Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00045-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00045-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00045-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
29 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00045-00
Demandante: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00045-00
Demandante: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO – FOMAG
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos por
desconocimiento del precedente judicial y sustantivo
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la apoderada judicial de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con
lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La Nación – Ministerio de Educación Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG, interpuso acción de tutela contra la citada autoridad judicial,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Tutelar a favor del Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio el derecho constitucional fundamental al debido proceso y
el acceso efectivo a la administración de justicia que contemplan los principios de legalidad,
prevalencia del derecho sustancial y el imperio de la ley, y además la aplicación de los
precedentes que gobierna la actuación judicial que se desprenden de los artículos 228, 229 y 230
de la Constitución Política, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - sala
segunda de decisión Datada 29 de septiembre de 2023, a través de la providencia por medio de
la cual se ordenó el reconocimiento y pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de
1990, desconociendo el precedente jurisprudencial definido en la sentencia de unificación por el
H. Consejo de Estado el 11 de octubre de 2023, que declaró esta última normatividad
incompatible con la Ley 91 de 1989, aplicable a los docentes adscritos al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG (…).
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se solicita se ordene dejar sin efectos
jurídicos la decisión judicial del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - sala segunda de
decisión Datada 29 de septiembre de 2023, respecto del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho bajo radicado 761113333002202200275, y en su lugar, ordenar a esa entidad judicial
proferir la sentencia de reemplazo que de aplicación al precedente jurisprudencial contenido en
la sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, en ese sentido, que se denieguen en su
totalidad las pretensiones de la demanda.»
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2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Gloria Inés Salcedo García presta sus servicios como docente oficial en
el municipio de Guadalajara de Buga.
El 30 de septiembre de 2021, la señora Salcedo García solicitó ante el al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG: (i) el reconocimiento
de una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo en
la consignación de las cesantías docentes, contados desde el 15 de febrero de 2021
y hasta que se acredite el pago de los valores en la cuenta del docente, en aplicación
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; y (ii) el pago de una indemnización por el no
pago de los intereses a las cesantías del año 2020, que debía efectuar antes del 31
de enero de 2021.
Ante el silencio de la entidad, la señora Salcedo García promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
– Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el municipio de
Guadalajara de Buga, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo presunto negativo configurado en la petición del 30 de septiembre del
2021 y, como consecuencia, se ordenara el reconocimiento de la sanción moratoria
y la indemnización por el no pago de los intereses a las cesantías, antes descritos.
El Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga, en sentencia del
14 de diciembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda, en
consecuencia, ordenó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG que: (i) reconociera y
pagara a la docente Gloria Inés Salcedo García el equivalente a un día de salario
por cada día de mora en la consignación de las cesantías, desde el 15 de febrero
de 2021 y hasta la fecha en que se acredite el depósito al Fondo, la cual se debía
liquidar con base en la asignación básica devengada por el demandante al momento
de causación de la mora y, (ii) reconociera y pagara la indemnización por el pago
de los intereses a las cesantías correspondientes al año 2020, la cual equivale a la
suma adicional a dichos intereses de conformidad con el artículo 2.2.1.3.8. del
Decreto 1072 de 2015.
La Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al
considerar que, conforme con el esquema establecido por la Ley 91 de 1989 y el
Decreto 3752 de 2003, aplicable a los docentes del FOMAG, no se administran las
cesantías a través de la creación de cuentas individuales, no hay consignación y,
por ello, no puede configurarse sanción moratoria respecto de un hecho que
materialmente no puede darse. Por lo tanto, el símil a aplicarse, para el caso de los
docentes, es el cálculo, liquidación y apropiación de los recursos que garantizan el
pago de las cesantías e intereses a las cesantías, el cual se realiza cada año
conforme con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo Nro. 39 de 1998.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 29 de
septiembre del 2023, revocó el numeral quinto del fallo de primera instancia, en el
cual se ordenaba el reconocimiento y pago de la indemnización por el pago
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inoportuno de los intereses a las cesantías y, confirmó en lo demás la providencia
apelada.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del tutelante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo
y violación directa de la Constitución, pues se relacionaron normas que rigen la
configuración de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
prevista en la Ley 50 de 1990, sin estudiar los supuestos fácticos y jurídicos
especiales que eran necesarios para definir el litigio en atención a la regulación
prevista en la Ley 91 de 1989.
