulados constitucionales, aspecto esencial para que se advierta la necesaria
intervención del juez constitucional.
53. Por lo anterior, los cargos que se planteen en el contexto de la acción de
tutela contra una providencia judicial requieren de una exposición clara y
contundente que demuestre de forma coherente la inescindible relación entre la
decisión que se reprocha y la afectación de las garantías fundamentales en su
núcleo esencial.
54. En el caso concreto, la sala encuentra que en la demanda de tutela no se
advierte que el accionante señale y fundamente con suficiencia, de forma clara y
específica porqué la decisión adoptada por el juez de instancia en las providencias
cuestionadas afectó sus derechos, esto es, no expuso una argumentación en clave
constitucional que justifique o explique la alegada vulneración de sus garantías
fundamentales, sino que advierte su inconformismo con las valoraciones
probatorias que en ejercicio de la sana crítica y con apoyo en su autonomía e
independencia judicial realizó el despacho accionado y, coincidiendo con el análisis
del a quo constitucional, se hallan fundamentadas en un estudio razonable de los
hechos y las pruebas allegadas al proceso ordinario.
55. La sala observa que la parte accionante, pese a la extensión argumental de
su escrito inicial, se limitó a plantear un debate de orden legal relacionado con la
valoración probatoria realizada por los jueces de instancia, en procura de obtener
una decisión favorable a sus interés a partir de la modificación de dicho análisis y
de orden económico referido al reconocimiento y liquidación de algunos factores
salariales (pago de las horas extras diurnas), aspectos que en todo caso, como se
advierte en los antecedentes de esta providencia, fueron objeto del debate desatado
por los jueces de instancia en el proceso ordinario.
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56. De esto da cuenta, como se transcribe a continuación en extenso, la
providencia del 24 de agosto de 2023, por medio de la cual la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado explicó que:
Sobre el trabajo realizado en horas extras, el literal b del artículo 36 del Decreto
1042 de 1978 dispone que debe ser «autorizado previamente, mediante
comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de
desarrollarse», es decir, que requiere de una autorización por parte de quien tenga
delegada dicha atribución. En ese sentido, si bien en el plenario no obra prueba de
autorización alguna de trabajo suplementario o de horas extras, sí existe constancia
de los turnos desarrollados por el accionante a partir de las cuales se demuestra
que sus jornadas laborales excedían las 44 horas semanales, hecho que incluso ha
sido reconocido por la entidad demandada.
En este punto, vale la pena recordar que el literal d del artículo 36 del Decreto 1042
de 1978 establece un límite para el pago de horas extras correspondiente a 50
horas, es decir, independientemente del número de horas extras laborado por el
servidor, solo hay lugar al pago de un máximo de 50 horas, toda vez que el tiempo
restante debe ser reconocido como tiempo compensatorio, correspondiente a 1 día
hábil de descanso por cada 8 horas de trabajado excedentes.
En vista de lo anterior, observa la Sala que en la liquidación de horas extras
efectuada por la entidad y citado en el hecho probado número ii, el Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá reconoció y pagó al señor Jhon Harold Vergara más de las
50 horas extras mensuales que señala la norma. Lo anterior puede corroborarse,
por ejemplo, de la lectura del total de horas extras diurnas y nocturnas citadas en el
cuadro transcrito en el acápite de hechos probados al que se hizo referencia.
En ese sentido, en el año 2011, el accionante laboró 6 meses y le fueron pagadas
175 horas extra diurnas y 286 horas extra nocturnas, lo que da como resultado un
total de 461 horas extras, que, divididas entre el tiempo laborado en esa anualidad,
da cuenta del reconocimiento promedio de 76 horas mensuales. A su turno, al
realizar la misma operación, pero esta vez en el año 2012, el resultado es de un
promedio de 69 horas mensuales, promedio que se mantuvo en el año 2013 y que
aumentó para los 5 meses laborados de los que hay prueba del año 2014, pues se
ubicó en 73.6 horas extras mensuales pagadas.
