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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2024-00048-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2024-00048-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2022, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas al accionante. Por la Secretaría liquídense. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el recurrente, asignando un (1) SMLMV para cada una de las entidades que acudieron a participar en este trámite, esto es, el DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA a los doctores JACQUELINE ROMERO ESTRADA y ANDRÉS FELIPE CABEZAS TORRES como apoderados judiciales de LA PREVISORA S.A. 41 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001 03 15 000 2024 00048 00 Actor: FUNDEPADUA RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN COMPAÑIA DE SEGUROS y el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, respectivamente, según los poderes presentados al contestar este recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2024-00048-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Núm. único de Radicación: 11001032400020240004800
Actora: FUNDACIÓN SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE
PADUA - FUNDAPADUA

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por

la FUNDACIÓN SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE

PADUA – FUNDAPADUA, entidad sin ánimo de lucro, contra la

sentencia proferida el 19 de diciembre de 2022 por el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca, que REVOCÓ1 los numerales 1

y 2 de la sentencia 196 de 3 de noviembre de 2017, dictada por el

Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali y, en su

lugar, DENEGÓ las pretensiones a las que había accedido el a quo

1
La sentencia revocada dispuso en el numeral 1 ANULAR los actos acusados y en el 2, ACCEDIÓ a
título de restablecimiento a declarar que la parte demandante no estaba obligada a pagar la sanción
impuesta como responsable de una infracción urbanística.

2

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Actor: FUNDEPADUA
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dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho promovido por la actora.

I. ANTECEDENTES

1.1. La parte recurrente ejerció medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra el Distrito de Santiago de Cali2,

con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones 4132.0.21.393

de 28 de noviembre de 2013 “Por medio de la cual se impone

una sanción urbanística al responsable de una infracción

urbanística”; y la 411.0.21.0125 de 14 de julio de 2014, “Por la

cual se resuelve un recurso de apelación”.

1.2. Aseguró que las resoluciones demandadas ordenaron imponer

una multa que no existe en la ley, la que se sustentó en el supuesto

incumplimiento de las resoluciones núms. CU1-0522 de 16 de julio

de 2003, que concedió la licencia de urbanismo para desarrollar un

proyecto denominado Colegio Mayor San Antonio de Padua,

etapas I, II, III, IV, V y VI; y la 760011081115 de 28 de octubre

de 2008, que contiene la licencia urbanística del proyecto de

ampliación a través de la cual se aprueban las etapas I, II, III, IV,

V y VI más la edificación de un pabellón con cubierta.

2
Al momento de impetrarse la demanda ordinaria la entidad acusada se le denominaba Municipio de
Santiago de Cali; sin embargo, fue recategorizado a Distrito según la Ley 1933 de 2018. A partir del
1o. de agosto de 2018 se designa como: Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. Para efectos de este recurso, en adelante se le
identificará como el Distrito de Santiago de Cali.

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1.3. El presunto incumplimiento obedeció a la no construcción de

i) la calzada norte de la carrera 146: 2.712 m2 (incluidos: la

calzada, el andén y el medio separador central); ii) carrera 145:

1.092 m2 (incluye media calzada y andén); y iii) calle 22: 715 m2

(incluye media calzada y andén), en un área total de 4.519 metros

cuadrados, obligación que fue adquirida en las referidas licencias.

1.4. Aseguró que se le sancionó y multó por NO HACER O NO

CONSTRUIR UNAS OBRAS, situación que es contraria a derecho, en

cuanto estima que la multa por no hacer no existe en la ley.

1.5. Explicó que en virtud del artículo 104 de la Ley 810 de 2003,

las infracciones urbanísticas dan lugar a la aplicación de sanciones

para quienes parcelen, urbanicen o construyan en contravención a

lo preceptuado en la licencia o cuando ésta haya caducado.

1.6. Indicó que la razón por la que no pudo construir es atribuible

a la administración municipal, pues no podía emitir conceptos de

viabilidad para la pavimentación de vías del sector sin antes

conocer el estado de redes de alcantarillado3.

3
Al respecto señaló que EMCALI EICE ESP mediante oficio No. 311.3-DI-2723 del 30 de diciembre
de 2010 informó que dicha entidad no tenía programado proyecto de alcantarillado por cuanto el
sector se encuentra por fuera del perímetro urbano.

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1.6. Adujo que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de

Cali profirió la sentencia núm. 196 de 3 de noviembre del 2017, por

la cual accedió a declarar la nulidad de los actos administrativos

demandados y ordenó el restablecimiento del derecho pedido.

1.7. Manifestó que el Distrito de Santiago de Cali, la compañía de

Seguros La Previsora S.A., en calidad de llamada en garantía, y la

Fundación Social y Cultural San Antonio de Padua, interpusieron

recurso de apelación contra el fallo de primera instancia,

correspondiéndole su conocimiento al Tribunal Administrativo del

Valle del Cauca.

II. PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN

Corresponde a la sentencia de 16 de diciembre de 2022, por la cual

el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca REVOCÓ los

numerales 1 y 2 del fallo apelado y, en su lugar, DENEGÓ las

pretensiones de la demanda y CONDENÓ en costas a la Fundación

Social y Cultural San Antonio de Padua.

