Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01554-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01554-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01554-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2024-01554-001
Actor : Jaime Armando López Reina
Accionado : Tribunal Administrativo de Santander
Vinculados : Departamento de Santander y el Juzgado Segundo (2°)
Administrativo de Barrancabermeja
Tema : Tutela contra providencia judicial
Derechos : Debido proceso
presuntamente
vulnerados
Procede la Sala a dictar sentencia dentro del trámite de la acción de tutela
incoada por el señor Jaime Armando López Reina en contra del Tribunal
Administrativo de Santander, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la situación objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en
torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
El señor Jaime Armando López Reina, quien actúa a nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección del derecho
fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal
Administrativo de Santander.
Por consiguiente, solicitó se ordene la corrección de los «los yerros evidenciados
en las providencias del 12 de octubre de 2023 y 31 de enero de 2024».
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01554-00
Actora: Jaime Armando López Reina
1.3 Hechos.
Narra el actor que, el 11 de octubre de 2020 fue repartido al Tribunal
Administrativo de Santander el proceso ejecutivo con radicación
68081333375120070005801, para resolver el recurso de apelación presentado en
contra del auto del 22 de febrero de 2019 con el que el Juzgado Segundo
Administrativo de Barrancabermeja, aprobó una liquidación de crédito.
Que, el 12 de octubre de 2023 se decidió el recurso de apelación, en el sentido de
modificar lo ordenado en primera instancia en atención a la liquidación efectuada
por el contador de esa Corporación, razón por la cual, solicitó su aclaración y
corrección, para que, «[…] aclarara las razones por las cuales liquidan intereses
moratorios sobre un capital de $180.000.000 y no sobre el capital correcto de
$180.418.000, y en caso de que estas no existiera dichas razones, se corrigiera el
yerro en la providencia y la liquidación que esta aprueba».
En relación con lo anterior, asevera que, el Tribunal liquidó los intereses
moratorios con una tasa errónea, esto es, sobre una tasa comercial frente a los 6
primeros meses, aun cuando dispuso que la sentencia debía cumplirse conforme
a lo establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA),
por lo que se omite también, la declaratoria de inexiquibilidad condicionada de
dicho artículo, efectuada por la Corte Constitucional con sentencia C-188 de 1999.
Dice que, después de interponer acción de tutela por mora judicial de 4 años, al
no darse una decisión en la liquidación del crédito (expediente
11001031500020240007000), el demandado profirió auto el 31 de enero de 2024,
por medio del cual, negó la petición de aclaración al no existir frases o motivos de
dudas, por lo que realizada dicha actuación, se devolvió el proceso al juzgado de
origen el 19 de marzo de esa anualidad. A su vez, que no ha habido
pronunciamiento del mecanismo de amparo.
De los fundamentos de la violación, destaca que la Corte Constitucional ha
señalado que el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, es el
conjunto de garantías que busca la protección del individuo en una actuación
judicial y que, dentro de estas se logre una correcta aplicación de la justicia.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01554-00
Actora: Jaime Armando López Reina
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 5 de
abril de 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Santander, y (ii) se dispuso la vinculación
del departamento de Santander y del Juzgado Segundo (2°) Administrativo de
Barrancabermeja.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Departamento de Santander. Por conducto de apoderado judicial, solicitó
se le desvincule de la acción y se nieguen las pretensiones, al considerar que el
mecanismo constitucional no es el medio idóneo para controvertir decisiones
judiciales que han sido evaluadas por los jueces naturales en virtud de sus
funciones, lo cual se encuentra establecido en el artículo 86 de la Constitución,
que si bien no está explicito, la Corte Constitucional así lo ha definido.
Además, que, «[p]ermitir que la acción de tutela se utilice como un recurso para
impugnar decisiones judiciales podría abrir la puerta a una judicialización excesiva
de los procesos, generando un colapso en el sistema judicial y diluyendo la
eficacia de otros medios de impugnación y control judicial. El respeto a la cosa
juzgada y a la seguridad jurídica son fundamentales para el funcionamiento
adecuado del sistema judicial».