Sostuvo que, el tribunal accionado omitió tener en cuenta los presupuestos legales
establecidos en la norma mencionada con antelación, entre ellos, el principio de
unidad de caja, el cual establece que las cesantías de los docentes adscritos al
FOMAG no se administran en cuentas individuales, además, ignoró los
procedimientos realizados por el ente territorial, el Ministerio de Educación y la
Fiduprevisora S.A., de manera mensual, con respecto a los recursos destinados a
las cesantías.
Aseguró que, no fue adecuado el análisis realizado en segunda instancia frente a
los supuestos propios del caso concreto, a fin de decidir, o por lo menos, realizar
una sustentación o motivación frente a la procedencia y responsabilidad que se
aduce al FOMAG, máxime, cuando existe norma que, de forma clara, concreta y
expresa, regula el trámite y manejo de los dineros destinados a la transferencia de
las cesantías de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Que se desconoció la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de
octubre de 2023, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
cual estableció como regla jurisprudencial que:
“(…) las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los docentes afiliados
al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es incompatible con el sistema que prevé
la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un
sistema especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento (…)”.
Que, en la referida providencia, se aclaró que, “(…) en el evento en que la entidad territorial haya
omitido afiliarlo al FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no
existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento
en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del empleador. (…)”.
4. Trámite Previo
En auto del 16 de enero de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a las partes, al Juzgado Segundo Administrativo de
Guadalajara de Buga, al municipio de Buga y a la señora Gloria Inés Salcedo
García, como terceros con interés y publicar en la página web del Consejo de
Estado el auto para el conocimiento de los terceros interesados.
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5. Oposición
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no ha vulnerado los
derechos fundamentales deprecados por la parte actora.
Señaló que el precedente que se aduce como desconocido se profirió con
posterioridad a la sentencia cuestionada. Al respecto, indicó que, la providencia
cuestionada data del 29 de septiembre de 2023, lo que sucede es que se notificó
hasta el 20 de octubre del mismo año.
Precisó que la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en el numeral quinto de la parte resolutiva indicó que «los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables». Que, en esa medida, el precedente era
de aplicación inmediata solo respecto de los procesos que se encontraran en curso;
situación que no aplicaba para el presente caso, porque ya contaba con sentencia
desde el 29 de septiembre del 2023.
6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga se opuso a la
prosperidad de la acción de tutela, al considerar que la parte actora cuestiona una
providencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, sin alegar desconocimiento del precedente judicial por parte de ese
Juzgado.
Precisó que, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con número 2022-00275-00, que conoció ese despacho, se profirió sentencia de
primera instancia el 14 de diciembre del 2022, fecha en la cual no se había proferido
la sentencia de unificación del Consejo de Estado, que se invoca como desconocida
– del 11 de octubre de 2023-.
Por otra parte, informó de la existencia de otras acciones de tutela con identidad
fáctica que cursan ante el Consejo de Estado.
La alcaldía de Guadalajara de Buga pidió que se le desvinculara del trámite de la
presente acción de tutela. Para el efecto, señaló que en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el cual se profirió la sentencia cuestionada se
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
respecto de esa entidad.
La señora Gloria Inés Salcedo García se opuso a las pretensiones de la acción de
tutela, pues aseguró que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el cual se profirió la sentencia cuestionada, no se vulneraron los
derechos fundamentales deprecados por la parte actora.
Señaló que, las pretensiones de la parte actora están encaminadas a no dar
cumplimiento al fallo judicial, situación que tiene un carácter meramente económico,
por lo que la acción de tutela resulta improcedente.
