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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01364-01

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01364-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: Primero: CONFIRMAR la sentencia de 16 de junio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor del Municipio de Medellín y del Metro de Medellín Ltda., por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, para cada uno. Tercero: RECONOCER personería al abogado Smith Gómez Cano para que represente los intereses de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., conforme el poder a él conferido. En consecuencia, se tendrá por terminado el poder conferido a la abogada Jeicy J. Pabón Restrepo. Cuarto: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2013-01364-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

2 de mayo de 2025

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Radicado: 05001 2333 000 2013 01364 01
Demandante: Gladys María Montoya Castaño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 2333 000 2013 01364 01
Demandante: GLADYS MARÍA MONTOYA CASTAÑO
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y OTRO

Tema: No se probó la incorrección del avalúo oficial que sustentó la
Resolución SH-ADQ-0134 de 2013 expedida por la Secretaria de
Hacienda de Medellín, por medio de la cual se ordenó la
expropiación administrativa del bien de propiedad de la
demandante.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 16 de junio de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negó las pretensiones de la
demanda contra del Municipio de Medellín y el Metro de Medellín.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 138 del C.P.A.C.A., en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388
de 1997, la señora Gladys María Montoya Castaño, a través de apoderado
judicial, demandó al Municipio de Medellín y a la Empresa de Transporte
Masivo del Valle de Aburra Ltda., con el objeto de que se accediera a las
siguientes:

1.1.1. Pretensiones

“[…] Primero: Que se declare la Nulidad del artículo tercero de la Resolución
SH-ADQ-0134 del 07 de Marzo de 2013, por medio de la cual se fijó la suma de
CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS (102.487.500)

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Demandante: Gladys María Montoya Castaño

Segundo: Que se declare que el valor comercial del inmueble objeto de
expropiación era de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($139.169.460).

Tercero: Que para restablecer el derecho vulnerado y como consecuencia de
las anteriores declaraciones se condene al MUNICIPIO DE MEDELLIN Y AL
METRO DE MEDELLIN, a pagar a GLADYS MARIA MONTOYA CASTAÑO la suma
de CUARENTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($40.394.460).

Cuarto: Que se condene a modo de daño moral a pagar la suma de 100 Salarios
Mínimos Mensuales Vigente al Municipio de Medellín y al Metro de Medellín; por
los sufrimientos y padecimientos de expropiación de la Familia de la señora
Gladys María Montoya y de ella misma.

Quinto: Que se condene al Metro de Medellín y a la alcaldía de Medellín a pedir
disculpas públicas a Gladys María Montoya Castaño y a su familia por los
procesos irregulares que cometieron y derivaron sufrimientos en sus vidas.

Sexto: Que las sumas a las que sea condenado el Municipio de Medellín y el
Metro de Medellín se actualicen teniendo en cuenta la variación del Índice de
Precios al Consumidor entre el mes de enero de 2012 y la fecha de la sentencia.

Séptimo: Que se condene al municipio de Medellín y Metro de Medellín a pagar
a título de Lucro Cesante, interés de mora entre el momento en que se declare
la expropiación y la fecha de la sentencia calculados a la tasa máxima de interés
moratorio comercial o en subsidio a la tasa de interés moratorio comercial o en
subsidio a la tasa del interés bancario corriente (interés comercial ordinario; la
afectación económica, por renta, conforme a lo establecido en el artículo 21 de
la Resolución del IGAC 620 de 2008.

Octavo: Que se Ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de la
ley 1437 de 2011.”1

1.1.2. El acto acusado

En este proceso se pretende la nulidad parcial de la Resolución número
SH-ADQ-0134 del 7 de marzo de 2013 expedida por el Secretario de
Hacienda del Municipio de Medellín, por medio de la cual se ordena la
expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la calle 49 A
número 12-16 (101) en la ciudad de Medellín, identificado con la matrícula
inmobiliaria número 001-870838 de propiedad de la actora; en la cual se
estableció como precio indemnizatorio la suma de $102.487.500 con
fundamento en el avalúo No. MZ 13-0002-01 del 28 de julio de 2012
elaborado por la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz, cuya destinación es
la construcción del corredor de la Avenida Ayacucho de la ciudad de Medellín
proyecto ejecutado por la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá
– Metro de Medellín Ltda.

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Cuaderno Principal, folios 1 y 2.

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Demandante: Gladys María Montoya Castaño

1.1.3. Fundamentos de hecho

La parte actora manifiesta que era propietaria del inmueble ubicado en la calle
49 #12-16 (interior 101) en la ciudad de Medellín, el cual fue objeto de
expropiación por la administración mediante la Resolución SH-ADQ-0134 de
7 de marzo de 2013. Afirma que por tratarse de una obra pública de
infraestructura de transporte se debía aplicar el artículo 83 de la Ley 1450 de
2011 y, por tanto, incluir las indemnizaciones que fueran del caso, ya que no
incluirlas afecta su patrimonio.

