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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00081-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00081-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de 8 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, dada la motivación presentada en la parte considerativa de esta decisión. 2. En su lugar, amparar el derecho al debido proceso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Por lo tanto, dejar sin efectos la sentencia de 22 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado Nro. 76111-33-33-003-2022-00125-01. 3. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta decisión, profiera sentencia de reemplazo de segunda instancia, en la cual adopte las consideraciones expuestas en esta providencia. 4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00081-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

18 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00081-01
Demandante: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-00081-01
Demandante FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Defecto
sustantivo. Medio de control de nulidad y restablecimiento. Sanción
moratoria por consignación tardía de las cesantías del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 a docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) contra la sentencia de 8 de febrero de 2024,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito
general de la relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 11 de enero de 2024, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) interpuso acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG el
derecho constitucional fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la administración
de justicia, que contemplan los principios de legalidad, prevalencia del derecho sustancial y el
imperio de la ley y aplicación de los precedentes que gobierna la actuación judicial, que se
desprenden de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política, vulnerados por el
Tribunal Administrativo Del Valle del Cauca de fecha 22/09/2023 a través de la providencia
por medio de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de sanción moratoria establecida en
la Ley 50 de 1990, desconociendo el precedente jurisprudencial definido en la sentencia de
unificación por el H. Consejo de Estado el 11 de octubre de 2023, que declaró esta última
normatividad incompatible con la Ley 91 de 1989 aplicable a los docentes adscritos al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG (…)

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Demandante: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene dejar sin efectos
jurídicos la decisión judicial del 09/12/2022 y confirmada por el Tribunal Administrativo Del
Valle del Cauca el 22/09/2023 respecto del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho No. 761113333003202200125 y en su lugar proferir la sentencia de reemplazo que
de aplicación al precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del 11 de
octubre de 2023 y consecuente con ello se denieguen las pretensiones de la demanda».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En el año 2022, la señora Doris Ordoñez Molano presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG en adelante) y el Departamento del Valle del
Cauca, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto
mediante el cual se negó la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías.

El Juzgado Tercero Administrativo de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)
conoció en primera instancia el asunto, bajo el radicado Nro. 76111-33-33-003-
2022-00125-00.

2.2. Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2022, el Juzgado Tercero
Administrativo de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) accedió a las
pretensiones de la demanda. En ese sentido, declaró la nulidad del acto ficto
y consecuentemente le ordenó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagar a la docente el
equivalente a un día de salario por cada día de mora en la consignación de las
cesantías, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta la fecha en que se acredite
el depósito al fondo.

Fundamentó su decisión en que la docente tenía derecho a que sus cesantías
fueran consignadas antes del 15 de febrero del año siguiente a su causación,
según lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en aplicación del
principio de favorabilidad. Por lo tanto, consideró que el incumplimiento de este
plazo conllevaba la sanción moratoria a favor de la docente.

Agregó no desconocer la naturaleza y estructura del FOMAG y sus diferencias
con los fondos privados de cesantías y con el Fondo Nacional del Ahorro. Sin
embargo, sostuvo que tal circunstancia no exime al ministerio de su obligación
de consignar antes del 15 de febrero de cada anualidad las cesantías
causadas en favor de los docentes, así sea en una cuenta común y no
individual, con base en el reporte de la información suministrada por la
secretaría de educación del ente territorial.

En cuanto a la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías, la autoridad judicial determinó que la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
no consignó los intereses correspondientes al año 2020 dentro de los plazos
establecidos. Por ende, ordenó a título de indemnización por el pago
inoportuno de los intereses a las cesantías una suma adicional igual a los
intereses causados durante el año 2020.

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Por último, condenó en costas a la parte demandada, por agencias en derecho
en el equivalente al 4% de lo solicitado.

2.3. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia.

2.4. Mediante sentencia del 22 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca aseveró que, en virtud de la jurisprudencia existente y de
los principios de favorabilidad e igualdad, era viable aplicar a los docentes las
disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria
por la consignación extemporánea de las cesantías anuales.

Por consiguiente, sostuvo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre
de cada año por concepto de la aludida prestación también les debe ser
consignado en el FOMAG, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a
su causación, so pena de que se incurra en mora equivalente a un día de
salario por cada día de retraso. Precisó que tal postura no solo se encuentra
contenida en sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional, sino
en providencias dictadas por el Consejo de Estado en asuntos ordinarios.

Por otra parte, la autoridad judicial explicó que la penalización por la falta de
pago de los intereses a las cesantías anualizadas con fundamento en la Ley
52 de 1975 no es procedente pues, por una parte, tal norma es propia de los
trabajadores del sector privado; y por la otra, la norma especial consagrada en
la Ley 89 de 1991 no contempló indemnización alguna por su no pago.

