Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00072-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00072-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00072-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
8 de mayo de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, ocho (8) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-00072-01
Demandante: FIDELIGNA PIRABAN MÁRQUEZ
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la actora cuestionó la sentencia de segunda instancia proferida en un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho que confirmó la negativa al reconocimiento de la
pensión por aportes en los términos de la Ley 71 de 1988. Sin embargo, la Sala confirmará la
decisión impugnada que declaró improcedente el mecanismo por falta de relevancia
constitucional debido que se empleó como una instancia adicional al proceso ordinario con el fin
de obtener una decisión favorable.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 7 de marzo de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante
la cual se dispuso:
“Primero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por Fiduprevisora.
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Fideligna Piraban Márquez, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“C”, por las razones aquí expuestas”. (archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI- negrillas y mayúscula del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 11 de enero de 2024, a través de apoderado judicial, la señora Fideligna Piraban
Márquez promovió proceso de acción de tutela en contra de la Subsección C de la
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00072-01
Demandante: Fideligna Piraban Márquez
Acción de tutela – Impugnación fallo
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se
protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
“PRIMERA. - DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, expediente No. 11001-33-35-011-2022-00199-01, la SUBSECCIÓN “C”,
SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
Magistrada Ponente Dra. AMPARO OVIEDO PINTO, al confirmar la sentencia del 01
de marzo de 2023 emitida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Judicial
de Bogotá, vulneraron a la señora FIDELIGNA PIRABAN MÁRQUEZ los derechos
fundamentales a: la igualdad frente a la aplicación de la ley y el bloque de
jurisprudencia relacionada con la pensión de jubilación que debía validar en debida
forma los tiempos interinidades, los derechos adquiridos con arreglo a la ley, al
trabajo, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso judicial, el derecho
a la seguridad social, la seguridad jurídica y demás derechos constitucionales que
resulten del estudio y análisis de los hechos que fundamentan la acción.
SEGUNDA. - En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la sentencia de
segunda instancia emitida por la Subsección “C”, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca fechada el 28 de junio de 2023 y notificada el 05 de
julio del mismo año.
TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que
realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias
fundamentadas en la normatividad vigente, valorando en plenitud las pruebas
aportadas y la línea jurisprudencial vigente contenidas entre otras, en la sentencia C-
555 de 1994 proferida por la Corte Constitucional y en el fallo unificado de agosto 25
de agosto de 2016 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado. De esta
forma se ordene el reconocimiento de la pensión de jubilación a la que tiene derecho
el accionante bajo el marco legal de la ley 71 de 1988, pensión que debe ser efectiva
a partir de la constitución del status pensional(…)”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- mayúsculas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) Solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley
71 de 1988 por considerar que acreditó más de 20 años de servicio y 55 años de edad,
sin embargo, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá le negó tal solicitud, mediante
Resolución no. 2618 de 17 de marzo de 2022, con sustento en que le era aplicable el
régimen de prima media establecido en la Ley 100 de 1993 con los requisitos previstos
para su goce, razón por la cual no le era aplicable la Ley 71 de 1988.
2) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó
demanda en contra de la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de
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Demandante: Fideligna Piraban Márquez
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Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que solicitó la nulidad de la resolución antes
aludida y, en consecuencia, el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes
equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas con anterioridad al cumplimiento
del estatus jurídico de pensionada, es decir, entre el 1º de abril de 2020 y el 30 de marzo
de 2021, teniendo en cuenta la totalidad de periodos que prestó servicios, incluidos los
periodos de interinidades.
3) Mediante fallo proferido en audiencia inicial de 1º de marzo de 2023, el Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en que no era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
por tanto, no se le podía aplicar la Ley 71 de 1988, además, tampoco reunió las semanas
necesarias para ser beneficiaria del régimen de transición establecido en el Acto
Legislativo 01 de 2005, ni le era aplicable la Ley 33 de 1985 ya que no contaba con 20
años de servicios laborados exclusivamente al sector público.
4) En la misma audiencia apeló esa decisión con base en que no pretendía la aplicación
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como lo
interpretó el a quo, sino que lo solicitado era que se aplicara el régimen de transición de
la Ley 812 de 2003 por haberse vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de
esa norma, es decir que era beneficiaria de la Ley 71 de 1988 que prevé el
reconocimiento de la pensión de jubilación sumando tiempos públicos y privados.
