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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00048-00

Fecha
19 de febrero de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00048-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00048-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

19 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 110010315000202400048 00

Accionante: CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ LONDOÑO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende convertir la
acción de tutela en una instancia adicional del proceso ejecutivo.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Carlos Arturo Hernández Londoño, de conformidad con el
Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 11 de enero de 2024, el señor Carlos Arturo Hernández Londoño, por conducto
de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Caldas y el Juzgado 6 Administrativo de Manizales, con el fin de que se

1
Que ingresó para fallo el 29 de enero de 2024.

Radicación número: 110010315000202400048 00
Accionante: Carlos Arturo Hernández Londoño
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y de acceso a
la administración de justicia.

2. Hechos relevantes

El señor Carlos Arturo Hernández Londoño interpuso demanda ejecutiva contra el
municipio de Manizales, con el fin de obtener el cumplimiento del fallo del 31 de
julio de 2014, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó el
pago del “trabajo suplementario: dominicales, recargos nocturnos, horas extras y
reliquidar las prestaciones sociales, en los términos previstos por el Decreto 1042
de 1978, causados a partir del 01 de enero de 2005 hasta el 31 de agosto de
2012”.

Mediante sentencia del 28 de octubre de 2021, el Juzgado 6 Administrativo de
Manizales declaró probada la excepción de pago propuesta por el municipio de
Manizales y dispuso no seguir adelante con la ejecución.

La parte ejecutante apeló la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo de
Caldas, el que, por medio de proveído del 6 de julio de 2023 -notificado el 7 del
mismo mes y año-, la confirmó y condenó en costas a la parte vencida.

3. Fundamentos de la demanda

La parte accionante señaló que se configuró un defecto procedimental absoluto
porque se omitió lo referente a la liquidación.

Explicó que “en la primera instancia al demandante se le da la oportunidad de
presentar la liquidación o de objetar la que se realice de oficio por el a quo, de esta

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Radicación número: 110010315000202400048 00
Accionante: Carlos Arturo Hernández Londoño
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

manera la liquidación realizada por el Tribunal es arbitraria en la medida que no
permite la contradicción de la misma”.

Afirmó que también se configuró ese defecto porque el tribunal efectuó una
tabulación del tiempo servido genérica, sin que se conociera de dónde provienen
los valores de la misma.

Agregó que “la tabulación del trabajo servido se realiza semana a semana y por
consiguiente se debió anexar a la sentencia de tal manera que pudiese ser
controvertida por el accionante”.

Dijo que se incurrió en un defecto sustantivo, debido a la interpretación caprichosa
de la sentencia que se pretendía ejecutar.

Precisó que el tribunal accionado actuó como juez del proceso declarativo y
asumió que los recargos nocturnos y las horas extras nocturnas son
incompatibles, cuando no es así. Además, “extendió el concepto de continuidad y
habitualidad que el decreto 1042 de 1978 establece para el trabajo desarrollado en
los días dominicales y festivos (arts 39 y 40), a la jornada ordinaria (horas extras y
recargos nocturnos)”.

Afirmó que con la anterior situación también se materializó una decisión sin
motivación porque “se extralimitó y abusó de su autonomía funcional, pues no se
ajustó al decreto 1042 de 1978”.

De otra parte, planteó que se configuró un defecto por violación directa de la
Constitución, bajo el entendido de que (trascripción literal con posibles errores
incluidos):

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Accionante: Carlos Arturo Hernández Londoño
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

1. El capital de $89.942.465,oo fue determinado por el Tribunal de manera
unilateral sin que existiese para la parte demandante poder cuestionar ese
resultado, esto es, una decisión inquisitiva.

2. Los intereses moratorios se causan hasta el día en que pague el total del
crédito reclamado, no a diciembre de 2014 como lo quiere imponer el Tribunal.

3. Si el Municipio pagó un mayor valor es algo que solo se podría determinar
en la primera instancia del proceso ejecutivo dando trámite a la etapa de la
liquidación del crédito donde hay garantía para ambas partes y no imponiendo
el Tribunal una liquidación de manera autoritaria.

4. Si la liquidación del crédito se realiza sobre las mismas bitácoras, por qué el
número de horas tabuladas por el Tribunal difieren de las horas tabuladas por
el juez de primera instancia.

