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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00050-00

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00050-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el Fomag contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00050-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

8 de febrero de 2024

Demandante: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00050-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00050-00
Demandante: FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías. Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG, por medio de apoderado judicial, mediante escrito recibido el 11
de enero de 2024, presentó acción de tutela con el fin de que se le proteja su derecho
fundamental al debido proceso.

La mencionada garantía la consideró transgredida con la sentencia de segunda
instancia de 29 de septiembre de 20231, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca confirmó parcialmente el fallo de 12 de abril de 2023 proferido por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, en
el sentido de acceder a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora María Luisa Mafla Bermúdez
contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y el municipio de Guadalajara de Buga, el cual se identificó con el
radicado número 76-111-33-33-002-2022-00330-01.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones son las siguientes:

1
Notificada el 23 de octubre de 2023.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00050-00

PRIMERA: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG el
derecho constitucional fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia, que contemplan los principios de legalidad, prevalencia del
derecho sustancial y el imperio de la ley y aplicación de los precedentes que gobierna la
actuación judicial, que se desprenden de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución
Política, vulnerados por el Tribunal Administrativo Del Valle del Cauca EL 23 DE
OCTUBRE DE 2023, cuando notificó la sentencia de segunda instancia ya existiendo el
precedente jurisprudencial fijado en Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de
fecha 11 de octubre de 2023., a través de la providencia por medio de la cual se ordenó
el reconocimiento y pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990,
desconociendo el precedente jurisprudencial definido en la sentencia de unificación por
el H. Consejo de Estado el 11 de octubre de 2023, que declaró esta última normatividad
incompatible con la Ley 91 de 1989 aplicable a los docentes adscritos al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, el cual en su parte resolutiva señala:

“Primero. – Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente: Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen
derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley
50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG
le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo
99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

(…)

Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de
aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los
que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación, de
manera que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el
tema objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en los términos de
los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión
tanto en vía administrativa como judicial.”

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene dejar sin efectos
jurídicos la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo Del Valle del Cauca
en sentencia del 29 de septiembre de 2023 notificada al FOMAG el 23 de octubre de
2023 donde se confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia del juzgado
cuarto administrativo de Cartago, respecto del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho No. 76147-33-33-004-2022-00061-y en su lugar proferir la sentencia de
reemplazo que de aplicación al precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de
unificación del 11 de octubre de 2023 y consecuente con ello se denieguen las
pretensiones de la demanda2.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

La parte actora informó que, la señora María Luisa Mafla Bermúdez, quien presta su
servicio como docente en el municipio de Buga, ejerció el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) y el
municipio de Buga, con ocasión del acto ficto negativo producto del silencio

2
Transcrito de texto original con posibles errores y sin énfasis.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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administrativo frente a la petición elevada por la actora consistente en que se le
reconociera y pagara la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de
cesantías parciales3, así como la indemnización por el pago inoportuno de los intereses
del referido auxilio4.

Del referido proceso conoció en primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Guadalajara, Buga que, en sentencia de 12 de abril de 2023
accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que la señora Mafla Bermúdez
era beneficiaria de la Ley 50 de 1990 en virtud de lo señalado en las sentencias: (i) C-
741 de 2012 y C-486 de 2016 en las cuales la Corte Constitucional aplicó el principio
de favorabilidad y determinó que los docentes oficiales deben ser tenidos como tales
porque además de lo señalado en el Decreto 2277 de 1979 y en la Ley General de
Educación (Ley 15 de 1994), ellos hacen parte de la Rama Ejecutiva «al cumplir una
misión expresa dentro de las secretarías de educación territoriales»; y (ii) SU-098 de
2018 y SUJ-SII-012 del 18 julio de 2018, oportunidades en las que la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, respectivamente, «unificaron su posición
reiterando que los docentes oficiales tienen derecho al pago oportuno de las cesantías
y también se consideran beneficiarios de la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006».

El recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Educación Nacional – Fomag
giró en torno a los siguientes argumentos: (i) el régimen de sanción moratoria
establecido en la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes afiliados al
mencionado fondo, por cuanto su marco legal corresponde a la Ley 91 de 1989,
modificada por la Ley 812 de 2003; (ii) el Fomag es una cuenta especial que se nutre
de los recursos de la Nación, de las entidades territoriales, entre otros. Por esa razón
no funciona con cuentas individuales para cada persona, de conformidad con lo
estipulado en la Ley 91 de 1989, el Decreto 3752 de 2003 y el Acuerdo 39 de 1998; y
(iii) la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional no era aplicable al caso
concreto por carecer de similitud fáctica y jurídica.