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Que, el hecho de que la providencia cuestionada se haya notificado con
posterioridad a la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, no quiere decir que haya existido un desconocimiento del
precedente, pues la discusión y firma del fallo se dio cuando aún no se había emitido
la decisión de unificación sobre a la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías a los docentes, establecida en la Ley 50 de 1990. Que, en todo caso, la
demora en la notificación es un asunto administrativo a cargo de la Secretaría y en
caso de existir alguna inconformidad al respecto, la parte actora cuenta con otros
mecanismos de defensa para cuestionarlo.
Aseveró que, en otras acciones de tutela en las cuales se han cuestionado
providencias que negaron el reconocimiento de la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías, el FOMAG ha insistido que son procesos en
los que se ha garantizado el derecho al debido proceso y que el recurso de amparo
no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por tratarse de un asunto
meramente económico. Que, en esa medida, no resulta lógico que acudan a la
presente acción de tutela a alegar la violación de derechos fundamentales, solo por
el hecho de que la decisión fue contraria a sus intereses.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
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de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Legitimación en la causa por pasiva
Al rendir informe el municipio de Guadalajara de Buga solicitó que se le desvinculara
del trámite de la presente acción de tutela, porque no tiene legitimación en la causa
por pasiva.
Al respecto, la Sala considera procedente acceder a la petición, teniendo en cuenta
que si bien en principio el municipio de Buga tuvo la calidad de demandado en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con número 76-111-33-
33-002-2022-00275-01, en el cual se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.
Sin embargo, en la sentencia de primera instancia del 14 de diciembre de 2022, se
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
ente territorial demandado y dicha decisión fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia del 29 de septiembre de 2023.
En esa medida, la determinación que se adopte en el presente caso no tiene
incidencia respecto del municipio de Guadalajara de Buga, por lo tanto, se declarará
su falta de legitimación en la causa por pasiva.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en defecto sustantivo y en el defecto por violación directa de la Constitución,
al proferir la sentencia del 29 de septiembre de 2023, en la cual se ordenó a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio el reconocimiento y pago a favor de la señora Gloria Inés Salcedo García
de la sanción moratoria, por la consignación tardía de las cesantías
correspondientes al año 2020.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional
El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección,
tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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jurisdicciones, por lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que un asunto goce
de relevancia constitucional deben verificarse algunos presupuestos4.
En el presente caso, se observa que la demandante invocó la protección de
derechos de contenido fundamental y sustentó en debida forma las razones por las
que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en el desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución.
Para esta Sala, la acción de tutela cumple con el referido requisito porque la parte
actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, se sustentan con suficiencia las razones por
las que la decisión afecta dichos derechos, los cuestionamientos tienen que ver con
la ratio decidendi de la decisión atacada, no se proponen argumentos adicionales
que no fueron expuestos en el proceso cuestionado y no se emplea el mecanismo
como una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
en tanto, está invocando una sentencia de unificación, al parecer desconocida por
las autoridades judiciales accionadas, que conllevaría a adoptar una decisión
contraria.
Adicionalmente, debe destacarse que en el presente caso se aduce la afectación
del erario con ocasión del reconocimiento de una sanción basado en una norma que
no es aplicable, lo cual tiene la connotación de interés general, hecho que, conforme
con la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional, habilita la intervención
del juez de tutela con fundamento en el derecho y la obligación de proteger el
erario5.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión y
no procede de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos
que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se
satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno toda vez
que la sentencia de segunda instancia que se cuestiona por esta vía fue proferida
el 29 de septiembre de 2023, notificada por correo electrónico el 11 de noviembre
del mismo año, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 11 de enero de 2024.
4 (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio,
la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión
propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de
la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra
providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.
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CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-540 de 2013 y 610 de 2015.
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Adicionalmente, la Sala encuentra satisfechos los demás requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que los accionantes alegan una (iv) irregularidad
procesal que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que
generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.
Por lo que, la Sala pasa a analizar si se configuran el desconocimiento del
precedente judicial invocado o una violación directa de la Constitución.