5. El valor de la liquidación se incrementará en la medida en que se
reconozcan los preceptos no incluidos en la misma, como son los recargos
nocturnos dominicales y las horas extras que superan el tope de las 50 horas.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia de 17 de enero de 2024, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y se vinculó,
como tercero con interés, al municipio de Manizales -ejecutado en el proceso con
radicado No. 170013339006201800537 02-. Así mismo, se dispuso la notificación
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4.2. El Juzgado 6 Administrativo de Manizales se limitó a remitir el expediente
digital del proceso ejecutivo fundamento de la presente actuación, sin hacer
consideraciones adicionales.

El Tribunal Administrativo de Caldas y el municipio de Manizales guardaron
silencio.

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Accionante: Carlos Arturo Hernández Londoño
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional.

La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces2.

Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber3:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está
constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial.

2
Sentencia T–422 de 2018.
3
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicación número: 110010315000202400048 00
Accionante: Carlos Arturo Hernández Londoño
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Revisada la demanda, se evidencia que el señor Carlos Arturo Hernández
Londoño acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir el debate jurídico
y probatorio del proceso ejecutivo promovido contra el municipio de Manizales,
cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos
fundamentales no comporta una instancia adicional del proceso ordinario.

Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural de la causa, que en la presente acción se insiste en
argumentos que fueron expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 28 de octubre de 2021, por medio del cual el Juzgado 6
Administrativo de Manizales declaró probada la excepción de pago propuesta por
el municipio de Manizales y se abstuvo de seguir adelante con la ejecución.

Lo anterior se evidencia si se tiene en cuenta que en el recurso de apelación –al
igual que se hizo en la demanda de tutela– el tutelante indicó que (trascripción
literal):

… el fallador de primera instancia se equivocó al declarar probada la
excepción de pago total de la obligación, por cuanto al realizar la liquidación
del crédito se suprimió el reconocimiento de horas extras nocturnas, que -a su
criterio- habían sido reconocidas en el fallo base de recaudo.

Recordó que la jornada de los bomberos ha sido considerada como aquella de
carácter mixto y, por tanto, el trabajo suplementario que se realice fuera la
jornada ordinaria del trabajo debe ser reconocida.

De otro lado, se cuestionó el cuadro contentivo de la liquidación de crédito
efectuada por el A quo toda vez que el valor de la hora utilizado para
cuantificar el valor del monto adeudado no incluyó el valor de las horas extras
nocturnas ni los recargos nocturnos que se causaron en los días de descanso
obligatorio ‘los cuales se calculan sobre el valor doble de la hora trabajada en
dichos días dominicales y festivos’. Por lo tanto, se estima que el capital
insoluto fue mal liquidado.

Como consecuencia necesaria del hilo argumentativo, señala que, al estar
presuntamente mal liquidado el saldo adeudado, también se encuentran mal

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Accionante: Carlos Arturo Hernández Londoño
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

liquidados los intereses moratorios, que recuerda, deben reconocerse incluso
con posterioridad al pago parcial efectuado por la Resolución 749 de 20144.

Aspectos que fueron analizados y definidos de manera razonable por el Tribunal
Administrativo de Caldas, mediante providencia del 6 de julio de 2023, en la que
se confirmó la decisión de primera instancia, bajo los siguientes argumentos
(transcripción literal):

Solución al primer problema jurídico
Tesis: La Sala estima que la resolución emitida por el Municipio de
Manizales el 30 de diciembre de 2014, cumplió a cabalidad con lo
ordenado en la sentencia base de recaudo.

(…)

De lo que antecede se concluye que, el título ejecutivo impone dos tipos de
obligaciones: una de hacer y otra de pagar una suma de dinero.

Para el a quo, la entidad ejecutada dio un cumplimiento total a las órdenes
impuestas, emitiendo la resolución 749 del 30 de diciembre de 2014; pues al
comparar la liquidación hecha por ese despacho, se tiene que el Municipio de
Manizales reconoció un valor en exceso a lo ordenado en el fallo base de
recaudo y, por tanto, la liquidación presentada en la demanda ejecutiva no se
acompasa con la realidad.