El recurso de apelación lo interpusieron frente a declaratoria de

nulidad y el restablecimiento del derecho, tanto el Distrito de

Santiago de Cali como La Previsora. En esencia, el ente territorial

adujo que las obligaciones incumplidas surgen como

contraprestación por el otorgamiento de edificabilidad y es con el

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ánimo de generar de espacio público y equipamiento comunitario.

Por su parte, la llamada en garantía refirió que la sanción impuesta

por la administración sí constituye una infracción urbanística que

atiende los principios de tipicidad y de legalidad.

La parte actora también interpuso apelación contra los numerales

3 y 4 de la parte resolutiva, que denegaron parcialmente las demás

pretensiones de la demanda.

El Tribunal, al resolver el problema jurídico4 al que circunscribió su

pronunciamiento, indicó que revocaría parcialmente el fallo de

primera instancia, al considerar que: i) la conducta sancionada sí

estaba enmarcada en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2º

de la Ley 810 de 2003 y cumplía con los principios de legalidad y

tipicidad para las sanciones administrativas, según lo expuesto por

la jurisprudencia; ii) no operó la caducidad de la acción

sancionatoria urbanística; y iii) la obligación urbanística impuesta

por la administración a la actora, consistente en la adecuación de

las vías, separadores y andenes dentro del esquema básico

4
Lo delimitó en los siguientes términos: “[…] se circunscribe a determinar si, los actos
administrativos acusados, a través de los cuales se le impuso una sanción urbanística a la
demandante, se encuentran viciados de nulidad, analizando para ello i) si la conducta sancionada
cumple con los requisitos de tipicidad y legalidad, enmarcada en lo dispuesto en el numeral 4º,
artículo 2º de la Ley 810 de 2003, y en caso de no ser viable este argumento expuesto en la sentencia
de primera instancia para acceder parcialmente a las pretensiones, determinar ii) si había operado
la caducidad de la acción sancionatoria urbanística, iii) y la existencia de una imposibilidad jurídica
para que actora pudiera cumplir con la obligación impuesta por la Administración de adecuar una vía
pública. En el evento de anular los actos acusados, determinar si se acreditaron los perjuicios
materiales y morales, como también revisar la procedencia de la condena en costas contra la entidad
territorial […]”

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derivado de la propuesta que hizo, no resultaba ser un imposible

jurídico.

En relación con la presunta imposibilidad jurídica, el Tribunal refirió

que no existía por las siguientes razones: i) el sitio de parcelación

y construcción autorizado por las licencias urbanísticas se

encuentra ubicado en suelo suburbano una clasificación del suelo

rural, y la intervención de estas áreas existe en el P.O.T. del Distrito

de Santiago de Cali, -Acuerdo 069 de 2000-, reglas que autorizan

la intervención de tales zonas, en específico, la garantía del

autoabastecimiento de los servicios públicos domiciliarios en

consonancia con el artículo 34 de la Ley 388 de 1997; y que ii) las

licencias urbanísticas de los años 2003 y 2008 fueron explícitas

frente a la obligación de construir y pavimentar las vías.

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La recurrente plantea que en este caso se configura la causal 5ª

del artículo 250 de la Ley 1437 del 2011, en tanto estima que la

cuestionada sentencia incurre en las siguientes violaciones: i)

transgrede el debido proceso porque adoptó una decisión

extrapetita, es decir, decidió revocar la sentencia proferida por el

Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali con base en

pretensiones y hechos que no fueron objeto del litigio, al

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argumentar que si no aceptaba tales obligaciones debió instaurar

los recursos de ley contra las resoluciones que concedieron las

licencias, lo que excede su pronunciamiento; y ii) condena a la

demandante por objetos distintos a los pretendidos, al indicar que

construir no es solamente elevar una edificación, sino realizar

actividades subyacentes y circunstanciales dependiendo del tipo de

licencia, las que afirma no se realizaron, y que por ello era

procedente la multa.

Insistió que le resultó un imposible jurídico realizar la construcción

de la calzada porque era la administración de Santiago de Cali, la

que: i) no tenía diseños técnicos de pavimentación en asfalto para

las vías; ii) el sector donde se debía hacer la vía se encontraba por

fuera del perímetro urbano, del ámbito del servicio de acueducto y

alcantarillado de EMCALI EICE ESP y esta entidad no tenía

programado dicho proyecto; y, iii) el Distrito de Santiago de Cali

no realizó ningún tipo de obras de acueducto o saneamiento básico

en el sector donde debía construirse. Todos estos eventos

demuestran, en su entender, la “culpa” del Distrito de Santiago de

Cali.

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Para explicar la causal invocada se sustentó en el listado 5 que

enumeró la sentencia de esta Corporación el 13 de octubre del

2020, señalando que en el presente caso se configura: i) la nulidad

por carencia absoluta de motivación de la sentencia y ii) la falta de

congruencia.

Aclaró que existe falta de congruencia por disparidad entre lo

pedido, lo debatido y lo probado, pues el Tribunal Administrativo

del Valle REVOCÓ la sentencia de primera instancia sin justificación

objetiva y relacionada con la materia medular del proceso, para lo

cual aludió al problema jurídico planteado y los fundamentos

normativos y probatorios que sustentan la decisión.