Señala que después de la expropiación fue necesario modificar su estilo de
vida, incurriendo en gastos económicos debido al cambio de su domicilio como
gastos de adquisición de un nuevo inmueble, pagos notariales, de renta y
registro.

Indica que en el avalúo oficial no se calcularon las compensaciones
establecidas en el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 y el artículo 21 de la
Resolución del IGAC y que el precio indemnizatorio reconocido no proporciona
una reparación justa, plena y objetiva.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión de la parte actora el acto acusado infringe los artículos 2, 29, 58
y 121 de la Constitución Política; 237 (numeral 6) del CPC; 83 y 246 de la
Ley 1450 de 2011; 63 y 65 de la Ley 388 de 1997 y 1 y 10 de la Resolución
620 de 2008 del IGAC, con fundamento en el cargo de vulneración de
normas superiores en los siguientes términos:

Alega que se vulneran los artículos 2, 58 y 121 de la Constitución al estimar
que la administración decidió aplicar la expropiación administrativa para
todos los procesos de adquisición de predios, cuando dicho procedimiento
es excepcional. Agrega que también se vulnera el artículo 29 ibidem en
razón a que la administración no está actuando conforme los criterios legales
existentes para declarar la urgencia que permiten la utilización de la
expropiación por vía administrativa.

Manifiesta que se aplicó el procedimiento establecido en la Ley 388 de 1997
desconociendo que se debía aplicar los artículos 83 y 246 de la Ley 1450 de
2011 que prevén que el precio indemnizatorio deberá reconocer además del
valor del bien las demás indemnizaciones y compensaciones que fuere del
caso realizar, por lo que se debió incluir los perjuicios alegados y probados
por la parte.

Resalta que el avalúo en que se sustentó el acto acusado desconoce la
Resolución 620 de 2008, toda vez que cuando se utiliza el método de
comparación o de mercado se deben explicar cuáles fueron las operaciones

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inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer
la comparación lo que no ocurrió en el presente caso.

Asegura que la Resolución 233 de 2010, mediante la cual el Departamento
Administrativo de Planeación declaró la situación de urgencia para la
adquisición del inmueble objeto de expropiación, incurre en falsa
motivación, en la medida en que no existen argumentos fácticos o
sustanciales que generen las condiciones de urgencia requeridas para la
expropiación por vía administrativa. Destaca que las resoluciones expedidas
por el Departamento de Planeación cumplen con el requisito procedimental
pero no sustancial, ya que no justifican porque la no realización de la obra
tranvía de Ayacucho afecta el sector en términos de movilidad, además de
que no se explicó cómo se dio la prioridad otorgada a esta obra para requerir
la utilización de la expropiación.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. El Municipio de Medellín se opuso a las pretensiones de la demanda
al estimar que el proceso de adquisición forzosa del predio objeto de la
demanda se realizó cumpliendo el procedimiento y la metodología de la Ley
388 de 1997, Decreto Nacional 1420 de 1998 y Resolución 620 de 2008 del
IGAC.

Resalta que no es cierto que el procedimiento de expropiación se debió
fundamentar en el artículo 83 de la Ley 1450, ya que dicha norma nunca
tuvo reglamentación y, por tanto, no podía ser aplicada mientras estuvo
vigente, para lo cual cita una respuesta que en ese sentido emitió el IGAC a
un derecho de petición presentado por el Metro de Medellín.

Aduce que la compensación prevista en el numeral 6 del artículo 21 del
Decreto 1420 de 1998, se aplica a las afectaciones previstas en el artículo
37 de la Ley 9 de 1989, que son aquellas restricciones impuestas por una
entidad que limiten o impidan la obtención de licencias por causa de una
obra pública o por protección ambiental, que se reconocen al propietario de
un inmueble, evento que no se da en el caso de expropiación administrativa.

Manifiesta que el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia
del 15 de octubre de 2013 confirmó la legalidad de la Resolución 233 del 21
de mayo de 2010, por medio de la cual se declaró la situación de urgencia
para adquisición de inmuebles con destino a la construcción de la Avenida
Ayacucho de la ciudad de Medellín.

Señala que el avalúo aportado con la demanda incurre en errores
metodológicos ya que el método de costo de reposición sólo se utiliza para
inmuebles que no están sometidos al régimen de propiedad horizontal.

Indica que además de utilizar un método inadecuado, al valor obtenido en
dicho ejercicio, le suman el valor del lote lo cual es incorrecto porque hace

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referencia a un área construida que no corresponde.