Acorde con dichas manifestaciones y previa verificación contable que realizó
esta corporación, se comparte la existencia de un pago total de la obligación,
e incluso más allá de lo requerido, lo anterior, por cuanto en la providencia
emitida por el Tribunal Administrativo de Caldas si bien se condenó al
Municipio de Manizales a pagar al señor Carlos Arturo Hernández Londoño el
trabajo suplementario laborado desde el 01 de enero de 2005 al 31 de agosto
de 2012, ello refiere a los montos que no fueron liquidados correctamente, por
lo que, de contera, se concluye que debe descontarse lo efectivamente
pagado al demandante.

En ese sentido, el reconocimiento debía versar sólo por la diferencia entre lo
que se debió cancelar el municipio por el total del trabajo suplementario y lo
efectivamente pagado (páginas 27 a 41 del documento 032 anexos, del
cuaderno C01Principal).

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Extractado del fallo de segunda instancia.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Del reconocimiento por concepto de horas extras

El Decreto 1042 de 1978 que sirvió de fundamento a la sentencia respecto de
la cual se reclama cumplimiento, dispuso que el número máximo de horas
extras que pueden ser pagadas al accionante es de 50 horas mensuales, por
lo cual el recargo por horas extras únicamente debe ser liquidado sobre dicho
número de horas, recordando que estas corresponden a las que superen las
44 horas semanales (equivalente 190 mensuales).

De otro lado, es menester recordar que el valor a cancelar al demandante por
cada hora extra que aquel haya prestado - hasta un máximo de 50 horas
mensuales - corresponderá al valor de la hora ordinaria, multiplicado por un
125%, obteniéndose así, el valor de la hora laborada más el 25% del recargo
por tratarse de una hora extra.

No obstante, el tope legal de las 190 horas de jornada ordinaria al mes, al
observar la Resolución 749 del 30 de diciembre de 2014 (Página 3 y
siguientes del documento 006Anexos del Cuaderno C01Principal) se
evidencia que el ente territorial al liquidar las horas extras, dominicales y
festivos entre el periodo comprendido el 01 de enero de 2005 al 31 de agosto
de 2012, tuvo como base un equivalente a 176 horas al mes como jornada
ordinaria y las relacionó en la columna denominada ‘horas legales’.

Con ello, se concluye que, el municipio reconoció como trabajo suplementario
un total de 14 horas adicionales al mes durante dicho periodo (2005 a 2012);
tiempo que en verdad correspondía a la jornada ordinaria. De igual forma, se
evidencia que el total de tiempo suplementario que superaba las 50 horas
mensuales fue reconocido en dinero en el acto administrativo que ordenó
pago de la sentencia judicial (columnas No. 9, 10 y 11 de la Resolución 749 de
2014).

Por tanto, a todas luces se evidencia un conteo superior al verdadero tiempo
suplementario laborado, lo que impactó de manera directa en el pago en
dinero que superó el tope las 50 horas extras al mes.

Del reconocimiento de recargos nocturnos

La sentencia aportada como base de recaudo de manera expresa dispuso
que, el Municipio de Manizales debía cancelar al demandante los recargos
nocturnos de que trata el artículo 35 del Decreto 1042 de 1978.

Dicho recargo no fue liquidado en la oportunidad correspondiente pues, en la
Resolución 749 del 30 de diciembre de 2014, en relación a este concepto se
dijo: ‘Que la Alcaldía de Manizales, se encuentra a paz y salvo por concepto
de recargos nocturnos con el señor CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ
LONDOÑO’ (Página 52 del documento 021 cuaderno C01Principal). Por tanto,
de las horas laborales ordinarias mensuales (190), se debe determinar cuáles

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Accionante: Carlos Arturo Hernández Londoño
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

de ellas lo fueron en horario nocturno a fin de aplicarles el recargo
correspondiente al 35%.

Del reconocimiento de horas extras nocturnas

Frente a este asunto, vale esclarecer que el recargo por concepto de horas
extras nocturnas difiere y no puede ser confundido con el simple recargo por
horas extras o con el recargo por horas nocturnas, pues como puede colegirse
del contenido de los artículos 35 a 37 del Decreto 1042 de 1978, el recargo
por concepto de horas nocturnas equivalente a un 35% se encuentra
establecido para los trabajadores que habitual u ordinariamente laboran en
jornada mixta, tal como sucede en el caso del demandante y, por ello, que se
haya accedido al reconocimiento de recargos nocturnos. En su lugar, el pago
de horas extras nocturnas con recargo del 75%, fue establecido como aquel
que se ejecuta excepcionalmente entre las 6 p.m. y las 6 a.m.

