Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00075-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00075-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00075-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
29 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00075-00
Demandante: Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00075-00
Demandante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que reconoció sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 a docente oficial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Educación Nacional
• Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 11 de enero de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia
del 29 de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que accedió a las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de un docente oficial.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Tutelar a favor del Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio el derecho constitucional fundamental al debido proceso y
el acceso efectivo a la administración de justicia que contemplan los principios de legalidad,
prevalencia del derecho sustancial y el imperio de la ley, y además la aplicación de los
precedentes que gobierna la actuación judicial que se desprenden de los artículos 228, 229 y
230 de la Constitución Política, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca -
sala segunda de decisión Datada 29 de septiembre de 2023, a través de la providencia por medio
de la cual se ordenó́ el reconocimiento y pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de
1990, desconociendo el precedente jurisprudencial definido en la sentencia de unificación por el
H. Consejo de Estado el 11 de octubre de 2023, que declaró esta última normatividad
incompatible con la Ley 91 de 1989, aplicable a los docentes adscritos al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG (…)
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SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se solicita se ordene dejar sin efectos
jurídicos la decisión judicial del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - sala segunda de
decisión Datada 29 de septiembre de 2023 , respecto del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho bajo radicado 761113333003202200291, y en su lugar, ordenar a esa entidad judicial
proferir la sentencia de reemplazo que de aplicación al precedente jurisprudencial contenido en
la sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, en ese sentido, que se denieguen en su
totalidad las pretensiones de la demanda.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Jhon Jairo Lozano Ramírez es docente del municipio de Tuluá.
El 8 de octubre de 2021, el señor Jhon Jairo Lozano Ramírez solicitó al municipio de
Tuluá el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen
establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses
de las cesantías. Sin embargo, esa autoridad no resolvió de fondo la solicitud.
El señor Lozano Ramírez interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Tuluá, para que se declarara la
nulidad del acto ficto negativo derivado del silencio administrativo tras la petición del
8 de octubre de 2021. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías
de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las
cesantías.
La demanda se adelantó bajo el radicado 76111-33-33-003-2022-00291-00 y
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Buga, que, por sentencia del 30
de marzo de 2023, accedió a las pretensiones. Explicó que al personal docente sí le
es aplicable la Ley 50 de 1990 en lo que atañe al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la consignación de cesantías liquidadas en forma anual y dijo acoger la
tesis que, por vía de tutela, construyeron la Corte Constitucional2 y el Consejo de
Estado3, al señalar que, en virtud del principio de favorabilidad, esa norma resultaba
aplicable a los docentes.
También accedió a la indemnización por el retardo en el pago de los correspondientes
intereses a las cesantías de que trata la Ley 52 de 1975, porque, según dijo, ese
régimen resulta aplicable al personal docente sumado a que el FOMAG no acreditó
haber consignado oportunamente ese concepto al demandante.
Inconforme con la decisión, el FOMAG apeló y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en sentencia del 29 de septiembre de 20234, confirmó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 básicamente por las
mismas razones del juzgado de primera instancia, en especial, por aplicación de las
sentencias SU-098 de 2018 y SU-041 de 2020 de la Corte Constitucional. Sin
embargo, revocó el reconocimiento de la indemnización por el retardo en el pago de
los correspondientes intereses a las cesantías de que trata la Ley 52 de 1975.
2 Sentencia SU-098 de 2018.
3 Sentencias del Consejo de Estado del 20 de enero y 17 de junio de 2022, radicados 08001-23-33-000-2017-
00931- 01 (1001-2021) y 47001-23-33-000-2019-00043-01 (3373-2020), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y
William Hernández Gómez.
4 Notificada el 20 de octubre de 2023.
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4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el FOMAG manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En especial, sobre la relevancia constitucional señaló que el principio de
sostenibilidad fiscal tiene carácter constitucional y debe ser un criterio orientador de
las decisiones judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los
siguientes vicios de fondo:
En desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado por la Sección Segunda
del Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de
octubre de 2023. Explicó que la sentencia cuestionada, pese a que data del 29 de
septiembre de 2023 fue notificada el 20 de octubre de 2023 cuando ya era de
obligatoria aplicación la sentencia de unificación que dictó el órgano de cierre y que
dijo que no resultaba procedente reconocer la sanción moratoria prevista en la Ley 50
de 1990 a los docentes oficiales afiliados al FOMAG.