Insistió en su reproche que “LA MULTA POR NO HACER NO

EXISTE EN LA LEY”; que las conductas descritas en la norma que

sustentó la sanción se refieren a parcelar, urbanizar y construir,

pero en ningún modo se encuentra la de incumplir una obligación

urbanística: y que la administración municipal invocó una norma

que no se aplica al caso en concreto y con la que sustentó las

resoluciones objeto de debate, imponiendo una multa

improcedente que vulnera el principio de legalidad.

5
Se refirió a las siguientes: “1. Carencia absoluta de motivación de la sentencia. 2. Falta de
congruencia. 3. Expedición de un fallo inhibitorio injustificado. 4. Falta de votos necesarios para la
aprobación de una sentencia. 5. Violación al principio de la non reformatio in pejus. 6. Prueba
obtenida con violación del debido proceso. 7. La expedición de una sentencia condenatoria contra un
tercero que no estuvo vinculado en el proceso” C.P. Alberto Montaña Plata. Núm. Radicación 11001-
03-15-000-2019-00119-00 (REV).

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Indicó que, pese a esta certeza, el Tribunal Administrativo del Valle

consideró que la falta de adecuación de vías como la obligación

establecida en las licencias constituye una infracción

urbanística, interpretación que la recurrente califica como

descabellado.

Insistió en que se transgrede el debido proceso y se materializa la

figura de la incongruencia, porque adoptó una decisión extrapetita,

pues la decisión cuestionada alude a pretensiones y hechos que no

fueron objeto del litigio.

Frente al conteo de la caducidad, refiere que dicha Corporación

violó el debido proceso porque aplicó una sentencia del Consejo de

Estado del año 2003 la cual indicó que el término de caducidad

empieza a contarse desde que las conductas continuadas cesen y

no cuando empiecen a realizarse. Que comoquiera que la conducta

de no pavimentar la vía constituye una acción, la conducta no ha

cesado y no existe caducidad y es atribuible a la administración

municipal.

Reiteró que no puede ser sancionado ni multado por culpa de la

administración y por multas que no existen en la ley por “no

hacer”.

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IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

4.1. Mediante proveído de 10 de abril de 2024, el Despacho admitió

el recurso 6 y ordenó notificar al DISTRITO DE SANTIAGO DE

CALI y al representante de LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE

SEGUROS. También a la Procuraduría Delegada ante esta

Corporación.

4.2. Cumplidas en debida forma las notificaciones7, el Ministerio

Público y las entidades notificadas se pronunciaron en relación con

lo pretendido en el recurso extraordinario, de la siguiente manera:

4.2.1. DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL,
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO
DE CALI

Por conducto de apoderado judicial dio respuesta a este recurso y

refiere que la decisión cuestionada es congruente.

6
Al señalar los defectos del escrito del recurso extraordinario de revisión, según auto de 1° de marzo
de 2024, se halló oportuno su ejercicio, en razón a que la sentencia recurrida fue notificada por medio
electrónico el 19 de diciembre de 2022 y adquirió ejecutoria el 17 de enero de 2023, lo que habilita
para su ejercicio oportuno hasta el 18 de enero de 2024, y habiéndose presentado el recurso el 19
de diciembre de 2023, fue radicada en tiempo. REGISTRO SAMAI 4.
6AUTOQUEINADMI_INADMITEE_INADMISORIORERAUTOIN(.pdf) NroActua 4
7
Según da cuenta los documentos soporte del envío de los correos electrónicos y el paso al Despacho
que antecede. Registro SAMAI 23. 26AL DESPACHO_202400048PENADIGITAL(.pdf) NroActua 23

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Indicó que los reproches que plantea en este medio extraordinario

son los que expuso en sede del medio de control de nulidad y

restablecimiento.

Aclaró que el razonamiento que presentó sobre la actuación

administrativa del otorgamiento de la licencia fue un argumento

expuesto como defensa en el recurso de apelación para cuestionar

el fallo de primera instancia y el estudio del juez comportó una labor

de valoración probatoria sobre ese particular para determinar la

existencia del incumplimiento.

De este modo, la mención de la procedencia de los recursos contra

la licencia urbanística no se aleja o dista del litigio que resolvió el

Tribunal, pues, precisamente, en respeto de dicha congruencia el

juez no podía desconocer la legalidad de otros actos que no fueron

sometidos a su escrutinio, so pretexto de liberar al recurrente de

unas cargas urbanísticas que se encuentran en firme. Al respecto

afirmó:

“[…] En este punto, valga mencionar que, contra este tipo de
actos administrativos donde se resuelve sobre las solicitudes
de licencia, proceden: “…los recursos de reposición y
apelación”, mecanismos que del dossier probatorio del plenario
no se infieren haber sido agotados por la ahora
sancionada, de tal manera que la exigencia de la
adecuación de vías adquirió firmeza […]”. (Destacado fuera
de texto)

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Anotó que de la lectura de la sentencia recurrida se aprecia plena

congruencia, pues el análisis se circunscribió a los puntos de litis

planteados por las partes y el hecho de que su decisión no hubiera

sido favorable a las pretensiones de la demanda, no significa que

no se hubiera analizado y fallado dentro del marco planteado por la

actora. No se evidencia entonces, que se configure la causal

invocada.

Aclaró que lo que aprecia es que a través del recurso se pretende,

so pretexto de alegar la incongruencia de la sentencia, un

reexamen del fallo como si fuera una tercera instancia, a efectos

de revisar la actividad interpretativa del juez.