2.1.2 El Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Barrancabermeja, cumplió
con el envío del expediente ordinario conforme a lo requerido en el auto
admisorio, en cuanto a los reproches alegados por el tutelante no emitió
pronunciamiento.
2.1.3 El Tribunal Administrativo de Santander, no allegó escrito de
contestación, pese a que fue debidamente notificado el 9 de abril del año en curso
de la existencia de la acción en su contra.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01554-00
Actora: Jaime Armando López Reina
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017.
3.2 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene
génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma
Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos
fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la
finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto
orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto
procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01554-00
Actora: Jaime Armando López Reina
de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque
se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales
ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el
actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace
la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
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Actora: Jaime Armando López Reina
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que
surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o
sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del
precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía
de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda
trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales2, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20123, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros
fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado
ha aplicado en los términos antes expuestos4.
2
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro
Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de
2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau
De Lafont Pianeta.
3
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
4
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01554-00
Actora: Jaime Armando López Reina
3.3 Hechos probados. En atención al material probatorio traído al plenario y de
conformidad con los hechos constatados por esta Subsección, se destaca:
a. Demanda ejecutiva ejercida por el actor, en la cual solicitó librar
mandamiento ejecutivo por valor de $41.387.800 en contra del
departamento de Santander, en cumplimiento de la providencia que
decretó la responsabilidad en el pago de perjuicios morales y pérdida de la
oportunidad, pedimento que fue dado por medio de auto del 27 de febrero
de 2018 del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Barrancabermeja, y con el del 9 de mayo siguiente se ordenó seguir con la
ejecución.
b. Con Resolución 00-13383 del 4 de septiembre de 2017, el departamento
de Santander reconoció el pago de una sentencia judicial por la suma de
$228.439.798.
c. Mediante oficio, el ejecutante en el otrora proceso, presentó liquidación del
crédito, al cual se le corrió traslado, siendo objetado por la parte ejecutada,
para posteriormente con proveído del 22 de octubre de 2019, se decidió
aprobar la liquidación y modificación efectuada por la secretaría de ese
Juzgado, por valor de $39.062.495, en virtud del numeral 3 del artículo 446
del CGP.
d. Frente a la anterior decisión el departamento de Santander, impetró
recurso de apelación, al estimar que la tasa moratoria diaria aplicada no
concuerda con la fijada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
e. Con oficio GOC-548 del 11 de octubre de 2023, el contador del Tribunal
Administrativo de Santander, elabora la liquidación del crédito, en el que
tuvo en cuenta:
«-Fecha de sentencia de segunda instancia 29 de septiembre de 2015.
• Fecha de Ejecutoria de la sentencia el cuatro (04) de noviembre de 2015.
• Fecha de solicitud de cumplimiento de la sentencia el 12 de agosto de
2016.
• Fecha de pago sentencia 4 septiembre de 2017
• Valor Cancelado por la gobernación $ 228.439.798.
• Los intereses se liquidan de acuerdo al C.C.A».
A modo de conclusión, señala que:
Valor deuda descontando el pago realizado por la gobernación el de
Santander el cuatro (04) de septiembre de 2017
Arenas Monsalve.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01554-00
Actora: Jaime Armando López Reina
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÈDITO
Capital $ 180.000.000,00
Valor Intereses Corrientes $ 16.603.200,00
Valor Intereses Mora $ 56.117.400,00
Valor Abono $ 228.139.789,00
Saldo del Credito $ 24.580.811,00
f. A través de auto del 12 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander, resolvió el recurso de apelación, sobre lo cual, puntualizó que
«[…] la liquidación de crédito efectuada por el Contador Liquidador difiere
en un valor de $272.500, de la realizada por la secretaria del A quo, razón
por la cual, este Despacho modificará el auto del 22 de octubre de 2019,
por medio del cual, se aprobó la liquidación de crédito realizada por la
secretaria, para en su lugar aprobar la liquidación efectuada el 11 de
octubre de 2023, por el Contador de esta Corporación».
