Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2009-00313-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2009-00313-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-31-000-2009-00313-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 50001-23-31-000-2009-00313-01
Demandante: María Custodia Prieto Moreno
Demandado: Contraloría General de la República
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Demanda contra actos de responsabilidad fiscal
Desconocimiento del principio de congruencia. El a quo se pronunció
sobre aspectos no pedidos o controvertidos en la demanda
Decisión: Revoca el numeral primero del fallo que modificó el valor a pagar por
la parte de la demandante
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Contraloría General de la
República en contra de la sentencia proferida el 26 de junio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo
85 del Código Contencioso Administrativo2, la señora María Custodia Prieto Moreno,
actuando en su propio nombre como profesional del derecho, demandó a la Contraloría
General de la República, con el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones3:
PRIMERO.- Declarar Nulos el fallo con responsabilidad fiscal No.00012 del 16 de
noviembre de 2007, y el auto No. 000221 del 28 de marzo de 2008 dictados por la
Contralora Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la
Contraloría General de la República dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 099,
mediante el cual impuso responsabilidad fiscal solidaria a cargo de MARIA (sic) CUSTODIA
PRIETO MORENO y otros, por la suma de $708.874.262.00, en mi calidad de Directora de
la Unidad Administrativa Especial de Proyectos y Contratación Pública del Departamento
del Meta y resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el fallo citado.
SEGUNDO. Declarar Nulo el fallo No. 0001 del 13 de Enero de 2009 dictado dentro del
mismo expediente No. 099 y mediante el cual el Contralor General de la República, como
superior jerárquico confirmó el fallo de primera instancia.
1 La demanda fue admitida mediante auto de 6 de octubre de 2009 y se vinculó a la sociedad La Previsora
S.A.
2 En adelante CCA.
3 Índice 33 del aplicativo Samai. Documento: ED_C01_01 DEMANDA(.pdf) NroActua 1. Págs. 5 y 6.
Radicado: 50001-23-31-000-2009-00313-01
Demandante: María Custodia Prieto Moreno
Demandado: Contraloría General de la República
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, declarar que la parte actora no está obligada
a pagar ningún valor por concepto de la responsabilidad fiscal derivada del proceso 099
que me adelantó la Contraloría.
CUARTO. ORDENAR a la demandada excluir el nombre de la demandante de todos los
registros y boletines de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República y
de todas las demás entidades en las que se haya realizado la inscripción de los fallos
acusados, librando para el efecto las comunicaciones de rigor.
QUINTO. Condenar a la demandada a restituir a la parte actora las sumas de dinero que
se llegaren a percibir, embargar, retener o pagar a su nombre como consecuencia de las
decisiones que se anulan, a título de capital o intereses, con la correspondiente indexación,
teniendo en cuenta para el efecto el IPC y de acuerdo con la fórmula matemática que el
Consejo de Estado utiliza en asuntos similares.
SEXTO. CONDENAR a la Contraloría General de la República al pago de la reparación de
los daños materiales que se causaron a la actora con el proceso responsabilidad fiscal 099,
como son los costos de la defensa, gastos en que he incurrido con ocasión del proceso y
los que se llegaren a demostrar, y al pago de la correspondiente indemnización por los
perjuicios morales sufridos como consecuencia de los actos objeto de la demanda y todos
los demás que se llegaren a probar en el proceso.
SÉPTIMO. Disponer que la sentencia se cumpla en los términos de los arts. 176, 177 y 178
del C.C.A.
OCTAVO. Condenar en costas a la parte demandada. [Mayúsculas y negritas originales].
Mediante escrito de adición4, la demandante sustituyó la pretensión tercera la cual dejó
así:
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, declarar que la parte actora no está obligada
a pagar ningún valor por concepto de la sanción fiscal derivada de los fallos acusados,
dictados dentro del proceso de responsabilidad fiscal CD 099 que me adelantó la
Contraloría General de la República, y por lo mismo se debe dejar sin efecto toda sentencia
ejecutiva que contra la suscrita haya dictado o llegare a dictar el ente demandado, dentro
del juicio de jurisdicción coactiva que se adelante con fundamento en los actos
demandados.
1.1.1 Actos acusados
Mediante fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia núm. 00012 de 16 de
noviembre de 2007 se resolvió lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO: Fallar con responsabilidad fiscal, de conformidad con el artículo 53
de la Ley 610 de 2000, en cuantía de setecientos cincuenta y tres millones cuatrocientos
noventa y siete mil ciento setenta y cinco pesos ($753.497.175.00), discriminados de la
siguiente manera:
La suma de setecientos ocho millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos sesenta
y dos pesos ($708.874.262.00), en forma solidaria a cargo de MARÍA CUSTODIA PRIETO
4 Por auto de 3 de agosto de 2011 se admitió la adición y corrección de la demanda presentada por la
demandante.
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Demandante: María Custodia Prieto Moreno
Demandado: Contraloría General de la República
MORENO, identificada […], en su condición de Directora de la Unidad Administrativa
Especial para Proyectos y Contratación; ÁNGEL GUILLERMO FUENTES REYES,
identificado […], en su condición de Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios,
Presbitero JAIRO ANTONIO FERNÁNDEZ TORRES, identificado […], en su condición de
Secretario de Educación del Departamento del Meta y la Sociedad C.I. AVETEX S.A.,
representada legalmente por LUIS JAVIER TORRES POSADA, identificado […], para la
época de los hechos.
La suma de cuarenta y cuatro millones seiscientos veintidós mil novecientos trece pesos
($44.622.913.00), a cargo de la Sociedad C.I. AVETEX S.A., representada legalmente por
LUIS JAVIER TORRES POSADA, identificado […], para la época de los hechos.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar como tercero civilmente responsable a la Compañía de
Seguros LA PREVISORA S.A., en virtud de la Póliza de Responsabilidad Civil No. 1001088,
expedida el 03 de /11/2003 (sic), tomador el Departamento del Meta, cobertura:
responsabilidad por perjuicios por actos por los cuales los asegurados sean responsables
por haber cometido acto para los cuales se siga o debiera seguir un juicio con
responsabilidad fiscal, valor asegurado $1.000.000.000.00.
Por Auto núm. 000221 de 28 de noviembre de 2008 se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la decisión anterior, así:
PRIMERO: Negar las solicitudes de nulidad interpuestas por ANGEL GUILLERMO
FUENTE REYES (sic), la doctora LUZ MARINA SANCHEZ (sic) apoderada de JAIRO
ANTONIO FERNÁNDEZ TORRES, y el doctor GERMAN SOTOMAYOR, apoderado de la
PREVISORA S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente.
SEGUNDO: Contra la decisión de negar la nulidad proceden los recursos de reposición
ante este Despacho y en subsidio de apelación ante el Despacho del Señor Contralor
General de la República, los cuales deberán interponerse dentro de los cinco (5) días
siguientes a partir de la notificación.
TERCERO: Confirmar en todas su (sic) partes el Fallo Con Responsabilidad Fiscal No.
000012, mediante el cual se declararon responsables fiscales ÁNGEL GUILLERMO REYES
FUENTES, JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ TORRES, MARÍA CUSTODIA PRIETO
MORENO y la Sociedad C.I. AVETEX S.A. representada legalmente por LUIS JAVIER
TORRES FUENTES y a la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A. como tercero
civilmente responsable, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 0099, cuya
entidad afectada es la Gobernación del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente decisión.
Fallo de responsabilidad fiscal de segunda instancia núm. 0001 de 13 de enero de 2009
expedido por la Contraloría General de la República que resolvió lo siguiente:
Artículo primero: Confirmar el Fallo No. 000012 del 16 de noviembre de 2007, proferido por
la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 0099 en contra de María Custodia Prieto
Moreno, […] como Directora Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación
Pública del Departamento del Meta; el Pbro. Jairo Antonio Fernández Torres, […] en su
calidad de Secretario de Educación Departamental y la firma CI AVETEX S.A. con
NIT.800197877-1, representada legalmente por Luis Javier Torres Posada, identificado […],
quienes ostentaban estas calidades para el momento de los hechos de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. La cuantía del detrimento patrimonial al
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Demandante: María Custodia Prieto Moreno
Demandado: Contraloría General de la República
Estado asciende a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($753.497.175.00) M/CTE.