Frente a la carencia absoluta de motivación explica que no tiene

ningún desarrollo argumentativo en el escrito, por tanto habrá de

ser denegado dada la presunción de legalidad y acierto de que goza

la sentencia.

Por ello, pide que se declare infundado el recurso extraordinario de

revisión, comoquiera que no se evidencia la configuración de la

causal quinta del artículo 250 del CPACA.

4.2.2. LA PREVISORA S.A. - COMPAÑÍA DE SEGUROS

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Por conducto de apoderada judicial8 la vinculada en el trámite a

título de llamada en garantía, señaló que no es jurídicamente

admisible utilizar este medio extraordinario para controvertir la

actividad interpretativa del juez, o para corregir errores por falta

de aplicación de las normas, o por indebida aplicación de estas.

Refirió que su procedencia está limitada a las causales previstas por

el legislador y, por ello, quien las invoque tiene la carga

argumentativa y probatoria de explicar cuáles son los motivos que

la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de fundamento

para su configuración, pues no es una oportunidad para reabrir un

debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia

probatoria. Tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos

jurídicos de las providencias.

En relación con el asunto bajo examen, refirió que no es viable

predicar la existencia de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA,

habida cuenta que el ad quem profirió una decisión ajustada a las

normas tanto sustanciales como procesales que le eran aplicable al

caso. De ahí que no se vulneró el principio de congruencia por

cuanto la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar que la

sentencia debe tener una disparidad protuberante para configurar

dicha transgresión, lo que no ocurre en el caso sub lite.

8
Según registro del Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá. LA PREVISORA S A COMPAÑIA
DE SEGUROS. CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A24112498F5EE3

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Por último, refirió que el fallo reprochado fue debidamente

motivado de acuerdo con normas preexistentes, aplicables a los

temas que se debatieron en el proceso.

Bajo estos razonamientos insistió en que no le asiste razón a la

recurrente.

4.2.3. EL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Quinto Delegado9 ante esta Corporación, indicó que

el recurso de revisión tiene por objeto procurar el restablecimiento

de la justicia material de la decisión, cuando quiera que esta última

ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron

plantearse en el proceso correspondiente.

En relación con la causal 5ª del artículo 250 del CPACA que se alegó,

y los motivos invocados como constitutivos de ésta, refirió que el

propósito del recurso extraordinario de revisión no es el de reparar

los posibles errores en los que hubiere incurrido el juez o las partes,

sino el de permitir un nuevo estudio del asunto cuando la sentencia

ha sido afectada por fenómenos externos que no fueron puestos de

presente dentro del trámite del proceso contencioso, situación que

no se evidencia en el presente caso, por lo que se debe declararse

infundado.

9
Registro SAMAI. Índice 16. Memorial_JDV_15CONCEPTO(.pdf) NroActua 16

15

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia de la Sala

En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso

extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y

los jueces administrativos.

Frente a la competencia asignada a esta Sección, el artículo 249

del CPACA dispone que conocerá del recurso extraordinario de

revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los

Tribunales Administrativos, según la materia.

En este caso, le corresponde a esta Sala decidir el recurso

extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo dictado por el

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, atendiendo a la

distribución de los procesos entre las Secciones, prevista en el

artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, esto es, el Reglamento de la

Corporación.

5.2. Generalidades del recurso extraordinario

Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario

establecido por el legislador como excepción al principio de

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inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a

cosa juzgada.

Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha

adquirido firmeza, bajo el entendido de que su controversia se

sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas

previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003

que se tramitan bajo este procedimiento especial.

El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la

justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la

decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se

prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se

encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador

con lo cual procede la revisión10, tanto para “enmendar los errores o

ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir el derecho

del afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de

justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico”11.

En estos términos, la Corte constitucional precisó:

“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos
nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de
justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la

10
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
11
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.

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medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada,
es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las
causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica
providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por
ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas
e interpretadas en sentido restringido”12.

Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de

constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el que se dictó la

decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio

para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en

razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y

la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;

es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse

aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas13 que

habilitan su procedencia.

5.3. De la causal invocada

En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de

la Ley 1437 de 201114, cuyo texto es del siguiente tenor:

12
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley
procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario
que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de diciembre de
2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio de Belmira y
Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago Valencia.
14
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto, cuando
se haga mención a esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia ha de
entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

18

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“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. […].”

En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa

que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta

Corporación aclarando que puede provenir de una nulidad procesal,

en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de carácter

constitucional, fundada en el artículo 29 Superior15.

En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan

así:

1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario

y contra la que no procede recurso de apelación.

2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la

expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente

controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,

15
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz

19

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y que, por oportunidad, debieron ser alegadas cuando ocurrieron,

según el artículo 13416 del CGP.

3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio

grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que

de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se

evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la

ley o in iudicando.

Ahora, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales de

nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General del

Proceso como constitutivas de este vicio, en los términos de artículo

133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la sentencia.

En este primer escenario 17 la jurisprudencia se decantó por

identificar que para la interpretación de la causal invocada debía

acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar

las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad

invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían

16
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las
instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”
17
El consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.

20

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dar lugar a su configuración. Al respecto, es del caso traer a

colación el siguiente pronunciamiento18:

“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las
que remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC19. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.

