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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00082-01

Fecha
24 de julio de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00082-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de tutela de 3 de mayo de 2024, por medio de la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con lo expuesto. En su lugar, NEGAR la solicitud de amparo presentada por la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12. TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00082-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

24 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 24 de julio de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00082-01
Demandante: Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto sustantivo |
Desconocimiento del precedente - niega

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la sentencia mediante la cual se revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, concretamente, al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, prevista
en la Ley 50 de 1990, a favor de un docente vinculado al FOMAG.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 3 de
mayo de 2024, mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción de tutela2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 12 de enero de 2024, la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, para obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, junto con los
principios de legalidad, prevalencia del derecho sustancial e “imperio de
la ley y aplicación de los precedentes que gobierna la actuación judicial”,
los cuales consideró vulnerados con ocasión de la Sentencia de 29 de

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR Improcedente el amparo constitucional solicitado por la Nación - Ministerio de Educación

Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG en contra del Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00082-01
Demandante: Ministerio de Educación- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
______________________________________________________________________________________________________________

septiembre de 2023, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76111-33-33-001-2022-00017-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERA: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG
el derecho constitucional fundamental al debido proceso y el acceso
efectivo a la administración de justicia que contemplan los principios de
legalidad, prevalencia del derecho sustancial y el imperio de la ley y
aplicación de los precedentes que gobierna la actuación judicial, que se
desprenden de los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política,
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de fecha
29/09/2023 a través de la providencia por medio de la cual se ordenó el
reconocimiento y pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de
1990, desconociendo el precedente jurisprudencial definido en la sentencia
de unificación por el H. Consejo de Estado el 11 de octubre de 2023, que
declaró esta última normatividad incompatible con la Ley 91 de 1989,
aplicable a los docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio - FOMAG, el cual en su parte resolutiva señala:

‘Primero. – Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente: Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen
derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo,
al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le
será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente
estatal.
(…)
Cuarto. – Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es
de aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso
y en los que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de
interpretación, de manera que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen
precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley
1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa
como judicial’.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se ordene dejar sin
efectos jurídicos la decisión judicial del 29/09/2022 y confirmada por el Tribunal
Administrativo Del Valle del Cauca el 29/09/2023 respecto del proceso de
Nulidad y Restablecimiento Del Derecho No. 761113333001202200017 y en su
lugar proferir la sentencia de reemplazo que de aplicación al precedente
jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del 11 de octubre de
2023 y consecuente con ello se denieguen las pretensiones de la demanda.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) Jorge Enrique Reyes Cruz presta sus servicios como docente oficial
en el departamento de Valle del Cauca.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00082-01
Demandante: Ministerio de Educación- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
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5. 2) El señor Reyes Cruz presentó demanda3 contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional (FOMAG), orientada a obtener la nulidad
del acto presunto negativo originado por el silencio frente a su petición de
reconocimiento de: a) la sanción moratoria contemplada en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, por la no consignación oportuna de las cesantías
anuales, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta cuando se acreditara su
depósito y (b) una indemnización por el no pago de los intereses a las
cesantías del año 2020 antes del 31 de enero de 2021, conforme a lo
dispuesto en las Leyes 52 de 1975, 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

6. 3) La demanda fue conocida por el Juzgado 1 Administrativo de
Buga, el cual, mediante Sentencia de 29 de septiembre de 2022, negó las
pretensiones, al encontrar probada la excepción de inexistencia del
derecho reclamado, comoquiera que, en el régimen especial docente de
la Ley 91 de 1989, no existía la obligación de consignación anual de
cesantías por las entidades territoriales al FOMAG y, por ende, la sanción e
indemnización reclamadas eran incompatibles. Además, consideró que, ni
la Sentencia SU-98 de 2018, ni decisiones del Consejo de Estado invocadas
por la parte actora eran aplicables al caso concreto por no guardar
identidad fáctica.

7. 4) Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso
de apelación, en el que señaló que el régimen especial no podía traer
inmerso condiciones menos favorables que el general. En esa medida,
adujo que la consideración del juez de primera instancia de que los
docentes oficiales no eran sujetos de aplicación del artículo 99 de la Ley 50
de 1990 había sido revaluada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional4 y del Consejo de Estado5, por lo que el señor Reyes Cruz
tenía derecho a la sanción moratoria por la consignación inoportuna6 al
FOMAG de las cesantías de 2020 y a la indemnización contenida en la Ley
52 de 1975, la cual hace parte integral del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
dado lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1176 de 1991, por el pago
extemporáneo7 de los intereses a las cesantías.