Finalmente, la Sala decidió revocar las costas impuestas en primera instancia,
a falta de su comprobación y por la prosperidad parcial del recurso de
apelación y de la demanda.
Por consiguiente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó
parciamente la decisión, en los siguientes términos:
«PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia del 9 de diciembre de2022, proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, por las razones
expuestas, revocando el numeral séptimo (sic).
SEGUNDO: El artículo tercero de la sentencia referenciada quedará así:
“TERCERO: ORDENAR, como consecuencia de la anterior declaración, a la NACIÓN -
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO que, reconozca y pague a la señora ORDOÑEZ MOLANO el
equivalente a un día de salario básico por cada día de mora en la consignación de las
cesantías, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta la fecha en que se acredite el depósito
y/o transferencia al Fondo, la cual se deberá liquidar con base en la asignación básica
devengada por la demandante durante el año 2021, época en que se causó la mora. En todo
caso, esta sanción no será concurrente ni simultánea con posibles sanciones futuras por no
consignación oportuna de cesantías de otras anualidades.”
TERCERO: Sin Condena en costas en la instancia» (Negrillas originales del texto transcrito).

3. Fundamentos de la acción

3.1. Tras considerar que se cumplen todos los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, la parte actora argumentó
que se incurrió en el defecto sustantivo por «la indebida aplicación normativa por
parte de los accionados».

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FOMAG

Explicó que la Ley 91 de 1989 no fue analizada correctamente, pues se
desconoció que el FOMAG, creado por dicha ley, opera bajo el principio de
unidad de caja, lo que denota que las cesantías de los docentes no se
administran en cuentas individuales, sino que se trata de valores
presupuestados y trasladados al fondo desde el primer mes de cada vigencia.
En esa medida, ante la imposibilidad física y jurídica de abrir cuentas
individuales, no se configura la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990.
Censuró, entonces, que no se haya analizado la normatividad aplicable al caso
de los docentes afiliados al FOMAG teniendo en cuenta la existencia de un
régimen especial establecido en la Ley 91 de 1989. A su juicio, dicho estudio
era indispensable para adoptar una decisión ajustada a derecho.
En suma, sostuvo que «se evidencia la indebida aplicación normativa por parte de los
accionados, pues al ordenar el pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de
1990, se desconoce de manera directa la existencia de normatividad especial existente
desde 1989 la cual regula de manera específica el manejo de la seguridad social de los
docentes adscritos al FOMAG y en el caso concreto, lo referente a las cesantías y los
intereses a las cesantías, concretando que ha de tenerse en cuenta el PRINCIPIO DE
UNIDAD DE CAJA regente de la Ley 91 de 1989».

3.2. A su vez, argumentó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió
en defecto sustantivo por desconocimiento de la Sentencia de Unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
La tutelante sostuvo que la sentencia de unificación estableció que los
docentes afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
dispuesta en la Ley 50 de 1990, ya que el régimen especial de los docentes,
consagrado en la Ley 91 de 1989, es incompatible con ese sistema de
administración de cesantías. En cambio, si la entidad territorial omitió la
afiliación del docente en servicio activo al FOMAG, la sanción moratoria sí
aplica para tal docente.
También resaltó que en la sentencia de unificación se dispuso que dicha
providencia constituía precedente obligatorio para todos los casos que se
estuvieran tramitando en vía administrativa y en vía judicial.
Con fundamento en las reglas fijadas en la sentencia de unificación
mencionada, aseveró que en el caso de la docente en cuestión no había lugar
a ordenar la sanción moratoria dispuesta en la Ley 50 de 1990 ni el pago de
indemnización moratoria por consignación extemporánea de intereses a las
cesantías, puesto que ella sí se encontraba afiliada al FOMAG. Por tanto, el
régimen legal aplicable no es otro que el dispuesto en la Ley 91 de 1989.
Finalmente, precisó que la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de
11 de octubre de 2023 es aplicable al caso, en razón a que «La notificación de la
decisión de segunda instancia, se generó con posterioridad a la Sentencia de Unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023, proferida por la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado».

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 15 de enero de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
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FOMAG

(FOMAG) contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; se ordenó
vincular en calidad de terceros a la señora Doris Ordoñez Molano, quien actuó
como demandante en el medio de control, al Departamento del Valle del
Cauca, Secretaría de Educación, a la Fiduprevisora S.A. y al Juzgado Tercero
Administrativo de Guadalajara de Buga; se reconoció al abogado Frank
Alexander Tovar Méndez como apoderado judicial de la parte demandante; y
se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)
sostuvo que de su parte no existió vulneración a derecho fundamental alguno,
puesto que la sentencia de primera instancia se encuentra en armonía con el
precedente vertical vigente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Precisó que la decisión de primera instancia fue proferida antes de la
Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023.

