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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00080-00

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00080-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por el Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por no superar el requisito general de la subsidiaridad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00080-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

29 de febrero de 2024

Demandante: Ministerio de Educación. Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - FOMAG
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00080-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00080-00
Demandante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG)
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, en consonancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante, FOMAG), actuando a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 1.
Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y
los principios de legalidad, prevalencia del derecho sustancial y el imperio de la
ley y aplicación de los precedentes que gobiernan la actuación judicial.

La parte accionante consideró vulneradas tales garantías con ocasión de la
sentencia del 29 de septiembre de 2023 que confirmo parcialmente el fallo
proferido por el Juzgado 2° Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara
de Buga de 10 de febrero de 2023 en el cual se accedió a las pretensiones de
la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurada por el señor Heberth Julián Reyes Franco contra el

1 Quien interpone la tutela fue delegado por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

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Demandante: Ministerio de Educación. Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - FOMAG
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00080-00

Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG.

1.2. Pretensión

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

«PRIMERA: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
– FOMAG el derecho constitucional fundamental al debido proceso y el
acceso efectivo a la administración de justicia, que contemplan los
principios de legalidad, prevalencia del derecho sustancial y el imperio de
la ley y aplicación de los precedentes que gobierna la actuación judicial,
que se desprenden de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución
Política, vulnerados por el Tribunal Administrativo Del Valle del Cauca de
fecha 29/09/2023 a través de la providencia por medio de la cual se ordenó
el reconocimiento y pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de
1990, desconociendo el precedente jurisprudencial definido en la sentencia
de unificación por el H. Consejo de Estado el 11 de octubre de 2023, que
declaró esta última normatividad incompatible con la Ley 91 de 1989
aplicable a los docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - FOMAG, el cual en su parte resolutiva señala:

“Primero. – Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el
sentido de precisar lo siguiente: Los docentes estatales afiliados al
FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral
3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible
con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la
sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.

(…)

Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión
es de aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en
curso y en los que se pretenda la aplicación de la normativa que fue
objeto de interpretación, de manera que las consideraciones expuestas
en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación
constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y
102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en
vía administrativa como judicial.”

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene dejar
sin efectos jurídicos la decisión judicial del 10/02/2023 y confirmada por el
Tribunal Administrativo Del Valle del Cauca el 29/09/2023 respecto del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No.
7611133330032020006800 y en su lugar proferir la sentencia de
reemplazo que de aplicación al precedente jurisprudencial contenido en la
sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023 y consecuente con ello
se denieguen las pretensiones de la demanda.»2

2 Transcripción original del texto con posibles errores.

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1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

El señor Heberth Julián Reyes Franco presta sus servicios como docente en el
departamento del Valle del Cauca.

El señor Reyes Franco presentó acción de nulidad y restablecimiento del
derecho el 23 de febrero de 2022 en la cual pidió declarar la nulidad del acto
presunto negativo a la petición presentada el 2021 sobre el reconocimiento de
una sanción moratoria por el retardo en la consignación de las cesantías de
docentes y en la cual solicitó una indemnización por el no pago de los intereses
a las cesantías del año 2020.

La demanda fue resuelta en primera instancia por el Juzgado 2° Administrativo
del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, en el sentido de acceder a las
pretensiones del actor. En dicha providencia se ordenó al Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio
reconocer y pagar al señor Reyes Franco el equivalente a un día de salario por
cada día de mora en la consignación de las cesantías desde el 25 de febrero de
2021 y hasta la fecha en que se acredite el depósito al Fondo.

Dicha decisión fue apelada por la entidad demandada y mediante sentencia de
29 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la
confirmó parcialmente. El juez de la segunda instancia señaló que el artículo 13
de la Ley 344 de 1996, al hacer extensivo el régimen anual de las cesantías
consagradas en la Ley 50 de 1990 a los empleados territoriales, dejó por fuera
al personal docente.

Sin embargo, manifestó «que la reclamación de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria al amparo de la Ley 50 de 1990, correspondiente al pago
tardío de las cesantías anualizadas 2020 resulta procedente, tras advertirse con
las pruebas que obran en el expediente, referidas previamente en el párrafo 37
de esta sentencia, que al demandante no le fueron consignadas oportunamente
las cesantías por el año en cita».