5) En sentencia de 28 de junio de 2023, la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión en consideración a que “a
la fecha de expedición de la Ley 812 de 2003 la reclamante no tenía vinculación material
al magisterio, justamente se concluyó una interinidad muy transitoria y así continuó hasta
su ingreso como provisional que solo ocurrió en el año 2004, donde empieza su vínculo
docente con vocación de permanencia”.
6) Agregó que “fue nombrada en provisionalidad desde el 22 de enero de 2004 con
vinculaciones posteriores a la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, razón por la cual
se reitera no se encuentra cobijada por el régimen de transición previsto en la ley 812 de
2003 y su mesada pensional debe ser analizada con fundamento en la ley 100 de 1993
y 797 de 2003, para cuyo régimen son computables tiempos servidos en el sector privado,
sin compatibilidad con el sueldo en servicio activo, que es exclusivo para el sector
docente y por tiempos servidos como docente”.
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Demandante: Fideligna Piraban Márquez
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3. El fundamento de la vulneración
La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto por
decisión sin motivación debido a que “no mencionó sentencias que componen precedente
jurisprudencial en el caso concreto de los periodos laborados como docente bajo la
modalidad de interinidades al servicio público de la educación”.
Agregó que tenía la obligación de indicar con suficiencia argumentativa el fundamento
para apartarse de las sentencias C-555 de 6 de diciembre de 1994 proferida por la Corte
Constitucional, sentencia unificada del 22 de enero de 2015 proferida por el Consejo de
Estado en el proceso con radicación no. 25000-23-42-000-2012-02017-01, en las cuales
se le otorgó validez a la modalidad hora cátedra y contratos de prestación de servicios,
así como la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 del Consejo de Estado
expedida en el proceso con radicación no. 23001-23-33-000-2013- 00260-01 (0088-15)
CE-SUJ2-005-16, en la cual se precisó que los tiempos de contratos de prestación de
servicio docente surten efectos pensionales.
Además, el tribunal accionado no realizó un estudio de fondo del artículo 48 de la
Constitución Política, el cual fue adicionado por el Acto Legislativo 01 del 2005, que elevó
a rango constitucional el régimen pensional docente o mucho menos de los convenios y
tratados internacionales ratificados por Colombia en lo referente a la seguridad social.
En segundo lugar, señaló un desconocimiento del precedente de algunas sentencias en
las que supuestamente los tiempos en que los allí demandantes laboraron como docentes
interinos1.
Asimismo, señaló que la pensión de jubilación por aportes ya ha sido reconocida por las
diferentes Subsecciones que componen la Sección Segunda del Consejo de Estado,
como las decisiones de 18 de febrero de 2021, 24 de febrero de 2022, 22 de abril de
2021, 2 de junio de 2022, 19 de enero de 2023 y 30 de marzo de 2023 y 15 de junio de
1
Sentencia de 4 de septiembre de 2019, rad. 25000- 23-42-000-2017-0595-00, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia de 15 de abril de 2021, rad. 25-000-23-42-000-2018-02828-00. Sentencia de 27
de enero de 2022, rad. 11001-33-35-020-2019-00053-01, Sección Segunda, Subsección D. Sentencia de
4 de junio de 2020, rad. 25000-23-42-000-218-00408-00, Sección Segunda, Subsección E. Sentencia de
10 de julio de 2020, rad. 25000-23-42-000-2019-00239-00. Sentencia de 10 de febrero de 2023, rad. 11001-
33-42-054-2021- 00335-01, Sección Segunda, Subsección F. Sentencia de 18 de septiembre de 2020, rad.
25000-23-42-000-2018-02829-00.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00072-01
Demandante: Fideligna Piraban Márquez
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2023. Ttambién hizo referencia a la sentencia de tutela de 6 de septiembre de 2021
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado2.
Finalmente, manifestó que se configuró una violación directa de la Constitución por
“desconocer el tiempo laborado como docente interina para la obtención de un derecho
de tanta relevancia como lo es la pensión de jubilación y además desconocer la
compatibilidad entre salario y pensión, vulnera y transgrede los derechos fundamentales
a la igualdad, acceso a la administración de justicia, derechos adquiridos con justo título,
seguridad social integral y seguridad jurídica, lo cual hace completamente loable la
presente acción constitucional”.