Formula como excepciones la “ausencia total de pruebas”, “falta de causa
para pedir” e “inepta demanda”.

1.2.2. La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. -
Metro de Medellín Ltda. presentó contestación en la que se opone a las
pretensiones de la demanda, para lo cual señala que el avalúo que sirvió de
fundamento para la fijación del precio indemnizatorio se realizó cumpliendo
el procedimiento y la metodología de la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional
1420 de 1998, la Resolución 620 de 2008 del IGAC y el Decreto 230 de
2005, normatividad vigente sobre la materia, permitiendo establecer un
precio justo por el inmueble expropiado, lo cual fue ratificado por IGAC,
además de que la demandante no probó la certeza de los perjuicios alegados
y tampoco desvirtúa el avalúo oficial.

Manifestó que los artículos 83 y 246 de la Ley 1450 de 2011 no son
aplicables, ya que dichas disposiciones señalan que el Gobierno Nacional
debe reglamentarlas, lo que nunca sucedió.

Destacó que los perjuicios invocados deben ser ciertos y no hipotéticos; sin
embargo, con la demanda no se aporta prueba de estos.

Alegó que la compensación prevista en el numeral 6 del artículo 21 del
Decreto 1420 de 1998 se aplica a las afectaciones de que trata el artículo
37 de la Ley 9 de 1989 por obra pública, pero no a la expropiación
administrativa.

Indicó que la metodología aplicada en el avalúo oficial fue confirmada por el
IGAC mediante Resolución 1026 de octubre de 2012, por lo que no hay
vulneración de las normas previstas en la Resolución 620 de 2008 del IGAC.

Aseguró que no es procedente el daño moral ya que la expropiación, bien
sea judicial o administrativa, está prevista desde la Constitución como un
mecanismo de limitación legitima a la propiedad, cuyo presupuesto es una
indemnización previa, por lo que es una carga que el administrado está
obligado a soportar en beneficio de la colectividad.

Precisó que el avalúo aportado con la demanda tiene problemas
metodológicos en cuanto que no tiene en cuenta si el bien esta o no
sometido a propiedad horizontal; utiliza método de comparación para
determinar el terreno y el de reposición para la construcción; sin embargo,
en el primero al realizar el estudio de mercado no tuvo en cuenta lotes de
terreno sin construcción y, por el contrario, relaciona terrenos con
construcción sometidos y no a propiedad horizontal. Respecto del segundo
método indica que utiliza una depreciación de 11, 75%, cuando por la edad
y estado de conservación de la construcción lo procedente era una
depreciación de 12.87%

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Así mismo, formuló las excepciones de “cumplimiento de los preceptos
constitucionales y legales por parte del Metro de Medellín Ltda., en el trámite
de expropiación por vía administrativa”; “presunción de legalidad de los
actos de expropiación” e “inexistencia de la obligación”.

Por último, llamó en garantía a las sociedades Avales Ingeniería Inmobiliaria
Ltda. y a la Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la
Propiedad Raíz2.

1.2.3. Avales Ingeniería Inmobiliaria Ltda. presentó escrito en el que
contesta el llamamiento en garantía para indicar que es infundado en cuanto
que la Empresa Metro de Medellín recibió a satisfacción el trabajo realizado
en cumplimiento del contrato CN-2010-0204 dirigido a realizar los estudios
de títulos y avalúos necesarios para adelantar la gestión predial a lo largo
del trazado definitivo del corredor tranviario de la avenida Ayacucho.

De otro lado, se opuso a las pretensiones del libelo introductorio al estimar
que los avalúos fueron elaborados con la observancia del procedimiento y
metodología de la normatividad vigente sobre la materia, además de que
los mismos fueron objeto de impugnación, y luego de su estudio fueron
ratificados por parte el IGAC, ente rector de los avalúos, que mediante
resolución determinó que el trabajo valuatorio realizado tanto para el predio
motivo de expropiación como para los predios que hicieron parte del estudio
de mercado, se ajustaron a la realidad del momento.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 16 de junio de
2015, negó las pretensiones de la demanda3, con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Manifestó que teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda están
relacionadas con la nulidad del acto que ordena la expropiación y como
restablecimiento del derecho que se cancele la diferencia entre el valor pagado
y el avalúo realizado por la parte demandante, el pago de los perjuicios
morales y que las entidades demandadas pidan disculpas públicas, no se
estudia la legalidad de la Resolución 233 de 2010, por medio de la cual se
declara la urgencia para la adquisición del bien, por cuanto dicha pretensión
no fue planteada en la demanda, además de que el Tribunal Administrativo
de Antioquia mediante sentencia de 15 de octubre de 2013 negó la nulidad
del citado acto, de manera que se presume su legalidad y frente al tema existe

2
Mediante auto de 25 de marzo de 2014 se admitió el llamamiento en garantía de la
sociedad Avales Ingeniería Ltda. y se rechazó el llamamiento en garantía de la Corporación
Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz.
3
Cuaderno de primera instancia, folios 404 a 417.