Artículo segundo: Fallar sin responsabilidad fiscal a favor de Ángel Guillermo Ruerites
Reyes, Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios de la Gobernación para el
momento de los hechos, identificado […], según lo dispuesto en la parte motiva de este
fallo.
Artículo tercero: Confirmar la declaración como tercero civilmente responsable de La
previsora S.A. Compañía de Seguros, en concordancia con lo expresado en la parte motiva
de este proveído.
1.1.2 Fundamentos de hecho
La demandante indicó que se desempeñó como directora5 de la Unidad Administrativa
Especial para Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta 6 desde el 5
de junio de 2002 hasta el 31 de agosto de 2004.
Adujo que adelantó trámites dentro del proceso No. UC-LP-CS-001 de 2004 en el que
suscribió en nombre del departamento del Meta con la firma C.I. AVETEX el contrato
210/04, cuyo objeto fue el suministro 106.505 morrales de primaria (tipo 1) y 42.893
morrales de secundaria (tipo 2), programa de gratuidad de la educación con destino a los
niños de las diferentes instituciones del departamento del Meta.
Manifestó que la entonces diputada Nubia Inés Sánchez (QEPD) formuló denuncia penal
y, en consecuencia, la Contraloría General de la República, a través de la Contralora
Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Dirección Coactiva, mediante Auto núm.
000614 del 26 de noviembre del 2004, dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal
núm. 009 contra la actora -en su calidad de Directora de la Unidad de Contratación- junto
con otros funcionarios de la gobernación del Meta, por presuntas irregularidades
relacionadas con los contratos 208 y 210 de 2004, celebrados con la Unión Temporal
Distriunfo y C.I AVETEX S.A., respectivamente.
Señaló que el 26 de abril de 2005 el ente de control profirió Auto núm. 0190, por el cual
ordenó el archivo parcial de la actuación, debido a que el señor José Farid Romero Rivas,
entonces representante legal de la UT Distriunfo resarció plenamente el daño patrimonial
causado al Estado con ocasión del contrato No. 208 de 2004. Sin embargo, en la misma
providencia se dispuso continuar con el trámite frente a C.I AVETEX S.A
Afirmó que la citada Contralora Delegada dictó Auto de imputación de responsabilidad
fiscal No. 00459 el 31 de Julio de 2006 contra la hoy demandante y otros, por haber
firmado en nombre y representación del departamento del Meta, en desarrollo del
contrato No. 210/04, el suministro de 106.505 morrales tipo primaria y 42.896 tipo
secundaria, por el valor de $2.971.850.400, cuantía que, según afirma el auto, sobrepasa
los precios reales del mercado en la suma de $779.328.968 M/Cte.
Sostuvo que, descorrido el traslado correspondiente, presentó argumentos de defensa, a
través de los cuales explicó sus funciones, dentro de las cuales no tenía la facultad de
5 Sus funciones se encuentran señaladas en el artículo 1º del Decreto 328 de 2002.
6 Entidad creada mediante Decreto 327 de 2002.
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Demandante: María Custodia Prieto Moreno
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ejercer gestión fiscal en nombre del departamento, por no tener la calidad de ordenadora
del gasto ni mucho menos tener la disposición y administración de los recursos del
presupuesto departamental. Así mismo, señaló que las actuaciones administrativas sobre
las cuales se fundamentó la imputación de responsabilidad no fueron realizadas por la
hoy demandante, ya que carecía de competencia para adelantar los estudios previos o
de planeación que, echó de menos el ente de control, pues esa función no había sido
asignada a la directora de la Unidad de Contratación del Meta.
Arguyó que el 16 de noviembre de 2007, el ente de control emitió fallo con
responsabilidad fiscal No. 00012, en cuantía de $708.874.262, en el cual se apartó de las
razones expuestas en el auto de imputación de responsabilidad, dado que expuso nuevos
argumentos y le atribuyó nuevas faltas, de las que no pudo defenderse, por lo que no
hubo congruencia alguna entre las dos providencias.
Indicó que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio el de
apelación. El primero se resolvió en forma desfavorable mediante Auto núm. 000221 del
28 de marzo de 2008. Por su parte, el Contralor General de la República resolvió el
recurso de apelación mediante Fallo núm. 0001 del 13 de enero de 2009, por la cual
confirmó la decisión de primera instancia.
Adujo que los fallos emitidos dentro de la investigación fiscal no efectuaron una valoración
integral de las pruebas, pues se limitaron a hacer una relación de los supuestos medios
probatorios, sin entrar al examen que en derecho correspondía. Por el contrario, tuvieron
como prueba dictámenes, conceptos e informes técnicos qué acogieron parcialmente, a
pesar de las diferencias que estos arrojaron en relación con el monto de los presuntos
sobrecostos.
Alegó que los fallos acusados incurrieron en desviación de poder, falsa motivación,
asimismo, desconocieron el principio de congruencia, el debido proceso y el de la
presunción de inocencia, pues fue sancionada por considerar que al suscribir el contrato
210/04 realizaba gestión fiscal, sin admitir que tales funciones, cuyo incumplimiento se
depreca, no le correspondían porque no estaban dentro del respectivo manual de
funciones.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
La demandante invocó como normas violadas los artículos 2, 4, 6, 13, 15, 16, 21, 25, 29,
90, 113, 121, 122, 123, 209, 287, 303 y 305 de la Constitución Política; 2 y 3 del CCA; 1,
2, 3, 4, 5, 7, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 45, 48, 50, 51, 52 y 66 de la Ley 610 de
2000; 7, 8, 25, 29 y 60 de la Ley 80 de 1993; 1 del Decreto 287 de 1996; 6 del Decreto
2170 de 2002; 33, 34, 180, 233, 236 a 264, 245, 246 y 305 del CPC; 246, 255 y 257 del
Código de Procedimiento Penal; 1 y 2 del Decreto Departamental 1296 de 2000; 1 del
Decreto Departamental 47 de 2021; 1 y 2 del Decreto Departamental 327; 1 del Decreto
Departamental 328 de 2002; 1 y 2 del Decreto Departamental 058 de 2003; 1, 2, 3, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 27, 33, 34, 37, 38, 59 y 61 del Decreto Departamental
1296 de 2000, expedidos por el Gobernador del Meta; 4, 5 literal j), 6 y 11 del Acuerdo
001; Acuerdo 001 de 2002 expedido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa
Especial de Contratación del Departamento del Meta; 2 literal A del Acuerdo 003,
expedidos por el Consejo Directivo de la Unidad de Contratación de Meta; el numeral 9,
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subnumeral 23 sobre funciones de orden contable subnumeral 6 y el numeral 9.34 de las
funciones de orden legal subnumeral 5 del Acuerdo 005 de 2002.
Primer cargo. Violación de las normas constitucionales al buen nombre, al debido
proceso, por violación al principio de congruencia7
La demandante sostuvo que no se le protegió su honra y demás derechos, pues se le
declaró responsable a pesar de haberse demostrado que la responsabilidad recaía sobre
el verdadero ordenador del gasto del departamento del Meta, es decir, en el gobernador.
Manifestó que con el fallo de responsabilidad fiscal se le vulneró su derecho fundamental
al buen nombre, pues gozaba de amplio prestigio y honorabilidad dentro del ámbito social
y dentro de las entidades públicas donde se desempeñó a lo largo de toda su vida laboral
en Villavicencio y en el Meta.
Arguyó que los fallos demandados confunden la diferencia que hay entre las funciones
de los ordenadores del gasto de la gobernación del Meta, de la Unidad de Contratación
consagradas en el Decreto 327 de 2002 y las funciones atribuidas a la directora de la
Unidad contenidas en el Decreto Departamental 328 y en el Acuerdo 003 de la citada
anualidad.
Señaló que no existe congruencia entre el auto de imputación de responsabilidad fiscal y
los fallos sancionatorios, toda vez que se le impone responsabilidad por conductas que
legalmente no fueron deducidas en la imputación. Explicó que, al comparar los
argumentos del auto de imputación de responsabilidad fiscal con los fallos sancionatorios,
se evidencia la diferencia, es decir, que en las motivaciones de los actos acusados
existen nuevos reproches que no fueron esbozados en la etapa calificatoria. Así mismo,
en el procedimiento sancionatorio se vulneró la Ley 80 de 1993 y el Decreto 2170 de
2002, puesto que no se hizo referencia a ellos.