En defecto sustantivo por indebida aplicación del régimen de cesantías previsto en
la Ley 50 de 1990 a un docente oficial que es beneficiario del régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989. Que el FOMAG fue creado por la Ley 91 de 1989 y se rige por
el principio de unidad de caja a diferencia de las entidades administradoras de
cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 que administran cuentas individuales para el
pago de las cesantías de cada trabajador.
Que el procedimiento para la apropiación y transferencia de las sumas equivalentes a
las cesantías de los docentes se encuentran previstas en el artículo 8 de la Ley 91 de
1989, artículos 8 y 36 de la Ley 715 de 2001, artículos 12 y 13 del Decreto 196 de
1995 que deben interpretarse en concordancia con el artículo 5 del Decreto 3752 de
2003 y en ninguno de los casos prevé la posibilidad de abrir cuentas individuales para
cada uno de los afiliados. Que, por eso mismo, no existe posibilidad de consignar las
cesantías de la forma prevista en la Ley 50 de 1990.
Concluyó que la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 es incompatible con el régimen
especial docente.
5. Trámite
Por auto del 16 de enero de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de parte demandada, a los magistrados
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y vinculó en calidad de terceros con
interés, a Jhon Jairo Lozano Ramírez, al alcalde de Tuluá y al juez tercero
administrativo de Buga.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 17 de enero
de 20245.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ponente de la
decisión cuestionada, pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo.
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Explicó que no desconoció́ la sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023 del
máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Que, si bien la sentencia fue
notificada el 20 de octubre de 2023, lo cierto es que la fecha de expedición es del 29
de septiembre de 2023 y fue convocada para ser discutida en Sala de esa fecha.
Resaltó que la sentencia de unificación que se alega como desconocida señaló «que
los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables», y que por eso el precedente era de aplicación
inmediata solo respecto de los procesos que se encontraran en curso.
La juez tercera administrativa de Buga sostuvo que no vulneró ningún derecho al
FOMAG porque adoptó la decisión de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en ejercicio de la autonomía judicial y acorde con el
precedente vertical vigente. Que, además, la decisión acusada fue anterior a la
expedición de la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de
2023.
La jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de Tuluá pidió que se denegaran
las pretensiones de la acción de tutela. Dijo que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la parte actora y que prueba de ello es que las pretensiones se
encuentran dirigidas únicamente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
El apoderado de Jhon Jairo Lozano Ramírez pidió que se declarara improcedente la
solicitud de amparo por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, porque el
proceso agotó las dos instancias pertinentes y, en últimas, la discusión recae sobre
un asunto meramente económico.
Que, en todo caso, no había vulneración a los derechos fundamentales del FOMAG
porque la sentencia de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho fue dictada con antelación a la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-
2023 del 11 de octubre de 2023, que el hecho de que hubiera sido notificada el 20 de
octubre de 2020 no contraviene el precedente.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio para que se deje sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó la decisión de
acceder a las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1990 a favor de un docente oficial.
La Sala anticipa que amparará el derecho fundamental al debido proceso de la parte
actora porque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto
sustantivo al aplicar las reglas fijadas en la sentencia SU-098 de 2018, sin tener en
cuenta que, en este caso, el docente sí se encontraba afiliado al FOMAG.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
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2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se
analizan cuando se han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por el Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial.
3.1. La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, pues en caso
de que se hubiere realizado una indebida determinación del régimen aplicable a las
cesantías de los docentes oficiales en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho estaría comprometido el derecho al debido proceso del FOMAG.
Además, la Sala, como juez de tutela, no puede pasar por alto el deber de verificar si
se impuso una condena al Estado con fundamento en una norma que no corresponde,
pues, de ser así, se afectaría el patrimonio público. La propia Corte Constitucional ha
determinado que “cuando la controversia económica reviste un interés general porque afecta
de manera injusta y antijurídica el patrimonio público, tal situación, habilita la intervención del
juez de tutela con fundamento en el derecho y la obligación de proteger el erario” (sentencias
T-540 de 2013 y 610 de 2015).
