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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00067-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00067-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Barranquilla, Atlántico, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico. SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por pasiva de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición deprecado por el señor Orlando José Petro Vanderbilt contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, Atlántico. CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, Atlántico que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a (i) remitir la petición radicada el 26 de julio de 2023 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y (ii) enviar 26 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Orlando José Petro Vanderbilt Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00 copia del oficio remisorio al peticionario, conforme al artículo 21 de la Ley 1437 de 2011. QUINTO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del Tribunal Administrativo del Distrito Superior de Atlántico. SEXTO: NEGAR el amparo de los derechose fundamentales al debido proceso y al mínimo vital deprecados por la parte actora. SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. OCTAVO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00067-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de febrero de 2024

Demandante: Orlando José Petro Vanderbilt
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00067-00
Demandante: ORLANDO JOSÉ PETRO VANDERBILT
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – derecho de petición – solicitud de reintegro
de salarios dejados de percibir.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
el señor Orlando José Petro Vanderbilt contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico y el Tribunal de
Distrito Judicial de Barranquilla.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Con escrito presentado el 11 de enero de 2024, el señor Orlando José Petro
Vanderbilt, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico y el
Tribunal de Distrito Judicial de Barranquilla, con el fin de reclamar el amparo de sus
derechos fundamentales «de petición, debido proceso y al mínimo vital».

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Demandante: Orlando José Petro Vanderbilt
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión a que, a la fecha de presentación de esta acción, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial no le han dado respuesta de fondo a las peticiones que
radicó los días 26 de julio y 9 de agosto de 2023, respectivamente, en las que solicitó
el reintegro de los salarios que dejó de percibir durante el periodo en el que estuvo
suspendido de su cargo como juez quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Barranquilla.

El interregno reclamado comprende del 19 de mayo al 18 de julio de 2023; ello con
ocasión de la suspensión provisional que se decretó dentro de la causa disciplinaria
adelantada en su contra por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 1.

Asimismo, adujo que tampoco se le otorgó la respuesta a la petición que radicó el
30 de septiembre de 2023 ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Barranquilla en el cual requirió expedir «constancia o certificación con destino al
suscrito y con destino a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Barranquilla – Atlántico, en la que se señale que la suspensión provisional culminó
el 19 de julio de 2023, sin que se hubiera producido fallo».

1.2 . Pretensiones

La parte actora presentó las siguientes:

Solicito a su H. despacho que proteja los derechos fundamentalmente vulnerados, y
en consecuencia imparta las siguientes órdenes a las instituciones responsables:

a. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en relación con el proceso
disciplinario con radicación 08-001-11-02-000-2021-00964-00, oficiar a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla – Atlántico, sobre el
acaecimiento de mi reintegro al cargo, sin existencia de pronunciamiento
sancionatorio de ninguna especial, a efectos de que esta entidad cancele los
salarios dejados de canelar.

b. Ordenar al Tribunal Superior de Distrito judicial de Barranquilla que conteste el
derecho de petición de fecha 30 de septiembre de 2023, para que se informe a la

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Proceso disciplinario con radicación 08-001-11-02-000-2021-00964-00.
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Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla – Atlántico que
venció el periodo de suspensión sin sanción de primera ni segunda instancia.

c. Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestar el derecho de
petición de fecha 9 de agosto del hogaño.

d. Que por esa vía se proteja el derecho al mínimo vital ordenado al Tribunal Superior
de Distrito judicial de Barranquilla que, como nominador, tal como lo indicó el
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla – Atlántico, se
le notifique a ésta última entidad sobre mi reingreso, vencida ya la suspensión
provisional, sin sanción de primera ni segunda instancia, para proceder al pago de
salarios dejados de percibir.

e. A fin de que no puedan surgir excusas administrativas, ordenar al director Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla – Atlántico, que una vez
recibida la comunicación del H. Tribunal en el sentido de notificar sobre mi reintegro,
en las anteriores circunstancias, es decir, sin sanción ni de primer ni de segundo
grado, proceda al pago efectivo de los salarios dejados de cancelar, evitando
nuevas decisiones que no resuelvan el fondo del asunto, eso es, inhibitorias.