4. Actuación de primer grado
Mediante providencia de 17 de enero de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados integrantes de la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así
vincular al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag),
a la Fiduprevisora SA y al distrito capital de Bogotá – Secretaría de Educación para que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Sentencia de primera instancia
En sentencia de 7 de marzo de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por cuanto su objeto fue reabrir un debate que se planteó con el recurso
de apelación y que fue resuelto con la providencia cuestionada en la cual el tribunal
demandado analizó las pruebas obrantes en el expediente y el precedente judicial
relacionado con la pensión de jubilación por aportes, sin embargo, concluyó que la
interinidad no le otorgaba un vínculo oficial y que su labor como docente en
provisionalidad fue con posterioridad a la Ley 812 de 2003, por lo cual no se cumplía con
el requisito para cobijarse del régimen de transición de dicha norma.
6. Impugnación
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MP Alberto Montaña Plata, rad. 11001-03-15-000-2021-03766-00.
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Demandante: Fideligna Piraban Márquez
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Contrario a lo manifestado en la sentencia de primer grado, la parte actora alegó que los
jueces de instancias en los respectivo fallos se apartaron de las sentencias de unificación
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, las cuales determinaron que, para
efectos del reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes, se pueden tener en
cuenta los tiempos laborados como docente interino y que con base a estas vinculaciones
se debe determinar el régimen pensional aplicable al educador.
Además, si bien era cierto que el tribunal demandado en la sentencia de 28 de junio de
2023 hizo alusión a algunas sentencias relacionadas con el tema, simplemente se trató
de una mención, sin que efectuara un análisis profundo de las mismas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
3. El caso concreto
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Demandante: Fideligna Piraban Márquez
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En el asunto que ocupa la atención de la Sala el actor demanda por esta vía constitucional
a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
con el fin de que se protejan sus derechos constitucionales fundamentales
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 28 de junio de 2023.
En primera instancia la Sección Cuarta de esta Corporación declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, decisión
frente a la cual, la parte actora presentó impugnación en los mismos términos del escrito
inicial de tutela.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse:
1) La parte demandante señaló que la autoridad judicial demanda incurrió en un defecto
por decisión sin motivación, pues no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
apartarse del precedente constitucional relacionado con el reconocimiento de la pensión
por aportes.
2) En segundo lugar, señaló que se desconoció el precedente judicial por no tenerse en
cuenta los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado relacionados en el acápite de fundamentos
de la acción de tutela.
3) Por último, también indicó que se violó directamente la Constitución por que se
vulneraron sus derechos fundamentales por no valorarse los tiempos que laboró como
docente interino para efectos del reconocimiento de la pensión.
4) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ordinario, con
miras a que se reconociera la pensión de jubilación por aportes en el marco de la Ley 71
de 1989.
5) En efecto, en el recurso de apelación que presentó en audiencia inicial contra la
sentencia de primer grado la demandante indicó, en los mismos términos que ahora
plantea, que debía respetarse el régimen pensional que cobija a los docentes por el hecho
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Demandante: Fideligna Piraban Márquez
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de haber sido vinculada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
esto es, que se le aplicara la Ley 71 de 1988, la cual prevé la posibilidad para el
reconocimiento de la pensión de jubilación sumando tiempos públicos y privados.
6) Ahora bien, en la providencia de 28 de junio de 2023 la autoridad judicial demandada
confirmó la negativa en consideración a que la actora no tenía derecho a que se le
reconociera la pensión de conformidad con el régimen de transición previsto en la Ley
812 de 2003, pero previamente analizó de manera amplia y suficiente el marco normativo
que regula la pensión ordinaria de jubilación de los docentes y la pensión de jubilación
por aportes, así como la jurisprudencia aplicable al caso, lo cual permitió llegar a las
siguientes conclusiones:
“4.- Conclusiones en el caso concreto
No se discute que la señora Fideligna Priaban Márquez nació el nació el 13 de
septiembre de 1961, de manera que para el 1º de abril de 1994 tenía 32 años.
Tampoco hay duda en que al 1º de abril de 1994 no había prestado 15 años de
servicios.
Se acreditó igualmente que se vinculó a la Secretaría de Educación de Bogotá, en
principio como docente interina y prestó sus servicios en los siguientes periodos bajo
esa modalidad de vinculación:
• Docente Interino: Del 24 de marzo al 10 de abril de 1992.
• Docente Interino: Del 21 de abril al 6 de mayo de 1992.
• Docente Interino: Del 14 de marzo al 11 de abril de 2003.
• Docente Interino: Del 24 de abril al 1º de junio de 2003.