3.2. La demanda de tutela también cumple con el requisito de inmediatez porque la
sentencia del 29 de septiembre de 2023 fue comunicada por correo electrónico a las
partes el 20 de octubre de 2023, es decir, fue efectivamente notificada el 24 de octubre
de 2023, siendo así, entre esa fecha y la presentación de la tutela (11 de diciembre
de 2023) transcurrieron 2 meses y 17 días, término que no supera el plazo de seis
meses establecido por la Sala Plena esta Corporación.
3.3. El FOMAG agotó los recursos judiciales ordinarios, pues presentó el recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia.
Tampoco era viable que la parte actora presentara recurso extraordinario de revisión
en contra la sentencia del 29 de septiembre de 2023 porque los argumentos que
plantea en la demanda de tutela no encajan en ninguna de las causales de que trata
el artículo 2508 del CPACA.
6 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
7 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
8 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
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3.4. Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable
los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto
es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene, en esencia, porque la sentencia cuestionada fue notificada con
posterioridad a la vigencia de la sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la indebida aplicación de la Ley 50
de 1990 a un docente que cuenta con un régimen especial de cesantías.
3.5. Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, los demandantes
cuestionan las decisiones de segunda instancia adoptadas en procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho.
4. Análisis del caso concreto
En el caso concreto, el FOMAG señala que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en (i) desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda
del Consejo de Estado en la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de
2023 porque la sentencia del 29 de septiembre de 2023 fue notificada el 20 de octubre
de ese mismo año cuando ya era aplicable la sentencia de unificación y, (ii) en defecto
sustantivo porque aplicó reglas del régimen general de cesantías a un docente oficial
beneficiario del régimen especial. En ese mismo orden, se resolverán los cargos
propuestos.
Sobre el desconocimiento del precedente. Para la Sala, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca no incurrió en desconocimiento del precedente porque la
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 dictada por
la Sección Segunda del Consejo de Estado es posterior a la providencia cuestionada
(29 de septiembre de 2023).
De hecho, la sentencia alegada como desconocida señaló que «la regla jurisprudencial
que en esta providencia se fija se aplicará a todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, en los términos de los
artículos 10 y 102 del CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa
juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son inmodificables».
En este caso, la Sala encuentra que, en efecto, el 28 de septiembre de 2023, el
magistrado ponente de la decisión cuestionada, convocó a sala de decisión el 29 de
septiembre de 2023 y entre los proyectos a estudiar se encontraba el expediente
76111-33-33-003-2022-00291-00. La sentencia aquí acusada fue adoptada en esa
sala de decisión.
Por lo tanto, al margen de que la sentencia del 29 de septiembre de 2023 fuera
notificada el 20 de octubre de 2023, la decisión cuestionada existió previo a que fuera
dictada la sentencia de unificación. La notificación es un acto procesal de publicidad
de la providencia para las partes, pero, en esencia, la decisión fue adoptada cuando
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada.
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todavía no existía un precedente unificador en el órgano de cierre de lo contencioso
administrativo.
En consecuencia, no prospera el cargo de desconocimiento del precedente judicial.
Sobre el defecto sustantivo. Para resolver, la Sala se referirá, como primera medida,
al régimen especial docente previsto en la Ley 91 de 1989 y al régimen general de
que trata la Ley 50 de 1990.
La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
señaló que las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se
causen a partir de la promulgación de esa norma estarían a cargo de la Nación y
serían pagadas por el FOMAG. El artículo 15 de esa ley, sobre las cesantías señaló
que:
3. Cesantías:
Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de
salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el
último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario
sobre el salario promedio del último año.
Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales
vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a
partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de
diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo
período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de
1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.
Por su parte, la Ley 50 de 1990, reformó el Código Sustantivo del Trabajo y, entre
otros asuntos, señaló la existencia de dos regímenes de cesantías, el primero
existente con anterioridad a esa norma y el segundo, el creado por el artículo 99 de la
Le 50 que previó lo siguiente:
ARTÍCULO 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad
o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por
la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales
por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía,
con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año
siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo
elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada
retardo.
4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no
hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses
legales respectivos.
5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma
naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.
6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autoriza,
y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el Gobierno Nacional, en
orden a:
a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el
territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el financiamiento
de actividades productivas.
7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán
regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía.
