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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00070-00

Fecha
7 de marzo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00070-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declárese la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud de tutela presentada por Jaime Armando López Reina contra el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00070-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

7 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00070-00
Demandante: Jaime Armando López Reina
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: Mora Judicial en proceso ejecutivo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Jaime Armando López Reina en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Jaime Armando López Reina promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
demora presentada por parte del Tribunal Administrativo de Santander, en el trámite
del proceso ejecutivo que promovió contra el departamento de Santander,
identificado con el radicado 68081333375120070005801.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) El 11 de febrero de 2020 fue recibido en el Tribunal Administrativo de Santander
el expediente 68081333375120070005801 remitido por el Juzgado Segundo
Administrativo de Barrancabermeja, con el fin de surtirse el recurso de apelación
interpuesto en contra del auto que aprueba liquidación del crédito.

ii) El 12 de octubre de 2023, la autoridad judicial demandada decidió modificar el
auto proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja el 22 de
octubre de 2019, a través del cual se modificó la liquidación del crédito que fue
allegada por el ejecutante, ajustando la misma a la liquidación efectuada por el
Contador Liquidador de esa corporación el 11 de octubre de 2023.

iii) Su apoderado judicial solicitó en término aclaración y corrección auto del 12 de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00070-00
Demandante: Jaime Armando López Reina

octubre de 2023.

iv) Argumenta que la corporación judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales, en tanto, a pesar de la solicitud presentada por su apoderado
judicial y las múltiples solicitudes de impulso presentadas por el departamento de
Santander, persiste la mora judicial en resolver una liquidación del crédito allegada
hace casi 4 años.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER se encuentra
vulnerando el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del suscrito.

2. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER impulsar de manera
adecuada el proceso ejecutivo de la referencia, en lo que respecta a decidir de fondo la
solicitud de adición y corrección presentada. […]»

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. La corporación judicial demandada y los terceros interesados vinculados al
trámite de tutela guardaron silencio1.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico;
iii) procedencia de la solicitud de tutela - derechos de acceso a la administración de
justicia y del debido proceso sin dilaciones injustificadas y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 2, esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo en contra del Tribunal Administrativo de
Santander.

1 Mediante auto del 16 de enero de 2024, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular al

Tribunal Administrativo de Santander, al departamento de Santander y Olga Reina Pineda.
2 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00070-00
Demandante: Jaime Armando López Reina

2.2. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿En el presente asunto se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado, con ocasión de la expedición de la providencia del 31
de enero de 2024, a través del cual el tribunal demandado resolvió la solicitud de
aclaración y corrección presentada por el demandante en el trámite del proceso
ejecutivo con radicado 68081333375120070005801?

2.3. Procedencia de la solicitud de tutela

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia3, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso
sin dilaciones injustificadas

El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del
Estado4, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una
instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus
conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y
respetuosa de la dignidad humana.

3 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.
4 Artículo 2 de la Constitución Política

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00070-00
Demandante: Jaime Armando López Reina

Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión
de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza
de todos los habitantes del país.

Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de acceso
a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional5:

«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder
a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha
sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del
Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma
parte del núcleo esencial del debido proceso.

[…]

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo
esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores
constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación,
el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico de
aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el
orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y
recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene
todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico
o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad
jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han
sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a
que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».

Por su parte, en tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho
en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos
y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de
las partes, como el debido proceso.

Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además
del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo
adecuado.

5 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00070-00
Demandante: Jaime Armando López Reina

La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la definición
de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento; de otra
forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de cada
funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los
bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas
las personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución
pacífica a las controversias sociales.

Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden
de ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos
rigurosamente, pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se
encuentren suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el
marco de cada caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y
celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan
cumplirlos.

En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos
por el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora
judicial tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos
procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales
circunstancias de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que
las sentencias o decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean
materialmente justas y acordes con las normas legales y los principios
constitucionales.

Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya
otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas
aquellas propias de las autoridades judiciales.

2.4. Análisis de la Sala

Jaime Armando López Reina acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia y, en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo
de Santander resolver sobre la solicitud de aclaración y corrección presentada en el
proceso ejecutivo que promovió contra el departamento de Santander identificado
con el radicado 68081333375120070005801.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00070-00
Demandante: Jaime Armando López Reina

Al respecto, una vez revisado el sistema de información de SAMAI6 se observa que:

• El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 31 de enero de 2024
resolvió:

«[…] NO ACCEDER a la solicitud de aclaración y/o corrección formulada por la parte
accionante respecto del auto calendado del 12 de octubre de 2023, por las razones ya
expuestas en este proveído. […]».

• Decisión notificada por estado de la misma fecha.

Tal como quedó acreditado la autoridad judicial demandada, a través de auto del 31
de enero de 2024, no acceder a la solicitud de aclaración y/o corrección presentada
por el demandante respecto al auto del 12 de octubre de 2023, en el proceso
ejecutivo que promovió contra el departamento de Santander identificado con el
radicado 68081333375120070005801, lo cual coincide con la pretensión de amparo
elevada.

A juicio de la Sala, en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, pues, durante el trámite de la solicitud de amparo, el Tribunal
Administrativo de Santander profirió la providencia del 31 de enero de 2024, con la
cual finalizó la conducta vulneradora alegada por la demandante.

La Corte Constitucional en sentencia T-038 de 2019 7 , respecto del fenómeno
jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, señaló:

«[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción
de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se
superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante.
Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u
abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención
del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado […]»

En este orden de ideas, quedó superada la vulneración alegada por Jaime Armando
López Reina, de forma que la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Santander.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

6

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000233600020190
0653002500023
7 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00070-00
Demandante: Jaime Armando López Reina

F A L L A:

Primero. Declárese la carencia actual de objeto por hecho superado, en la solicitud
de tutela presentada por Jaime Armando López Reina contra el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónica Firmado Electrónica

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónica

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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