Sostuvo que el departamento del Meta no se desentendió de la competencia contractual,
ya que únicamente dejó en la Unidad de Contratación el trámite de los procesos
contractuales y la firma de los contratos que requería la Gobernación; y las otras
competencias como la inversión, el presupuesto, ordenación del gasto y planeación, las
estableció en cabeza del mismo ente territorial, concretamente en cada una de las
Secretarías de Despacho, en este caso era la Secretaría de Educación.
Argumentó que los fallos de responsabilidad fiscal «se fundamentaron en pruebas
ilegales, inexistentes, carentes de eficacia y nulas, tales como el dictamen No. 9-5417
FGN-CTI,Sl,UADCAP. del 15 de octubre de 2004, el No. 5291 FGN-CTI,UPJ, UADCAP
del 15 de septiembre de 2005; el concepto técnico DSIE-ZGSO No. 503 del 24 de
septiembre de 2004 rendido por los funcionarios de la Dirección de Investigaciones
Especiales de la Procuraduría, y el informe técnico del 23 de mayo de 2006, rendido por
las profesionales universitarias de la Contraloría General Dras. YOLANDA CASTILLO
7 Fundamentó sus argumentos en la vulneración de: la Constitución Política (arts. 2, 4, 6, 13, 15, 16, 21,
25, 29, 90, 113, 121, 122, 123 y 209, 287, 303 y 305), la Ley 610 de 2000 y la Ley 80 de 1993. Mencionó
como prueba el «auto de Imputación de Responsabilidad fiscal No. 000459 del 31 de julio de 2006» y el
«oficio 15784» del «Procurador Regional».
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DIAZ Y ASTRID BARRIGA CLARO comisionadas por auto No. 00546 del 8 de noviembre
dictado dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. CD 099».
Segundo cargo. Falsa motivación y desviación de poder8
Cuestionó que la Contraloría General de la República, en el fallo de responsabilidad fiscal
núm. 00012 del 16 de noviembre de 2007, hubiese sustentado su decisión, entre otras,
en que el pliego definitivo debió ser objeto de revisión jurídica por parte de la Unidad de
Contratación, ya que, en su sentir, era el órgano técnico y especializado en la materia.
Explicó que tal labor que no se encuentra en los manuales de funciones que debía
desempeñar la directora de la Unidad de Contratación, ya que, de las asignadas a dicho
cargo, no se encuentra la de realizar revisión jurídica a los actos administrativos que el
departamento expedía con ocasión de los gastos de inversión, pues la Unidad de
Contratación no ejercía control jerárquico ni funcional de los actos y actuaciones de
quienes expiden dichos actos.
Reiteró que si un funcionario no tiene el poder de disposición de los recursos de la
entidad, no puede realizar gestión fiscal, y en este proceso sancionatorio, la Directora de
la Unidad de Contratación únicamente adelantaba los trámites contractuales, pero en
modo alguno administraba o manejaba un presupuesto que, por ley no tenía a su
disposición; menos aún, decidir sobre alguna inversión en cuanto a su destinación y su
valor, ya que dichas pautas las fijaba el ordenador del gasto, que no era la Directora de
la Unidad de Contratación. En este caso, el procedimiento contractual por competencia
lo realizaba la Secretaría de Educación del departamento del Meta.
Señaló que la demandante al expedir el Auto de 8 de agosto de 2005, mediante el cual
se decretó la prueba del cruce contable incurrió en falsa motivación porque asimiló las
empresas satélites como empresas intermediarias. Circunstancia que se agravó con la
extralimitación por parte de las profesionales que procedieron a rendir el respectivo
informe, pues recibieron la declaración de testimonios, opinaron sobre el contrato 210 de
2004, hicieron un nuevo estudio de precios de forma deficiente.
Tercer cargo. Daño patrimonial y sobrecostos9
Sostuvo que el trámite y firma del contrato no implicó gestión de capital, teniendo en
cuenta que la entidad demandada en otro proceso fiscal que adelantó en contra de la
directora de la Unidad de Contratación del departamento del Meta argumentó que para
que se materialice el daño patrimonial, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 610 de
2000, además del daño, deberá configurarse una conducta dolosa o gravemente culposa
y del nexo causal entre los dos.
Señaló que, frente a lo anterior, se observa contradicción por parte de la Contraloría
General de la República, pues ante una conducta similar de la actora, en un proceso
8 El fundamento de este cargo lo sustentó en la vulneración de los Decretos Departamentales: 327 de 2002,
328 de 2002, 047 de 2001 y 058 de 2003, y mencionó como prueba el «Acuerdo 001 de 2002», el «Acuerdo
003 de 2002».
9 Fundamentó este cargo en la vulneración de los artículos 180, 233, 237, 238, 262 a 264 C. de P. C.
mencionando como pruebas el «dictamen pericial No. 95417», el «concepto técnico No. 0503» y el «informe
técnico del 23 de mayo de 2006».
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Demandante: María Custodia Prieto Moreno
Demandado: Contraloría General de la República
consideró que la firma del contrato no generaba responsabilidad fiscal, por cuanto el daño
hacía referencia a un sobrecosto presentado en la etapa precontractual, pero, en el
presente caso, sostiene argumentos contrarios. Atribuye una responsabilidad que no
corresponde.
Alegó que la demandada «no determinó de manera fehaciente la existencia de un
verdadero y concreto sobrecosto en la adquisición de los morrales escolares que fueron
objeto del contrato 210/04, porque dentro de la investigación fiscal no hizo un análisis de
precios del mercado que permitiera concretarlos en la forma establecida por la ley y la
jurisprudencia».
Aseguró que la determinación del sobrecosto de los maletines escolares fue arbitraria,
en razón a que, al establecer su valor no tuvieron en cuenta todos los costos en que
incurrió el contratista por los descuentos departamentales, y menos los costos directos e
indirectos que soportó la empresa Cl AVETEX SA para la producción del producto y para
contratar con el Estado.
Precisó que los informes que sustentaron el sobre costo carecen de “conocimientos”,
debido a que establecieron el costo de producción y no el precio de mercado, aunado a
que los tres (3) informes difieren entre sí.
1.2. Contestación de la demanda
La Contraloría General de la República – CGR, actuando por conducto de apoderado,
contestó la demanda en oportunidad y se opuso a las pretensiones, por considerar que
carecían de fundamento fáctico y jurídico, ya que los actos acusados fueron expedidos
con arreglo a las normas y procedimientos relativos al proceso de responsabilidad fiscal,
y al sancionatorio, dentro de lo cual, se demostró el daño patrimonial.
Propuso las siguientes excepciones:
▪ Ineptitud sustancial de la demanda:
Adujo que la demandante a pesar de esgrimir argumentos en el concepto de violación no
sustenta ningún motivo que constituya sustento fáctico ni jurídico de las supuestas
causales de nulidad que, según ella, invalidan los actos administrativos atacados.
Manifestó que el artículo 137 del CCA fija como requisito de la demanda que esta
contenga los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción, sin embargo,
en el presente asunto en el acápite de los hechos del libelo de la demanda se echa de
menos tal requisito.
Expresó que la demandante se limita a manifestar que los actos administrativos acusados
se encuentran incursos en las causales de nulidad de desconocimiento de normas
superiores, falsa motivación y desviación de poder, pero no las sustenta de manera
separada, clara y específica, lo cual resulta imprescindible en la medida en que cada
causal posee un contenido y alcance definidos, razón por la cual no se puede limitar la
demandante a enunciarla sin explicar de qué manera se configuraron.
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Demandante: María Custodia Prieto Moreno
Demandado: Contraloría General de la República
Alegó que la demandante se limitó a sustentar sus inconformidades frente a la valoración
probatoria práctica y jurídica vertida en los actos demandados, sin concretar, sustentar ni
demostrar cada una de las causales de nulidad invocadas, cuando los actos que lo
conformaron se encuentran plenamente ajustados al ordenamiento jurídico y en ellos se
demostraron los elementos de responsabilidad fiscal establecidos en el artículo 5 de la
Ley 610 de 2000.