4.3. El Departamento del Valle del Cauca sostuvo que carece de legitimación en
la causa por pasiva, debido a que la entidad tutelante presentó la acción contra
las autoridades judiciales que decidieron el medio de control, es decir contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero
Administrativo de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca).

De ahí que no cuenta con injerencia alguna sobre los hechos en los que se
fundamentó la acción de tutela interpuesta; motivo por el cual solicitó su
desvinculación del trámite de tutela.

4.4. La señora Doris Ordoñez Molano, demandante en el medio de control,
aseguró que la sentencia de unificación de 11 de octubre de 2023, aludida por
la parte tutelante, se profirió con posterioridad a la providencia de segunda
instancia de 22 de septiembre de 2023. Por lo cual no podría concluirse, como
lo hizo la parte actora, que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca desconocieron la sentencia de unificación alegada, pues esta última no
existía para la fecha en que se profirieron las providencias que resolvieron de
fondo el asunto.

Precisó que, si bien la notificación de la sentencia de segunda instancia se
efectuó posteriormente a la expedición de la sentencia de unificación referida,
lo cierto lo es que «el trámite de notificación de una sentencia es un aspecto secretarial y
las consecuencias que se haya realizado en fecha posterior no pueden afectar al Demandante
(…) quien en últimas está accediendo de buena fe ante la administración de justicia».

Manifestó que la tutela es improcedente pues, como lo ha reiterado el Consejo
de Estado en decisiones de tutela, la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías a los docentes, establecida en la Ley 50 de 1990, no es un asunto
de relevancia constitucional. A lo cual agregó que el caso no es más que una
controversia de índole económica.

Por otro lado, manifestó que no existe vulneración al derecho al debido
proceso, en razón a que en el curso del medio de control se siguieron todas
las formalidades procesales previstas y se garantizó a las partes presentar y
controvertir pruebas. En su criterio, la verdadera intención de la parte actora
es no cumplir con el fallo judicial y, consecuentemente, abstenerse de pagar
la sanción correspondiente.

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Finalmente, se pronunció sobre los principios de seguridad jurídica, buena fe
y confianza legítima en la actividad judicial, los cuales suponen una
interpretación y aplicación de la ley por parte de jueces y cuerpos colegiados
de forma razonable, consistente y uniforme. Con base en los cuales afirmó que
para respetar dichos principios deben mantenerse incólumes las providencias
controvertidas por la parte tutelante.

4.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que no ha
desconocido el precedente dispuesto en la Sentencia de Unificación SUJ-032-
CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, puesto que la sentencia dictada en segunda instancia se
profirió el 22 de septiembre de 2023, es decir antes de existir el precedente
mencionado. En otras palabras, para el 11 de octubre de 2023 ya se había
adoptado decisión reprochada.

Finalmente, sostuvo que deben acumular las acciones de tutela ya que,
además de la presente, se han interpuesto otras tutelas contra providencias
del mismo asunto, las cuales se han tramitado bajo los siguientes radicados
11001-03-15-000-2024-00036-00, 11001-03- 15-000-2024-00157-00 y 11001-
03-15-000-2024-00053-00.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 8 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera
negó, por una parte, la solicitud de desvinculación formulada por el Departamento
del Valle del Cauca, porque consideró que independientemente de la prosperidad o
no de las pretensiones del actor, en atención a que este fue parte del medio de
control que originó la controversia, debía ser notificado de la existencia del presente
trámite.

Por otra parte, declaró la improcedencia de la tutela, porque consideró que en el
caso no se satisface el requisito de relevancia constitucional. Explicó que «los
argumentos relacionados con la procedencia o no de la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental alguno, sino
que corresponden a inconformidades de mera legalidad que versan sobre un reconocimiento
patrimonial que no amerita la intervención del juez de tutela». Postura que fundamentó en
la Sentencia SU-573 de 2019, en la cual se dispuso que «la sanción moratoria por no
consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional».

Con base en la anterior regla, la autoridad judicial sostuvo que en otras
oportunidades ha resuelto acciones de tutela sobre el mismo tema interpuestas por
docentes que cuestionaban las providencias judiciales en las que se les había
negado el pago de la sanción moratoria. En tales casos, declaró la improcedencia
de la tutela a falta del requisito general de la relevancia constitucional, lineamiento
que también es aplicable en el presente caso dado que, si bien el actor ahora es
FOMAG, lo cierto es que la controversia recae sobre un asunto meramente
económico.