Caso concreto
La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio promovió la presente acción de tutela, al considerar que la sentencia
del 29 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, se encuentra incursa en defecto sustantivo y en defecto por violación directa
de la Constitución.
Lo anterior, por haber ordenado que se pagara a favor de la docente Gloria Inés
Salcedo García la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
correspondientes al año 2020, ello, con desconocimiento las normas en las cuales
se prevé, el principio de unidad de caja, según el cual, las cesantías de los docentes
adscritos al FOMAG no se administran en cuentas individuales, además, de ignorar
los procedimientos realizados por el ente territorial, el Ministerio de Educación y la
Fiduprevisora S.A. de manera mensual con respecto a los recursos destinados a las
cesantías.
Al respecto, la Sala advierte que, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2022,
el Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga ordenó a la Nación –
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• FOMAG, reconocer y pagar a favor de Gloria Inés Salcedo García, la sanción
moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías prevista en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta que tenga lugar su
efectiva consignación, así como la indemnización por el pago inoportuno de los
intereses a las cesantías correspondientes al año 2020.
Lo anterior, al considerar que la señora Salcedo García era beneficiaria del régimen
anualizado de cesantías, previsto en el literal b), numeral 3, del artículo 15 de la Ley
91 de 1989, por lo que, conforme con la Ley 50 de 1990, la fecha límite para el pago
de las cesantías de la demandante correspondientes a la anualidad 2020,
correspondió al 14 de febrero de 2021.
Respecto a los intereses a las cesantías, de acuerdo con lo establecido en la Ley
52 de 1975, señaló que, la fecha límite de pago para la anualidad 2020,
correspondía al 31 de enero de 2021. Sin embargo, al proceso no se aportó prueba
con la cual se acreditara que había hecho dicho pago.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 29 de septiembre
de 2023, resolvió revocar el numeral quinto de la sentencia de primera instancia,
que, ordenaba el reconocimiento de una indemnización por el pago inoportuno de
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los intereses a las cesantías y confirmó en lo demás la providencia, con los
siguientes argumentos:
«35. En este contexto, la Sala se permite precisar los puntos frente a los cuales no
existe debate en esta instancia judicial:
36. Está acreditado que el día 30 de septiembre de 2021 la demandante solicitó al
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, frente
a la tardanza en la consignación de la cesantía del año 2020.
37. Según el extracto del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, se vislumbran pagos de intereses a las cesantías efectuados a la
demandante de manera anualizada, desde el año 2006 en adelante; se discrimina lo
concerniente al año que interesa al litigio, de la siguiente manera:
38. Establecidos los supuestos fácticos que dieron origen al presente medio de control,
debe indicar la Sala, a efectos de dilucidar el primer problema jurídico, que de acuerdo
a las premisas jurisprudenciales expuestas, los docentes del sector oficial también
son destinatarios de la sanción establecida en la Ley 50 de 1990, en atención a la
fecha de su vinculación y al principio de favorabilidad; pues al igual que los demás
servidores públicos que prestan sus servicios para las entidades estatales en los niveles
nacional y territorial, gozan del derecho a que todas sus prestaciones sociales, y en este
caso, las cesantías les sean consignadas anualmente de forma pronta y oportuna antes
de cada 15 de febrero.
39. Conforme a lo establecido en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la
entidad empleadora, o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las
cesantías, debe consignar “el valor liquidado por concepto de cesantía antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el
mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por
cada retardo”.
40. Así entonces, es claro que la reclamación de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria al amparo de la Ley 50 de 1990, correspondiente al pago tardío de la cesantía
anualizada 2020 resulta procedente, tras advertirse con las pruebas que obran en el
expediente, referidas previamente en el párrafo 37 de esta sentencia, que a la
demandante no le fueron consignadas oportunamente las cesantías por el año en cita.