▪ Improcedencia de la pretensión por falta de la causal de nulidad de los actos y por
inexistencia de derecho a restablecer:
Indicó que para la declaratoria de nulidad de los actos administrativos debe existir certeza
que se configura alguna de las causales invocadas, pero en el presente asunto no la hay
y, por lo tanto, no se puede decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.
Explicó que a lo largo del trámite procesal se garantizaron los derechos de la
demandante. Además, en el represente asunto no se demostró que los actos que
establecieron responsabilidad fiscal hubiesen sido emitidos por funcionario incompetente,
en forma irregular o mediante falsa motivación o desviación de poder, por lo que no existe
nulidad que invalide los actos demandados.
▪ Inexistencia de derecho a restituir o reparar:
Afirmó que la actuación de la Contraloría se ajustó a derecho y persiguió el objetivo de la
acción fiscal que consiste en la reparación del detrimento causado al Estado por parte de
la señora María Custodia Prieto Moreno.
Señaló que antes de prodigarle un perjuicio a la demandante, lo que hizo el órgano de
control fue cumplir su función constitucional consagrada en los artículos 113 y 268,
dirigida a establecer la responsabilidad fiscal a fin de restaurar el patrimonio público, de
manera que la demandante no puede reputarse a sí misma como víctima de la actuación
del Estado, cuando en verdad es ella quien debe asumir las consecuencias fiscales
derivadas de su actuación como gestora, de conformidad con los hechos generados de
daño al patrimonio público.
Indicó que es absurdo considerar que la Contraloría produjo a la demandante un daño
antijurídico, pues al declarar la responsabilidad fiscal mediante los actos que aquí se
demandan, lo que hizo fue desplegar el ejercicio legítimo de los poderes del Estado.
Adujo que los supuestos daños irrogados a juicio de la parte actora, además de carecer
del carácter de antijurídicos, no se encuentran sustentados en la más mínima prueba y,
por consiguiente, no pueden ser reconocidos por la jurisdicción contencioso-
administrativa.
▪ Excepción genérica
Solicita que se declaren probadas las demás excepciones que se encuentren acreditadas
dentro de las presentes diligencias.
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Demandante: María Custodia Prieto Moreno
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II. LA SENTENCIA APELADA
En sentencia de 26 de junio de 2020, el Tribunal Administrativo de Arauca resolvió10:
PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial del inciso segundo del artículo primero de la parte
resolutiva de la providencia de primera instancia, en cuanto a que la suma que se le asigna
en forma solidaria a María Custodia Prieto Moreno, a Ángel Guillermo Fuentes Reyes, a
Jairo Antonio Fernández Torres y a la sociedad C.I. Avetex S.A. es de $664.251.348, en
lugar de $708.874.262 que estableció el Fallo con responsabilidad fiscal No. 00012 del 16
de noviembre de 2007, confirmado por el Auto No. 000221 del 28 de marzo de 2008, y el
Fallo No. 0001 del 13 de enero de 2009, proferidos por la Contraloría General de la
República, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. Y
DECLARAR la legalidad de dichas providencias en todos los demás aspectos que
decidieron.
SEGUNDO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO. DECLARAR que no hay condena en costas.
CUARTO. ORDENAR que por Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta se liquiden
los gastos del proceso y si lo hubiere, devolver a la parte demandante el saldo respectivo.
QUINTO. ORDENAR que en firme la decisión, por el Tribunal Administrativo del Meta se
archive el expediente previo el registro y las anotaciones pertinentes.
SEXTO. ORDENAR que previas las anotaciones de rigor, por Secretaría del Tribunal
Administrativo de Arauca: (i) Se remita copia de esta providencia por correo -Electrónico si
aparece registrado o postal- a las partes y al Ministerio Público con carácter de mera
información. (ii) Se devuelva el expediente al Tribunal Administrativo del Meta, para que
prosigan los trámites procesales que correspondan, incluido el de notificación de la
sentencia.
Como primera medida, el Tribunal se pronunció sobre las excepciones planteadas por la
Contraloría General de la República. En tal sentido respecto de la ineptitud sustancial de
la demanda consideró que no prosperaba, por cuanto el escrito demandatorio cumplía
con los requisitos del artículo 137 del CCA. En cuanto a las denominadas
«“Improcedencia de la pretensión por falta de causal de nulidad de los actos y por
inexistencia de derecho a restablecer” e “Inexistencia de derecho a restituir o reparar”»,
estimó que versan sobre aspectos sustanciales de derecho y argumentos de defensa, los
cuales se dirimirían al decidir de fondo la controversia.
El Tribunal consideró que la directora de la Unidad de Contratación del Departamento del
Meta tenía como función principal verificar el cumplimiento de las normas jurídicas que
regían los procedimientos de la contratación estatal, para efectos de adelantar el proceso
de selección del contratista; por lo que la demandante sí tenía la calidad de gestora fiscal
frente al Contrato 210 de 2004, ya que contaba con los aspectos funcional y orgánico al
tener participación directa y decisoria.
Precisó que de acuerdo con las funciones asignadas en el manual, adoptado mediante
Decreto 328 de 2002 y del acto administrativo de creación, Decreto 327 de la misma
10 Índice 1 del aplicativo SAMAI correspondiente al expediente de primera instancia.
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anualidad, es claro que la función principal de la Directora de la Unidad era la de ordenar
y dirigir la celebración de licitaciones o concursos, así como la escogencia de contratistas
en los términos y bajo las condiciones de las normas jurídicas que regían la contratación
estatal, por lo tanto, quedaba desvirtuada la afirmación relativa a que no ostentaba
actividades de revisión y verificación de los pliegos de condiciones para la contratación.
Manifestó que, del análisis de los documentos allegados, se pudo observar que en la
etapa previa a la apertura de la Licitación Pública 001 de 2004, cuyo objeto era el
suministro de morrales escolares, no se realizó un estudio serio de mercado que
determinara el precio real de los bienes a adquirir. Por lo que es evidente que el
sobrecosto empezó a concebirse en la etapa precontractual.
Adujo que no existe duda que la hoy demandante en su entonces calidad de directora de
la Unidad de Contratación tenía como deber funcional el cumplimiento de las normas
jurídicas que regulan el proceso contractual, previstas en la Ley 80 de 1993 y en el
Decreto 2170 de 2002. Además, dentro de las funciones asignadas a la Unidad de
Contratación, se encontraba la de orientar e instruir a los diferentes organismos del nivel
central del departamento del Meta, sobre las directrices y procedimientos que debían
observar en el trámite de los procesos de contratación.
Explicó que, frente al principio de congruencia, las providencias no podían ser
transcripciones exactas, ni su contenido podía ser idéntico al auto de imputación, ya que
resultaba procedente incorporar nuevos elementos en aplicación del derecho al debido
proceso administrativo fiscal. Precisó que, de la confrontación del auto de imputación de
responsabilidad fiscal y de las providencias sancionatorias, se observó que no existía la
incongruencia endilgada por la demandante, pues en ambos actos se estableció que la
actora ejerció gestión fiscal respecto de la administración de recursos que concretó a
través de su participación directa en el proceso contractual investigado.
Indicó que, en relación con el cuestionamiento sobre la valoración de pruebas que efectuó
la Contraloría General de la República, en el expediente fiscal se encontró acreditado
todo lo contrario, pues se adelantó una amplia e intensa actividad probatoria.
Frente al cargo por desviación de poder se estimó que la demandante no lo probó, pues
lo fundamentó en los mismos argumentos que utilizó para demostrar la supuesta falsa
motivación y, en todo caso, «no aparece algún hecho que pueda mostrar que la
declaratoria responsable fiscal que se hizo en contra de María Custodia Prieto Moreno,
obedeció a una desviación de poder […] o algún tipo de discriminación negativa, o a
intereses particulares en su contra».
Afirmó que en la cuantificación del daño contenida en las decisiones fiscales, la
Contraloría General de la República cometió un error aritmético en contra de las personas
naturales sancionadas, pues aplicó la resta sobre el total del daño, cuando debió hacerlo
exclusivamente sobre el concepto de sobrecostos; de cara a lo cual estableció que la
operación correcta arrojaba como suma definitiva a cargo de la actora el valor de
$664.251.348 y, en consecuencia, declaró la nulidad parcial de la providencia
sancionatoria de primera instancia para fijar la condena en dicho monto, en lugar de los
$708.874.262 iniciales.