• Docente Interino: Del 20 de mayo al 27 de junio de 2003.
• Docente Interino: Del 14 al 18 de julio de 2003.
• Docente Interino: Del 29 de julio al 19 de agosto de 2003.
• Docente Interino: Del 21 de agosto al 1 de septiembre de 2003.
• Docente Interino: Del 19 de septiembre al 11 de octubre de 2003.
• Docente Interino: Del 12 de octubre al 10 de noviembre de 2003.
• Docente Interino: Del 11 de noviembre al 5 de diciembre de 2003.
También se acreditó que, luego fue nombrada docente provisional a partir del 22 de
enero de 2004 y continuó laborando bajo ese tipo de vinculación por periodos
interrumpidos en 2004, 2006, 2010, 2011 y 2012.
En el presente asunto la negativa de la entidad demandada respecto al
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes a favor de la demandante bajo
el amparo de la ley 71 de 1988, régimen anterior a la ley 100 de 1993, deviene del
hecho de que, en su criterio, su vinculación al servicio educativo oficial ocurrió en el
2004, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, razón
por la cual, la entidad consideró que su derecho pensional debe ser analizado con
fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Para desatar este aspecto es preciso señalar que, la interinidad es el mecanismo
mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes en
carrera para suplir una licencia otorgada al titular del cargo, designa con carácter
temporal y transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad con
el fin de garantizar la efectiva prestación del servicio educativo.
En ese orden, la vinculación en interinidad se caracteriza por ser de naturaleza
transitoria, se recurre a ella únicamente para cubrir las licencias que se otorgan a los
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Demandante: Fideligna Piraban Márquez
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docentes titulares del cargo, quienes ostentan los derechos propios de la vinculación
al servicio educativo oficial.
Para acceder al derecho pensional con el régimen anterior hay que hacer la lectura
precisa de la norma contenida en la Ley 812 de 2003, que estableció una regla de
transición. Con ella señaló que se aplicará el régimen anterior o sea, el de la ley 33
de 1985 fundamentalmente, para quienes estén vinculados a esa fecha como
docentes. No habló la norma de docentes en propiedad o en provisionalidad, solo que
estén vinculados. Por consecuencia si alguna persona en ejercicio de la profesión
docente prestó sus servicios en calidad de interino con anterioridad, pero a la fecha
de expedición de la ley 812 de 2003, no tenía vinculación material al servicio, no es
destinataria de la transición.
En consecuencia, es claro que a la fecha de expedición de la ley 812 de 2003, la
reclamante no tenía vinculación material al magisterio, justamente ese concluyó
una interinidad muy transitoria y así continuó hasta su ingreso como
provisional que solo ocurrió en el año 2004, donde empieza su vínculo docente
con vocación de permanencia. Las vinculaciones anteriores transitorias son
para periodos fijados en el acto de nombramiento que expiraron ipso iure dada
la temporalidad.
Ello quiere decir que a 27 de junio cuando fue expedida la ley 812 de 2003, la
demandante no tenía vinculación provisional o definitiva, y el tiempo interino que
concluyó, por ejemplo el mismo día de entrada en vigencia de la norma, es transitorio
temporal, cuya terminación fue fijada en forma previa, sin perjuicio que las
cotizaciones hechas puedan servir para el reconocimiento pensional que le es
aplicable, pero que no le otorga el derecho reconocido para docentes vinculados y a
quienes favorece la transición dispuesta en la ley 812 de 2003.
En efecto, la señora Fideligna Priaban Márquez fue nombrada en provisionalidad
desde el 22 de enero de 2004 con vinculaciones posteriores a la entrada en
vigencia de la ley 812 de 2003, razón por la cual se reitera no se encuentra
cobijada por el régimen de transición previsto en la ley 812 de 2003 y su mesada
pensional debe ser analizada con fundamento en la ley 100 de 1993 y 797 de
2003, para cuyo régimen son computables tiempos servidos en el sector
privado, sin compatibilidad con el sueldo en servicio activo, que es exclusivo
para el sector docente y por tiempos servidos como docente. No es este el caso
de la reclamante que aún si hubiese tenido vínculo provisional o definitivo a la fecha
de entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, para la aplicación de la ley 71 de 1988
con el fin de computar tiempos públicos o privados solo tendría efectos al retiro del
servicio en tanto que el derecho de compatibilidad de pensión y salario en servicio,
solo se predica para pensiones adquiridas totalmente con tiempos servidos a la
docencia y como afiliada al Fondo de prestaciones del Magisterio.