En este orden de ideas, para la Sala Ponente es diáfano que, la parte
ejecutante no puede válidamente reclamar el pago de recargos nocturnos y a
su vez el pago de horas extras nocturnas, pues, en primer lugar, la sentencia
únicamente reconoció el recargo nocturno y, además, porque las dos figuras
resultan excluyentes, al haberse dispuesto una para aquellos trabajadores que
en forma ordinaria u habitual laboran en horario nocturno y la otra para
aquellos que lo hacen en forma excepcional. Por lo cual, el ejecutante no
puede tener ambas calidades y reclamar ambos emolumentos.

Por ello, se despacha negativamente la pretensión encaminada a reclamar el
pago de horas extras nocturnas, pues conforme a la sentencia base de
recaudo sólo es procedente el pago de recargos nocturnos.

Del reconocimiento por dominicales y festivos.

La sentencia – de segunda instancia- base de recaudo dispuso el
reconocimiento de dominicales. Por tanto, únicamente deberá realizarse la
liquidación y verificar el reconocimiento y pago de un recargo del 100% de los
días efectivamente laborados en día de descanso obligatorio dominical.

En este orden de ideas, al revisar la resolución 749 se observa que en ella se
reconocieron horas extras, dominicales y festivos, incluso cuando respecto de
éstos últimos no había condena en el fallo de segunda instancia ordinario que
sirvió de base de recaudo. En dicho acto administrativo a su vez se declaró
estar a paz y salvo por concepto de recargos nocturnos, por lo que -al menos
en apariencia- se tuvieron en cuenta las ordenes impartidas en el título
ejecutivo complejo.

Como corolario de lo anterior, aclarados los conceptos básicos que han de
gobernar la liquidación, en el acápite siguiente se realizará lo propio para
establecer si el ente territorial en efecto pagó cabalmente la obligación e

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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

incluso por un valor superior al efectivamente debido.

Solución al segundo problema jurídico
Tesis: La sala defiende la postura que, no es necesario efectuar
reliquidación del trabajo suplementario reconocido al actor y que, por el
contrario, se observa un pago total de la obligación.

II. LO PROBADO

• El Municipio de Manizales mediante Resolución 749 del 30 de diciembre de
2014 procedió a dar cumplimiento a las órdenes de reconocimiento y pago en
las sentencias que constituyen el título ejecutivo.

Pese a ello, el ejecutante aduce un pago parcial al no reconocerse horas
extras nocturnas y al haberse aplicado tarifas incorrectas en la tablilla de
liquidación del crédito efectuada por el ad quo. Por su lado, el ente territorial
manifestó en la contestación de la demanda haber realizado un pago total de
la obligación, a través de la resolución 749 del 30 de diciembre de 2014, frente
a la cual la parte ejecutante formuló recursos que fueron despachados
negativamente (documento 032 cuaderno C01Principal).

En ese sentido, al verificar que unos fueron los conceptos reconocidos y otros
los liquidados por el Municipio de Manizales, en principio se podría indicar que
la sentencia base de recaudo ha sido cumplida de manera parcial. No
obstante, para evaluar si es acorde la determinación de declarar probada la
excepción de pago total de la obligación, sólo resta por realizar la liquidación
en los estrictos términos dispuestos en la sentencia base de recaudo así:

Liquidación horas conforme a las bitácoras: (…)

El anterior resumen es el reflejo de consolidar mensualmente las horas
efectivamente laboradas conforme a las bitácoras que fueron allegadas al
expediente ordinario (2010 00420) y con fundamento en las cuales se
emitieron los fallos base de recaudo, las cuales vale precisar reflejaron el total
del tiempo trabajado entre el 01 de enero de 2005 y el 31 de agosto de 2012.

No obstante, es importante resaltar que en el total de horas no se tendrán en
cuenta las relativas a los días festivos, por haber sido este punto
expresamente excluido por falta de prueba en la sentencia del 31 de julio de
2014 emitida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que compone el título
ejecutivo complejo respecto del cual aquí se busca cumplimiento.