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III. RECURSO DE APELACIÓN
La Contraloría General de la República inconforme con lo decidido por el a quo, interpuso
recurso de apelación que sustentó en los siguientes términos11:
En primer lugar, se refirió al proceso de responsabilidad fiscal indicando que las
conclusiones del fallo 00012 del 16 de noviembre de 2007 se enmarcaron en la estricta
legalidad y contaron con el soporte probatorio requerido. Que no existió vulneración
alguna al debido proceso, toda vez que la actora rindió su respectiva versión libre, tuvo
conocimiento de todas las pruebas recaudadas y la entidad resolvió cada uno de los
recursos interpuestos. Asimismo, afirmó que se comprobó plenamente la existencia de
un daño patrimonial al Estado, y que los elementos de conducta y nexo de causalidad
quedaron debidamente acreditados en la providencia sancionatoria; que la Constitución
Política y la ley imponen a los servidores públicos el fiel cumplimiento de los deberes
asignados a su cargo.
Seguidamente citó jurisprudencia con relación al principio de congruencia de la sentencia,
el cual tiene como finalidad que exista consonancia entre la parte considerativa y
resolutiva (congruencia interna); así mismo que haya relación entre lo solicitado por las
partes tanto en la demanda como su contestación (congruencia externa); esto con el fin
de proteger el derecho de defensa y debido proceso, a fin de que en la sentencia no se
reconozcan situaciones o peticiones que las partes no hayan pedido dentro del proceso
(fallo extrapetita).
Finalmente, centró su inconformidad en que, en la sentencia apelada se configuró la falta
de congruencia externa, toda vez que se efectuó un análisis de la cuantificación del daño
patrimonial que no se le había solicitado ni alegado, tanto en sede administrativa como
judicial; por lo que el Tribunal falló de forma extrapetita al modificar oficiosamente la
condena impuesta en el fallo con responsabilidad fiscal 00012 del 16 de noviembre de
2007.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
4.1. Mediante providencia de 8 de abril de 202112, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado judicial de la Contraloría General de la República.
Posteriormente, en Auto del 21 de junio de 202113 se corrió traslado a las partes para
presentar sus respectivos alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir el
concepto de rigor.
4.2. El apoderado de la Contraloría General de la República reiteró los argumentos
expuestos en su recurso de apelación ante el Tribunal14. Por su parte, la Previsora S.A.
Compañía de Seguros, alegando su condición de interesada en la decisión, solicitó que
se mantuviera en firme la providencia adoptada por el juez de primera instancia 15. La
demandante guardó silencio.
11 Índices 3 y 4 del aplicativo Samai correspondiente al expediente de primera instancia.
12 Índice 4 del aplicativo Samai.
13 Índice 9 del aplicativo Samai.
14 Índice 13 del aplicativo Samai.
15 Índice 15 del aplicativo Samai.
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V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal,
de conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm.
434 de 2024), expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
5.2. Alcance del recurso de apelación
Antes de resolver el fondo del presente asunto, debe señalarse que la competencia de la
Sala como juez de segunda instancia está circunscrita a los reparos concretos que el
apelante formule contra la sentencia de primera instancia. Así se desprende de los
artículos 350 y 357 del Código de Procedimiento Civil (aplicables por remisión del artículo
267 del CCA, conforme a los cuales la apelación tiene por objeto que el superior examine
la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos del apelante. Al respecto
esta Corporación ha sostenido16 lo siguiente:
De conformidad con el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de
primer grado y la revoque o reforme. La apelación permite el ejercicio del derecho de
defensa de las partes, a través de la impugnación de la decisión judicial contenida en la
sentencia. Por tanto, exige que el recurrente confronte los argumentos expuestos por el
fallador de primera instancia con sus propias razones de inconformidad, para determinar si
las pruebas y el sustento jurídico han sido correctamente valorados. El recurso de apelación
es un instrumento judicial, en este caso, para impugnar una sentencia controvirtiéndola con
argumentos que apunten a desvirtuarla total o parcialmente y sirvan de marco al juez de
segunda instancia para llevar a cabo la función revisora que comporta tramitar y decidir una
apelación. Esa función, que no es oficiosa, tiene que apoyarse en la argumentación
contenida en la sustentación del recurso de apelación, que le debe servir al Ad quem
para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia
según lo pretendido por el apelante. [Negrillas fuera de texto].
En el caso bajo examen, el Tribunal Administrativo de Arauca accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda, pues no encontró configuradas las causales de nulidad alegadas
por la demandante, sino que, por el contrario, estimó que dentro de la actuación se
garantizó el debido proceso de la entonces investigada, que se adelantó una amplia e
intensa actividad probatoria y se logró determinar la calidad de gestora fiscal de la señora
María Custodia Prieto Moreno y, por ende, su responsabilidad.
No obstante, el a quo declaró la nulidad parcial del inciso segundo del artículo primero de
la parte resolutiva del fallo fiscal de primera instancia, respecto de la cuantía asignada en
forma solidaria a la actora y los demás investigados, pues consideró que se incurrió en
un yerro aritmético al momento de establecerla y, en consecuencia, la redujo.
16 Consejo de Estado – Sentencia de 26 de noviembre de 2009, Rad. 25000-23-27-000-2007-00024-01
Actor: Hospital Universitario Clínica San Rafael, MP. WILLIAM GIRALDO GIRALDO.
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Al efecto, el a quo precisó que la Contraloría General de la República aplicó erradamente
una resta sobre el total del detrimento y no sobre el concepto exclusivo de sobrecostos.
Por tal motivo, corrigió la operación matemática, pues determinó que la suma definitiva a
cargo de la actora arrojaba un valor de $664.251.348, mas no los $708.874.262 iniciales.
Inconforme con lo anterior, la Contraloría General de la República interpuso recurso de
apelación, por considerar que la decisión apelada vulneró el principio de congruencia
externa, dado que la sentencia reconoció una situación que no fue alegada por la actora,
produciéndose un fallo extrapetita.
A partir de lo expuesto, se considera que la competencia de la Sala estará delimitada en
relación con las inconformidades elevadas por la entidad demandada en su recurso de
alzada, las cuales se encuentran relacionadas con el hecho de que el a quo desconoció
el principio congruencia externa, al efectuar un análisis de la cuantificación del daño
patrimonial que no lo había solicitado ni alegado la parte demandante.
5.3. El principio de congruencia en las providencias judiciales
Esta Sección ha precisado que el principio de congruencia «tiene por objeto garantizar el
derecho al debido proceso de las partes, de manera que las mismas tengan certeza que
en la sentencia únicamente sean abordados aspectos relacionados con los hechos y
pretensiones aducidos en la demanda y su contestación, así como en las demás
oportunidades procesales previstas en el ordenamiento jurídico»17.
De ahí que «el principio de congruencia es entendido como el deber legal que tienen los
funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con fundamento
en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las
partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita,18 como regla general»19.
La congruencia de las providencias debe ser interna y externa. En sentencia del 12 de
diciembre de 202420, esta Sección sostuvo que, a través de la congruencia externa se
delimita el contenido de las decisiones judiciales de acuerdo con el sentido y alcance de
las peticiones formuladas por las partes, con la finalidad de que exista identidad jurídica
entre lo resuelto y lo aducido dentro del proceso, así:
71. Esta Corporación21 ha definido el principio de congruencia como “[…] el principio
normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de
acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, para el efecto
de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y
excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de mayo de
2025, expediente 05001 2333 000 2013 01364 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de
7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 27 de junio de 2024, expediente 11001-03-25-000-2021-00044-00 (0135-2021). C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 12 de
diciembre de 2024 en el radicado nro. 25000 23 24 000 2005 01152 02. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
noviembre de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 13001 23 31 000
2001 02023 01.
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especiales para separarse de ellas […]”, es decir, que el alcance y contenido de una
providencia está delimitado por las pretensiones, existiendo una correspondencia
entre esta y los hechos que se esgrimen en la demanda y en su contestación.