A partir del razonamiento precedente, se destacaron
algunos eventos que configurarían la nulidad originada
en la sentencia, los cuales no se aducen como causales
de nulidad propiamente dicha, sino eventos,
circunstancias, ejemplos, que se desprenden de las
causales del artículo 140, cuya abstracción se concretiza. La
providencia señaló:

“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.

“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando
(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la

18
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
19
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.

21

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instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. (…)

“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”

A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en

la sentencia de exequibilidad20 de la Corte Constitucional C-491-95,

en la que dicha Corporación sostuvo que además de las causales

del artículo 140 del CPC 21 debía comprender la de violación al

debido proceso, bajo el entendido de que es una garantía que debe

observarse en el trámite procesal y que su previsión está en la

Constitución Política. Al respecto precisó:

“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece
enlistada la referida nulidad de carácter constitucional.
Sin embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de
que dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.

• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución
la circunstancia de que el legislador señale
taxativamente las causales o motivos de nulidad, por
las siguientes razones:

La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a

20
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista en el
art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación
del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
21
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.

22

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criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a
través de las correspondientes fórmulas normativas las
formas o actos procesales que deben ser cumplidos para
asegurar su vigencia y respeto. En tal virtud, la regulación
del régimen de las nulidades, es un asunto que atañe
en principio al legislador, el cual puede señalar, con
arreglo a dichos criterios y obedeciendo al principio de
la proporcionalidad normativa, las causales o motivos
que generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad
de las actuaciones procesales y consecuentemente el debido
proceso.

Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art.
29, constituye una excepción a dicha regla. […]

Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto
procesal es nulo por carencia de los requisitos formales
y sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]

Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta
a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de
las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140
del C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es
posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de
contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la
referida advertencia.

Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los
procesos civiles, las cuales ahora con el cambio
constitucional se encuentran adicionadas con la
prevista en la norma del art. 29, a la cual se hizo
referencia. […]”22.

22
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

23

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Bajo este análisis, la Corporación 23 ha delimitado que la causal

examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no

cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)

se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,

transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se

encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo

condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)

se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;

vi) el fallo carece de motivación formal y material, vii) se aprecia

incongruencia24; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado25;

y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.

Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada,

impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción

precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad y que ella

obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del

CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del

debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la

jurisprudencia.

23
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.
24
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
25
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).

24

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Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche

invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la

causal invocada.

5.4. Estudio del caso concreto

En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo

alega la Fundación recurrente, existe nulidad que vicie la sentencia

al incurrir en falta de motivación e incongruencia, esta última causa

en razón a que estima que se adoptó una decisión extrapetita, al

examinar hechos y pretensiones no formulados. El objetivo será

identificar si el fallador de segunda instancia se excedió en su

competencia al revocar el fallo que accedió parcialmente a las

pretensiones y si aludir a la firmeza del acto que concedió la licencia

de urbanismo constituye la causal invocada.

Para tal fin, la Sala analizará el concepto y contexto en el que se

presentan estos eventos que explican la causal, para luego resolver

sobre las razones en que se funda, así:

5.4.1. La falta de motivación

En lo que respecta a este reproche, es oportuno destacar que la

Jurisprudencia de esta Corporación 26 ha sido enfática en señalar

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 27 de febrero de 2019, C.P. Guillermo Sánchez Luque, núm. único de radicación 54001-
33-31-006-2011-00207-01 (59706).

25

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que la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación

se presenta únicamente ante la carencia total de pronunciamiento

del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten

arribar a una decisión27.

5.4.2. El principio de congruencia

La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y

se traduce en la armonía predicable tanto de su estructura interna,

esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como de la externa,

entendida como la coherencia entre la decisión y lo pedido por las

partes.

Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir

del fallador una decisión que resuelva la controversia formulada no

solo frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto

del pronunciamiento que el juez debe realizar en relación con la

defensa de quien funge como parte accionada, y que se ejerce

también a título de excepciones.

Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está

atada a la competencia del superior funcional y al examen que le

27
Sobre el particular se lee: “[…] la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, se
presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o
de derecho que le permiten arribar a una decisión. En efecto, esta causal no procede para controvertir
las razones del fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en
que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto equivaldría a
convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los hechos, ya dilucidados con
fuerza de cosa juzgada […]” (La negrillas y subrayas fuera de texto).

26

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corresponde efectuar como consecuencia de la revisión de la

providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para

que, según su análisis, la revoque, modifique o, si lo encuentra

pertinente, la confirme, de conformidad con el artículo 320 28 ,

armonizado con el artículo 28129, ambos del CGP.

Para ahondar en esta estructura, se prohíja la siguiente decisión30

en la que se adujo:

“[…] Ello significa que es procedente el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta
jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.

[…] En términos generales, la congruencia se entiende como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir
sus decisiones de NO INCURRIR en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A.
Art. 170], exige de una parte que exista armonía
entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra,
que la decisión que ella contenga, sea concordante con
lo pedido por las partes tanto en la demanda, como
en el escrito de oposición, denominada congruencia

28
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”
29
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión, o que la ley permita considerarlo de oficio.”
30
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia de 2 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-
00(REV). Actor: Luis Ángel Torres Gómez. CP Alberto Yepes Barreiro.

27

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externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.