41. Nótese que las entidades demandadas no se pronunciaron en concreto frente a la
consignación de dicha prestación, ni ejercieron una labor probatoria tendiente a
controvertir dicho concepto. Sólo de modo incoherente la demandada en la apelación
reconoce que realiza el depósito de los intereses a las cesantías en el mes de marzo
de 2021, lo que constituye una aceptación de la mora.
42. En suma, se desprende del expediente que el pago de los intereses a la cesantía
del año 2020 de la demandante fue realizado el 27 de marzo de 2021, argumento que
refuerza aún más la tardanza en su consignación, por lo que se impone el
reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990.
(…)
50. Así entonces, en razón a que la sanción moratoria es una penalidad para el Estado
y por lo tanto, teniendo en cuenta que cualquier tipo de sanción ordenada por el
legislador debe ser expresa a favor de quien la reclama, no se desprende con certeza
que el artículo 3° ibídem establezca el derecho del docente al pago de la sanción
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moratoria establecida en la Ley 52 de 1975, por ende, no hay lugar a su reconocimiento,
pues en caso de reconocerse comportaría una doble sanción a la entidad empleadora.
51. Colofón de lo hasta aquí expuesto, se impone revocar la sentencia apelada en lo
que respecta al numeral quinto y en su lugar acceder parcialmente a las pretensiones
de la demanda. La entidad encargada de reconocer la moratoria que ha de ordenarse
en esta providencia es el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, en calidad de empleador. Por lo anterior, al no existir prueba que indique
que el ente territorial haya tardado en algún procedimiento que repercutiera con el
trámite para la consignación de las prestaciones aquí perseguidas, se confirmará la
decisión que declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva.»
Del defecto por desconocimiento del precedente judicial
La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desconoció el criterio fijado por el Consejo de Estado, Sección Segunda en la
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en la
cual, se previó que, «(…) las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos
reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del
auxilio de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en
todo caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación
tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece
unas normas acordes con su funcionamiento (…)».
Lo primero que debe indicarse es que, para hablar de precedente jurisprudencial, la
sentencia cuya aplicación se reclama debe ser anterior a la providencia que se
cuestiona por este defecto, lo que no ocurrió en este caso, porque para el momento
de expedición de la providencia cuestionada -29 de septiembre de 2023- no se había
proferido la sentencia de unificación -11 de octubre de 2023-, de manera que, ante la
inexistencia de una posición unificada por parte del máximo órgano en la materia,
le era dado a las autoridades judiciales demandadas adoptar uno de los criterios
adoptados por el Consejo de Estado, como en efecto ocurrió.
Ahora bien, la parte actora aseguró que la providencia cuestionada se notificó con
posterioridad a la sentencia de unificación, el 20 de noviembre de 2023 y, que en
ese orden, se configuró el desconocimiento del precedente invocado. Sin embargo,
el Tribunal dio cuenta de que la discusión y aprobación del fallo cuestionado se dio
el 29 de septiembre de 2023, según convocatoria número 094 del 28 de septiembre
de 2023.
De tal manera que, al no existir un criterio consolidado sobre el reconocimiento de
la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías a los docentes, no
puede imponerse a las autoridades judiciales la carga de resolver asuntos similares
de una forma determinada.
En consecuencia, no se incurrió en el desconocimiento del precedente que alega la
parte actora.
Del defecto sustantivo
Para resolver el problema jurídico, la Sala debe referirse a las normas que regulan
el régimen general de cesantías y al régimen especial de cesantías de los docentes.
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Los docentes afiliados al FOMAG cuentan con un régimen especial para la
consignación y liquidación de sus cesantías, que es el previsto en la Ley 91 de 1989,
el cual funciona bajo el concepto de unidad de caja, sin que proceda la consignación
de la citada prestación a cada docente en una cuenta individual, pues, los recursos
destinados para su pago son girados de forma global e incorporados con una
periodicidad mensual durante todo el año.