Precisó que el hecho de que FOMAG haya alegado la presunta afectación a su
presupuesto no significa que exista una causal para proceder al estudio del fondo
del asunto, dado que en últimas dicha justificación deriva de una particularidad
económica.

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Finalmente, señaló que la providencia cuestionada fue proferida el 22 de septiembre
de 2023, es decir antes de dictada la sentencia de unificación del 11 de octubre de
2023. Añadió que si bien, en la referida sentencia de unificación invocada se
estableció que las reglas allí contenidas aplicarían de forma inmediata a todos los
casos que estuvieran pendientes de solución, lo cierto es que allí no se hizo
precisión alguna frente a los casos en los que ya hubiese decisión judicial de
segunda instancia.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, oportunidad en la cual
reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Asimismo, sobre la relevancia constitucional, manifestó que el asunto no se limita a
un mero asunto económico ni particular.

Aseguró que «lejos de ser un fondo privado o de beneficiar intereses particulares, es una
CUENTA ESPECIAL DE LA NACIÓN, con independencia patrimonial, contable y estadística,
sin personería jurídica que se encarga del pago de las prestaciones de los docentes oficiales
de todo el país». A lo cual agregó que «NO es cierto que en el presente caso NO OPERE la
relevancia constitucional, sino que, el evidente defecto sustancial del fallo de Nulidad con
Restablecimiento del Derecho vulnera el Derecho fundamental al debido proceso según lo
expuesto en párrafos anteriores, de donde se debe concluir que no se trata de un asunto
puramente económico o de carácter privado, sino que conlleva la necesidad de abogar por la
seguridad jurídica que se origina en la aplicación de la regla constitucional consagrada en los
artículos 29, 228, 229 y 230 de la Constitución Nacional».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencia judicial

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales2

1 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
2 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que
el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
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y especiales3 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional4 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer
si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la improcedencia por
considerar que no se cumple el requisito de relevancia constitucional.

Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos los demás
requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, se
determinará si al proferir la sentencia de 22 de septiembre de 2023, en el marco del
medio de control tramitado bajo el radicado Nro. 76111-33-33-003-2022-00125-00/01,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en el defecto sustantivo
alegado por la parte actora.

4. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales y su análisis en el caso

4.1. En el caso bajo estudio, la Sala se aparta de la conclusión a la cual arribó el
juez de tutela de primera instancia, pues considera que el asunto sí cumple
con el requisito general de la relevancia constitucional. Lo anterior obedece a
que los cuestionamientos propuestos por el FOMAG tienen que ver con la ratio
decidendi de la decisión cuestionada, lo cual denota que no se proponen
argumentos adicionales no expuestos en el proceso cuestionado y no se
emplea el mecanismo como una instancia adicional al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Adicionalmente, debe destacarse que en el presente caso se aduce la
afectación del erario con ocasión del reconocimiento de una sanción, lo cual
tiene la connotación de interés general. Conforme con la jurisprudencia
desarrollada por la Corte Constitucional, este hecho habilita la intervención del
juez de tutela con fundamento en el derecho y la obligación de proteger el
erario público. Al respecto, en la Sentencia T-610 de 2015 tal autoridad judicial
determinó que «cuando la controversia económica reviste un interés general porque

3 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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afecta de manera injusta y antijurídica el patrimonio público, tal situación, habilita la
intervención del juez de tutela con fundamento en el derecho y la obligación de proteger
el erario».

4.2. De otra parte, la Sala considera que se cumplen los demás los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela: (i) se expusieron los hechos
y los motivos por los cuales se considera que la autoridad judicial accionada
incurrió en defecto sustantivo. A su vez, el asunto no se trata de una tutela
interpuesta contra una providencia de tutela. (ii) La acción de tutela se
presentó (11 de enero de 2024) transcurrido menos de tres meses desde la
notificación de la sentencia de 22 septiembre de 2023 (el 20 de octubre de 2023
se remitió el mensaje de datos a efectos de surtir la notificación). Esto demuestra
que no hubo dilación ni retardo en cabeza de la parte actora en la defensa de
sus derechos. Y (iii) está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la
acción, dado que la parte actora no cuenta con otros mecanismos judiciales
de defensa idóneos para exponer los cargos desarrollados en el escrito de
tutela.

Así las cosas, al considerar que se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, incluyendo el de
relevancia constitucional, la Sala proseguirá a estudiar si el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca incurrió en el defecto sustantivo alegado por
el FOMAG.

5. Alcance del defecto sustantivo

El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y aplicación de
las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una incidencia
directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma directa y autónoma
lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la jurisprudencia constitucional
ha considerado que el defecto material o sustantivo se produce cuando el juez toma
una decisión con fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o
inaplicables al caso, lo que genera una contradicción evidente entre los
fundamentos y la decisión.

Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada por
el juez resulta a todas luces improcedente.

En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido
proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.

Esta Sección ha señalado que el defecto sustantivo es el vicio relacionado con la
interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico. Algunos de los eventos en los que se presenta es cuando la autoridad
judicial funda su decisión en una norma que no tiene relación con el asunto de
debate, cuando omite aplicar la disposición que regula el tema sobre controversia o
cuando realiza una interpretación irrazonable de la norma.

También se ha reiterado que las reglas de interpretación fijadas en sentencias de
constitucionalidad y unificación proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado vienen a ser parte de la propia ley. Esa categoría de fuente formal del
derecho supera lo que se ha entendido tradicionalmente como precedente, no solo
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porque el monopolio de la creación de normas generales no se centra en el
legislativo o el ejecutivo, sino también por la fuerza vinculante de esas categorías
de sentencias, que bien pueden equipararse a la ley. Por consiguiente, su
desconocimiento se relaciona con el defecto sustantivo.
6. Análisis del caso

6.1. A fin de desatar la controversia planteada, la Sala se referirá, en primer lugar,
a las motivaciones por las cuales el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
concluyó que la parte actora sí tenía derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías, con fundamento en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 (Por la cual se introducen reformas al Código
Sustantivo del Trabajo).

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca explicó que inicialmente la Ley
50 de 1990 consagró las cesantías anualizadas únicamente para los
trabajadores el sector privado. Sin embargo, aseveró que una medida de esa
índole también se introduciría a los docentes del sector público. Así, con la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 se consagró el derecho a las
cesantías mediante el régimen de liquidación anual para los docentes
vinculados luego del 1 de enero de 1990 y para a quienes estuvieren
vinculados con anterioridad.

Seguido, explicó que con la expedición de la Ley 344 de 1996, puntualmente
lo previsto en su artículo 13, se generalizó el régimen anualizado de liquidación
de cesantías para los servidores públicos que se vincularan a partir de la
vigencia de dicha norma. E indicó que mediante el Decreto Reglamentario
1582 de 1998 se estableció expresamente que los artículos 99, 102 y 104 de
la Ley 50 de 1990 eran aplicables a los servidores públicos del nivel territorial
que se vincularan a partir del 31 de diciembre de 1996.

Tras dicho recuento normativo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
sostuvo que «la jurisprudencia ha advertido la existencia de un vacío legal para los
docentes vinculados a partir de 1990 frente al asunto de la sanción moratoria por falta de
consignación de las cesantías anualizadas al 14 de febrero del año siguiente a su
causación, en virtud de ello por favorabilidad e igualdad se ha sostenido la aplicación de
la Ley 50 de 1990».

Para fundamentar dicha aseveración, transcribió la sentencia de 19 de enero
de 20235, radicado Nro. 76001-23-31-000-2012-00212-02, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A C.P. William Hernández
Gómez, en la cual se indicó lo siguiente:
«tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han considerado que en virtud del
principio de favorabilidad, es viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la
Ley 50 de 1990,en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías anuales, de manera que para estos, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre
de cada año por concepto de la aludida prestación, también les debe ser consignado en el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año
siguiente a su causación, so pena de que se incurra en mora equivalente a un día de salario
por cada día de retraso.
En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-098 de 2018 sostuvo
que el “hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen especial, no

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 19 de enero de 2023. Radicado Nro.
76001-23-31-000-2012-00212-02. C.P. William Hernández Gómez. Actor: Abiel Fernández Alvarado.
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implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata
de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso en el cual
prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado, pues ésta será la
que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política”.
De igual manera, en la citada sentencia, la Corte señaló que aunque los jueces han adoptado
una postura jurídicamente razonable y justificada al negar el derecho a la sanción moratoria,
esta excluye otra posible interpretación, en virtud de la cual sí los ampara la sanción moratoria
por la no consignación de cesantías de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual es “más favorable respecto de los derechos laborales
de los docentes oficiales”, máxime cuando “el ámbito de aplicación de la sanción moratoria de
la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los empleados públicos. Así lo establece el Decreto
1252 de 2000”».

Con fundamento en lo expuesto, la autoridad judicial aseguró que en virtud de
la jurisprudencia existente y de los principios de favorabilidad e igualdad, es
viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990,
en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías anuales. Resaltó que esa postura no solo se encuentra contenida
en sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional, sino en
providencias dictadas por el Consejo de Estado en asuntos ordinarios.