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cosa juzgada.

Señaló, después de realizar un marco normativo de las disposiciones que rigen
el procedimiento de expropiación, así como de la jurisprudencia que es
aplicable al asunto, que lo que corresponde es determinar si la indemnización
tasada respeta el artículo 58 constitucional, la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de
1997. Agrega que sólo debe ocuparse de estudiar si el avalúo oficial incluyó
todos los conceptos a indemnizar, en razón a que los demás motivos de
inconformidad tienen que ver con la legalidad del acto general.

Indicó que la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz elaboró un primer avalúo
que fue modificado para incluir el valor del área libre, el cual fue confirmado
por el IGAC, después de realizar un nuevo estudio de mercado. Resaltó que
ese avalúo que fue modificado y confirmado por el IGAC es un informe técnico
y, por tanto, no constituye un acto administrativo, pero cuando la resolución
definitiva que decreta la expropiación lo integra a su contenido, adquiere
presunción de legalidad y, por ende, corresponde a la parte actora desvirtuar
su contenido.

Afirmó que para controvertir el anterior avalúo la accionante allegó el informe
elaborado por la firma TECNOCASA; sin embargo, al analizarlo no se
encuentran las razones de orden técnico que permitan desvirtuar la legalidad
del avalúo oficial. Precisó que el citado avalúo incurrió en error al no tener en
cuenta que se trataba de un bien sometido al régimen de propiedad horizontal
y no dar aplicación a la Resolución 620 que establece que "para los inmuebles
sujetos a dicho régimen se debe presentar el valor por metro cuadrado de
área privada de construcción". Lo anterior, por cuanto es evidente que si al
valor del metro construido, se le adiciona el valor del terreno, se falsea el
dictamen, porque el terreno no es bien de dominio privado.

Desestimó los perjuicios morales al considerar que la parte demandante no
especifica en que consistió dicha afectación, además de que los testimonios
recepcionados dentro del proceso se refieren a aspectos generales del proceso
de expropiación, el cual consideran injusto. Enfatizó que únicamente el
testimonio de la señora Gloria Eugenia Trejos Olarte, se refiere a un cambio
en la personalidad de la demandante, pero tampoco se expresa de manera
concreta, como para deducir de allí una afectación moral que deba
indemnizarse.

Aseguró que, por sustracción de materia, no se analiza la pretensión que
refiere a pedir disculpas públicas, ya que no se logró acreditar las presuntas
irregularidades que dicen se cometieron en el proceso de expropiación
administrativa.

Finalmente, condenó en costas a la demandante para lo cual fijó agencias en
derecho en la suma de $1.608.000 equivalente al 1% de las pretensiones
negadas.

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III.- RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda.

Aduce que el fallo recurrido incurre en incongruencia al no pronunciarse
sobre la solicitud de aplicar una norma más favorable, el artículo 83 de la
Ley 1450 de 2011, el cual fija un procedimiento para adelantar la
expropiación administrativa que no se agotó por parte de las entidades
demandadas.

Solicita nuevamente la nulidad del acto acusado con relación al precio
reconocido con ocasión del acto de expropiación y alega que el fallo recurrido
se limitó a reproducir los argumentos expuestos por los apoderados de las
entidades demandadas.

Estima que también se incurre en falta de congruencia al señalar que los
perjuicios de la accionante no fueron probados, y dejar de valorar los
testigos que acreditan que perder la casa de toda la vida representa un daño
moral e intangible, y quienes indicaron que el daño consiste en el
sufrimiento de i) acomodarse a otra vivienda, sin necesidad de estar
buscándola; ii) cambiar de estrado 3 a 4 que sin duda representa un daño
no solo moral sino de tipo económico; y iii) tener que hacer un préstamo
hipotecario para poder pagar una vivienda en las mismas condiciones de la
cual fue desalojada.

Agrega que obran en el expediente documentos que acreditan la solicitud
de un préstamo financiero para la adquisición de un nuevo bien inmueble y
el valor hipotecado, lo cual demuestra el perjuicio; no obstante, ello no fue
valorado por el a quo.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. El Metro de Medellín Ltda. y el Municipio de Medellín presentaron
escritos de alegatos de conclusión en los que solicitan se confirme la
sentencia de primera instancia, para lo cual reiteran los argumentos
esgrimidos en las contestaciones de la demanda e insisten en que dentro
del proceso no se demostró los errores del avalúo oficial y, por tanto, el
mayor valor del inmueble expropiado, así como tampoco los perjuicios
morales reclamados por la actora.