“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la
doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un
derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce
un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por
una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y
“minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.”31

Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida
como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es
lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas
del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.

Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes
términos:

“Se reitera32 que el principio de congruencia de la sentencia
exige de una parte, que exista armonía entre la parte
motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión
que ella contenga, sea concordante con lo pedido por
las partes tanto en la demanda, como en el escrito de
oposición, denominada congruencia externa, es decir, se
tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en
el proceso.

Este principio fundamental busca no solo la protección del
derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé
certeza jurídica al asunto que se ha puesto a consideración de
un juez, sino la salvaguarda del derecho de defensa de la
contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir los
argumentos y hechos expuestos en la demanda.

31
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de
agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles
Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
32
Sentencia de 16 de agosto de 2002, expediente 12668, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

28

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La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que
nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales
exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan
argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco
de litis que se ha planteado desde la demanda.

En materia contenciosa la demanda marca el límite dentro del
cual el funcionario judicial debe pronunciarse para decidir la
controversia, las normas violadas y su concepto de violación,
se constituyen en el marco de análisis y estudio al momento
proferir la sentencia […]”33(Subrayas fuera del texto original)

Precisado lo anterior, la Sala procede al examen de los reclamos de

este recurso.

5.4.3. Análisis del asunto bajo examen

5.4.3.1. Falta de motivación

Examinada la alegación expuesta por la recurrente es claro que si

bien planteó la ausencia de motivación, lo cierto es que no se

configura tal vicio, pues en realidad las características de esta

alegación suponen que el juez haya omitido por completo

resolver en la instancia que se profirió la sentencia cuestionada, los

recursos de apelación que se interpusieron 34 , lo cual resulta

improbable e incoherente, pues no puede esta causal coexistir con

la de incongruencia, también propuesta por la recurrente, si lo que

33
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Expediente: 500012331000200200198-02 (15770). Actor: Germán Darío
Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. C.P. María Inés
Ortiz Barbosa.
34
Se aclara que en este asunto el fallo del juzgado anuló las resoluciones acusadas y accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, lo que motivó de una parte el recurso que ejercitó
tanto la entidad demandada y LA PREVISORA, en su condición de llamada en garantía, en los que
pidieron la revocatoria de la decisión y aquel que interpuso el apoderado de la parte actora frente a
las pretensiones indemnizatoria denegadas.

29

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bajo este último reproche lo que cuestiona es la discrepancia del

pronunciamiento del juez, según los límites de su competencia.

Tampoco, se aprecia que el motivo alegado frente a que “la multa

por no hacer no existe en la ley”, corresponda al entendimiento

que la jurisprudencia le ha dado a la falta de motivación por

invocarse una norma inexistente por el juez, pues este reproche de

la recurrente es respecto de la conducta descrita en la norma que

sustentó la sanción, en cuanto que estima que su redacción solo se

predica de actuaciones positivas que impliquen parcelar, urbanizar

y construir, pero no del incumplimiento de una obligación

urbanística, circunstancia que representa un reclamo al acto

acusado y no a la decisión del juez en su actuar.

Además, la parte recurrente traslada a la sentencia recurrida esta

causal al estimar que era improcedente recurrir en su fundamento

a un acto administrativo que no fue el acusado, todo lo cual

demuestra que la recurrente no está de acuerdo con la decisión que

le resultó desfavorable a sus pretensiones, producto del examen de

los recursos interpuestos, que llevaron a la revocatoria del fallo de

primera instancia.

Cabe recordar que el análisis que la jurisprudencia integra sobre

esta causal en particular, también se predica cuando la decisión del

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juez se sustenta en una la ley inexistente, en este evento, no existe

motivación por este hecho. Así se precisó:

“[…] De otro lado, si bien esta falta de motivación no se
encuentra contemplada en las causales previstas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil, que corresponden a
aquéllas que, por regla general se tienen en cuenta para
analizar la causal 6 de revisión contemplada en el artículo 188
Código Contencioso Administrativo, debe entenderse que
con ella se viola el derecho fundamental al debido
proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta
Política, pues motivar la sentencia implica que se
justifique la decisión conforme a la ley existente para el
momento de los hechos objeto de debate, por lo que no
es de recibo que el juez, argumente o sustente su fallo
empleando normas inexistentes o incluso, normas que estando
en plena vigencia no sean aplicables al caso, sobre todo
cuando se encuentran de por medio aspectos
sustanciales y no procesales […]”35.

Por lo expuesto, y al estar la falta de motivación condicionada a la

carencia radical, absoluta y total de pronunciamiento, claramente

este motivo no prospera por cuanto el juez ad quem no se sustrajo

de su deber constitucional de motivar su decisión como tampoco se

aprecia que lo haya hecho en una norma inexistente.

5.4.3.2. Falta de congruencia

Respecto de este reproche contra la sentencia recurrida por

extralimitación en los argumentos que constituyeron los límites de

la apelación, se advierte que la parte demandada en el proceso

35
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C.
Sentencia del 20 de octubre 2014. Radicación número: 73001-23-31-000-2003-00944-01(34612)
Actor: Jorge Eleazar Devia Arias Demandado: Contraloría Municipal de Ibagué. C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.