Por consiguiente, sostuvo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre
de cada año por concepto de la aludida prestación también debe ser
consignado en el FOMAG, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a
su causación, pues de lo contrario se incurrirá en mora equivalente a un día
de salario por cada día de retraso. Concluyó, entonces, que en el caso objeto
de estudio había lugar a pagar la sanción moratoria reclamada, puesto que no
se acreditó la transferencia o consignación al FOMAG de los recursos antes
del 15 de febrero.

Textualmente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó:
«En el evento bajo estudio conforme a la jurisprudencia arriba referenciada, en virtud de los
principios de favorabilidad e igualdad, es viable aplicar a los docentes las disposiciones de la
Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías anuales. Ello significa que el docente al 14 de febrero del año siguiente a la
causación de las cesantías, debe contar con que sus cesantías han sido remitidas al FOMAG,
so pena de incurrirse en mora equivalente a un día de salario básico por cada día de retraso.
Esta postura constituye un precedente judicial reiterado por el Consejo de Estado en los
procesos judiciales ordinarios y no sólo por la Corte Constitucional en acciones de tutela.
Analizadas las pruebas documentales no existe certeza de la transferencia y/o consignación
al FOMAG de los recursos antes del 15 de febrero, pero como el a quo consideró que el
reclamo se funda en una negación indefinida que invierte la carga probatoria, punto no
cuestionado por las demandadas, debe entenderse que las entidades demandadas no
probaron haber hecho la consignación de las cesantías del actor al FOMAG, por ello, le surge
el deber de pagar la sanción moratoria reclamada consistente en un día de salario básico por
un día de retardo desde el 15 de febrero de 2021, sin lugar a prescripción toda vez que el
periodo cobrado es únicamente el año 2020 y la demanda interpuesta en el año 2022, pero
precisando la imposibilidad de concurrencia de sanciones por no consignación oportuna de
cesantías respecto de otras anualidades como lo sostiene la jurisprudencia».

6.2. Del anterior recuento, la Sala advierte que el fundamento principal de la
decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es la existencia de
jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, no
solo en trámites de tutela, sino en virtud de los medios de control ordinarios
dispuestos en la ley, en la cual se admite la aplicación de la sanción moratoria
por la consignación extemporánea de las cesantías.
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La Sala, sin embargo, discrepa de la conclusión a la cual arribó el tribunal
accionado, pues desde la Sentencia SU-573 de 2019 la Corte Constitucional
diferenció entre dos supuestos de hecho: los docentes afiliados al FOMAG y
los que no lo estaban.

Así, aunque en la Sentencia SU-098 de 2018 la Corte Constitucional aceptó la
procedencia de la sanción prevista en el artículo 99, numeral 3, de la Ley 50
de 1990 a un docente, tal reconocimiento se hizo porque en el caso analizado
aquel no había sido afiliado durante el vínculo laboral al FOMAG y, en
consecuencia, no le habían sido pagadas sus cesantías.

En ese sentido, en la Sentencia SU-573 de 2019 se explicó que la Sentencia
SU-098 de 2018 se refirió exclusivamente al evento de docentes no afiliados
al FOMAG. Por lo tanto, los criterios allí contenidos no son aplicables para los
docentes sí afiliados al FOMAG, por tratarse de supuestos fácticos totalmente
disímiles.

Lo anterior denota que desde el año 2019, con la Sentencia SU-573, la Corte
Constitucional estableció que el reconocimiento de la sanción moratoria por la
consignación extemporánea de las cesantías a docentes únicamente aplica
para aquellos que no fueron afiliados al FOMAG.

Así lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019:
«(...) durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el juez de primera
instancia la Sentencia SU-098 de 2018, por medio de la cual la Corte Constitucional resolvió
sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías en la fecha
indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos financieros que se causaron
con dicho retardo”. A pesar de no haber sido parte del debate procesal en sede de tutela,
tampoco constituye un precedente aplicable al asunto por cuanto: (i) la decisión es posterior a
las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la Corte se
pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías prevista
por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de 1998 y 1252
de 2000, la ausencia de identidad fáctica también “impide aplicar el precedente al caso
concreto”, como pasa a explicarse» (Negrillas propias).

Seguido, la Corte plasmó en el siguiente cuadro las diferencias fácticas entre
los casos analizados en la Sentencia SU-098 de 2018 y la Sentencia SU-573
de 2019, entre las cuales se encuentra la afiliación o no del docente al FOMAG:

Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el escalafón
Vinculación Docente en provisionalidad. docente de carrera con
nombramiento en propiedad.
El vínculo del docente terminó, dado que se
acogió a lo dispuesto en el Decreto 1278 de
Actualmente, los docentes se
2002. Por tal razón, la Secretaría de Educación
encuentran vinculados con el
Vigencia del vínculo de este municipio expidió la Resolución N°
Departamento del Atlántico y su
laboral 4143.3.21.5447 del 22 de octubre de 2007, por
vínculo laboral se ha mantenido
la cual reconoció el pago de las prestaciones
vigente sin solución de continuidad.
sociales definitivas e informó que el pago se
realizaría en el respectivo Fondo de Cesantías.
El docente nunca fue afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Los docentes sí fueron afiliados al
Afiliación al FOMAG
Magisterio (FOMAG) ni a otro fondo, por un FOMAG.
error interno.