4.2. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal.

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V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de
diciembre de 2024, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto, en segunda instancia.

5.2. Análisis de la Sala

En el anterior contexto, la Sala advierte que, en primer lugar, se deberá
determinar si el fallo recurrido es incongruente en razón a que la parte
actora alega que se dejaron de aplicar normas que eran aplicables, así como
valorar pruebas que obran en el proceso. Definido lo anterior y teniendo en
cuenta que la recurrente insiste en la solicitud de nulidad del acto acusado
con relación al precio reconocido con ocasión del acto de expropiación, se
deberá determinar si en el proceso se acreditó la incorrección del avaluó que
fue acogido en el acto enjuiciado y, por tanto, la nulidad del acto acusado.
Por último, se deberá establecer si procede la indemnización por perjuicios
morales y, en caso afirmativo, si los mismos están probados.

5.2.1. Sobre la congruencia

En este punto, se tendrá que determinar si es incongruente la sentencia de
primera instancia, teniendo en cuenta que, en criterio de la demandante, se
dejó de analizar normas que eran aplicables y que fueron objeto de debate,
así como valorar pruebas que obran en el proceso.

Para definir tal aspecto es preciso señalar que, de acuerdo con el artículo
281 del CGP, aplicable por la remisión expresa de que trata el artículo 306
del CPACA4, un fallo es congruente cuando está en consonancia, entre otros,
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda. La primera
norma en cuestión es del siguiente tenor:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…)”
(Subrayas de la Sala).

4
Artículo 306. Aspectos no regulados. “En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”.

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Demandante: Gladys María Montoya Castaño

En ese orden, el citado principio tiene por objeto garantizar el derecho al
debido proceso de las partes, de manera que las mismas tengan certeza que
en la sentencia únicamente sean abordados aspectos relacionados con los
hechos y pretensiones aducidos en la demanda y su contestación, así como
en las demás oportunidades procesales previstas en el ordenamiento
jurídico.

De ahí que, para dirimir si un fallo es incongruente, el Juez deba analizar si
en dicha providencia existió un pronunciamiento expreso sobre el objeto del
litigio, esto es, que se haya resuelto lo pedido en las pretensiones de la
demanda. Asimismo, debe evaluarse si en la sentencia se abordó la causa
petendi de la litis, la cual, valga señalar, se encuentra integrada por los
hechos y fundamentos de derecho que fueron invocados por las partes en
sus respectivas intervenciones.

Bajo tal contexto, se pasará a definir cuál era el objeto del litigio y si la
sentencia de primera instancia dio respuesta. Igualmente, se hará lo propio
con la causa petendi y los argumentos traídos en el fallo recurrido.

5.2.1.1. Del objeto del litigio

De la revisión de libelo introductorio se advierte que la demandante
pretende la declaratoria de nulidad parcial de la Resolución SH-ADQ-0134
del 7 de marzo de 2013, por medio de la cual se ordenó la expropiación de
un bien de su propiedad en relación con el precio pagado. A su vez, a título
de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago del mayor
valor dejado de cancelar con ocasión de la expropiación, así como el
reconocimiento y pago de los perjuicios morales y unas disculpas públicas
por partes de las entidades demandadas. Ahora bien, de la lectura de la
sentencia de primera instancia se observa que el Tribunal de instancia sí se
pronunció expresamente sobre dichas peticiones, dado que las negó, al
encontrar que el acto censurado se ajustaba al orden jurídico. En efecto, la
parte resolutiva del fallo impugnado dispuso:

“PRIMERO: Se niegan las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante, conforme a los
artículos 188 del CPACA, 392 del C.P.C. y los Acuerdos 1887 y 2222 de 2003,
emanados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Liquídense por Secretaría. Se fijan las agencias en derecho, en primera
instancia en la suma de […] equivalentes al 1% de las pretensiones negadas.

TERCERO: Notifíquese esta sentencia de conformidad con el artículo 203 del
CPACA”

5.2.1.2. De la causa petendi

En este punto, como se observa en los antecedentes del libelo introductorio,
la solicitud de anulación estuvo sustentada en el cargo de vulneración de

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norma superior ya que, a su juicio, i) el procedimiento de expropiación fue
utilizado por la administración de manera general y no excepcional; ii) no
existían motivos de urgencia para adelantar el proceso de expropiación; iii)
no se debía aplicar la Ley 388 de 1997 sino la Ley 1450 de 2011 que prevé
que el precio indemnizatorio deberá reconocer además del valor del bien
todas las indemnizaciones a que haya lugar y; iv) el avalúo oficial desconoció
la Resolución 620 de 2008 respecto del método de valuación utilizado.