g. Con solicitud de aclaración y corrección, el demandante pidió se corrigieran
las inconsistencias del documento rendido por el contador, habida cuenta
que, inobservó la tasa a aplicar y la declaratoria de inexequibilidad del
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo5.
h. Con providencia del 31 de enero de 2024, el Tribunal despachó
desfavorablemente la petición, al determinar que no existen conceptos o
frases motivos de duda, ni la misma influye en la parte resolutiva de la
sentencia, igualmente que, «[…] la parte demandante busca es una
corrección de fondo, solicitud que no está llamada a progresar mediante la
aclaración sino mediante otro recurso procesal al cual ya no tiene acceso
en esta etapa procesal».
3.4 Carga argumentativa y probatoria en las acciones de tutela. La acción de
tutela, como se anotó en precedencia, es un instrumento judicial instituido en el
ordenamiento jurídico con la finalidad de obtener la protección de derechos
constitucionales fundamentales de las personas, el cual está sometido a varios
principios que le otorgan un carácter especial, dentro de los que se encuentra el
de informalidad, sobre el que la Corte Constitucional6 dijo:
De acuerdo con el principio de informalidad, la acción de tutela no está
sometida a requisitos especiales ni fórmulas sacramentales que
puedan implicar una prevalencia de las formas sobre la búsqueda
material de protección de los derechos de las personas que la invocan.
5
Norma vigente al momento de proferirse las sentencias que dieron lugar a la liquidación de la condena.
6
Sentencia T-317 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01554-00
Actora: Jaime Armando López Reina
Así por ejemplo, la tutela puede ser solicitada de manera verbal en
caso de urgencia, o cuando el solicitante sea menor de edad, o no
sepa escribir; no se requiere de apoderado judicial; y no es necesario
citar el artículo en el que se encuentra la norma constitucional
infringida, siempre que se identifique de manera suficiente cuál es el
derecho que se considera amenazado o violado, y se narren los
hechos que lo originan.
No obstante, el aludido principio no releva a quien promueve una acción de tutela
de la obligación de identificar los hechos en los que resultan vulneradas sus
garantías superiores y de acreditar la trasgresión de estos, porque, además de
que ello lo exige el artículo 147 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia
constitucional así lo ha precisado, al sostener que «[…] quien pretenda el amparo
de un derecho fundamental debe demostrar los hechos en que se funda su
pretensión, a fin de que la determinación del juez, obedezca a la certeza y
convicción de que se ha violado o amenazado el derecho […]»8.
3.5 Caso concreto. En el sub lite el tutelante pide se corrijan los errores
cometidos en las providencias del 12 de octubre de 2023 y 31 de enero de 2024,
toda vez que, el informe realizado por el contador del Tribunal Administrativo de
Santander, en el cual se basan las decisiones, incurre en imprecisiones al liquidar
los intereses moratorios partiendo de la base de $180.000.000 y no, de
$180.418.000, además de desconocerse la sentencia C-188 de 1999 de la Corte
Constitucional, que declaró la inexiquibilidad condicionada del artículo 177 del
CCA.
Así mismo, tal como lo expuso, considera vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso, que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
es el conjunto de garantías con las que cuenta el individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa.
Sobre el tema a tratar, esta Corporación ha definido que la liquidación del crédito,
«[…] es la concreción del valor económico de la obligación adeudada, la cual
debe basarse en lo estipulado por el juez en el mandamiento de pago, que
7
«En la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que
se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o
del agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud […]».
8
Corte Constitucional, sentencia T-571 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01554-00
Actora: Jaime Armando López Reina
determina los términos a ser tenidos en cuenta al momento de realizar la referida
operación»9.
Al respecto, el Código General del Proceso, artículo 443, señala en lo referente:
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS. Para la liquidación del
crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:
1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada
la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea
totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar
la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses
causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la
conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo
dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la
sustenten, si fueren necesarios.
2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma
prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual
sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo
trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa
en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación
objetada.
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación
por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de
oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido,
no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al
ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.