En esa medida, si bien el tribunal justificó su postura bajo el argumento de que
existía jurisprudencia que admitía el reconocimiento de la sanción moratoria

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por la consignación extemporánea de las cesantías a docentes, lo cierto es
que desde la Sentencia SU-573 de 2019 se precisó que tal postura no es
aplicable para aquellos docentes que sí hayan sido afiliados al FOMAG.
Al respecto, en sentencia de 29 de febrero de 2024, radicado Nro. 11001-03-
15-000-2024-00045-006 esta Sala señaló que, si bien es cierto que la Sección
Segunda del Consejo de Estado profirió decisiones en las cuales reconoció la
sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías anuales de los
docentes, con la Sentencia SU-573 de 2019 se precisó que tal interpretación
únicamente era aplicable en los casos en que no se efectuó la respectiva
afiliación del docente al FOMAG.
Así lo explicó esta Sección en dicha oportunidad:
«Con base en la anterior postura, las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado acogieron el criterio de favorabilidad, para efecto de decidir las controversias sobre
el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías anuales
de los docentes, previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Sin embargo, de manera
posterior, en sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional precisó que la regla
jurisprudencial que se fijó en la sentencia SU098 de 2018, no era aplicable a todos los
procesos de docentes oficiales, pues en esa oportunidad se estudió únicamente el caso de
docentes en provisionalidad, que nunca fueron afiliados al FOMAG. (…)
En este punto, se debe destacar que, tal y como lo señaló el tribunal demandado, las
sentencias de unificación de la Corte Constitucional tienen carácter vinculante, en la medida
en que fijan la forma en que se deben interpretar los enunciados normativos, pero, su
aplicación debe darse respecto de casos con similitud fáctica y jurídica, con el fin de afianzar
la interpretación y aplicación uniforme del derecho».

Así las cosas, la Sala considera que en el asunto el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo porque fundamentó su decisión
en la existencia de jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional según la cual, «en virtud de los principios de favorabilidad e igualdad, es
viable aplicar a los docentes las disposiciones de la Ley 50 de 1990, en materia de sanción
moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales» . Sin embargo,
como, se ha reiterado, desde la Sentencia SU-573 de 2019 se dispuso que tal
postura no era aplicable para la generalidad de los docentes.
6.3. De otra parte, la Sala no pasa por alto las previsiones normativas que rigen el
asunto: (i) la Ley 91 de 19897 correspondiente al régimen especial docente; y
(ii) la Ley 50 de 19908, régimen general de cesantías.
6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 29 de febrero de 2024. Radicado Nro. 11001-03-15-000-
2024-00045-00. C.P: Milton Chaves García. Demandante: Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG. Demandado: Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.
7
Concretamente el artículo 15 de la Ley, regula el régimen de cesantías docente, en los siguientes términos:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule
con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: (…)
3. Cesantías: Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los
últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con
anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la
comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional
docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.»
8 El artículo 99 de esta norma dispuso que, el 31 de diciembre de cada año se efectuará la liquidación definitiva
de las cesantías, que el empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
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Con fundamento en dichos preceptos, se desprende que existe una
incompatibilidad de aplicación de las reglas del régimen general al régimen
especial docente, toda vez que en el segundo no está prevista la existencia de
cuentas individuales de titularidad de cada docente e, incluso, la forma en la
que se liquidan los intereses es diferente en cada régimen.
Y si bien la Ley 334 de 1996 extendió las reglas del régimen general de
cesantías a todas las personas que se vincularan a órganos o entidades del
Estado, lo cierto es que el artículo 13 excluyó de esa aplicación a las personas
beneficiarias de derechos convencionales y de la Ley 91 de 19899.
En virtud de la Ley 91 de 1989 los docentes tienen un régimen especial de
cesantías regulado por el numeral 3º del artículo 15. El FOMAG administra
las cesantías docentes, bajo el principio de unidad de caja10, lo cual implica la
existencia de un fondo común constituido por dinero proveniente de la Nación
y de entidades territoriales, con el que se satisfacen las obligaciones por pagar,
entre las cuales se encuentran las cesantías de los docentes oficiales. A su
vez, los docentes reciben un interés anual sobre el saldo de las cesantías
acumuladas, equivalentes a la tasa comercial promedio de captación del
sistema financiero, lo cual fomenta el ahorro de las cesantías y la acumulación
de recursos, pues entre mayor saldo acumulado más son los intereses.
En cambio, en el régimen dispuesto en la Ley 50 de 1990 las cesantías se
administran a través de las sociedades administradoras de fondos de
cesantías. A su vez, se le exige al empleador consignar la liquidación anual de
cesantías en la cuenta individual del trabajador antes del 15 de febrero del año
siguiente, so pena de la imposición de una sanción moratoria consistente en
un día de salario por cada día de mora, como medida para asegurar que los
empleadores del sector privado cumplan con la consignación en el respectivo
fondo, es decir para garantizar la disponibilidad de los recursos. El empleador,
además, paga intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción
sobre la suma causada en el año.
Siendo así, no resulta compatible aplicar las reglas del régimen general al
régimen especial docente, toda vez que, se insiste, en el régimen especial
docente no está prevista la existencia de cuentas individuales para cada
docente e, incluso, la forma en la que se liquidan los intereses es diferente en
cada régimen.

