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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00067-00

Fecha
12 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00067-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por James Perea Peña contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 7 Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00 Demandante: James Perea Peña La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00067-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., doce (12) de Febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00067-00
Demandante: James Perea Peña
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial / Auto niega apertura de
desacato en trámite de acción de cumplimiento / Cosa juzgada
Decisión: Declarar improcedente la solicitud de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por James Perea Peña, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

James Perea Peña promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
los cuales consideró vulnerados con ocasión de la negativa del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A de aperturar el
trámite de desacato propuesto para lograr la ejecución de la sentencia proferida el
14 de marzo de 2019 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el expediente
de la acción de cumplimiento identificado con el radicado
25000234100020180113501.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

i) James Perea Peña presentó demanda de cumplimiento contra la Contraloría
General de la República, para que se acatara lo dispuesto en el artículo 6.° del
Decreto 3102 de 1997, según el cual «[t]odos los usuarios Pertenecientes al sector
oficial, están obligados a reemplazar, antes del 1º de Julio de 1999 los equipos, sistemas e
implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo». (sic)

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00
Demandante: James Perea Peña

ii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A con
sentencia del 4 de febrero de 2019 negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que se realizaron las gestiones pertinentes para acatar la referida
disposición, como lo es la instalación de sistemas sanitarios marca Corona, los
cuales cumplen con la norma Icontec NTC-920-1. Decisión contra la cual el
demandante interpuso recurso de apelación.

iii) El Consejo de Estado, Sección Quinta con sentencia del 14 de marzo de 2019
revocó la decisión del a quo, en su lugar accedió a las pretensiones de la demanda
en el sentido de ordenar a la Contraloría General de la República que concluya el
proceso de reemplazo de los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de
agua, por aquellos de bajo consumo, en las instalaciones que sean de su propiedad
en todo el país.

iv) En enero de 2021, presentó incidente de desacato al considerar que no se
cumplió la referida orden, de tal manera, la corporación judicial de conocimiento
primera instancia con auto del 9 de diciembre de 2021 se abstuvo de abrir el trámite
incidental, al encontrar que la Contraloría General de la República acreditó que
había realizado diferentes actuaciones para finalizar el proceso de remplazo de los
equipos de alto consumo por los de bajo consumo.

v) La decisión de no dar apertura al trámite de desacato propuesto pretermitió lo
establecido en el artículo 25 de la Ley 393 de 1997, ya que debió conminar al
superior del Contralor General de la Nación para que este le hiciera cumplir la
sentencia y abriera el correspondiente procedimiento disciplinario; situación que
evidencia el hecho que el tribunal demandado desconoció lo dispuesto en el artículo
133 del Código General del Proceso, el cual es aplicable en virtud de la remisión del
artículo 4.° del Decreto 306 de 1992, que prevé la nulidad del proceso, entre otros
casos, cuando el juez omite una etapa procesal.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Primero: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de lo actuado dentro de este
proceso de acción de cumplimiento incoado contra la Contraloría General de la Nación
a partir del acto por medio del cual el Magistrado Ponente soslayó la aplicación del
artículo 25 de la ley 393 de 1.997, permitiendo indebidamente la dilatación del proceso
haciendo aparecer como cumplida la orden contenida en la sentencia.

Segundo: Una vez declarada la NULIDAD ordenar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Primera Subsección A, enviar de manera inmediata el proceso
de la referencia al Superior del Contralor General de la Nación para que sea este quien
conmine al Director de la entidad a cumplir con la sentencia, abra la correspondiente
investigación y sancione al incumplido de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 25 de
la ley 393 de 1.997. […]» (sic)

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00
Demandante: James Perea Peña

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta2 solicitó que la solicitud se declare
improcedente o, en su lugar se niegue el amparo, porque no se encuentran reunidas
las condiciones para la procedencia excepcional del mecanismo de amparo contra
providencias judiciales de similar naturaleza.