f. Se impartan por Uds., Honorables Magistrados, todas las órdenes tendientes a la
efectiva y cabal protección de los derechos al mínimo vital del suscrito, por la falta
de pago de salarios durante el periodo de suspensión provisional.2

1.3. Hechos

La parte accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes:

Del 19 de mayo al 18 de julio de 2023 el señor Orlando José Petro Vanderbilt fue
sujeto pasivo de la medida cautelar de suspensión provisional en el cargo, emitida
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial3 dentro del proceso disciplinario
identificado con radicado 08-001-11-02-000-2021-00964-00.

2 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
3 Orden que se materializó con la Resolución 4443 del 19 de abril de 2023 de Sala Plena del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la que se resolvió: “Primero: HACER EFECTIVA de
manera inmediata la suspensión provisional de ORLANDO JOSÉ PETRO VANDERVILT en su
condición de Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por el
termino de tres (03) MESES sin derecho a remuneración, impuesta por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial mediante providencia del 19 de abril de 2023, quedando así dicho funcionario
separado del cargo”.

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Luego de cumplirse el periodo de suspensión provisional en el cargo y de ser
reintegrado a sus funciones, el 26 de julio de 2023 el actor solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico, el
reintegro de los salarios que no percibió durante los tres meses de la suspensión
con fundamento en el artículo 218 de la Ley 1952 de 20194.

El 31 de julio de 2023, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de
Barranquilla - Atlántico emitió respuesta, que a juicio de la parte tutelante no fue de
fondo, donde le indicó que quién debía responder a lo peticionado era su nominador
en la medida que señaló:

Si bien no hay duda de que existe un derecho a favor del peticionario, se aclara
que NO es a esta dependencia, a quien le corresponde resolver el fondo de esta
solicitud, ni proceder a realizar en efecto la devolución de los salarios dejados de
percibir, como quiera que por competencia funcional, es a su nominador a quien
en definitiva le corresponda ordenar el pago de dichos dineros, correspondiéndole
a la Oficina de Talento Humano solamente ejercer las acciones de tramite o de
ejecución para hacer efectiva dichas órdenes dadas por su nominador.

Afirmó que el 9 de agosto de 2023 presentó una petición ante la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial para que esta entidad ordenara o dispusiera del pago de
los salarios, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Ahora, con ocasión de la respuesta emitida por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico, el 30 de septiembre de 2023
elevó petición a su nominador, esto es al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, en el requirió la constancia de la culminación de la suspensión
provisional sin que se hubiera producido fallo sancionatorio, del cual a la fecha de
presentación de la acción de tutela tampoco le ha sido contestado.

4 ARTÍCULO 218. Reintegro del suspendido. Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será

reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración
dejada de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación termine con fallo
absolutorio o decisión de archivo o de terminación del proceso, o cuando expire el término de
suspensión sin que se hubiere proferido fallo de primera o única instancia. En este caso, no obstante
la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad, la obligación hacer los
aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.

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1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Orlando José Petro Vanderbilt consideró que las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales «de petición, debido proceso y al mínimo
vital» con ocasión de la falta de respuesta de fondo a las peticiones del 26 de julio
de 2023 a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla
– Atlántico y del 9 de agosto de 2023 ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, con el fin de que se le reconociera los salarios dejados de percibir por el
periodo de suspensión provisional que ya cumplió.

Puso de presente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial violentó el
derecho fundamental al mínimo vital en razón de que a pesar de haberse vencido
los 3 meses de la suspensión provisional en el cargo, no notificó al nominador, ni a
la dependencia de recursos humanos sobre el reintegro a sus labores como juez,
«a efectos de que se me cancelaran los salarios dejados de cancelar como lo ordena
la norma disciplinaria citada arriba5, permitiendo que esta condición de no pago de
mis emolumentos laborales y de afectación a mi mínimo vital subsista hasta hoy ».