proporcionales por fracción de la suma causada en el año o fracción y que el valor liquidado por concepto
de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en una «cuenta individual a nombre
del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija» (Negrillas propias). El incumplimiento de dicho
plazo genera una sanción moratoria a cargo del empleador equivalente a un día de salario por cada retardo,
9 Ley 334 de 1996. Artículo 13: «Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de
1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades
del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la
fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación
de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o
entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo (…)»
10 Ley 1955 de 2019. Artículo 57: «Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el
Fondo deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración
y pago de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET)».
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6.4. Finalmente, la Sala no pasa por alto que el FOMAG sostuvo que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desconoció las reglas fijadas en la
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en razón a que «La
notificación de la decisión de segunda instancia, se generó con posterioridad a la
Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de fecha 11 de octubre de 2023, proferida
por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado»,

Sin embargo, no le asiste razón a la parte actora considerando que la
sentencia de unificación es posterior a la providencia cuestionada (22 de
septiembre de 2023)11.

Sobre el argumento planteado por el FOMAG, en casos semejantes al
presente esta Sección ha concluido que independientemente de la fecha en la
que se efectuó la notificación de la sentencia de segunda instancia
controvertida, lo relevante es que dicha providencia se profirió antes de la
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023
invocada. En otras palabras, esta última no existía para el momento en que se
dictó la sentencia reprochada. Así lo ha expresado la Sala:
«Por lo tanto, al margen de que la sentencia del 29 de septiembre de 2023 fuera notificada el
20 de octubre de 2023, la decisión cuestionada existió previo a que fuera dictada la sentencia
de unificación. La notificación es un acto procesal de publicidad de la providencia para las
partes, pero, en esencia, la decisión fue adoptada cuando todavía no existía un precedente
unificador en el órgano de cierre de lo contencioso administrativo»12.

En consecuencia, la Sala desestima el argumento de la parte actora
relacionado con la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de
octubre de 2023.
7. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca incurrió en defecto sustantivo. Por lo tanto, se revocará la decisión de
primera instancia y en su lugar se amparará el derecho al debido proceso del
FOMAG y se dejará sin efectos la sentencia de segunda instancia de 22 de
septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En consecuencia, se le ordenará a dicha autoridad judicial proferir sentencia de
reemplazo de segunda instancia, en la cual se adopten las consideraciones aquí
expuestas sobre la incompatibilidad de la sanción moratoria establecida en la Ley
50 de 1990 con el régimen de cesantías para docentes oficiales afiliados al FOMAG
consagrado en la Ley 91 de 1989.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

11 Con todo, se encuentra que la tesis expuesta en esta providencia de tutela se encuentra en armonía con la
Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 proferida el 11 de octubre de 2023 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, pues en esta decisión se expusieron las razones por las cuales la sanción moratoria
consagrada en la Ley 50 de 1990 no es compatible con el sistema de cesantías para docentes propuesto
en la Ley 91 de 1989.
12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 29 de febrero de 2024. Radicado Nro. 11001-03-15-000-
2024-00075-00. C.P: Wilson Ramos Girón. Demandante: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG. Demandado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
15

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00081-01
Demandante: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG

FALLA

1. Revocar la sentencia de 8 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, dada la motivación presentada en la parte
considerativa de esta decisión.

2. En su lugar, amparar el derecho al debido proceso del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia. Por lo tanto, dejar sin efectos la sentencia
de 22 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado Nro. 76111-33-33-003-2022-00125-01.

3. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta decisión,
profiera sentencia de reemplazo de segunda instancia, en la cual adopte las
consideraciones expuestas en esta providencia.

4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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