4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la
liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como
base la liquidación que esté en firme.
[…].
Del asunto de marras, se tiene, conforme a los medios probatorios descritos, que,
con auto del 22 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Barrancabermeja, aprobó la liquidación del crédito elaborada
por la secretaria de esa dependencia, razón por la cual, el departamento de
Santander interpuso recurso de apelación, siendo decidido por el Tribunal
Administrativo de Santander, en el sentido de confirmar con modificación, en
atención al informe GOC-548 del 11 de octubre de 2023, entregado en
cumplimiento del auto del 21 de septiembre que así lo ordenó, el cual dictaminó
una diferencia de «$272.500» con la inicialmente dada.
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Auto del 22 de abril de 2024, expediente 70.787. C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01554-00
Actora: Jaime Armando López Reina
Contra el anterior proveído, el tutelante presentó solicitud de aclaración y
corrección al estar inconforme con las operaciones aplicadas, pedimento que fue
despachado de manera desfavorablemente el 31 de enero de 2024, al no existir
motivos para su acogimiento.
Sobre el particular, la Sala advierte que el actor no adosó otra clase de pruebas
de las que se logre inferir afectación alguna de sus prerrogativas superiores, pues
no se arrimaron elementos de convicción de que las decisiones adoptadas en
efecto cambien el cumplimiento de lo ordenado en el auto del 22 de octubre de
2019 o que se le haya limitado su derecho de defensa y contradicción, pues, por
el contrario, lo que busca en reabrir el examen de cuestiones de fondo en lo que
concierne a la tasa moratoria empleada en la segunda revisión de la liquidación,
lo cual comporta aspectos económicos que no están dados a estudiar en sede de
tutela, por falta de relevancia constitucional.
En relación con lo anterior, asegura que también se desconoció la sentencia C-
188 de 1999 de la Corte, en lo que respecta a la declaratoria de inexiquibilidad
condicionada del artículo 177 del CCA, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446
de 1998, es decir, fundamentos que van dirigidos a circunstancias sustanciales
propias del proceso ejecutivo y liquidatario del crédito, pero que precisamente no
acredita una trasgresión al postulado al debido proceso, incluso revisado el
mecanismo de tutela, se observa que no argumenta con exactitud y ampliación
las conductas por reprochar por parte de la accionada para acceder a la
implementación de medidas de amparo.
Desde esta perspectiva, se tiene que no se ha vulnerado el derecho al debido
proceso, por cuanto, las decisiones decidieron las solicitudes formuladas, por un
lado se resolvió el recurso de apelación y por el otro, se dio respuesta a la
petición de aclaración y corrección, que conforme lo citó el Tribunal, no se hallan
frases o motivos de dudas que posibiliten pronunciamiento al contrario, además,
cabe mencionar que el informe con el que se basó la primera decisión
controvertida, fue realizado por un profesional idóneo en la materia, en virtud del
auto del 21 de septiembre de 2023.
Por lo tanto, puntualiza la Sala que, los jueces naturales en ejercicio de sus
competencias tienen la potestad de otorgar diferentes grados de certeza a las
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01554-00
Actora: Jaime Armando López Reina
pruebas obrantes en el expediente o a los informes o dictámenes decretados de
oficios para esclarecer aspectos oscuros que ameriten dilucidarlos, esto es,
siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica,
como aconteció en el asunto materia de controversia.
Por ende, las conclusiones probatorias del funcionario judicial (natural) se
encuentran amparadas por la presunción de buena fe, situación que impide al
juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las
garantías superiores del ordenamiento jurídico, supuesto que no se da en el sub
lite. Acerca de este aspecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores
fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural
quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en
virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta
al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es
autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio
de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de
asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la
valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto” […].10
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto no existió
la vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por el señor
Jaime Armando López Reina, razón por la que se niega el amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política
10
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01554-00
Actora: Jaime Armando López Reina
FALLA:
1º. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por el
señor Jaime Armando López Reina, por las razones expuestas en las
consideraciones.
2º. NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
13
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