Pues bien, el Tribunal de instancia en el fallo recurrido negó los reproches
del libelo introductorio esgrimiendo en un primer lugar que el estudio de
legalidad se referiría a la nulidad del acto demandado relacionado con el
precio indemnizatorio, en la medida en que los argumentos dirigidos a
cuestionar la declaratoria de urgencia para la adquisición del bien no son
una pretensión planteada en la demanda.

Aclarado lo anterior, el a quo relacionó las pruebas obrantes en el
expediente; indicó el marco normativo de la expropiación en la Constitución
y en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, así como en el Decreto 1420 de
1998 y la Resolución 620 de 2008 del IGAC respecto de la elaboración de
los avalúos para determinar el valor comercial de los inmuebles objeto de
expropiación; citó jurisprudencia respecto del carácter de las
indemnizaciones expropiatorias y, luego descendió al caso concreto donde
realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el trámite administrativo,
para posteriormente, efectuar un análisis del avalúo oficial acogido por la
entidad demandada en el acto administrativo de expropiación para indicar
que conforme la jurisprudencia aplicable en la materia dicho informe
adquiere presunción de legalidad una vez es incorporado al acto
expropiatorio y que corresponde a la actora desvirtuar su presunción.
Mencionado lo anterior, procedió a estudiar el avalúo aportado con la
demanda, respecto del cual señaló que no precisa los errores, imprecisiones
o fallas que afirma el demandante incurrió el avalúo oficial, por lo que
concluye que se debe negar la pretensión dirigida a incrementar el valor del
inmueble expropiado.

Acto seguido, analizó lo que corresponde a las pretensiones relacionadas
con los perjuicios morales y las disculpas públicas a las cuales tampoco
accede, la primera al estimar que una vez valoradas las pruebas obrantes
en el proceso no se acreditó la existencia de los perjuicios reclamados y, la
segunda, al considerar que como no se logró acreditar las presuntas
irregularidades en el proceso de expropiación, por sustracción de materia
no procede pedir disculpas públicas.

Lo expuesto pone en evidencia que el Tribunal en la sentencia recurrida sí
se pronunció respecto de la causa petendi, esto es, sobre los hechos y
fundamentos de derechos invocados en la demanda, pues, dicha autoridad
hace un recuento de las normas que en su criterio son las pertinentes para
decidir las pretensiones de la demanda y con fundamento en ellas y en el
análisis de los hechos probados dentro del proceso concluye que el avalúo

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oficial que fue acogido en el acto acusado no incurre en error y, por tanto,
no se demuestra la nulidad del acto de expropiación respecto del precio
indemnizatorio que fue lo que se cuestionó del acto enjuiciado.

Cabe precisar que, si bien el juez de primera instancia no realizó un
pronunciamiento expreso de la Ley 1450 de 2011 para decir que no era
aplicable, lo cierto es que al fijar el litigio y señalar que lo que procedía era
determinar si la indemnización tasada cumplía con lo dispuesto en la Ley
388 de 1997 y la Ley 9 de 1989, definió las normas de expropiación que, a
su juicio, eran las aplicables, separándose de las que invocadas por el actor
en lo que respecta a la Ley 1450 de 2011.

Por lo expuesto, es claro que la sentencia recurrida no adolece de la
incongruencia de la que se acusa en la alzada, pues, como quedó en
evidencia, sí existió un pronunciamiento sobre el objeto y la causa petendi
del litigio; cosa distinta es que la demandante no comparta las razones
esgrimidas por el Tribunal en la sentencia recurrida sin que por ese motivo
el cargo tenga vocación de prosperidad.

5.2.2. Cuestionamiento sobre el valor comercial del bien expropiado
Ahora bien, la parte actora insiste en que se debe acceder a sus
pretensiones y alega que la providencia recurrida se limitó a reiterar los
argumentos de las entidades demandadas.

Sobre el asunto, es preciso recordar que, sobre el avalúo comercial acogido
en los actos acusados, la jurisprudencia de esta Corporación5 ha sostenido
que está amparado por la presunción de legalidad al ser incorporado al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo tanto, la parte demandante
tiene la carga de probar cuál es el error o la incorrección del avalúo oficial.
Específicamente, se ha señalado:

“[…] al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de
la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección.”6

En ese sentido, para concluir que hay incorrección del avalúo oficial no basta
con realizar una comparación del valor del precio indemnizatorio entre el

5
Sobre este asunto se puede consultar entre otras providencias: Consejo de Estado.
Sección Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-
00115-01. C.P: Oswaldo Giraldo López; Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad. 05-001-
2331-000-2010-0195901, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
6
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Rad. 05001-23-
31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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avalúo oficial y los allegados o solicitados por la parte actora7, sino que se
requiere demostrar de manera clara y precisa el error en que incurrió el avalúo
oficial, teniendo en cuenta que para fijar dicho valor se analizan diferentes
criterios y parámetros técnicos.