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A partir de lo anterior, la Sala precisa que los docentes tienen un régimen especial de
cesantías regulado por el artículo 15, numeral 3°, de la Ley 91 de 1989. Esa norma
prevé que los intereses de cesantías se deben calcular en función del Depósito a
Término Fijo (DTF) que establece la Superintendencia Financiera cada año. Además,
en los términos del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, para el pago de las
prestaciones económicas, el FOMAG «deberá aplicar el principio de unidad de caja con el
fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas por la
ley (...) Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a
sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios».
En cambio, en el régimen general de cesantías cada trabajador cuenta con una cuenta
individual en el fondo de cesantías al que se encuentra afiliado y los intereses se
reconocen en un equivalente del 12 % anual o proporcionales por fracción.
Siendo así, no resultaría compatible aplicar las reglas del régimen general al régimen
especial docente, toda vez que, se insiste, en el régimen especial docente no está
prevista la existencia de cuentas individuales e, incluso, la forma en la que se liquidan
los intereses es diferente en cada régimen.
Además, aunque la Ley 344 de 1996 extendió las reglas del régimen general de
cesantías a todas las personas que se vincularan a órganos o entidades del Estado,
lo cierto es que el artículo 13 excluyó de esa aplicación a las personas beneficiarias
de derechos convencionales y de la Ley 91 de 1989.
Ahora, en el caso concreto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la
sentencia cuestionada, sostuvo que si bien “el régimen de las cesantías del Magisterio
está contemplado en el artículo 15, numeral 3°, de la Ley 91 de 1989 y que el artículo 13 de
la Ley 344 de 1996 exceptuó al personal docente, lo cierto era que “dicha interpretación
exegética no se compadece con la interpretación constitucional que reporta el mayor beneficio
para el empleado y que se ajusta a los postulados del artículo 53 de la Carta Política, como
se pasará a explicar conforme al precedente judicial fijado en la materia por la Corte
Constitucional”.
Enseguida, el tribunal demandado se refirió al contenido de la sentencia SU-098 de
2018 de la Corte Constitucional, que, según dijo, fue reiterado en la sentencia SU-
041 de 2020 y concluyó que “las sentencias de unificación (SU) de la Corte Constitucional
son usualmente sentencias “hito” de obligatorio cumplimiento, en tanto, como sucede con
las sentencias SU-098 de 2018 y SU- 041 de 2020 -aplicables al caso sub lite-, crean una
sub regla de derecho constitucional, la cual consiste básicamente en que no debe
interpretarse el régimen especial de los docentes como un aislamiento de las garantías de
igualdad y favorabilidad, en relación con la sanción moratoria por la no consignación del
auxilio de cesantías en los términos previstos en la Ley 50 de 1990”.
Luego de esa precisión, en la sentencia acusada se concluyó que el docente era
beneficiario de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y frente a los cargos
del FOMAG sobre la falta de identidad fáctica entre el caso resuelto por la SU-098 de
2018 y el caso puesto a consideración del tribunal, sostuvo:
43. Y aunque la demandada plantea en la apelación una supuesta inaplicación al caso concreto
de la sentencia SU-098 de 2018, la Sala dirá que el supuesto fáctico de dicho precedente judicial
es plenamente aplicable al sub lite, en tanto allí se debatió la situación de un docente oficial al
que no se le consignaron oportunamente sus cesantías, situación similar a la que ocupa ahora
la Sala.
44. En efecto, independientemente del hecho de estar o no afiliado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales, que fue algo meramente circunstancial en los antecedentes fácticos de
la sentencia SU-098 de 2018, los supuestos fácticos esenciales que motivaron la expedición de
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dicho precedente judicial de la Corte Constitucional están desarrollados a partir del numeral 62
de tal proveído, en donde se deja en claro que existió una interpretación restrictiva de los
despachos accionados en el entendimiento de las normas que consagran la sanción moratoria
por la no consignación de cesantías, por el simple hecho de ser el demandante una docente
oficial, como exactamente sucede en el caso sub examine.
Frente a las anteriores consideraciones, la Sala comienza por decir que, tal y como lo
señala el tribunal demandado, las sentencias que emite la Corte Constitucional, en
condición de máximo juez de la jurisdicción constitucional, al ejercer la revisión de
sentencias de tutela y al unificar jurisprudencia, tienen fuerza vinculante porque fijan
la forma cómo deben interpretarse las normas. Es decir, cuando se dicta una
sentencia de unificación, «el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es
fijado válida y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa
juzgada y tienen fuerza vinculante»9.