31

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ordinario explicó esta causal, bajo el concepto de constituir una

decisión extrapetita, porque: i) al revocar la sentencia del a quo,

se fundó en pretensiones y hechos que no fueron objeto del litigio,

pues basó su decisión en que debió instaurar los recursos de ley

contra las resoluciones que concedieron las licencias, a efectos de

controvertir la obligación por la cual se le sancionó, razonamiento

este que, a su juicio, excedió su pronunciamiento; y ii) la condenó

por objeto distinto al pretendido, en tanto consideró que construir

no es solamente elevar una edificación, sino realizar actividades

subyacentes y circunstanciales dependiendo del tipo de licencia

concedido, y que al no realizarse las obligaciones urbanísticas era

procedente la multa.

En orden a establecer si existe incongruencia o no en la decisión,

es necesario abordar y examinar los motivos que sustentaron la

apelación de la parte demandada. La Sala al examinar el proceso

judicial aprecia que en los escritos de alzada los razonamientos de

los apelantes se suscribieron a controvertir razones precisas del

fallo, así:

• El Distrito Especial de Cali cuestionó el análisis interpretativo de

la sentencia del juez a quo y propuso como único reproche el

denominado “legalidad de la multa impuesta”, con apoyo en el

hecho de que a pesar de que el juez acreditó y aceptó el

incumplimiento de la obligación, también era necesario identificar

32

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que el fundamento normativo de su imposición estaba en la ley y

en las obligaciones contraídas en la licencia de urbanismo.

Específicamente, refirió:

33

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[…]

Así, en el memorial de alzada se aprecia que en el acápite

transcrito, el apoderado del Distrito Especial de Cali explicó el

34

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desacuerdo con el fallo anulatorio y expresó la postura fáctica y

normativa para revocar la sentencia, en la que el razonamiento se

orientó a cuestionar la decisión del a quo que declaró la nulidad de

los actos administrativos cuestionados.

• En similares términos, la apoderada de LA PREVISORA insistió en

que el incumplimiento de la obligación urbanística estaba

sustentado en las licencias de urbanismo. Al respecto refirió:

De la lectura del contenido de los recursos de apelación se aprecia

que en su argumentación también se hizo alusión a tales actos

administrativos y los calificó como los contentivos de la obligación

que se estimó incumplida al imponer la sanción.

Todo lo anterior, explica que el Tribunal ad quem podía examinar

estos argumentos y, además, establecer los efectos que produjo el

acto que concedió la licencia y su firmeza por no haber interpuestos

35

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recursos la Fundación recurrente, sin que este razonamiento

constituya una decisión extra petita, entendida como aquella que

resuelve “sobre elementos o puntos no comprendidos en la relación

jurídico-procesal”36.

En el texto de la sentencia objeto del recurso se resolvieron los

argumentos de apelación que solicitaron la revocatoria del fallo, así:

“[...] En el caso de autos, se encuentra que a la FUNDACIÓN
SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA, le fue aprobado
en principio, mediante la Resolución CU1-0522 del 16 de
julio de 200337 expedida por el Curador Urbano No 1 de
Santiago de Cali, licencia de urbanismo para desarrollar
un proyecto urbanístico-arquitectónico denominado
“Colegio Mayor San Antonio de Padua etapas I, II, III,
IV, V y VI” para los predios Nos. Z006166 y Z006188, M.I.
370-557823/24 del barrio La Viga, ubicado en la dirección
Carrera 146 No. 22-151, Calle 22 No.145-71, “CON VIGENCIA
DE 36 MESES, PRORROGABLES POR UNA VEZ POR 12 MESES
ADICIONALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU
EJECUTORIA”, cuya solicitud de prórroga debía formularse
dentro de los 30 días calendario antes del vencimiento,
señalándose como observaciones y como parte de las
obligaciones urbanísticas a cumplir, las “ESTIPULADAS
EN EL ESQUEMA BÁSICO Y EN LAS QUE SE DERIVE DE LA
PROPUESTA URBANISTICA” entre ellas la adecuación de
vías, haciendo parte integral de la licencia, los planos
aprobados y la información consignada en la misma.

Del texto de la citada licencia se desprende que el área de
construcción corresponde a la primera etapa del proyecto de
uso institucional que levantaría un edificio de dos pisos y 25
parqueaderos, así mismo se calificó el área de actividad como
“AREA SUB-URBANA DE PARCELACIONES ZONA PLANA DE
TRANSICIÓN”. Dicha licencia se expidió bajo la vigencia de los
Decretos Nacionales 2150 de 1995 y 1052 de 1998 como se
observa en el cuerpo de la licencia.

[…] Posteriormente se expidió la Resolución 760011081155 del
28 de octubre de 20083 suscrita por el Curador Urbano No 1
de Santiago de Cali, ella contiene la licencia urbanística de
proyecto de ampliación. En el texto se alude en el aparte de

36
Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
37
Fls. 51-52 C1

36

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complementaciones la aprobación de las etapas II, III, IV, V y
VI y la edificación de un pabellón deportivo con cubierta.

En este punto, valga mencionar que, contra este tipo de
actos administrativos donde se resuelve sobre las
solicitudes de licencia, proceden: “…los recursos de
reposición y apelación”, mecanismos que del dossier probatorio
del plenario no se infieren haber sido agotados por la
ahora sancionada, de tal manera que la exigencia de la
adecuación de vías adquirió firmeza.”.