Debe recordarse que, con la expedición de la Ley 50 de 1990, se crearon los fondos
de cesantías privados para que operaran, por medio de cuentas de naturaleza
individual a nombre del empleado, en las cuales deben consignarse el valor de las
cesantías con el interés correspondiente. Los dineros que se encuentran en los
fondos constituyen un ahorro para cuando el trabajador quede cesante o para
cuando éste sea requerido para adelantar estudios o para destinarlo a vivienda.
Con el fin de proteger el derecho a la igualdad y promover el sistema financiero, se
permitió que algunos empleados de naturaleza pública accedieran a los referidos
fondos de cesantías privados. Así, el artículo 136 de la Ley 344 de 1996, excluyó de
manera expresa, a los docentes regidos por la Ley 91 de 1989, estableció el régimen
de cesantías para las personas que se vincularan a los órganos y entidades del
Estado; aquella norma fue reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, el cual
permitió que los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de
diciembre de 1996, con las exclusiones indicadas, se afiliaran a los fondos privados
de cesantías, quienes, en consecuencia, se regían por los artículos 99, 102, 104 y
demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990. Con posterioridad, el Decreto
1252 de 2000 extendió este régimen a los demás servidores que se vincularan a
partir de su vigencia, siempre que no estuvieran afiliados al Fondo Nacional del
Ahorro ni al FOMAG.
Revisado el contenido de la sentencia del tribunal, se advierte que realizó un estudio
de la Ley 50 de 1990, donde se encuentra prevista la sanción moratoria por
consignación inoportuna de las cesantías. Al efecto, citó las sentencias SU-098 de
2018 y SU-041 de 2020, en las cuales la Corte Constitucional estableció que a los
docentes oficiales le era aplicable la disposición del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
respecto a la sanción moratoria de las cesantías, en razón a su calidad de
empleados públicos y, en esa medida, resultaba procedente exigirle al fondo la
afiliación y consignación oportuna, ya que esta última es la que garantiza el acceso
a la prestación social -auxilio de cesantías-.
Al respecto, se debe precisar que, la Corte Constitucional, justamente, en la
sentencia SU-098 de 2018, consideró que «los despachos judiciales accionados
desconocieron que aunque la norma que establece la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías en los términos que contempla el numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, y el
6 Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de
la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción
correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se
vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
El Gobierno Nacional podrá establecer programas de incentivos con la finalidad de propiciar que los servidores públicos que
en el momento de la publicación de la presente Ley tengan régimen de cesantías con retroactividad, se acojan a lo dispuesto
en el presente artículo.
Parágrafo.- El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional.
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Decreto 1252 de 2000, no esté expresamente consagrada a favor de los miembros del
Magisterio, en virtud del principio de interpretación conforme a la Constitución y favorabilidad
en materia laboral, les correspondía aplicar la interpretación más beneficiosa para el trabajador,
esto es, que los docentes sí son destinatarios de la norma que consagra la referida sanción,
pues esta es la interpretación que más se ajusta a la Constitución».
Con base en la anterior postura, las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad, para efecto de decidir las
controversias sobre el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación
tardía de las cesantías anuales de los docentes, previsto en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990.
Sin embargo, de manera posterior, en sentencia SU-573 de 20197, la Corte
Constitucional precisó que la regla jurisprudencial que se fijó en la sentencia SU-
098 de 2018, no era aplicable a todos los procesos de docentes oficiales, pues en
esa oportunidad se estudió únicamente el caso de docentes en provisionalidad, que
nunca fueron afiliados al FOMAG ni a otro fondo por errores internos, en los
siguientes términos:
«Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el
juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 2018, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los
rendimientos financieros que se causaron con dicho retardo”. A pesar de no haber sido
parte del debate procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un
precedente aplicable al asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar
prima facie una amenaza de vulneración a los derechos fundamentales de los
tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es posterior a las providencias judiciales
cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la Corte se pronunció sobre la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las cesantías prevista por la Ley 50 de 1990,
artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000, la
ausencia de identidad fáctica también “impide aplicar el precedente al caso concreto”,
como pasa a explicarse.
Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el
escalafón docente de carrera
Vinculación Docente en provisionalidad.
con nombramiento en
propiedad.