Sin embargo, para que las reglas que se fijan en las sentencias de unificación sean
aplicadas, los casos deben guardar similitud fáctica y jurídica, pues solo de esa
manera es como se afianza la interpretación y aplicación uniforme del derecho.
En lo que aquí interesa, es cierto que la sentencia SU-098 de 2018 la Corte
Constitucional, en aplicación del principio de favorabilidad, determinó que era
procedente reconocer el pago de la sanción prevista en el artículo 99, numeral 3, de
la Ley 50 de 1990 a un docente. Pero no puede pasarse por alto que ese
reconocimiento se hizo porque el docente no había sido afiliado durante el vínculo
laboral al FOMAG y, en consecuencia, no le habían sido pagadas cesantías.
Es más, posteriormente, en sentencia SU-573 de 2019, la propia Corte Constitucional
precisó que la sentencia SU-098 de 2018 no era aplicable en todos los casos,
precisamente por la ausencia de identidad fáctica entre quienes se encuentran
afiliados al FOMAG y gozan de un régimen especial de cesantías y quien no fue
afiliado al respectivo fondo. En lo que interesa, esa sentencia dijo:
Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el juez de
primera instancia la Sentencia SU-098 de 2018, por medio de la cual la Corte Constitucional
resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías en la
fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos financieros que se causaron
con dicho retardo”. A pesar de no haber sido parte del debate procesal en sede de tutela, esta
sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al asunto sub examine respecto del cual
se pueda evidenciar prima facie una amenaza de vulneración a los derechos fundamentales de
los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es posterior a las providencias judiciales cuestionadas
en sede de tutela y, (ii) no obstante la Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no
consignación oportuna de las cesantías prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344
de 1996 y los Decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica también
“impide aplicar el precedente al caso concreto”, como pasa a explicarse.
Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el escalafón
Vinculación Docente en provisionalidad. docente de carrera con nombramiento
en propiedad.
El vínculo del docente terminó, dado
que se acogió a lo dispuesto en el Decreto
1278 de 2002. Por tal razón, la Secretaría
Actualmente, los docentes se
de Educación de este municipio expidió la
encuentran vinculados con el
Vigencia del Resolución N° 4143.3.21.5447 del 22 de
Departamento del Atlántico y su vínculo
vínculo laboral octubre de 2007, por la cual reconoció el
laboral se ha mantenido vigente sin
pago de las prestaciones sociales
solución de continuidad10.
definitivas e informó que el pago se
realizaría en el respectivo Fondo de
Cesantías.
9 Sentencia C-634 de 2011.
10 Fls. 63, 64, 67 y 71 del Cdno. Principal.
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El docente nunca fue afiliado al Fondo
Afiliación al Nacional de Prestaciones Sociales del Los docentes sí fueron afiliados al
FOMAG Magisterio (FOMAG) ni a otro fondo, por FOMAG.
un error interno.
Una vez culminó su relación laboral con el
Los docentes no reclamaron el pago
Municipio de Santiago de Cali, al docente
Reclamación efectivo de las cesantías de los años
le reconocieron el pago de las
efectiva de 2001, 2002 y 2003. No obstante, sí
prestaciones sociales, entre estas, las
pago de las solicitaron el pago de la sanción
cesantías.
cesantías moratoria por no consignación de las
cesantías por dicho periodo.
El docente solicitó el reconocimiento,
Tipo de Los docentes solicitaron el
liquidación y pago de la sanción moratoria
sanción reconocimiento y pago de la sanción
por la no consignación de las
moratoria moratoria por la no consignación
cesantías, los intereses a las cesantías
reclamada oportuna de las cesantías.
ni los rendimientos.
De la revisión del caso que dio origen a la sentencia SU-098 de 2018 y el caso
analizado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Sala encuentra que no
tienen similitud fáctica. En efecto, mientras en el caso analizado por la Corte se trató
de un docente en provisionalidad cuyo vínculo laboral terminó sin que el ente territorial
para el que trabajó lo hubiera afiliado al FOMAG, en el caso del señor Jhon Jairo
Lozano Ramírez se trata de un docente vinculado al municipio de Tuluá con vínculo
laboral vigente y debidamente afiliado al FOMAG11.