Refirió que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió por competencia las
actuaciones a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Barranquilla, y que
ello refuerza que la suspensión provisional de la que fue objeto debió declarase nula
y por ende no cabe duda de que tiene derecho al reintegro de aquello que dejó de
percibir durante el periodo de suspensión.

Expuso que vive únicamente del salario que obtiene como Juez Quinto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, del cual depende para el
sostenimiento de cuatros hijos, tres de ellos menores de edad y de la madre que es
de la tercera edad y no cuenta con pensión. Además, comentó que posee crédito
con la entidad bancaria BBVA por más de 300 salarios mínimo mensuales legales
vigentes.

5 Ley 1952 de 2019. Artículo 218: Reintegro del suspendido. Quien hubiera sido suspendido
provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago
de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación
termine con fallo absolutorio o decisión de archivo sin que se hubiera proferido fallo de primera única
instancia. En este caso, no obstante, la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo
de la entidad, la obligación hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.
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1.5. Trámite de la actuación

Mediante auto de 15 de enero de 2024, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial a Nivel Nacional y la Seccional de Barranquilla,
Atlántico, asimismo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, como
autoridades accionadas.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1 Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla –
Atlántico.

La jefa de Oficina de Talento Humano de la entidad, solicitó negar el amparo
deprecado por el accionante toda vez que la Dirección Seccional de Administración
Judicial Barranquilla – Atlántico dio respuesta a la petición de 26 de julio de 2023
elevada por el accionante mediante oficio DESAJBA23-1764 del 31 de julio de 2023
y notificada por correo electrónico enviado el 1 de agosto de 2023.

Indicó que dio contestación «a pesar de no haber sido resuelta de forma favorable
a sus ruegos, se dio por agotada de esa forma su competencia funcional, quedando
resuelta la situación jurídica sobre la cual se predicó que existió una vulneración de
los derechos fundamentales del actor».

Hizo hincapié en que se le explicó al tutelante que sus funciones se dan «en estricto
cumplimiento de una orden judicial deprecada por su nominador, es decir, del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla».

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Asimismo, anexó el correspondiente oficio de respuesta en el cual le informó que le
dejó en claro al tutelante que quién debe responder de fondo su petición sobre la
devolución de salarios dejados de percibir es el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barraquilla de conformidad con el artículo 2.2.5.5.48 del Decreto 1083 de 2015,
dispone:

ARTÍCULO 2.2.5.5.48 Reintegro al empleo y reconocimiento y pago de salarios
dejados de percibir como consecuencia de la suspensión. De conformidad con lo
señalado en el artículo 158 de la Ley 734 de 2002, el servidor público que en un
proceso disciplinario hubiere sido suspendido provisionalmente, será reintegrado
a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración
dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando la investigación
termine con fallo absolutorio, decisión de archivo, terminación del proceso, o
cuando expire el término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo de
primera o única instancia.

Con base en lo anterior, solicitó se que se desvincule a la entidad y se denieguen
las pretensiones de la acción por presentarse la figura de la ausencia de derechos
vulnerados y destacó que solamente ejecuta aquello que le sea ordenado por el
nominador.

1.6.2. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

El presidente la corporación judicial reconoció que el 30 de septiembre de 2023, el
accionante solicitó a ese tribunal se «expida constancia o certificación con destino
al suscrito y con destino a la Dirección de Administración Judicial del Atlántico, en
la que se señale que la suspensión provisional culminó el 19 de julio de 2023, sin
que se hubiera producido sanción disciplinaria alguna».

Indicó que se profirió respuesta al tutelante desde el 19 de enero de 2024, donde
se le informó: «esta corporación no es competente para certificar que no se ha
producido sanción disciplinaria en su contra, remitiéndose, además copia de los
oficios enviados desde el pasado mes de julio a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial», en donde a su vez, solicitó información sobre el estado del proceso
disciplinario, sin que se hubiera recibido respuesta a la fecha.