8. 5) El 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, ya que declaró la nulidad
del acto administrativo demandado y condenó a la Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG a pagar al señor Reyes Cruz la sanción moratoria

3 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-98 de 2018.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencias de 18 de julio de 2018, radicación No. 73001-23-33-000-2014-

00580-01; 6 de agosto de 2020, radicación No. 08001-23-33-000-2013-00666-01; 20 de enero de 2022, radicación
No. 08001-23-33-000-2017-00931-01 y 9 de mayo de 2022, radicación No. 08001-23-33-000-2017-00795-01.
6 Después de 15 de febrero de 2021.
7 Después de 31 de enero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00082-01
Demandante: Ministerio de Educación- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
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reclamada, equivalente a un día de salario por cada día de mora en la
consignación de las cesantías correspondientes a 2020, desde el 15 de
febrero de 2021 y hasta la fecha en que se acreditara el depósito al Fondo,
pero negó la pretensión alusiva al reconocimiento de una indemnización
por concepto de mora de intereses porque ello comportaría una doble
sanción a la entidad empleadora.

9. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en que
tribunal demandado incurrió en un defecto sustantivo por indebida
aplicación normativa, pues, al ordenar el pago de la sanción moratoria
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 desconoció el régimen
especial de los docentes adscritos al FOMAG, contenido en la Ley 91 de
1989 sobre el sistema de administración de cesantías bajo el principio de
unidad de caja.

10. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que (se trascribe) “en primer
término, en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes, y
segundo, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan,
sino que ya están presupuestados y traslados al fondo, desde el primer mes
de cada vigencia”. En esa medida, indicó que, al estar vedada la
posibilidad de consignación de las cesantías, de contera se descartaba
algún tipo de sanción.

11. Adicionalmente, señaló que se desconoció el precedente contenido
en la Sentencia de Unificación SUJ-032 CE-S2-2023 de 11 de octubre de
2023, Exp. 5746-2022, que estableció que los docentes estatales afiliados al
FOMAG no tenían derecho a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990, por resultar incompatible con lo reglado en la Ley 91 de 1989, pues, la
decisión enjuiciada se notificó con posterioridad a la ejecutoria del
precedente aludido, el cual previó que su aplicación abarcaba a todos los
procesos que se encontraran en curso y en los que se pretendiera la
sanción moratoria contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
indemnización de que trata la Ley 52 de 1975. En consecuencia, solicitó su
aplicación y, con ello, el amparo de los derechos invocados.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

12. Mediante Sentencia de 3 de mayo de 2024, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la tutela de
la referencia por no superar el requisito general de subsidiariedad. Planteó
que, frente al presunto desconocimiento de la Sentencia de unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 en la decisión enjuiciada, la parte actora pudo haber
acudido al recurso extraordinario de unificación, pero no lo hizo.

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Demandante: Ministerio de Educación- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
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13. Además, señaló que no se demostró el acaecimiento de un perjuicio
irremediable o de alguna situación que implicara la falta de idoneidad del
mecanismo ordinario que no fue agotado.

14. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. En su
escrito, indicó que la Sentencia de 29 de septiembre de 2023, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podía
tramitarse a través del recurso extraordinario de unificación, debido a que
la decisión de segunda instancia fue anterior a la Sentencia de unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023, y su notificación fue posterior
a esta última.

15. Además, reiteró que la decisión recurrida incurrió en el defecto
sustantivo, ya que el tribunal demandado no analizó de manera correcta
la Ley 91 de 1989, pues omitió tener en cuenta el principio de unidad de
caja, el cual establece que las cesantías de los docentes adscritos al
FOMGA no se administran en cuentas individuales, e ignoró el manejo y
procedimiento que involucra los recursos de las cesantías y sus intereses.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. 2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a
derechos fundamentales. 2.4. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

16. Determinar, una vez verificados los requisitos de la acción de tutela
contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca,
al proferir la Sentencia de 29 de septiembre de 2023 en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 76111-33-33-001-2022-00017-01,
incurrió en 1) un defecto sustantivo por indebida aplicación de la Ley 50 de
1990 e inobservancia de Ley 91 de 1989, y/o 2) un desconocimiento del
precedente respecto de la Sentencia de unificación de 11 de octubre de
2023, Exp. 5746-2022 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial8

17. La Sala advierte que (1) hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la providencia enjuiciada (25/10/239) y la de interposición
de la presente acción de tutela (12/1/24). (2) No se enjuició un fallo de
tutela, pues la controversia se relaciona con una sentencia de segunda
8 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.
9 Comoquiera que el mensaje de datos se envío el 23 de octubre de 2023. Información obtenida al consultar el

proceso en la página web de la Rama Judicial.