72. La citada sentencia señaló que la congruencia debe ser interna y externa. La
primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia; y la segunda, la externa, que la decisión contenida en la
resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en su
contestación o en los recursos interpuestos. […]
74. Por último, se determinó que en aplicación del principio de congruencia el juez puede
traer a colación los análisis sobre el alcance de las normas legales pertinentes, aunque no
hayan sido planteados por las partes, siempre y cuando, como regla general, sus
consideraciones se desplieguen en el marco de las pretensiones del proceso y con base en
el acervo probatorio debatido en el mismo.
[…] Con el fin de establecer si se estructura alguna de las anteriores circunstancias
[extrapetita, ultra petita y mínima petita corresponde comparar las pretensiones de la
respectiva demanda con la sentencia dictada, para determinar si esta resulta o no acorde
con lo solicitado y en caso de advertirse que el juez de primera instancia decidió por fuera
de lo pedido, la condena deberá ajustarse de manera oficiosa […]”22.
En el mismo sentido, la Sección asumió la postura de protección del principio de
congruencia en las sentencias, consistente en que las decisiones deben corresponder
con lo pedido tanto en la demanda como en la contestación de la misma -congruencia
externa-, a fin de no incurrir en fallos ultrapetita o extrapetita. En efecto, en sentencia del
26 de septiembre de 202423, se dijo lo siguiente:
La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se traduce en la armonía
predicable tanto de su estructura interna, esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como
de la externa, entendida como la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes.
Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión
que resuelva la controversia formulada no solo frente a las pretensiones que formula el
actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar en relación con la
defensa de quien funge como parte accionada, y que se ejerce también a título de
excepciones.
Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está atada a la competencia del
superior funcional y al examen que le corresponde efectuar como consecuencia de la
revisión de la providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para que, según
su análisis, la revoque, modifique o, si lo encuentra pertinente, la confirme, de conformidad
con el artículo 32024, armonizado con el artículo 281, ambos del CGP.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; Sentencia
de 17 de agosto de 2017; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; número único de radicación
41001233100020020092801.
23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de
septiembre de 2024. Radicado nro. 11001 03 24 000 2024 00048 00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
24 “[...] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya
sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71. [...]”
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Para ahondar en esta estructura, se prohíja la siguiente decisión25 en la que se adujo:
[…] En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que tienen
los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de NO INCURRIR en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en los siguientes términos:
“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una parte
que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que
se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea
concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito
de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión
conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia,
se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer
un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce
un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o
se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados,
y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones”.
Además, la congruencia también se puede calificar según las relaciones que se produzcan
entre la sentencia, entendida como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que el principio de congruencia externa
exige un límite procesal para el fallador, quien debe circunscribir su decisión a lo solicitado
en las pretensiones y a lo planteado en la demanda, en la contestación del libelo; o en el
recurso de apelación, por lo que la inobservancia de este principio configura un
desbordamiento de competencia materializado en un fallo extra o ultra petita.
5.4. Análisis de la congruencia externa alegada por la entidad apelante
Tal como se dijo previamente, la parte apelante fundamentó su recurso de apelación en
el hecho de que el a quo al declarar la nulidad parcial de los actos acusados desconoció
el principio de congruencia externa, por cuanto se pronunció sobre la cuantificación de la
suma a pagar por la demandante sin que ella lo hubiese alegado o pedido.
Para efectos de determinar si el fallo apelado es congruente o no, la Sala estima
necesario y oportuno, a título ilustrativo, realizar un cuadro comparativo que contenga los
hechos y fundamentos de derecho que fueron formulados por la parte demandante para
sustentar la “inexistencia de sobrecostos”, en razón a que los otros motivos de
inconformidad se sustentaron en la presunta transgresión de sus derechos
fundamentales al buen nombre y debido proceso; en la falta de coherencia entre la
imputación y las decisiones cuestionadas; en que no ostentaba la calidad de gestora fiscal
y en el examen probatorio practicado en sede administrativa, los cuales no guardan
ninguna relación con el tema objeto de apelación.
25 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión.
Sentencia de 2 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV). Actor:
Luis Ángel Torres Gómez. CP Alberto Yepes Barreiro.
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Por tanto, a continuación, se citarán los fundamentos de hecho y de derecho expuestos
por la demandante sobre su inconformidad con los sobrecostos que encontró acreditado
la demandada dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Veamos:
El tema de los sobrecostos. La contraloría no determinó de manera
fehaciente la existencia de un verdadero y concreto sobrecosto en la
adquisición de los morrales escolares que fueron objeto del contrato
210/04, porque dentro de la investigación fiscal no hizo un análisis de
precios del mercado que permitiera concretarlos en la forma establecida por
la ley y la jurisprudencia
Afirma el fallo que el daño patrimonial estatal asciende a $ 651.241.120.oo,
suma determinada por la Contraloría.
Los asesores de la Procuraduría establecieron como sobrecostos dentro
del contrato 210/04, $1.151.527.838. es decir, ni siquiera le reconocieron
en su totalidad los costos y gastos en que incurrió el contratista con ocasión
de la ejecución del contrato que ascendió a la suma $1.906.153.635 (ver
dictamen 9-5417 del CTI. Hoja 30), y menos tuvieron en cuenta el margen
de ganancia y demás gastos en que incurrió por contratar con el Estado.
Absurdo, porque en el (sic) materia comercial en Colombia está permitido
que quien ejerce actos de comercio puede obtener lícitamente ganancias
razonables.
La Fiscalía dentro del proceso penal No. 1624 que por estos mismos
hechos adelantó, a través del dictamen o. 9-5417 de octubre 15 de 2004,
fijó el sobreprecio del contrato en mención en la suma de $814.221.494.00,
suma ésta que fue mal determinada, según admitieron los peritos al
aclararlo y dar respuesta a las objeciones presentadas.
Las tres piezas procesales citadas y que concluyen afirmando la existencia
de sobrecostos de los morrales escolares, fueron tenidas por la Contraloría
como plena prueba para sancionar, a pesar de las diferencias de los valores
Demanda
que cada una presenta por concepto del sobreprecio. Así las cosas, no se
entiende por qué razón un estudio de mercado que debe ser similar en las
tres entidades pues se trata de los elementos del mismo contrato, utilizando
prácticamente las mismas cotizaciones, aparezca con diferencias tan
pronunciadas.
[…]
Ninguno de los funcionarios de los tres entes que hicieron el análisis de
costos tuvo en cuenta los gastos en que incurrió el contratista por contratar
con el Estado; tampoco revisaron las exigencias del pliego en lo relacionado
con la determinación del precio de la oferta y mucho menos verificaron que
los cotizantes cumplieran con los mismos requisitos exigidos a los
oferentes, lo que demuestra la falta de idoneidad de esos estudios y la-
carencia de conocimientos para rendirlos. Las empresas cotizantes no eran
idóneas, pues TEXTILES Y MANUFACTURAS GRAN COLOMBIA S. EN
C., se puede apreciar en la factura produce cordones y reatas sintéticas y
naturales. La Empresa Unipersonal D.C.WER, no se sabe cuál es su objeto
social. Confecciones Gaivis produce artículos de cuero, lo que hace concluir
que tales establecimientos no producían productos similares a morrales en
lona impermeable y por tanto no eran los llamados para presentar
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cotizaciones, pues no cumplían ni remotamente con los requisitos exigidos
en los pliegos, tampoco estaban registrados en el Registro único de
Proponentes.
Dentro de los dictámenes e informes técnicos que antes se citaron y que
fueron tenidos en cuenta como prueba para sancionar, obra un estudio de
laboratorio de la Policía Nacional sobre 6 unidades de morrales, ordenada
por los asesores de la Procuraduría que rindieron el informe técnico No.
0503 del 24 de septiembre de 2004, el cual fue acogido igualmente por los
peritos del CTI que emitieron el dictamen No. 95417. Estudio éste que no
fue ordenado por ningún juez del conocimiento, a pesar de que para que
esta prueba pudiera cumplir la función que le correspondía en un proceso
de cualquier clase, la designación ha debido ser hecha por el juez de la
causa, escogiéndolos entre expertos de la cuestión que ha de ser objeto
del dictamen, y no por^ los asesores técnicos a quienes no se les otorgó
esa facultad, pues dada su calidad de técnicos debían necesariamente ser
expertos en el tema y no acudir a otros expertos, pues de no serlo no podían
rendir su concepto sobre el estudio se les encomendó.