El mencionado mecanismo lo resolvió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
mediante proveído de 29 de septiembre de 2023, en el sentido de confirmar
parcialmente lo dispuesto por el a quo con base en las siguientes razones:

(i) Los docentes del sector oficial también son destinatarios de la sanción estipulada
en la Ley 50 de 1990 «en atención a la fecha de su vinculación y al principio de
favorabilidad; pues al igual que los demás servidores públicos que prestan sus
servicios para las entidades estatales en los niveles nacional y territorial, gozan del
derecho a que todas sus prestaciones sociales, y en este caso, las cesantías les sean
consignadas anualmente de forma pronta y oportuna antes de cada 15 de febrero».

(ii) Las entidades demandadas no se pronunciaron en punto a la consignación de las
cesantías, ni ejercieron una labor probatoria tendiente a controvertir dicho concepto,
puesto que la «demandada en la apelación reconoce que realiza el depósito de los
intereses a las cesantías en el mes de marzo de 2021, lo que constituye una
aceptación de la mora».

3
Artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
4
Ley 52 de 1975.
3
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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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(iii) Si bien, en el recurso de alzada se señaló que la sentencia SU-098 de 2018 no es
aplicable al caso, lo cierto es que «el supuesto fáctico de dicho precedente judicial es
plenamente aplicable al sub lite, en tanto allí se debatió la situación de un docente
oficial al que no se le consignaron oportunamente sus cesantías, situación similar a la
que ocupa ahora la sala».

(iv) En relación con la pretensión del reconocimiento de la indemnización, adujo que el
artículo 99, numeral 2. ° de la Ley 50 de 1990, únicamente estipuló que el empleador
debe cancelarle al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por
fracción, razón por la cual «no hay lugar a imponer otra indemnización moratoria
respecto al pago tardío de los intereses». Lo anterior, en consonancia con lo referido
en la sentencia de 19 de enero de 2023 dictada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado5.

En ese orden de ideas, concluyó que el fallo de primera instancia sería revocado en el
numeral quinto (5. °) de la parte resolutiva6, y confirmada en lo demás.

1.4. Fundamentos de la solicitud7

La parte accionante señaló que en la sentencia censurada se incurrió en un defecto
sustantivo, en atención a la interpretación y aplicación que de las normas
relacionadas con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación
tardía de cesantías establecidas en la Ley 50 de 1990, hizo el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, puesto que omitió que los docentes oficiales tienen un régimen
especial contenido y demarcado en un propio marco jurídico, en el cual no se establece
el reconocimiento de la sanción moratoria objeto de esta controversia.

Agregó que ello es así, debido a que el manejo de las cesantías y los intereses de
estas, por parte del Fomag, está sujeto al principio de unidad de caja en virtud de la
Ley 91 de 1989. Así, no es correcto que se interprete que a la accionante se le
consignó tardíamente lo concerniente a la prestación reclamada, por cuanto no existen
cuentas individuales, sino un solo fondo al cual se trasladan los recursos por parte de
las Secretarías de Educación Certificadas y a los encargados de las oficinas de
prestaciones económicas de las entidades territoriales, lo cual ocurre anualmente, el
1. ° de febrero.

En ese orden, concretó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al efectuar
la referida interpretación normativa, configuró el mencionado defecto material porque
desconoció la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de
2023, en la cual se estableció como regla:

[…] que, “(…) las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios
no extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de
cesantías a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en
todo caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la

5
«Radicado: 76001-23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021).
6
QUINTO.- Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (Fomag), a reconocer y pagar a favor de la parte demandante, la indemnización por el
pago inoportuno de los intereses a las cesantías correspondientes al año 2020, la cual equivale a una
suma adicional igual a dichos intereses de conformidad con el artículo 2.2.1.3.8. del Decreto 1072 de
2015».
7
Las transcripciones de este numeral son del texto original con posibles errores.
4
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consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema
especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento (…)”.

No obstante, lo anterior, el Consejo de Estado aclaró que, “(…) en el evento en que la
entidad territorial haya omitido afiliarlo al FOMAG el docente estatal no se beneficiaría
de aquellas, entre ellas, el reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo
total, en la medida en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las
garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción
moratoria derivada del incumplimiento del empleador. (…)”.

En ese sentido, aseguró que le era exigible al tribunal cuestionado la aplicación de
esta providencia por tratarse de un precedente vinculante para todas las autoridades
judiciales del país. Además, indicó que, a partir de esta sentencia de unificación, es
claro que a los docentes afiliados al Fomag no les es aplicable un régimen distinto al
de la Ley 91 de 1989, por cuanto la Ley 50 de 1990 es exclusivo para las sociedades
administradoras de fondos de cesantías.

Arguyó que en este evento «se configuró una vía de hecho por desconocimiento del
precedente judicial contenido en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023
proferida por el H. Consejo de estado el 11 de octubre de 2023», máxime, por cuanto
la notificación de la decisión censurada se efectuó con posterioridad a la fecha en que
se dictó el fallo de unificación.