1.2.2. La Contraloría General de la Nación3 contestó el escrito de demanda para
pedir que se nieguen las pretensiones de la demanda, en tanto la decisión de
archivo estuvo motivada de manera suficiente al tener en cuenta todas las acciones
realizadas por esa entidad para atender la orden impartida en la sentencia; ello a
partir de los informes de avance de obras y su culminación. Por otra parte, mencionó
que el demandante en el año 2022 interpuso una solicitud de tutela bajo supuestos
fácticos similares, identificada con el radicado 2022-0177600/01.

1.2.3. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) Competencia para decidir; ii) De la procedencia de la solicitud de
tutela; iii) problema jurídico; iv) la actuación temeraria en la solicitud de tutela; y v)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia, con el numeral 5 del artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A.

2.2. De la procedencia de la solicitud de tutela

El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de
la solicitud de amparo:

2 Archivo obrante en el índice 8 del Samai.
3 Archivo obrante en el índice 9 y 14 del Samai.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00
Demandante: James Perea Peña

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir: ¿si en el presente asunto se configura cosa juzgada, en
razón a la solicitud de amparo presentada en oportunidad anterior bajo similar
fundamento fáctico, objeto y pretensiones, identificada con el radicado
11001031500020220177600?

2.4. La actuación temeraria en la solicitud de tutela

La solicitud de tutela [al constituirse en un mecanismo efectivo de defensa judicial
de los derechos constitucionales] cuenta con un procedimiento -que si bien es
sumario- garantiza el desarrollo de una actividad dotada de todas las posibilidades
de defensa para los involucrados, cuyo conocimiento llega en todos los casos a la
Corte Constitucional, a quien se le confió la guarda y supremacía de la norma
fundamental y ante quien opera un proceso de selección cuya decisión, en todo
caso, le imprime a las providencias de las instancias fuerza de cosa juzgada
constitucional.

En este sentido, entonces, el uso de la solicitud de tutela debe ser racionalizado y
atender al hecho de que, una vez resuelto el caso por un juez constitucional, éste
no puede ser puesto en conocimiento, bajo supuestos similares y con idénticas
pretensiones y partes, ante otra autoridad, pues ello implicaría un quebrantamiento
del principio de la cosa juzgada constitucional. Bajo esta óptica, entonces, el artículo
38 del Decreto 2591 de 1992 establece:

«[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los
mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional,
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar […]».

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00
Demandante: James Perea Peña

Sin embargo, no es suficiente presentar una solicitud de amparo más de dos veces
ante los jueces constitucionales para que se configure la actuación temeraria, ya
que deben concurrir una serie de requisitos establecidos por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional4, de la siguiente manera:

«[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces,
con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es
indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de
tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo
sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través
de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus
representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el
ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que
le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la
satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un
caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud
de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente
dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que
permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción […]». (Subrayado
fuera del texto).

De lo expuesto, se concluye que los jueces de tutela deben verificar
cuidadosamente los citados requisitos partiendo de la presunción de buena fe del
demandante, pues no es suficiente con el cumplimiento formal de los mismos, sino
que se hace necesario examinar las razones por las cuales se interponen las
demandas y evaluar si los motivos están plenamente justificados y, de esta manera,
determinar la existencia de una actuación temeraria.

2.5. El caso concreto

Ahora bien, en atención a la normativa, la jurisprudencia aplicable y las actuaciones
surtidas en cada una de las solicitudes de tutela instauradas ante esta corporación
judicial, es conveniente realizar un cuadro comparativo en aras de establecer si en
el asunto bajo estudio se configura la cosa juzgada y la temeridad, así:

NO. DE Radicado 2022-01776-01 Radicado 2025-00067-00
PROCESO
Demandante: James Perea Peña Demandante: James Perea Peña

PARTES Demandado: Tribunal Demandado: Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A Sección Primera, Subsección A
Argumenta como vulnerados sus Argumenta como vulnerados sus
derechos fundamentales al derechos fundamentales al
CAUSA debido proceso y acceso a la debido proceso y acceso a la
PETENDI administración de justicia. administración de justicia.