En el caso concreto, para determinar el valor comercial del bien objeto de
expropiación, la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz elaboró el avalúo MZ-
13-0002-01 del 1 de noviembre de 2011 en el que estableció como valor
del bien la suma de $98.775.000.

Como consecuencia de una solicitud de revisión, el anterior avalúo fue
modificado el 28 de julio de 2012, incrementando el valor total del bien en
los siguientes términos:

De la revisión del citado avalúo se observa que para su elaboración se
verificaron las condiciones particulares del predio. Específicamente, en el
avalúo se lee: i) los datos generales; ii) la identificación y ubicación del
inmueble; iii) destinación del bien; iv) características del sector y
actividades predominantes; v) vías de acceso; vi) estrato socioeconómico;
vii) norma urbanística vigente al momento del avalúo; viii) características
de la construcción y; ix) metodología aplicada para la valoración del bien.

Así mismo, se advierte que al describir el bien se indicó expresamente que
el inmueble avaluado se encuentra sometido al régimen de propiedad
horizontal mediante escritura pública No. 8327 de 2004 de la Notaria 15 de
Medellín.

Respecto de la metodología para determinar el valor comercial se indicó que
se utiliza el método comparativo o de mercado y se anexa la investigación

7
Sobre la carga de la parte actora para controvertir el avalúo oficial en sentencia del 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01 se
indicó: “[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el demandante,
atendiendo las presunciones de que gozan los actos de la administración, no es del caso
que el escrito de demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el
realizado por la entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y veracidad de que
goza el avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en las normas que regulan la
materia, indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio oficialmente
establecido, pues de lo que se trata es precisamente de llevar al convencimiento del juez
de que se ha incurrido en error al establecer el monto de la indemnización, y no
simplemente de identificar otras alternativas probables. […]” (Subraya del texto
original)

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económica en la que se fundamentó los resultados obtenidos.

Ahora bien, el anterior avalúo fue impugnado ante el IGAC quien para resolver
el recurso realizó un nuevo estudio de mercado que permitió confirmar
mediante Resolución 1026 de 2012 el avalúo comercial elaborado por la Lonja
Colombiana de Propiedad Raíz.

Para controvertir el anterior avalúo, el cual fue acogido por la entidad
demandada para determinar el precio indemnizatorio del bien expropiado, la
parte actora allegó con la demanda el informe nro. TC-A006-2012 elaborado
por Luis Alberto Chica Gutiérrez de Tecnocasa Propiedad Raíz, en el que se
indica como valor comercial la suma de $139.169.460.

Sin embargo, tal como lo afirmó el a quo en el fallo recurrido, al revisar el
citado avalúo se advierte que al describir el bien avaluado no se tuvo en cuenta
que el mismo estaba sometido a propiedad horizontal, circunstancia que llevó
a que para la valuación del bien se utilizará además del método de
comparación o de mercado el de costo de reposición8, esté ultimo que no era
aplicable conforme el parágrafo 1 del artículo 13 de la Resolución 620 de 2008,
por ser un bien sometido al régimen de propiedad horizontal.

El mencionado error en la metodología aplicada lleva a concluir que el
dictamen aportado con la demanda no cumple con los requisitos fijados en la
ley para determinar el valor comercial de un bien, al igual que no indica ni
analiza cuáles son las razones por las que incurre en error el avalúo oficial, así
como tampoco brinda elementos de juicio que permitan al juez llegar a dicha
conclusión.

En el anterior contexto, la Sala considera que las alegaciones de la apelante
en su recurso de alzada resultan insuficientes para desvirtuar los argumentos
y conclusiones expuestos por el juez de primera instancia, por lo que no están
llamados a prosperar.

5.2.3. Perjuicios morales

El recurrente alega que se debía aplicar la Ley 1450 de 2011 y, por tanto,
reconocer la totalidad de los perjuicios causados, específicamente, los
perjuicios morales, al estimar que su estilo de vida se vio afectado
abruptamente con la expropiación. Afirma que en el caso concreto se
valoraron indebidamente los testimonios practicados dentro del proceso, los
cuales acreditaban dichos perjuicios.

8
ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. “[…] PARÁGRAFO 1o. Este
método se debe usar en caso de que el bien objeto de avalúo no cuente con bienes
comparables por su naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la inexistencia de
datos de mercado (ofertas o transacciones) y corresponda a una propiedad no sujeta
al régimen de propiedad horizontal”. (Negrita y subrayas de la Sala)

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Sobre el particular, se debe recordar que la Corte Constitucional9 ha
señalado que la indemnización que se debe reconocer en los casos de
expropiación es distinta a la prevista en el artículo 90 de la Constitución, ya
que no se refiere a un daño antijurídico y la misma Constitución establece
que el particular debe soportar la carga de ser expropiado, por lo que la
existencia de tal deber justifica que la indemnización en caso de
expropiación no tenga siempre que ser integral, como sí lo exige el artículo
90 Superior. En ese sentido, indica que la indemnización en caso de
expropiación no comprende el daño moral al no ser integral.