En los estudios técnicos del CTI, de la Procuraduría y de la Contraloría no
se establecieron con exactitud las variables que afectaron el precio del
mercado de los maletines objeto del contrato 210 de 2004.
Es bien complicado saber con exactitud cuál sobrecosto es el que se
atribuye, porque los tres estudios de mercado no tienen semejanza alguna
y los maletines resultaron de muy buena calidad, según se demostró porque
lo certificaron algunos de los rectores de los colegios oficiales del Meta. Es
cierto que cada uno de los procesos es independiente, pero un estudio de
costos de los maletines bien hecho, por personas capacitadas y
conocedoras, debe concluir necesariamente estableciendo unos valores
más o menos uniformes, y no tan diferentes unos de otros, cuando
precisamente éstos se han hecho para determinar responsabilidad en los
funcionarios públicos cuya conducta se investiga, concluyéndose entonces
que en las actuales circunstancias lo expuesto, no permite que
fundadamente pueda deducirse con exactitud el monto de un detrimento
patrimonial del Estado.
Para el análisis de la responsabilidad que pueda derivarse frente al tema
de los sobrecostos en materia contractual y los elementos que lo componen
considero importante hacer referencia a algunos pronunciamientos que
sobre el tema han hecho el Consejo de Estado, la Contraloría General de
la República y la Procuraduría General de la Nación.
[…]
Puesto de presente el marco legal, jurisprudencial y conceptual que orienta
la determinación de los sobrecostos en la contratación pública, ha de
concluirse que dentro del proceso fiscal no existió un verdadero estudio de
precios que sirviera de prueba idónea para llegar a la conclusión de que en
el contrato 210 de 2004, se presentaran sobreprecios; era necesario que
los peritos del CTI, los dé la Procuraduría y los técnicos de la Contraloría
realizaran el estudio de los precios del mercado que regían al momento de
la celebración del contrato investigado, para así realizar los estudios
técnicos, establecer su real valor y compararlo con el fijado en el referido
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contrato, para de ahí concluir si en realidad existió el sobrecosto, como así
no ocurrió, se concluye que no existe un fundamento técnico que lleve a la
conclusión de la existencia de los mismos en el referido contrato. Por eso,
no puede hablarse con certeza de la presencia de sobrecostos aducida
para responsabilizarme.
Revisado el informe del 23 de mayo de 2006, rendido por las profesionales
universitarias comisionadas se constata que las mismas no cumplieron la
comisión que se les otorgó, porque no practicaron las inspecciones - cruces
contables decretadas, no oficiaron a la Gobernación del Meta ni pidieron
cotizaciones a las fábricas, fabricantes y expendedores de bolsos como se
les ordenó. En cambio, decidieron por su cuenta, sin mediar nueva orden
de la Contralora Delegada para investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, excederse en la comisión conferida practicando otras
diligencias que no se decretaron tales como recibir declaraciones a JUAN
PABLO RAMÍREZ FLÓREZ, RAFAEL NUÑEZ PÉREZ, y JUAN CARLOS
BELTRÁN ARCILA; rendir informes relacionados con el desarrollo del
contrato 210 de 2004, hacer un nuevo estudio de precios de los maletines
de una forma deficiente y carente de todo conocimiento en el tema de
costos, para concluir complementando dicho informe técnico, con lo
expuesto en el dictamen rendido por los peritos del CTI, y en el concepto
técnico de los funcionarios de Investigaciones Especiales de la
Procuraduría.
Las profesionales Universitarias de la Contraloría también se excedieron en
el cumplimiento de la comisión al practicar pruebas diferentes a las
ordenadas, dejando volar su imaginación, omitieron cumplir lo decretado,
para por su cuenta, lograr una información sesgada, toda vez que en sus
cálculos para obtener un promedio del costo no se inspeccionaron las 11
Adición y empresas satélite como se les ordenó, sino que únicamente tres de ellas
corrección de la fueron visitadas y solo a dos se le tuvieron en cuenta los costos -si es que
demanda así se puede llamar- , porque no los calcularon completos, excluyendo de
plano a MANUFACTURAS RAM, porque según las mismas comisionadas,
establecieron que su costo difería en los informes, cuando su tarea era ir a
verificar precisamente estos costos pidiendo cotizaciones y haciendo los
cruces contables ordenados, en cambio se fueron a otra fuente que no
estaba ordenada como las cotizaciones pedidas por la Procuraduría y la
Fiscalía, y averiguando con dos de las empresas visitadas, no solo el costo
de los morrales sino el valor del transporte y del empaque de los maletines,
sin que tales empresas estén dedicadas a las áreas transportadora y
vendedora de cajas de cartón. Tal situación dio lugar a la vulneración de
los artículos 33 y 34 inciso segundo del C. de P.C.
Del referido informe técnico se desprende que las comisionadas en ningún
momento hicieron cruce contable alguno y menos determinaron si el
presunto sobrecosto establecido por el CTI, se debió a la utilización de las
empresas satélites para la confección de los morrales, que era lo que se
les había ordenado.
[…]
El informe técnico de las funcionarlas comisionadas de la Contraloría,
tampoco tuvo en cuenta ninguno de los objetivos de la contabilidad de
costos, que consiste en calcular cuánto cuesta producir un artículo, cuánto
cuesta venderlo, o qué costos se requieren para prestar un servicio.
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[…]
Por lo anterior se concluye que fue arbitraria la determinación del
sobrecosto de los maletines escolares, porque al valor establecido por las
comisionadas de la Contraloría, no le tuvieron en cuenta todos los costos
en que incurrió el contratista por los descuentos departamentales, y menos
los costos directos e indirectos que soportó la empresa Cl AVETEX S.A.,
para la producción del producto y para contratar con el Estado. Las
cotizaciones analizadas para calcular el precio de los morrales fueron
expedidas por empresas de las que no se determinó si reúnen las
exigencias del pliego de condiciones y menos cual es su objeto social.
Es tan equivocado y carente de conocimientos este informe que por
concepto de otros gastos tales como timbres, publicación, e impuestos
departamentales solo reconocieron $7.347.231, cuando en realidad es el
mismo fallo de primera instancia el que acepta que se demostraron gastos
por estos conceptos por un total de $ 174.002.279.oo (ver folio 48 del
referido fallo).
El dictamen del CTI, el concepto técnico de los asesores de Investigaciones
Especiales de la Procuraduría y el informe técnico rendido por las
funcionarlas de la Contraloría, que obran en el proceso de responsabilidad
fiscal, establecieron el precio de producción del producto, -los que por cierto
difieren entre sí- pero no el precio de mercado del mismo, tal como quedó
claro anteriormente, para poder realizar esa tarea también necesario tener
claro estos conceptos y conocer como se clasifican los costos [en este
punto la demandante cita los conceptos de clasificación de costos, costos
de producción, costos de mercado y costos de producción].
[…]
De haberse conocido estos conceptos por parte de quienes determinaron
los costos de los morrales, se habría llegado con certeza a establecer de
una forma real el valor comercial de los referidos morrales, ese
desconocimiento conllevó a que tanto el dictamen del CTI como el concepto
y el informe técnicos de Procuraduría y Contraloría respectivamente,
difieran todos entre sí.
Las anteriores circunstancias demuestran la vulneración del artículo 22 de
la Ley 610 de 2000, que trata sobre la necesidad de la prueba, para que las
providencias se fundamenten en pruebas legalmente producidas y
allegadas al proceso, y como se advierte el citado informe técnico de la
Contraloría, dista mucho de ser una prueba legalmente producida, por las
razones anteriores expuestas.