Visto el acervo probatorio, la situación de la docente demandante, se enmarca en el
supuesto que trae la norma en el inciso segundo que define: “Los docentes que se
vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales
del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003”. Bajo la claridad que, cuando la norma se refiere a “los docentes que se
vinculen”, hace referencia a los educadores que ingresen al servicio de la docencia
oficial, puesto que aquellos son los únicos que quedan afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por disposición de la ley 91 de 1989”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).
7) Para sustentar la vulneración de los derechos fundamentales el actor expuso similares
planteamientos a aquellos del recurso de apelación en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión sobre
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00072-01
Demandante: Fideligna Piraban Márquez
Acción de tutela – Impugnación fallo
que debió reconocerse la pensión por aporte en los términos de la Ley 71 de 1988 por
ser supuestamente beneficiaria del régimen de transición de la Ley 812 de 2003, así:
“En ese orden, la sentencia atacada niega el derecho pensional a la docente bajo el
argumento de que los tiempos de interinidades son vinculaciones transitorias por
periodos de tiempos fijos aludiendo que si un docente prestó sus servicios como
docente interino antes de la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 y no tenía
ninguna vinculación material no es destinataria del régimen de transición; por lo cual
es válido anotar lo siguiente:
En virtud a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en concordancia con
el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, artículo 81 de la ley 812 de 2003 y Acto
Legislativo 01 de 2005, lo correcto es que se respete el régimen pensional que cobija
a la educadora por el hecho de haber sido vinculada como docente del sector oficial
a partir del 24 de marzo de 1992 y en consecuencia le sea reconocida su pensión de
jubilación bajo el marco legal de lo contemplado en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
La posición de la Corporación accionada va en contravía de la jurisprudencia que ha
sentado el Honorable Consejo de Estado frente a la validez de los tiempos laborados
por Contratos y/o OPS u interinidades , pues acude a la negación del derecho bajo el
argumento de que los tiempos laborados por mi mandate bajo la modalidad de
docente interina son transitorios se traduce en una afectación del artículo 4, 13 y 53
de la Constitución Nacional que consagra los principios que deben guiar las relaciones
laborales, tales como principio de favorabilidad y la prohibición absoluta de aplicación
leyes, normas, convenios o contratos que atenten los derechos laborales, la dignidad
del trabajador –principio pro operario- y el principio protector o protectorio, rector en
materia laboral, sobre ello también lo ha indicado el Consejo de Estado, así:
El principio más importante en materia laboral es el principio protector o protectorio
como también se le ha denominado. En virtud de este principio se protege a la parte
más vulnerable de la relación laboral, que es el trabajador, y por ende hay desigualdad
o discriminación positiva en su favor a fin de equipararlo con la otra”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).
8) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defectos a los
reparos invocados en la demanda es evidente que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron
planteados tanto en la demanda ordinaria como en el recurso de apelación y que fueron
resueltos en la providencia cuestionada.
9) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
que era propio del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
10) Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al supuesto desconocimiento de la sentencia
de tutela de 6 de septiembre proferida por esta misma Sala de Decisión, se advierte que
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00072-01
Demandante: Fideligna Piraban Márquez
Acción de tutela – Impugnación fallo
en esa oportunidad se analizó un caso de una señora que fue vinculada como docente
oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, motivo por el cual, su régimen prestacional aplicable era el anterior a la
expedición de la Ley 100 de 1993, dada la excepción del artículo 279 de dicha norma, lo
cual no ocurrió en el presente, toda vez que quedó probado que la actora se vinculó al
magisterio en vigencia de la Ley 812 de 2003, pues tuvo una interinidad muy transitoria
y así continuó hasta su ingreso como provisional que solo ocurrió en el año 2004, en
consecuencia, este cargo no tendría vocación de prosperidad.
11) En consecuencia, se declarará improcedente el amparo invocado porque como lo
indicó el a quo constitucional eso fue precisamente lo que se discutió en el recurso de
apelación y se resolvió en la providencia que desató dicho recurso por parte del juez
natural, de donde se advierte que el interés de la parte actora únicamente exponerse al
criterio allí expuesto por manifestar su descontento con la decisión, sin que la acción de
tutela pueda utilizarse como una instancia adicional al proceso ordinario, por
consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-00072-01
Demandante: Fideligna Piraban Márquez
Acción de tutela – Impugnación fallo
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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