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Por lo anterior solicitó declarar la carencia actual del objeto por hecho superado,
puesto que dentro del trámite de la acción de tutela dio respuesta al peticionario (i)
indicándole su falta de competencia para expedir la certificación requerida; (ii) envió
la respuesta al correo electrónico del tutelante; (iii) remitió la solicitud a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial; y (iv) le solicitó a dicha corporación información
sobre el estado del proceso disciplinario. De todo lo anterior allegó los pantallazos
que dan cuenta de ello.

Asimismo, explicó que la respuesta al peticionario fue emitida desde el 1 de
noviembre de 2023, pero con ocasión de la presente tutela revisó la trazabilidad del
caso advirtiendo que en esa fecha el correo que contenía la respuesta con sus
respectivos anexos nunca llegó al correo del solicitante ya que se quedó en la
bandeja de borradores de la cuenta electrónica de la corporación.

Finalmente, resaltó que la competencia de ese tribunal se circunscribe a darle
cumplimiento o hacer efectivas las suspensiones provisionales, las decisiones de
prórroga y las sanciones impuestas dentro de los procesos disciplinarios en virtud
de los artículos 217 y 236 de la Ley 1952 de 2019; lo que en efecto y en término
hizo el Tribunal en calidad de nominador del disciplinado.

1.6.3. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

En su informe indicó que, mediante auto del 19 de abril de 2023 con ponencia de la
Magistrada Diana Marina Vélez Vásquez dentro del proceso disciplinario 08-001-
11-02-000-2021-00964-00 se resolvió:

PRIMERO: ORDENAR la suspensión provisional inmediata de ORLANDO JOSÉ
PETRO VANDERVILT en su condición de Juez Quinto De Ejecución De Penas Y
Medidas De Seguridad De Barranquilla, por el termino de TRES (03) MESES SIN
DERECHO A REMUNERACIÓN, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa.

Señaló que a raíz de la sentencia C-134 del 3 de mayo de 20236, la Sala Plena de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sesión ordinaria celebrada el 2 de
agosto de 2023, dispuso cesar el ejercicio del poder preferente en todos los casos,

6 Sentencia en la se encuentra la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo

55 y del numeral 4 del artículo 56 del proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia referidas al ejercicio del poder preferente y su inexequibilidad.
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por lo que el proceso (expediente integro) fue enviado a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Atlántico para lo de su competencia.

Con base en lo anterior concluyó que:

Así, al no tener entonces esta Corporación desde el 3 de agosto de 2023 a su
cargo el proceso disciplinario 2021-964 adelantado en contra del accionante, no
le es dado atender la petición deprecada en la acción de tutela de « (...) oficiar a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla –
Atlántico, sobre el acaecimiento de mi reintegro al cargo, sin existencia de
pronunciamiento sancionatorio de ninguna especie, a efectos de que esta entidad
cancele los salarios dejados de cancelar (...)»

Por último, solicitó la desvinculación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
de la presente acción constitucional.

1.6.4. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Por conducto de la División de Procesos de Unidad de Asistencia Legal solicitó ser
desvinculada en razón de que la petición a la que refiere la acción de tutela no fue
radicada ante dicha entidad y en todo caso no funge como nominadora ni como ente
pagador de los salarios del señor Petro Vanderbilt.

Para sustentar su petición manifestó:

la petición sobre la cual solicita medida de amparo constitucional, nunca fue
radicada o trasladada a esta Entidad; por consiguiente, el Accionante bien hizo de
presentar dicha petición ante la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Barranquilla, entidad para la cual según da cuenta lo relatado en su escrito de
tutela y anexos, fue donde prestó sus servicios en la Rama Judicial.

Precisó que en los términos del artículo 98 de la Ley 270 de 1996, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial tiene por función adelantar las labores
necesarias para el funcionamiento de la Rama Judicial, por lo que, al tener
competencia a nivel central, quien le corresponde resolver la petición del accionante
es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, al ser el ente
pagador del accionante.