(…)

Indicó que, «establecidos los supuestos fácticos que dieron origen al presente
medio de control, debe indicar la Sala, a efectos de dilucidar el primer problema
jurídico, que de acuerdo a las premisas jurisprudenciales expuestas, los
docentes del sector oficial también son destinatarios de la sanción establecida
en la Ley 50 de 1990, en atención a la fecha de su vinculación y al principio de
favorabilidad; pues al igual que los demás servidores públicos que prestan sus
servicios para las entidades estatales en los niveles nacional y territorial, gozan

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del derecho a que todas sus prestaciones sociales, y en este caso, las
cesantías les sean consignadas anualmente de forma pronta y oportuna antes
de cada 15 de febrero».

La sentencia de segunda instancia fue notificada el 23 de octubre de 2023 vía
correo electrónico.

1.4. Sustento de la vulneración

La entidad tutelante manifestó, que «en el presente caso se configura vía de
hecho por desconocimiento de precedente judicial contenido en la sentencia
de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 proferida por el H. Consejo de estado el 11
de octubre de 2023»3.

Manifestó que, el tema de la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías a los docentes oficiales ha sido objeto de diferentes controversias, y
se decantó por parte del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en donde se estableció de
manera clara que la Ley 50 de 1990 es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989, de lo que se
concluyó la siguiente regla:

«(…)

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal
docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la
Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un
mínimo de protección social en favor del docente estatal (…) Negrillas fuera
de texto original.

En ese orden de ideas, se evidencia que conforme expresa la disposición
legal, no es viable la condena del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG, frente a la sanción moratoria por
la no consignación de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, toda
vez su señoría que la sentencia que se ataca mediante la presente acción
constitucional es abiertamente opuesta a la regla que se está defendiendo
en la sentencia de unificación, y como se explicará ampliamente en el
capítulo rotulado como VI. Aplicación sentencia de unificación SUJ-032CE-
S2-2023 del 11 de octubre de 2023».

Indicó que, se evidencia una indebida aplicación normativa por parte de las
autoridades accionadas al ordenar el pago de la sanción moratoria establecida
en la Ley 50 de 1990 y se desconoce de manera directa la existencia de
normatividad especial existente desde 1989 la cual regula de manera específica
el manejo de la seguridad social de los docentes adscritos al FOMAG.

3 Negrillas propias de la sala.

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Frente al desconocimiento de la sentencia de unificación en cuestión, arguyó lo
siguiente:

«la Corte Constitucional ha indicado en repetidos pronunciamientos que las
decisiones del Consejo de Estado como autoridad de cierre de lo
contencioso administrativo tienen el carácter de vinculantes, por ser
emanadas de un órgano encargado de unificar jurisprudencia y en virtud de
los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica establecidos en la
Constitución Política en sus artículos 13 y 83».

En relación con el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, refirió que no
existía otro mecanismo idóneo y eficaz que permita evitar la vulneración del
derecho fundamental invocado en esta acción constitucional. Al respecto,
agregó lo siguiente:

«si bien, podría pensarse en el recurso extraordinario de revisión, se debe
recordar que el mismo procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos
y por los Jueces Administrativos, el mismo solo procede bajo el fundamento
de las causales que se encuentran contenidas en el artículo 250 del
CPACA».

Expuso ampliamente las causales genéricas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales y sostuvo que, en el fallo de primera
instancia, el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto en el momento de proferir sentencia
se relacionan las normas que si bien rigen lo pertinente con la sanción
moratoria por la consignación tardía de las cesantías establecida en la Ley 50
de 1990, no se estudiaron los supuestos fácticos y jurídicos especiales que eran
necesarios para definir el litigio atendiendo a la regulación contenida en la Ley
91 de 1989.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto de 23 de enero de 2024, se admitió la acción constitucional de la
referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionado al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, se dispuso vincular como
terceros con interés al señor Heberth Julián Reyes Franco, al Juzgado 2°
Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, a la gobernadora
del Valle del Cauca y a la Secretaría de Educación del mismo departamento
para que, si lo consideraba del caso, intervinieran en el presente proceso.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

El magistrado ponente solicitó se declare improcedente la acción de tutela por
cuanto no desconoció la sentencia de unificación de 11 de octubre de 2023, ya

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que al momento en que se discutió el proyecto de la decisión judicial, no se
contaba con un precedente único sentado por el Consejo de Estado y que fuera
vinculante para el caso estudiado.

Puso de presente que el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia
de unificación indicó «que los casos respecto de los cuales ya ha operado la
cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables, siendo claro que dicho precedente era de aplicación inmediata
solo respecto de los procesos que se encontraran en curso; situación que no
aplicaba para el caso bajo estudio, como quiera que el mismo ya contaba con
sentencia desde el 29 de septiembre de 2023, conforme se desprende de las
actuaciones registradas en el aplicativo SAMAI».