Una vez realizados los cálculos de trabajo suplementario, se proceden a
liquidar los reconocimientos efectuados por la sentencia del 31 de julio de
2014 emitida por el Tribunal Administrativo de Caldas en la cual se revocó la
negativa a las pretensiones que había proferido el Juzgado Quinto
Administrativo de Descongestión y en su lugar ordenó restablecimiento del

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derecho así: (…)

En este sentido, se ratifica que existió un pago total de la obligación (aunque
se discrepe de la liquidación efectuada por el a quo) y deberá confirmarse en
este punto la sentencia de primera instancia.

De acuerdo a lo anterior, se concluye que, no era procedente proferir
sentencia ordenando continuar adelante con la ejecución, pues como se ve,
los reconocimientos efectuados por el Municipio de Manizales en las
Resolución 749 de 2014 fueron por un total de $90.645.097 (trabajo
suplementario) y $22.809.161 (cesantías), valores que superan por mucho la
liquidación efectuada por esta corporación, pues como se vio, en las mismas
se liquidó y pagó la totalidad del trabajo suplementario prestado sin tener
cuenta el tope máximo legal de 50 horas al mes, incluso la jornada ordinaria
se cuantificó con la base de 176 horas al mes y no con 190 como en efecto lo
es y finalmente, se reconocieron días festivos aunque sobre estos no hubo
condena judicial.

En este sentido, se debe indicar que la resolución 749 de 2014 dio cabal
cumplimiento a las órdenes impartidas en el fallo base de recaudo y contrario
a lo indicado por el ejecutante no existe un saldo insoluto. Con lo cual, es
menester declarar probada la excepción de pago total de la obligación alegada
por el Municipio de Manizales y confirmar el sentido de la sentencia confutada.

Solución al tercer problema jurídico
Tesis: La sala expondrá que sí se configuraron intereses de mora en el
periodo comprendido entre el 19 de agosto de 2014 y el 30 de diciembre
de 2014, pero en monto distinto al ordenado por el a quo.

(…)

Conforme a la anterior jurisprudencia, no solamente son procedentes los
intereses moratorios, sino que los mismos, se originan desde la ejecutoria
misma de la sentencia.

Está probado que la sentencia base de la ejecución como se ha indicado,
quedó ejecutoriada el 19 de agosto de 2014, es decir cuando ya estaba en
vigencia el Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, norma que establece en su artículo 192, que las cantidades
líquidas reconocidas en las sentencias devengarían intereses moratorios lo
cuales se causan desde la ejecutoria de la sentencia.

De conformidad con el material probatorio, es claro que a través de la
Resolución 749 del 30 de diciembre de 2014 se dio cumplimiento total al fallo.
No obstante, como fue necesario ordenar una reliquidación del trabajo
suplementario del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2005 y el 31
de agosto de 2012 por un valor de 82.277.367, sobre éste debe reconocerse

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además intereses moratorios, dado el tiempo que transcurrió entre la
sentencia ejecutoriada: 19 de agosto de 2014 y el reconocimiento y pago de la
obligación Resolución 749 del 30 de diciembre de 2014, así: (…)

De acuerdo a lo anterior, el municipio debió haber cancelado a la parte
ejecutante intereses moratorios que ascienden a un total de $7.665.099 y no
$93.849.940, como se solicitó en la demanda ejecutiva, ni por $6.593.840
como se indicó por el a quo.

Pese a la existencia del derecho, no es procedente ordenar su pago efectivo
en este momento procesal pues, como se vio, los pagos realizados por el
Municipio superaron por mucho los saldos ordenados por el fallo base de
recaudo (negrilla del original).

En ese contexto, la Subsección considera que lo pretendido por la parte tutelante
es que se realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez
natural, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela de la referencia
por el incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional5, dado que, como
lo ha señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un ‘juicio
de validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado6, lo que se
opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de
los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que
dieron origen a la controversia”7.

De conformidad con lo anterior, se declarará la improcedencia del amparo
solicitado por el señor Carlos Arturo Hernández Londoño.

5
Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
6
Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)
indicó: ‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial,
basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela
ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo.
En cambio, la tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad
de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los
derechos fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018
(MP Cristina Pardo Schlesinger)”.
7
Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicación número: 110010315000202400048 00
Accionante: Carlos Arturo Hernández Londoño
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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