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1.6.5. Memorial presentado por la parte actora

Mediante mensaje de datos remitido el 23 de enero de 2023 a la Secretaría General
de la Corporación la parte actora reconoce que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla le brindó respuesta, sin embargo, la calificó de «evasiva y
elusiva» en la medida que no responde de fondo su petición.

Para justificar lo anterior indicó que su nominador se excusó en indicar que, como
lo que peticionaba era la certificación sobre la causa disciplinaria ello correspondía
a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, reprochó dicha respuesta la que
consideró aislada de su petición central en la medida que si bien solicitó lo referido
también lo es que fue claro en explicar al cuerpo colegiado que lo pedido obedecía
al requerimiento que sobre este hecho la había puesto de presente la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla.

1.7. Trámite posterior a la admisión

Con memorial de 5 de febrero de 2024 el magistrado ponente advirtió la necesidad
de vincular a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Barranquilla - Atlántico,
en calidad de tercero con interés, con fundamento en que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial en la contestación que allegó al presente trámite tutelar señaló
que el expediente fue remitido a dicha seccional al ordenar el cese de ejercicio de
poder disciplinario preferente en esa causa.

1.7.8. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico

El magistrado del Despacho No. 4 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Atlántico allegó contestación de la acción de tutela, en donde advirtió que no se
ha generado vulneración alguna a los derechos constitucionales del actor, pues los
derechos de petición formulados debieron ser atendidos por las autoridades
administrativas ante las cuales fueron presentados y no por la Comisión Seccional.

Indicó que no se ha incurrido en violación al debido proceso en la medida que la
investigación disciplinaria actualmente está en curso y pendiente de que se alleguen
piezas procesales a efectos de calificar la actuación.

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Alegó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico no es entidad
pagadora ni nominadora del tutelante, por lo que no ha vulnerado el derecho
fundamental al mínimo vital y móvil, para proceder a atender la solicitud del
disciplinable.

Solicitó denegar el amparo constitucional, y la desvinculación de la entidad del
referido trámite tutelar.

2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Orlando José Petro Vanderbilt contra la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Barranquilla, Atlántico y el Tribunal
de Distrito Judicial de Barranquilla, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa – solicitudes de desvinculación

2.2.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla –
Atlántico pidió que se le desvincule del proceso por cuanto carece de legitimación
en la causa por pasiva para ser parte en este trámite. A su juicio quien debe
responder sobre el reconocimiento de salarios dejados de percibir es el nominador,
para el caso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la medida
que funge como ejecutora de aquello que le sea ordenada por aquel.

La Sala negará dicha solicitud en razón a que dicha seccional ostenta la calidad de
autoridad accionada en el presente trámite constitucional; nótese que precisamente
la solicitud de amparo deviene de la presunta vulneración del derecho de petición
con ocasión de la solicitud que radicó el tutelante el pasado 26 de julio frente a la
cual emitió respuesta el 31 de julio siguiente que, a criterio del actor, no satisfizo lo
peticionado, la cual requiere ser analizada para determinar el fondo del asunto y

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esclarecer si, en efecto, los derechos fundamentales del actor fueron vulnerados al
proferir esa contestación.

2.2.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva en la medida que la petición a la que se alude
(i) nunca fue radicada en dicha entidad y (ii) tampoco es la competente para resolver
sobre la solicitud de acreencias laborales comoquiera que los pagos del actor están
a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla.

Frente a esta solicitud la sala accederá en la medida que, en efecto, no hay prueba
que permita determinar que a dicha Dirección Nacional se le radicó la petición de 9
de agosto de 2023 en donde se le solicitó la devolución de los salarios dejados de
percibir durante el periodo de suspensión provisional en el cargo.

Revisado el expediente el tutelante aportó PDF que da cuenta del escrito, mas no
demostró el envío o radicación de la misma a través de los canales autorizados para
ello.

Aunado a lo anterior la Sala al leer la solicitud no le cabe duda que dicha entidad no
es la responsable de los pagos de salarios y prestaciones del actor, se recuerda
que el mismo está vinculado como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Barranquilla.