El vínculo del docente terminó, dado
que se acogió a lo dispuesto en el
Decreto 1278 de 2002. Por tal razón, la Actualmente, los docentes se
Secretaría de Educación de este encuentran vinculados con el
Vigencia del
municipio expidió la Resolución N° Departamento del Atlántico y su
vínculo
4143.3.21.5447 del 22 de octubre de vínculo laboral se ha mantenido
laboral
2007, por la cual reconoció el pago de las vigente sin solución de
prestaciones sociales definitivas e continuidad.
informó que el pago se realizaría en el
respectivo Fondo de Cesantías.
El docente nunca fue afiliado al Fondo
Afiliación al Nacional de Prestaciones Sociales del Los docentes sí fueron
FOMAG Magisterio (FOMAG) ni a otro fondo, por afiliados al FOMAG.
un error interno.
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Los docentes no reclamaron
Una vez culminó su relación laboral con
el pago efectivo de las
el Municipio de Santiago de Cali, al
Reclamación cesantías de los años 2001,
docente le reconocieron el pago de las
efectiva de 2002 y 2003. No obstante, sí
prestaciones sociales, entre estas, las
pago de las solicitaron el pago de la sanción
cesantías.
cesantías moratoria por no consignación
de las cesantías por dicho
periodo.
El docente solicitó el reconocimiento, Los docentes solicitaron el
Tipo de
liquidación y pago de la sanción reconocimiento y pago de la
sanción
moratoria por la no consignación de sanción moratoria por la no
moratoria
las cesantías, los intereses a las consignación oportuna de
reclamada
cesantías ni los rendimientos. las cesantías.
En la sentencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al citar
la sentencia SU-098 de 2018, afirmó que:
«44. En efecto, independientemente del hecho de estar o no afiliado al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales, que fue algo meramente circunstancial en los antecedentes
fácticos de la sentencia SU-098 de 2018, los supuestos fácticos esenciales que
motivaron la expedición de dicho precedente judicial de la Corte Constitucional están
desarrollados a partir del numeral 62 de tal proveído, en donde se deja en claro que
existió una interpretación restrictiva de los despachos accionados en el entendimiento
de las normas que consagran la sanción moratoria por la no consignación de cesantías,
por el simple hecho de ser la demandante una docente oficial, como exactamente
sucede en el caso sub examine.»
Sin embargo, para la Sala la anterior afirmación es equivoca, pues la afiliación al
FOMAG es el factor determinante para establecer si al docente se le debe reconocer
la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
En este punto, se debe destacar que, tal y como lo señaló el tribunal demandado,
las sentencias de unificación de la Corte Constitucional tienen carácter vinculante,
en la medida en que fijan la forma en que se deben interpretar los enunciados
normativos8, pero, su aplicación debe darse respecto de casos con similitud fáctica
y jurídica, con el fin de afianzar la interpretación y aplicación uniforme del derecho.
Entonces, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por indebida
aplicación del precedente judicial, pues sustentó la decisión en la sentencia SU-098
de 2018, cuando la propia Corte Constitucional había precisado que no resultaba
aplicable a los docentes oficiales vinculados al FOMAG. Por lo tanto, el Tribunal
accionado no debió usar las pautas de la sentencia SU-098 de 2018, al caso de la
señora Gloria Inés Salcedo García, pues, se trata de una docente afiliada al
FOMAG.
En cuanto a la sentencia SU-041 de 2020, la Sala debe señalar que no comparte
identidad fáctica con el asunto bajo examen, toda vez que en esa oportunidad la
Corte Constitucional seleccionó para revisión casos en los cuales se discutía el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de los docentes por el pago
tardío de cesantías parciales o definitivas y la indexación hasta la fecha en que se
efectuara el pago de la moratoria, pero no se discutió, como en el caso de la señora
8 Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.
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Gloria Inés Salcedo García, la consignación tardía de las cesantías, por lo tanto, no
es un precedente que resulte aplicable9.