1.6.2 Gobernación del Valle del Cauca.

El jefe de la Oficina Jurídica coadyuvó las pretensiones del Ministerio de
Educación Nacional por considerar que la accionada desconoció el precedente
judicial previsto en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de
octubre de 2023 que definió que los docentes estatales afiliados al FOMAG no
tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3° del artículo 99
de la Ley 50 de 1990.

Señaló que la autoridad accionada desconoció el precedente judicial del
Honorable Consejo de Estado, razón por la cual le asiste al Ministerio de
Educación Nacional, el derecho para reclamar por vía de tutela el
restablecimiento del orden jurídico.

Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia 218 de 29 de septiembre de
2023 que confirmó la sentencia de primera instancia de 10 de febrero de 2023.

1.6.3. Juzgado 2° Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de
Buga

El juez de dicho despacho manifestó oponerse a la prosperidad de la acción de
tutela, comoquiera que de la revisión de los hechos se establece que el
accionante está discutiendo la sentencia de segunda instancia mas no
manifiesta desconocimiento del presente judicial por parte de su despacho.

Lo anterior, por cuanto la sentencia de unificación emitida por el Consejo de
Estado fue proferida el 11 de octubre de 2023 y el fallo de primera instancia
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho data de
10 de febrero de 2023.

Por lo tanto, solicitó se niegue el amparo constitucional deprecado en la acción
de tutela de la referencia, y se dé aplicación al Decreto 1834 de 2015 sobre
tutelas masivas, comoquiera que con anterioridad a la presente tutela se han

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presentado más de 10 acciones constitucionales idénticas, para lo cual se
permite informar que la primera conocida por este Juzgado correspondió al
señor consejero Luis Alberto Álvarez Parra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con radicación 11001-03-15-000-2024-00050-00.

1.6.4. Heberth Julián Reyes Franco

El señor Reyes Franco mediante apoderado judicial solicitó se declare
improcedente la acción de tutela o en su defecto se niegue por cuanto, el fallo
fue proferido con anterioridad a la sentencia de unificación SUJ-032- CE-S2-
2023 y si bien es cierto que la notificación de la providencia de segunda
instancia se realizó con posterioridad a la expedición de la sentencia de
unificación es un aspecto netamente secretarial que no puede afectarlo.

Señaló que la intención de la entidad es no cumplir y, en consecuencia, no
pagar el fallo judicial, circunstancia que es meramente económica, y en ese
orden de ideas, la presente acción de tutela es improcedente, ya que existe otro
mecanismo judicial (medio de control legalmente establecido) para endilgar una
eventual responsabilidad ante la administración de justicia por una notificación
posterior a la sentencia de unificación y que en nada tiene porqué afectarlo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto1069 de 2015 modificado por el Decreto
333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales reclamados por el FOMAG al proferir la sentencia de 29 de
septiembre de 2023, en la que confirmó parcialmente la decisión de primer

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grado que accedió al reconocimiento del pago de intereses por el pago tardío
de las cesantías del señor Heberth Julián Reyes Franco como docente oficial
afiliado al FOMAG?

Para abordar el problema jurídico se analizarán los siguientes aspectos (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y de encontrarse superados, (iii) el caso concreto.

2.3 . Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil
doce (2012)4, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la
Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales5, conforme al cual:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente
AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»6.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…».

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
6 Idem.

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Carta y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia7 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -
procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto -procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no
intente reabrir el debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos generales de procedibilidad

2.4.1. Subsidiariedad

En cuanto a la subsidiariedad, la Sala Plena de la Corte Constitucional
mediante sentencia SU-297 de 2015, advierte lo siguiente:

«4.4.2. De igual manera, la Corte ha explicado que este presupuesto de
procedibilidad no sólo implica que el accionante identifique los yerros de la
autoridad judicial que dan origen a la vulneración, sino que también exige
que las mismas hayan sido puestas en conocimiento del juez en su debida
oportunidad de ser ello posible, puesto que, de conformidad con los artículos
86 de la Carta y 6º del Decreto 2591 de 1991, resulta necesario

7 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de

2004 y C-590 de 2005.