Sobre el punto se precisa que de conformidad con el artículo 4.°7 Acuerdo N.º
PSAAA09-6203 de 2 de septiembre de 20098, la competencia para el pago de
sueldos y prestaciones sociales corresponde al Área de Talento Humano de la
respectiva Dirección Seccional de Administración Judicial, que para el caso en
concreto corresponde a la de Barranquilla, Atlántico, comoquiera que el actor está
adscrito a esta jurisdicción.

7 «ARTICULO CUARTO - Son funciones del Área de Talento Humano:

I. ASUNTOS LABORALES:
[…]
4. Organizar y controlar el reconocimiento de sueldos y prestaciones sociales».
8 «Por el cual se determinan las funciones de las Áreas de Trabajo y Oficinas Adscritas a las

Direcciones Seccionales de Administración Judicial».
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Por lo tanto, al margen de que se haya o no radicado la referida petición en todo
caso ante un eventual amparo sería a la Dirección Ejecutiva de Seccional de
Barranquilla la encargada de dar cumplimiento a las órdenes de tutela.

En este punto se recuerda que la legitimación en la causa supone determinar si en
realidad el demandado es quién está en el deber de proveer la satisfacción del
derecho reclamado y en el presente asunto en esta instancia procesal se logra
determinar que la Dirección Ejecutiva al nivel nacional no es la llamada a responder.

2.2.3. Finalmente, tanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como la
Comisión Seccional de Disciplina del Atlántico solicitaron su desvinculación porque
no son entidades pagadoras ni nominadoras del tutelante.

La Sala considera que es necesario mantener su vinculación comoquiera que las
solicitudes radicadas ante las accionadas involucran la decisión de suspensión
provisional dictada por la Comisión Nacional de Disciplina judicial y el proceso
disciplinario se está tramitando actualmente ante la Seccional del Atlántico, luego
cualquier decisión que se adopte puede ser de su interés.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración de los derechos invocados por la parte actora con ocasión de la
presunta ausencia de respuesta de fondo, clara y congruente a las solicitudes
elevadas ante (i) la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla
respecto del reintegro del salario que dejó de percibir durante el periodo que estuvo
suspendido de su cargo como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Barranquilla, y (ii) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla en la que pidió la expedición de constancia del acaecimiento de la
suspensión provisional.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas (i)
naturaleza de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición; y (iii) procedencia de
la acción de tutela para el pago de prestaciones sociales y salarios, y (iv) el caso
concreto.

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2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.

2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 201510, que señala 15 días para resolver la misma, de

9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de

2015, que señala:

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no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada.11

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello

«ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
11 Sentencia T-149/13, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

[…] i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión12; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a
recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de
los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de
la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a
todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la
respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de
lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo13.14

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

12 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la sentencia

T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
13 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
14 Sentencia C-510/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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2.6. Procedencia de la acción de tutela para el pago de prestaciones sociales
y salarios

La Corte Constitucional ha reiterado que en lo relacionado con el «reconocimiento
de acreencias laborales por medio de la acción de tutela, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que por regla general dicha pretensión no es susceptible
de ampararse por esta vía, por cuanto en el ordenamiento jurídico la jurisdicción
ordinaria laboral, o la jurisdicción de contenciosa administrativa tienen mecanismos
idóneos y eficaces de defensa judicial según el caso. Sin embargo, de manera
excepcional, se ha contemplado la procedencia del amparo para obtener el pago de
dicho tipo de acreencias cuando se afecta el derecho fundamental al mínimo vital
del accionante»15.