Finalmente, relató que la acción de la referencia cumple con los requisitos generales
de procedibilidad.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 15 de enero de 2023 el despacho admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como parte
accionada, y dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, del municipio de
de Guadalajara de Buga y de la señora María Luisa Mafla Bermúdez.8

De igual forma, ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió a
las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario en donde se dictó la providencia censurada y le reconoció personería a la
abogada Laura Victoria Álzate Ramírez.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

A través de comunicación presentada el 18 de enero de 2024, el magistrado ponente
de la decisión demandada solicitó declarar la improcedencia de la tutela de la

8
La Fiduprevisora fue notificada el 10 de octubre de 2023 mediante oficio 112411, tal como consta en
la actuación n. ° 8 relativa a las notificaciones del auto admisorio de esta acción de tutela.
5
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referencia, por cuanto el reproche material planteado por la parte accionante,
consistente en que se desconoció la sentencia de unificación de 11 de octubre de 2023
no tiene vocación de prosperidad, en atención a que esta providencia fue proferida
después de que se resolviera la segunda instancia del proceso ordinario, lo cual ocurrió
en Sala de 29 de septiembre de 2023.

1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de
Buga

En escrito recibido el 18 de enero de 2024, el juez pidió que se niegue el amparo
solicitado, puesto que los argumentos de la tutela están dirigidos a cuestionar la
sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el Ministerio de Educación Nacional - Fomag contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sección determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de
la sentencia de 29 de septiembre de 2023, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó parcialmente la decisión de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho que inició la señora María Luisa Mafla Bermúdez contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el municipio de Guadalajara de Buga.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y,
en caso de encontrase superados; (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y ella
misma habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10.

9
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 11.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la referida
Sala Plena, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, la sala
advierte que este presupuesto no se cumple, toda vez que la parte actora contó con el
recurso extraordinario de unificación jurisprudencial previsto en el artículo 256 de la
Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal contenida en el artículo 258 ídem que
establece que este mecanismo es viable «cuando la sentencia impugnada contraríe o
se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado».

En efecto, se recuerda que los cargos dirigidos en contra del tribunal accionado,
incluido el defecto «sustantivo», se fundamentaron en el hecho de que la decisión del
ad quem desatendió la regla de excepción contenida en la sentencia de unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023 proferida por la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, al considerar que, el fallo de 29 de
septiembre de 2023 a través del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
definió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, desatendió la regla de
derecho consistente en que los docentes afiliados al Fomag no tienen derecho a
reclamar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990.

En este orden de ideas, al margen de la razonabilidad de esta tesis, lo cierto es que
esta sala, investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el
proveído bajo cuestionamiento desatendió la regla contenida en la sentencia de
unificación del Consejo de Estado, ya que tal análisis le correspondía al juez natural
del recurso extraordinario de unificación jurisprudencial.

Frente al punto, se advierte que el recurso extraordinario en mención fue procedente
dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de 29 de septiembre de
2023 según lo indicado en el artículo 261 de la Ley 1437 de 2011, y de conformidad
con el parágrafo del artículo 257 de la norma ibídem, modificado por el artículo 71 de
la Ley 2080 de 2021, comoquiera que «en los procesos de nulidad y restablecimiento

11
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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del derecho de carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin
consideración de la cuantía». 13

Precisado lo anterior, esta colegiatura también advierte que la acción constitucional no
puede ser usada para revivir términos procesales ya precluidos, debido a que la
sentencia que hoy se pretende controvertir se notificó vía electrónica el 23 de octubre
de 2023, y quedó ejecutoriada el 30 de octubre de 2023 según la constancia secretarial
que obra en el expediente digital allegado al proceso, razón por la cual la entidad
tutelante tenía hasta el 15 de noviembre de 2023 para interponer el multicitado recurso
extraordinario.

Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se acrediten
al menos sumariamente.

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción de
tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección de los
derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio irremediable, el
cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el peligro que se
cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y
de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables
que lo neutralicen […]14».

De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además ha
de ser grave y requerir medidas urgentes e impostergables 15. Entonces, corresponde
a la sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede de forma
transitoria ante la configuración de un menoscabo irreparable que afecte de manera
directa los derechos fundamentales de la parte actora.

Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que el Fomag se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

13
Énfasis propio.
14
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
15
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.
Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A continuación,
se reseña, en síntesis, lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente"
[…] B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, […]
|| C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad
del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona […] D). La urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre
el riesgo de ser ineficaz por inoportuna […] Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida,
fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y
restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social».
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Demandante: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00050-00

2.5. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, se declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de agotamiento de
todos los medios de defensa judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el Fomag
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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