4 Sentencia T-199 de 2011.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00
Demandante: James Perea Peña

Solicita: Solicita:
“Así las cosas y teniendo en cuenta «[…] Primero: DECLARAR LA
las consideraciones anteriormente NULIDAD ABSOLUTA de lo actuado
citadas me permito muy dentro de este proceso de acción de
respetuosamente solicitar al cumplimiento incoado contra la
Magistrado sustanciador, Contraloría General de la Nación a
REVOCAR O NULITAR de acuerdo partir del acto por medio del cual el
a lo establecido en la ley el auto de Magistrado Ponente soslayó la
fecha 9 de diciembre de 2.021 aplicación del artículo 25 de la ley
dentro del proceso de acción de 393 de 1.997, permitiendo
cumplimiento radicado No indebidamente la dilatación del
250002341000201801135001 proceso haciendo aparecer como
incoado en contra de la Contraloría cumplida la orden contenida en la
General de la sentencia.
OBJETO República (…)”.
Segundo: Una vez declarada la
NULIDAD ordenar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
Sección Primera Subsección A,
enviar de manera inmediata el
proceso de la referencia al Superior
del Contralor General de la Nación
para que sea este quien conmine al
Director de la entidad a cumplir con
la sentencia, abra la
correspondiente investigación y
sancione al incumplido de acuerdo a
lo preceptuado en el artículo 25 de la
ley 393 de 1.997. […]» (sic).

Vistos los supuestos fácticos que conforman el presente asunto, se evidencia que
se configura el requisito de identidad de partes, es decir, es la misma autoridad
judicial contra la que se dirigen las pretensiones de amparo expuestas.

Así, al comparar los hechos en los que se sustenta el reclamo constitucional
formulado en esta ocasión respecto de los relatados en el radicado
11001031500020220177600, se evidencia que se trata de idéntica situación fáctica,
la cual, en resumen, es la negativa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A de aperturar el trámite de desacato propuesto para
lograr la ejecución de la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019 por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, en el expediente de la acción de cumplimiento
identificada con el radicado 25000234100020180113501.

Finalmente, el mayor rasgo de similitud se encuentra en el objeto, ya que las
órdenes que se pretenden para garantizar el amparo de los derechos invocados,
independientemente de su redacción literal, tienen como fin último dejar sin efectos
el auto del 9 de diciembre de 2021, emitido en el proceso de acción de cumplimiento
mencionado para que, en su lugar, se otorgue trámite al incidente de desacato
propuesto y se conmine al superior jerárquico del contralor general de la Nación,
para que se otorgue el cumplimiento perseguido.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00
Demandante: James Perea Peña

Pese a existir identidad de partes, causa petendi y objeto, no puede hablarse
siempre de que se ha configurado una acción temeraria, pues, para ello, se requiere
que haya una actuación dolosa o de mala fe contra la administración de justicia por
parte de quien invoca varios recursos de amparo, máxime cuando actúa con el
convencimiento de que, al agregar algunos hechos adicionales, esto habilita una
nueva orden de amparo.

Así pues, en el caso sub examine, si bien no se configura el fenómeno de temeridad,
si existe cosa juzgada por lo cual no hay lugar a imponer sanción alguna, máxime
cuando de los informes rendidos se infiere el razonamiento efectuado por la
autoridad demandada para concluir que no había lugar a dar apertura al incidente
de desacato promovido.

Sin perjuicio de lo expuesto, adicionalmente se resalta que el presente asunto no
cumple con el requisito de inmediatez, ya que han transcurrido más de 3 años desde
que se profirió el auto del 9 de diciembre de 2021 a la fecha, lo cual riñe con los
elementos de urgencia y necesidad del amparo pretendido.

3. Conclusión

Así las cosas, en razón a que el Consejo De Estado, Sección Cuarta de manera
previa, profirió decisión al respecto, se considera que en el sub examine operó el
fenómeno de la cosa juzgada, de donde no solamente se predican los efectos
procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que igualmente se
producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación
jurídica objeto de litigio; por la que la Sala declarará improcedente la solicitud de
tutela presentada por James Perea Peña contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por James Perea
Peña contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00067-00
Demandante: James Perea Peña

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JAV/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

8

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