En consecuencia, para este caso específico, no era posible aplicar el precedente fijado
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, pues, se insiste, no existía
identidad fáctica con los hechos que dieron origen a esa providencia12.
En lo que tiene que ver con la sentencia SU-041 de 2020, la Sala encuentra que
tampoco resultaba aplicable al caso del señor Jhon Jairo Lozano Ramírez porque no
comparte similitud fáctica. Los hechos que dieron origen a la sentencia de unificación
se dieron en el marco de la falta de respuesta a diferentes derechos de petición de
docentes que pretendían el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de cesantías parciales o definitivas y la indexación hasta la fecha en que se
efectuara el pago de la moratoria.
De hecho, el problema jurídico en ese caso se contrajo a «determinar (i) si las entidades
accionadas vulneraron el derecho de petición de los accionantes al no dar respuesta de fondo
a las solicitudes de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, en los términos previstos
en el artículo 23 Superior; y (ii) si la falta de previsión de un periodo de transición para efectuar
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, a partir de lo expuesto en las sentencias de
unificación SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional y SUJ-012-S2 del Consejo de Estado,
ha derivado en el quebrantamiento de los derechos a la seguridad social y al pago oportuno
de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al FOMAG, en virtud de los artículos 48
y 53 de la Constitución».
11 Expediente del proceso ordinario. Archivo 05 Anexos Demanda.
12 La Sala estima pertinente mencionar, a modo meramente ilustrativo, que, incluso, la precisión de la Corte
Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 coincide con la distinción desarrollada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, que unificó
reglas en este sentido: «los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo
que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo
99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal».
Aunque la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 no se encontraba vigente para
la fecha en que fue dictada la providencia objeto de tutela, coincide con la sentencia SU-573 de 2019 en que la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 en favor de un docente oficial solo resulta aplicable cuando el
docente no esté afiliado al FOMAG.
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La Sala no pasa pasar por alto que, en efecto, como lo sostuvo el tribunal demandado,
la sentencia SU-041 de 2020 señaló que «el reconocimiento de esta prestación económica
frente a los miembros del magisterio ha operado tanto en virtud de la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, como por extensión del numeral 3º del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, a través de la Ley 344 de 1996, reglamentada por los Decretos 1582 de 1998
y 1252 de 2000».
Sin embargo, esa conclusión no conduce de manera inequívoca a aceptar que la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es aplicable en todos
los casos a docentes. La lectura de esa conclusión debe realizarse en conjunto con
los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-041-2020,
que para afirmar que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 es aplicable a los docentes oficiales hizo alusión a la sentencia SU-098 de 2018,
decisión que, como se vio, fue dictada en el caso de un docente que no fue afiliado al
FOMAG y, por esa razón, la Corte determinó que, en garantía de los derechos
laborales y por el principio de favorabilidad, podía aplicarse la Ley 50 de 1990 en ese
especial caso.
Siendo así, aunque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca enunció como
subreglas de derecho las establecidas en las sentencias SU-098 de 2018 y SU-041
de 2020 de la Corte Constitucional para concluir que la sanción moratoria prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 era aplicable a todos los casos de docentes
oficiales, lo cierto es que no consideró que la subregla establecida en la sentencia SU-
098 de 2018 fue establecida para casos de docentes que no fueron debidamente
afiliados el FOMAG, regla que no se cumple en el caso del señor Lozano Ramírez,
que se encuentra afiliado al FOMAG y goza de los beneficios del régimen especial
previsto en la Ley 91 de 1989.
Tampoco tuvo en cuenta que la sentencia SU-041 de 2020 no fijó una subregla
aplicable al caso del demandante porque la sentencia tuvo origen en un caso de
violación al derecho fundamental de petición, pero no se discutía el derecho a la
aplicación del régimen general de cesantías al personal docente.
Por esas razones, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en defecto sustantivo al determinar que el régimen general de cesantías era
aplicable por favorabilidad a los docentes que están afiliados al FOMAG y que, por
ende, gozan de un régimen especial. En consecuencia, la Sala concederá el amparo
solicitado y en la parte resolutiva se darán las órdenes correspondientes.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En consecuencia,
se dispone:
2. Dejar sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 76111-33-33-003-2022-00291-01.
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Demandante: Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de 20
días, contado a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de reemplazo,
en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
12
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