La Sala no pasa por alto que, en efecto, como lo señaló el tribunal demandado esa
providencia señaló que «el reconocimiento de esta prestación económica frente a los
miembros del magisterio ha operado tanto en virtud de la Ley 244 de 1995, modificada por la
Ley 1071 de 2006, como por extensión del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a
través de la Ley 344 de 1996, reglamentada por los Decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000».
Sin embargo, esa conclusión no conduce de manera inequívoca a aceptar que la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es aplicable en
todos los casos a docentes10.
La lectura de esa conclusión debe realizarse de manera conjunta con los
argumentos expuestos por la Corte Constitucional en esa providencia, oportunidad
en la que, para afirmar que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990 es aplicable a los docentes oficiales hizo alusión a la sentencia SU-098
de 2018, la cual como se vio, fue dictada en el caso de un docente que no fue
afiliado al FOMAG y, por eso mismo, esa Corte determinó que, en garantía de los
derechos laborales y por el principio de favorabilidad, le era aplicable la Ley 50 de
1990 en ese especial caso.
Siendo así, aunque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca enunció como
subreglas de derecho las establecidas en las sentencias SU-098 de 2028 y SU-041
de 2020 de la Corte Constitucional para concluir que la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 era aplicable a todos los casos de docentes
oficiales, lo cierto es que no consideró que la subregla prevista en la sentencia SU-
098 de 2018 fue adoptada para casos de docentes no fueron debidamente afiliados
el FOMAG, regla que no se cumple en el caso del señor Lozano Ramírez, que se
encuentra afiliado al FOMAG y goza de los beneficios del régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989. Tampoco tuvo en cuenta que la sentencia SU-041 de 2020
no fijó una subregla aplicable al caso del demandante porque la sentencia tuvo
origen en un caso de violación al derecho fundamental de petición, pero no se
discutía el derecho a la aplicación del régimen general de cesantías al personal
docente.
9 El problema jurídico en ese caso se contrajo a «determinar (i) si las entidades accionadas vulneraron el derecho de
petición de los accionantes al no dar respuesta de fondo a las solicitudes de reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
en los términos previstos en el artículo 23 Superior; y (ii) si la falta de previsión de un periodo de transición para efectuar el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, a partir de lo expuesto en las sentencias de unificación SU-336 de 2017 de la
Corte Constitucional y SUJ-012-S2 del Consejo de Estado, ha derivado en el quebrantamiento de los derechos a la seguridad
social y al pago oportuno de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al FOMAG, en virtud de los artículos 48 y 53
de la Constitución».
10
De hecho, en este punto, la Sala estima pertinente mencionar, a modo meramente ilustrativo, que, incluso, la precisión de
la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 coincide con la distinción desarrollada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, que unificó reglas en este
sentido: «los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado
por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable
la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente
estatal».
Se insiste, aunque la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 no se encontraba vigente para
la fecha en que fue dictada la providencia objeto de tutela, coincide con lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-573 de 2019 en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 en favor de un docente oficial solo resulta aplicable
cuando el docente no esté afiliado al FOMAG.
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Por esas razones, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en defecto sustantivo al determinar que el régimen general de
cesantías era aplicable por favorabilidad a los docentes que están afiliados al
FOMAG y gozan de un régimen especial.
En suma, la Sala encuentra que, si bien el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca no incurrió en desconocimiento del precedente, lo cierto es que, en el caso
concreto, incurrió en defecto sustantivo, por las razones expuestas.
Por lo tanto, la Sala amparará el derecho al debido proceso del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG. En consecuencia, se dejará sin
efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y, se ordenará que, profiera una nueva sentencia,
conforme con lo expuesto anteriormente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de
Guadalajara de Buga.
2. Acceder al amparo del derecho fundamental al debido proceso del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG. En
consecuencia,
3. Dejar sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado con nro. 76111-33-33-002-2022-
00275-01, en consecuencia.
4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de
20 días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
profiera nueva sentencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la sentencia.
5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
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La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
16
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