El artículo 23 de la misma ley fue desconocido porque no obra dentro del
proceso de responsabilidad fiscal CD 099, prueba que conduzca a la
certeza del daño patrimonial a que aluden los actos acusados, pues los
mismos se fundamentan en tres dictámenes totalmente diferentes, dos de
los cuales fueron acogidos parcialmente por el fallador, me refiero al
rendido por el CTl y el que rindieron los funcionarios de Investigaciones
especiales de la Procuraduría que obran como prueba trasladada en el
proceso, y totalmente acogido el rendido por las funcionarlas comisionadas
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de la Contraloría, todos abiertamente ilegales, porque se extralimitaron en
la comisión otorgada, obrándose en contravía de la legalidad y con
desconocimiento del debido proceso, pues dentro de un proceso no puede
existir sino un solo dictamen pericial que verse sobre los mismos puntos y
no varios como ocurrió, infringiéndose de esta manera el artículo 233 del C.
de P.C.
En la cuantificación del daño que contienen las decisiones fiscales, la
Contraloría General de la Nación cometió un error en contra de las
personas naturales sancionadas. Se destaca que no fue advertido por la
hoy demandante, ni en sus recursos ante dicha entidad ni en la demanda
que radicó para el presente proceso. No obstante, aquí se analiza y decide,
toda vez que en los cuestionamientos de María Custodia Prieto Moreno
está implícita su impugnación frente a todos los aspectos de la sanción.
En efecto, en el informe Técnico que rindió el 23 de mayo de 2006 Astrid
Elvira Barriga Claro (fl. 1714-1726, с. 56 CD fl. 409), se resume la
cuantificación del daño patrimonial en $779.328.968, con dos conceptos: (i)
Valor del sobrecosto en $740.761.768, más (ii) el valor de 2.425 morrales
no entregados en $38.567.20020.
Luego, en la decisión de primera instancia, el ente fiscal acepta reducir la
cuantía del (i) sobrecosto en $166.655.048 (fl. 102-103).
Pero aplica la resta sobre el total de $779.328.968 (Que incluye (i)
sobrecostos y (ii) morrales no entregados), cuando debió ser sobre
Consideraciones
$740.761.768 que era lo exclusivo de (i) sobrecostos; y por ello establece
de la sentencia
ahora la cuantía total en $651.241.120, como resultado de sumar
de primera
$612.673.920 (Equivale a $779.328.968 menos $166.655.048) más los
instancia
morrales no entregados por $38.567.200 (fl. 102-108).
respecto de la
cuantificación
De manera que la operación correcta era: Al concepto (i) Sobrecostos de
de sobrecostos
$740.761.768 se le resta el valor que le reconoce de $166.655.048, con lo
que la suma real total por (i) Sobrecostos era $574.106.720; y si a ello se
le suma (ii) Morrales no entregados por $38.567.200, la cifra total resultante
del daño patrimonial era de $612.673.920.
Así mismo y comoquiera que el ente de control le asignó a la aquí
demandante, a Fuentes Reyes, a Fernández Torres y a Avetex
responsabilidad por el concepto de (i) Sobrecostos y a los tres primeros
nada por el (ii) Morrales no entregados (fl.107-108), se establece que el
valor real a cargo de estas personas es de $574.106.720 y utilizando los
mismos datos de la providencia de primera instancia para indexar
($574.106.720 * 176.26/152.34, fl. 107) la suma definitiva a su cargo es de
$664.251.348. Y en este aspecto prospera parcialmente la demanda, para
fijar en esa cifra el valor solidario a pagar, en lugar de $708.874.262 que
estableció el artículo primero del Fallo con responsabilidad fiscal 00012 del
16 de noviembre de 2007, confirmado por el Auto No. 000221 del 28 de
marzo de 2008, y fallo No. 0001 del 13 de enero de 2009, proferidos por la
Contraloría General de la República […].
De lo transcrito en precedencia, la Sala no encuentra que la señora María Custodia Prieto
Moreno hubiese cuestionado el monto de la suma que se le impuso pagar dentro del
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proceso de responsabilidad fiscal y mucho menos controvirtió la operación aritmética que
dio lugar a establecer dicha cuantía.
Al respecto, valga aclarar que los argumentos de la demandante estuvieron dirigidos a
desvirtuar un elemento estructural de la responsabilidad fiscal, como lo es, la existencia
de «un daño patrimonial al Estado», con el único propósito de exonerarse de esta, mas
no para que la suma que se le impuso pagar fuese disminuida o modificada.
Existe una gran diferencia entre la existencia del daño patrimonial en materia de
responsabilidad fiscal y su cuantía. En efecto, el primero es un elemento indispensable
para que un sujeto sea o no declarado responsable fiscal, de conformidad con lo previsto
en el artículo 5 de la Ley 610 de 200026. Mientras que la cuantía es el restablecimiento
económico por el perjuicio causado, la cual deberá establecerse de forma precisa en los
fallos de declaratoria fiscal con su respectiva indexación, en virtud del artículo 58
ibidem27.
Debido a lo anterior, la Sala advierte que el hecho de que la demandante haya expuesto
inconformidades sobre la existencia del daño patrimonial no implicaba que estuviese
controvirtiendo su cuantía, pues de la lectura de sus argumentos se extrae con total
certeza que su finalidad era que se le eximiera de responsabilidad fiscal y no disminuir la
suma de dinero que se le impuso pagar en los actos administrativos aquí demandados.
Tan cierto es ello que el mismo Tribunal en la sentencia aquí apelada así lo reconoció en
los siguientes términos: «En la cuantificación del daño que contienen las decisiones
fiscales, la Contraloría General de la Nación cometió un error en contra de las personas
naturales sancionadas. Se destaca que no fue advertido por la hoy demandante, ni en
sus recursos ante dicha entidad ni en la demanda que radicó para el presente proceso.
No obstante, aquí se analiza y decide, toda vez que en los cuestionamientos de María
Custodia Prieto Moreno está implícita su impugnación frente a todos los aspectos de la
sanción». [Subrayas por fuera del texto original].
Por tanto, para la Sala resulta evidente que el a quo vulneró el principio de congruencia
al proferir una sentencia extrapetita, pues modificó la fórmula aritmética que cuantificó la
cuantía del resarcimiento económico que estableció la Contraloría General de la
República en los actos demandados, sin que tal aspecto hubiese sido censurado por la
demandante en el libelo introductorio.
26 «Artículo 5º. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los
siguientes elementos:
• Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
• Un daño patrimonial al Estado.
• Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.».
27 «Artículo 53.Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá fallo con
responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la
certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y
actuación cuando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el
comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la
obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.
Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado,
actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al
consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes». [Se destaca].
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El a quo estaba llamado a resolver exclusivamente los cargos de la demanda y los
argumentos de la contestación, es decir, que su análisis estaba dirigido al estudio de los
cargos de violación sustentados en la presunta vulneración al debido proceso, falsa
motivación y desviación de poder. Además, también debía ocuparse de resolver la
oposición presentada por la Contraloría General de la República, entidad que defendió la
legalidad de los actos acusados, para lo cual, entre otros, argumentó que se respetó el
debido proceso, y que se había demostrado el daño patrimonial.
Así las cosas, se observa que los límites de la decisión del a quo fueron desbordados,
por cuanto sin que se planteara debate alguno frente a presuntos yerros aritméticos en
la liquidación efectuada por la entidad, el fallador procedió oficiosamente a revisarlos y,
en consecuencia, a modificar la condena.
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que: (i) en la demanda no se cuestionó la
cuantía determinada por el ente de control ni se solicitó su reducción. No se formuló
reproche directo contra la fórmula de descuento aplicada, lo cual impidió que dicho
cálculo integrara la fijación del litigio; y (ii) dentro del proceso, al no haberse fijado el litigio
con respecto a la cuantía establecida, la entidad demandada no pudo ejercer su derecho
de defensa frente a dicho aspecto, lo que cercenó su derecho al debido proceso.
En consecuencia, el cargo de apelación prospera, motivo por el cual la Sala revocará el
numeral primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca el 26
de junio de 2020 que modificó la suma a pagar impuesta a la demandante dentro del
proceso de responsabilidad fiscal. Asimismo, la confirmará en todo lo demás en atención
a que no fue objeto de controversia en esta instancia.
5.5. Condena en costas
La Sala se abstendrá de condenar en costas, en razón a que no se cumplen los supuestos
del artículo 171 del CCA, en consonancia con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida el 26 de junio de
2020 por el Tribunal Administrativo de Arauca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Una vez en firme esta decisión, la Secretaría procederá al archivo del
expediente, con las constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la
fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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