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En ese sentido, esta Corporación ha determinado que el recurso de
amparo es improcedente si quien ha tenido a su disposición instrumentos
procesales de defensa para hacer valer sus derechos, no los utiliza
oportuna y adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción
constitucional, ya que las herramientas instituidas por el legislador en los
procesos ordinarios son también verdaderos mecanismos de protección de
las prerrogativas fundamentales, por lo que deben usarse en su debido
estadio procesal, para que en caso de no prosperar y demostrarse que la
autoridad judicial se negó injustificadamente a enmendar su yerro, pueda
prosperar el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.»

Requisito general de subsidiariedad respecto del cargo de
desconocimiento del precedente

La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, incurrió en un desconocimiento del precedente judicial respecto a lo
establecido en la sentencia de unificación proferida el 11 de octubre de 2023
por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación8. En concreto, se
alegó el desconocimiento de las siguientes reglas de derecho:

«Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la
sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración
de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal
docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será
aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo
99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

(…)

Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es
de aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso
y en los que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de
interpretación, de manera que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen
precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley
1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial».

Al respecto, es preciso indicar que el recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial fue creado por la Ley 1437 de 2011 con el objetivo de respetar el
valor normativo y obligatorio de las sentencias de unificación de jurisprudencia
proferidas por el Consejo de Estado. Al respecto, los artículos 256, 257 y 258,
normas aplicables al caso concreto, establecen:

«ARTÍCULO 256. FINES. El recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del
derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y
de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y,

8Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena.
Sentencia de unificación SUJ – 032 – CE - S2- 2023 del 11.10.23. Radicado: 66001-33-33-001-
2022-00016-01 (5746-2022).

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Demandante: Ministerio de Educación. Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - FOMAG
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00080-00

cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos
procesales.

ARTÍCULO 257. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en
segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los
procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que
se tramitan por la Ley 1437 de 2011. […]

ARTÍCULO 258. CAUSAL. Habrá lugar al recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o
se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado».

Así, si un tribunal administrativo se aparta sin justificación alguna de las
sentencias de unificación de jurisprudencia proferidas por esta Corporación, la
ley prevé que las partes pueden interponer el recurso extraordinario de
unificación para que el Consejo de Estado determine si fue o no desconocida
dicha sentencia.

En ese orden de ideas, se observa que la inconformidad de la parte
demandante con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en la sentencia del 29 de septiembre de 2023, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, se centra en considerar que
se desconoció el precedente establecido en una sentencia de unificación del
Consejo de Estado. Al respecto, la sala advierte que en el expediente digital no
obra prueba alguna de que la interesada haya interpuesto el recurso
extraordinario de unificación jurisprudencial.

En consecuencia, tomando en consideración lo pretendido mediante esta
acción constitucional y los argumentos formulados en el escrito de tutela, era
obligatorio para la parte accionante presentar el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia con el fin de controvertir lo decidido en la sentencia
reprochada. Esto, con el objeto de que el juez competente determine si, en
efecto, el tribunal demandado dictó una decisión opuesta a este criterio
unificado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en su calidad de
órgano de cierre en la materia.

Por lo tanto, es necesario que la entidad accionante interponga el recurso
extraordinario de unificación a fin de que la acción de tutela no llegue a
reemplazar aquellos recursos previstos por el legislador para el efecto.

En lo que respecta al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, la parte
actora argumentó que no existía otro mecanismo judicial idóneo y eficaz que
permitiera evitar la vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo,
omitió la existencia del recurso extraordinario antes mencionado.

De otra parte, además del defecto por desconocimiento del precedente de
unificación, el FOMAG alegó también la configuración de un defecto sustantivo
por inaplicación de la normativa que regula el régimen de seguridad social de

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Sociales del Magisterio - FOMAG
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00080-00

los docentes adscritos al FOMAG, en particular, el artículo 8 de la Ley 91 de
1989, los artículos 8 y 36 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 12 y 13 del
Decreto 196.

Frente a dicho defecto, se observa que a Sala no puede llevar a cabo tal
análisis por cuanto las normas que la entidad accionante advierte como
inaplicadas deben ser interpretadas actualmente a la luz de lo estipulado por la
Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado ya que lo unificado
por el órgano de cierre establece el criterio hermenéutico a partir del cual deben
ser aplicadas las normas que regulan el régimen de cesantías de los docentes
adscritos al FOMAG.

En consecuencia, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia, puesto que no supera el examen del requisito general de
subsidiariedad, dado que la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de
unificación jurisprudencial para exigir la protección de sus garantías
fundamentales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por el
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por
no superar el requisito general de la subsidiaridad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente
de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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