Así, el alto tribunal constitucional en sentencia T-157 de 2014, explicó que se puede
acudir a la acción de tutela de manera excepcional para solicitar el pago de salarios
cuando estos constituyen la única fuente de recursos del trabajador y su falta de
pago afecte el mínimo vital de la persona. Igualmente, en esa providencia estableció
unas «hipótesis fácticas mínimas» que debe verificar el juez constitucional para
ordenar el pago de las acreencias:

En resumen, las hipótesis fácticas mínimas que deben cumplirse para que puedan
(sic) tutelarse el derecho fundamental al mínimo vital mediante la orden de pago
oportuno del salario debido son las siguientes: (1) Que exista un incumplimiento
salarial (2) que afecte el mínimo vital del trabajador, lo cual (3) se presume si el
incumplimiento es prolongado o indefinido, salvo que (4) no se haya extendido por
más de dos (2) meses excepción hecha de la remuneración equivalente a un salario
mínimo, o (5) el demandado o el juez demuestren que la persona posee otros
ingresos o recursos con los cuales puede atender sus necesidades primarias vitales
y las de su familia, (6) sin que argumentos económicos, presupuestales o financieros
puedan justificar el incumplimiento salarial.

2.7. Caso concreto

En el sub examine, el señor Orlando José Petro Vanderbilt presentó acción de
tutela, dado que, consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus
garantías fundamentales «de petición, debido proceso y a mínimo vital», dado que
no le han dado respuesta de fondo a las peticiones que radicó los días 26 de julio

15 Sentencia T-043 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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de 2023 ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla, Atlántico; asimismo, respecto de la solicitud elevada el 30 de
septiembre del mismo año, en la que requirió al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, Atlántico para que expidiera constancia del acaecimiento de la
suspensión provisional en el cargo que ejerce, que se decretó dentro de la causa
disciplinaria adelantada en su contra por parte de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.

2.7.1 Sobre el primer aspecto, esto es, la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición, la Sala advierte que no cabe duda de la radicación de
las mismas en la medida que en el expediente reposa tanto la solicitud como la
respectiva respuesta otorgada al actor las cuales la Sala pasa a analizar así:

2.7.1.1. Respecto de la petición del 26 de julio de 2023 dirigido a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, Atlántico la Sala
anticipa que se concederá el amparo del derecho fundamental de petición en los
siguientes términos.

Pues bien, no hay duda que el 1.º de agosto de 2023 la referida dirección emitió
respuesta a la parte actora, en donde le indicó su falta de competencia y le explicó
sobre la imposibilidad de reintegrar el salario que yace impago porque ello obedeció
al estricto cumplimiento de una orden deprecada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, autoridad que, a su criterio, es quien debe responder de
fondo lo peticionado. Frente al punto allegó constancia de notificación del respectivo
oficio.

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Sin embargo, la Sala advierte que a pesar de que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Barranquilla, Atlántico indicó que no era la competente
para resolver la petición elevada por el señor Orlando José Petro Vanderbilt, no dio
cumplimiento al deber que le impone el artículo 2116 de la Ley 1437 de 2011 de
enviar la solicitud del accionante a la autoridad que le corresponde la función legal
de estudiar y dar respuesta a la petición. En el presente caso, a quien se le debía

16
«ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco
(5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a
partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».
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remitir con el fin de que conociera sobre dicho asunto es al Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Barranquilla, autoridad judicial que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla considera es la competente
para pronunciarse de fondo.

2.7.1.2. Ahora bien, en relación con la petición presentada el 30 de septiembre de
2023, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla se declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado en la medida que se comprobó que
mediante oficio de 19 de enero de 2024 – dentro del trámite de la acción de tutela-
la autoridad judicial le indicó al tutelante sobre su falta de competencia para certificar
que no se ha producido sanción disciplinaria, remitiendo copia del oficio enviado a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como se puede observar en la
constancia de envío:

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A su vez, es menester aclarar que a pesar de que la petición fue elevada el 30 de
septiembre de 2023, se dio respuesta a las súplicas hasta el 19 de enero de 2024,
con ocasión de que esta contestación se quedó desde el 1 de noviembre de 2023
sin enviar en la carpeta de borrado del correo electrónico de la Secretaría General
del Tribunal, como consta en la siguiente imagen:

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De igual manera, a continuación, se comprueba la correcta notificación del envío de
la respuesta de 19 de enero de 2024 dirigida al señor Orlando José Petro Vanderbilt
a través de su correo electrónico personal:

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Ahora bien, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva
vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la acción de
tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho fundamental
amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento
pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente
a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos
de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.