La anterior posición ha sido acogida por esta Corporación al estimar que el
interés general prevalece sobre el interés particular, por lo que la
indemnización en materia de expropiación sólo tiene carácter reparatorio,
de manera que no procede el reconocimiento de perjuicios morales10.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que tal y como lo determinó el a quo,
de la valoración de los testimonios solicitados por la parte actora y practicados
dentro del proceso se observa que, si bien manifiestan que existió una
afectación a la personalidad de la demandante con ocasión del proceso de la
expropiación, lo cierto es que no se advierte una afectación concreta y
específica diferente a la que un proceso de expropiación de manera general
pueda generar en la comunidad y en los propietarios afectados con dicho
proceso, y que adicionalmente, se pueda corroborar con otras pruebas
obrantes en el proceso.

En el anterior contexto, la Sala considera que los reparos expuestos por el
apelante en su recurso de alzada no desvirtúan los argumentos y
conclusiones expuestos por el juez de primera instancia, toda vez que en el
plenario no se encuentran elementos probatorios que logren demostrar la
ilegalidad del acto acusado como consecuencia de la incorrección del avalúo
oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio indemnizatorio
reconocido a la parte actora con ocasión de la expropiación administrativa.

En consecuencia, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no
tienen vocación de prosperar y, por tanto, la Sala confirmará la sentencia
apelada.

5.3. Costas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el numeral
1 del artículo 365 del CGP, se advierte que la parte demandante resultó

9
Sentencia C-1074 de 2002
10
Consejo de Estado, Sección Primera, i) Sentencia de 7 de marzo de 2024, rad. 15001-
2331-000-2006-01433-02, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; ii) Sentencia de 29 de
febrero de 2024, rad. 73001-2331-000-2012-00171-01, C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes y iii) Sentencia de 14 de agosto de 2014, rad. 63001-23-31-000-2007-00032-
01, CP. Marco Antonio Velilla Moreno.

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vencida porque se le resolvió desfavorablemente su recurso de apelación;
por lo tanto, asumirá las costas procesales de la segunda instancia.

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias
en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral
8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.

En este asunto, pese a que el recurso será resuelto de manera desfavorable
a quien lo propuso, comoquiera que no está acreditada la causación de
gastos procesales, la Sala no condenará en costas por dicho concepto. Por
otra parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el expediente, se
advierte que las intervenciones del Municipio de Medellín11 y del Metro de
Medellín Ltda.12 se encuentran probadas en esta instancia con la radicación
de los memoriales de alegatos de conclusión por parte de sus apoderados.

Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4° del artículo
366 del CGP13, se condenará en costas a la parte demandante, por concepto
de agencias en derecho a favor del Municipio de Medellín y del Metro de
Medellín Ltda., al pago de la suma equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente para cada uno. Lo anterior en aplicación de lo previsto en
el capítulo III, artículo sexto, del Acuerdo núm. 1887 de 27 de agosto de
2003, sobre las tarifas de las agencias en derecho para los procesos
Contencioso Administrativos14.

5.4. Otros pronunciamientos

Se reconocerá personería al abogado Smith Gómez Cano para que
represente los intereses de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de
Aburrá Ltda., conforme el poder a él conferido15, de conformidad con lo
previsto en el artículo 74 del CGP. En consecuencia, se tendrá por terminado
el poder conferido a la abogada Jeicy J. Pabón Restrepo.

11
Cuaderno de segunda instancia, folios 30 a 32 y 33 a 35.
12
Ibidem, folios 37 a 40; 41 a 44 y 54 a 57.
13
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado
el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…] || 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca
el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este
y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas
tarifas.”
14
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […] III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […] 3.1.3. Segunda instancia. […] Con cuantía:
Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia.”
15
Cuaderno de segunda instancia, folios 44 y 58.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: CONFIRMAR la sentencia de 16 de junio de 2015 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor del Municipio
de Medellín y del Metro de Medellín Ltda., por concepto de agencias en
derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
para cada uno.

Tercero: RECONOCER personería al abogado Smith Gómez Cano para que
represente los intereses de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de
Aburrá Ltda., conforme el poder a él conferido. En consecuencia, se tendrá
por terminado el poder conferido a la abogada Jeicy J. Pabón Restrepo.

Cuarto: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Consejero de Estado
Con aclaración de voto

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CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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