Ahora, es importante manifestar que la entidad demandada incurrió en un error al
liquidar las citadas horas extras, toda vez que utilizó como referencia una cifra de
240 horas mensuales como jornada ordinaria, cuando dicho monto, como ya se ha
explicado, debe corresponder a 190 horas mensuales, es decir, que si la liquidación
de las horas extras sobrepasó el tope legal de 50 horas aun con la equivocación en
que incurrió la accionada, lo superaría, con mayor diferencia, si se aplicara el tope
de las 190 horas a las que se hace alusión.
Seguidamente, respecto del porcentaje del recargo de las horas extras diurnas y
nocturnas, la Sala advierte que el monto de estas últimas se adecúa a lo consignado
en el artículo 37 del Decreto 1042 de 1978 que es del 75%; sin embargo, sobre
aquellas hubo un reconociendo superior al previsto en la norma, puesto que el
aludido decreto contempla un incremento del 25%, pero en realidad se le concedió
un recargo del 35%, es decir, 10 puntos más de los previstos.
En ese sentido, la Sala estima que no hay lugar a emitir reconocimiento alguno en
favor del accionante y en relación con las horas extras, toda vez que, como ya se
definió, la liquidación realizada en sede administrativa es superior a la que en
derecho le correspondería, toda vez que se le reconocieron y pagaron horas extras
que superan el tope de 50 horas mensuales que establece la norma y las horas
extras diurnas se liquidaron en un porcentaje más favorable.
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(…)
Ahora, encuentra la Sala que fue en estos términos que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca ordenó dicho reconocimiento, razón por la que no es procedente
modificar la orden de reliquidación impartida por el a quo, que, como ordena el
artículo 35 del Decreto 1042 de 1978, dispuso el reconocimiento en cuantía del 35%
y teniendo en cuenta el límite de 190 horas mensuales y no de 240 como se
estableció en la liquidación efectuada en sede administrativa. En ese sentido, la
decisión de primera instancia se ajusta a derecho, lo que quiere decir que los
argumentos del apelante no tienen vocación de prosperidad23.
57. De lo transcrito, advierte la sala que los puntos de discusión que el accionante
trae al presente trámite constitucional, fueron razonadamente debatidos y resueltos
por los jueces de instancia. Sin embargo, el señor Vergara Pidiache, inconforme con
la decisión adoptada, busca a través de todos los medios a su alcance, como la
presente acción de tutela, abrir una tercera instancia del proceso ordinario para
exponer ante el juez de tutela una discusión que, como se expuso fue debatida y
resuelta por los jueces naturales de la causa.
58. Respecto a lo anterior, el juez constitucional tiene vedado entrometerse, toda
vez que no es de la órbita de su conocimiento, la cual se circunscribe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.
59. Asimismo, la sala encuentra que la presunta interpretación errónea de la
sentencia de unificación proferida el 12 de febrero de 2015 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, no cuenta con la suficiente carga argumentativa que permita
superar el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que la
parte actora no explicó de forma clara y expresa cuál fue la regla de la providencia
objeto de errónea interpretación y no expuso los supuestos fácticos que deberían
atenderse para que la misma se aplicara al caso concreto que decidió la sentencia
de segunda instancia que motivó la presente causa. Así mismo, el defecto fáctico
tampoco cuenta con la carga argumentativa suficiente, dado que la parte accionante
no indicó las pruebas que presuntamente se valoraron erróneamente.
60. Lo anterior es razón suficiente para concluir que la acción promovida no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional de acuerdo con los
parámetros señalados en el apartado 2.6.1. de la presente providencia.
2.8. Conclusión
61. Por los motivos aquí señalados, la sala confirmará la decisión de primera
instancia que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir con
el requisito general de relevancia constitucional.
23 Transcripción literal del texto original.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de febrero de 2024 dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto núm. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/
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