[…] Bajo el marco normativo y jurisprudencial expuesto,
considera esta Sala de Decisión que, contrario a lo dispuesto
por el a-quo, en el sub lite la conducta sancionada sí está
enmarcada en lo dispuesto en el numeral 4º, artículo 2º de la
Ley 810 de 2003, atendiendo que la FUNDACIÓN SOCIAL Y
CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA- FUNPADUA, como
propietaria del predio al que se le concedió la licencia
urbanismo y luego la licencia urbanística de ampliación, realizó
las actuaciones, como lo dispone textualmente la norma: “…en
contravención a lo preceptuado en la licencia.”, al no ejecutarla
ni cumplirla, se itera, con sujeción a la exigencia impuesta de
adecuación de vías, incluyendo su pavimentación […]”.

Entonces, claramente la actuación administrativa puesta a control

judicial exigía examinar los fundamentos fácticos y jurídicos de los

actos acusados, motivo por el cual no encuentra la Sala que el

pronunciamiento del juez constituya la aludida “extralimitación”

que planteó la recurrente, motivo que indica que en realidad sus

argumentos son de oposición y desacuerdo con la sentencia,

planteamientos que, conforme se ha reiterado, son imposibles de

reexaminarse a través de este medio extraordinario.

Finalmente, en relación con el reproche relativo a que se condenó

por objeto distinto al pretendido38, es oportuno señalar que no es

38
Se insiste que el argumento recayó en el hecho de que el fallo indicó que construir no es solamente
elevar una edificación, sino realizar actividades subyacentes y circunstanciales dependiendo del tipo
de licencia, las que confirma no se realizaron, y que por ello era procedente la multa

37

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posible que el juez delimite el estudio de los argumentos de la

apelación solo a aquellos planteamientos que para la recurrente

guardan identidad con su escrito de demanda, pues entenderlo así

implicaría dejar sin defensa a la parte accionada, a quien le está

reconocido el ejercicio pleno de su derecho de contradicción no solo

a través de la contestación de la demanda, sino del planteamiento

de excepciones y, por supuesto, del ejercicio de los recursos contra

las decisiones proferidas en el curso del proceso, como en este caso

ocurrió al resolver la apelación que formularon ambas partes,

demandante y demandada, e incluso la entidad que se vinculó como

llamada en garantía.

Estos razonamientos son más que suficientes para concluir que hay

lugar a declarar infundado el recurso extraordinario de revisión.

5.5. Condena en costas

Las costas procesales se definen39 como la “erogación económica

que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,

que se compone de las i) expensas 40 y las ii) agencias en

derecho41”.

39
Consejo de Estado - Sala Plena. Número único de radicación 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU. Sentencia de 6 de agosto de 2019. CP Rocío Araújo Oñate.
40
“73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de
copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la
justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, por citar algunos ejemplos”.
41
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de
la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.”

38

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En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió

con respecto a lo estatuido en el CCA38, al pasar de un criterio

subjetivo39 a uno objetivo valorativo40, en el que se requiere que

el juez revise si se causaron.

De este modo, en el CPACA se prevé que las costas se fijan de

manera objetiva valorativa contra la parte vencida en juicio, es

decir, no operan de manera automática, pues al juzgador le

corresponde valorar si se configura alguna de las hipótesis previstas

por el legislador, salvo en los recursos extraordinarios de

revisión.

En efecto, la condena en costas en el recurso extraordinario fue

objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en el sentido de prever

que, en los términos del artículo 255 ibidem, cuando “se declare

infundado [el recurso] se condenará en costas”, mandato que

resulta imperativo para el fallador que adopte esta decisión.

Para verificar entonces su aplicación basta establecer que este

proceso se presentó luego de entrar en vigor la Ley 2080 de 2020

que modificó el CPACA y que, al decidirse el recurso, se declaró

infundado.

En el caso bajo examen se dan los presupuestos requeridos lo que

impone que se fijen de acuerdo con la naturaleza, calidad y

duración de la gestión útil.

39

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Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código

General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de

2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido

por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con

las actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en

derecho en dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes,

asignando un (1) SMLMV para cada una de las entidades que

acudieron a participar en este trámite, esto es, el DISTRITO

ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI y LA

PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

5.6. Reconocimiento de personería

Por último, se reconocerá personería a los doctores JACQUELINE

ROMERO ESTRADA 42 y ANDRÉS FELIPE CABEZAS TORRES 43

como apoderados judiciales de LA PREVISORA S.A. y el

DISTRITO ESPECIAL DE CALI, respectivamente, según los

poderes presentados al contestar este recurso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

42
Registro 20 SAMAI. CONTESTACION RECURSO REVISION(.pdf) NroActua 20
43
Registro 22 SAMAI. Documento: 24_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
PODER202400048PDF(.pdf) NroActua 22

40

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de

revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 19 de diciembre

de 2022, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al accionante. Por la Secretaría

liquídense.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente

a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual

deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el

recurrente, asignando un (1) SMLMV para cada una de las

entidades que acudieron a participar en este trámite, esto es, el

DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI y LA

PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA a los doctores

JACQUELINE ROMERO ESTRADA y ANDRÉS FELIPE CABEZAS

TORRES como apoderados judiciales de LA PREVISORA S.A.

41

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COMPAÑIA DE SEGUROS y el DISTRITO DE SANTIAGO DE

CALI, respectivamente, según los poderes presentados al

contestar este recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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