En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se
ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de
estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier
determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en
peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental
ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de
amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una
objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea
actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado.

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual
de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la
que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los
intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se
constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el
acaecimiento de una “situación sobreviniente”.
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Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de la solicitud de
amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por lo que no es posible
retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta perenne.

Al respecto ha señalado el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de
hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que
el juez de tutela dé una orden al respecto”.

(iii) Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el
supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la
vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la
acción de tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos
de daño consumado y hecho superado.

La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad
para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que
no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho
superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine
que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de

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amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces
de una categoría homogénea y completamente delimitada.

Así las cosas, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, con
ocasión a que durante el trámite de este mecanismo constitucional desapareció la
circunstancia que podía originar algún quebrantamiento de los derechos
fundamentales del demandante, de ahí que cualquier orden que imparta esta Sala
resultaría inane debido a que la presunta vulneración cesó con la actuación de la
autoridad enjuiciada.

2.7.2. Finalmente, en lo referente a las demás pretensiones del tutelante esto es el
amparo de los derechos al debido proceso y al mínimo vital que van íntimamente
relacionados con la insistencia del reintegro de los salarios por haberse cumplido la
suspensión provisional en el cargo sin que se hubiere producido fallo de primera
instancia, la Sala advierte que no se cumplen con los requisitos establecidos por la
Corte Constitucional para ordenar el pago pretendido.

En primer lugar, el actor en el escrito de tutela manifiesta que ha sido reintegrado a
sus funciones como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medida de
Aseguramiento de Barranquilla, es decir, desde el mes de agosto de 2023 volvió a
recibir ingresos en cumplimiento de sus labores, por lo que el presunto
incumplimiento que reprocha el accionante no ha sido prologando e indefinido.

Con lo cual, queda demostrado que el señor Orlando José Petro Vanderbilt sí está
recibiendo un pago, diferente es que no haya recibido la diferencia de los 3 meses
de salario que fueron retenidos en virtud del cumplimiento de una medida cautelar
de suspensión provisional del cargo por una investigación disciplinaria.

Esta situación desvirtúa la presunción de la afectación del mínimo vital del actor,
pues como se dijo el tutelante sí está recibiendo una remuneración.

Finalmente, la Sala tampoco advierte la vulneración del derecho al debido proceso,
por el contrario, aquello que se avizora es que la devolución de los dineros dejados
de percibir obedece a un trámite administrativo en el cual se involucra el actuar de
varias entidades.

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Nótese que el tribunal no emitió orden de devolución ante la Dirección Ejecutiva
Seccional hasta tanto no cuente con la correspondiente certificación del proceso
disciplinario y, diferente a considerarse una respuesta evasiva como la calificó la
parte actora, se advierte que se sigue el procedimiento para dar una respuesta
definitiva.

Por último, no sobra destacar que hasta el momento el tutelante no ha recibido una
respuesta negativa sobre la devolución de los dineros que pretende y que en caso
de dictarse una decisión definitiva en ese sentido podrá acudir a las vías judiciales
que prevé el ordenamiento jurídico para reprocharlas.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Barranquilla, Atlántico, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico.

SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por pasiva
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición deprecado por el señor
Orlando José Petro Vanderbilt contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla, Atlántico.

CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Barranquilla, Atlántico que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta providencia, proceda a (i) remitir la petición radicada el 26 de
julio de 2023 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y (ii) enviar

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Demandante: Orlando José Petro Vanderbilt
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00

copia del oficio remisorio al peticionario, conforme al artículo 21 de la Ley 1437 de
2011.

QUINTO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
del Tribunal Administrativo del Distrito Superior de Atlántico.

SEXTO: NEGAR el amparo de los derechose fundamentales al debido proceso y al
mínimo vital deprecados por la parte actora.

SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

OCTAVO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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