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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
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instancia proferida en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. (3) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible
los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (4) La controversia
tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de
los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
con ocasión de una decisión a la que se le endilga un defecto sustantivo y
un desconocimiento del precedente, reproches que, según se evidenció,
se originó con ocasión de la Sentencia de unificación del 11 de octubre de
2023 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, motivo por
el cual la Sala considera que no pudo discutirse ni resolverse en el marco
del proceso ordinario.

18. (5) No existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte
demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
del derecho presuntamente vulnerado. Si bien, el juez de tutela de primera
instancia estimó que procedía el recurso extraordinario de unificación, la
Sala no comparte tal argumento, al considerar que no se puede exigir el
agotamiento de dicho medio de defensa judicial extraordinario frente a un
proceso ordinario que se decidió con anterioridad a la sentencia de
unificación, cuya observancia se solicitó.

19. En ese orden, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que
declaró la improcedencia de la tutela por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad y, en su lugar, procederá a estudiar de fondo el asunto de
la referencia y establecer si se configuraron los defectos alegados y la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

20. La Sala negará el amparo solicitado, por las razones que se explican
a continuación:

21. De entrada, se advierte que la decisión del tribunal enjuiciada
(Sentencia de 29 de septiembre de 2023) se profirió cuando no existía una
postura pacífica sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes
afiliados al FOMAG. Pues, en ese momento existían decisiones judiciales
que señalaban que la sanción moratoria para docentes sí era aplicable en
virtud del principio de favorabilidad, ya que la Ley 91 de 1989 no regulaba
dicho tema e, incluso, aplicaban la Sentencia SU-98 de 2018 de la Corte
Constitucional, como ocurrió en el presente caso; en cambio, otras
indicaban que la sanción moratoria no era procedente porque los
docentes oficiales tienen un régimen especial de prestaciones en el que
no se contempla tal penalidad.

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Decisión: Revoca - niega
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22. En la decisión cuestionada, el tribunal acogió la tesis según la cual
era posible reconocer a los docentes oficiales la sanción moratoria
establecida en la Ley 50 de 1990, y estimó que no procedía una
indemnización por el pago tardío de los intereses, bajo los siguientes
argumentos (se trascribe):

“35. (…)los docentes del sector oficial también son destinatarios de la
indemnización establecida en la Ley 50 de 1990, en atención a la fecha de su
vinculación y al principio de favorabilidad; pues al igual que los demás
servidores públicos que prestan sus servicios para las entidades estatales en los
niveles nacional y territorial, gozan del derecho a que todas sus prestaciones
sociales, y en este caso, las cesantías les sean consignadas anualmente de
forma pronta y oportuna antes de cada 15 de febrero.
(…)
37. Así entonces, es claro que la reclamación de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria al amparo de la Ley 50 de 1990, correspondiente al pago
tardío de la cesantía anualizada 2020 resulta procedente, tras advertirse con
las pruebas que obran en el expediente, referidas previamente en el párrafo
34 de esta sentencia, que al demandante no le fueron consignadas
oportunamente las cesantías por el año en cita.
(…)
41. En efecto, independientemente del hecho de estar o no afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales, que fue algo meramente circunstancial en
los antecedentes fácticos de la sentencia SU-098 de 2018, los supuestos
fácticos esenciales que motivaron la expedición de dicho precedente judicial
de la Corte Constitucional están desarrollados a partir del numeral 62 de tal
proveído, en donde se deja en claro que existió una interpretación restrictiva
de los despachos accionados en el entendimiento de las normas que
consagran la sanción moratoria por la no consignación de cesantías, por el
simple hecho de ser el actor un docente oficial, como exactamente sucede
en el caso sub examine.

42. De otra parte, con miras a resolver el segundo problema jurídico, la Ley 50
de 1999 en su artículo 99, numeral 2°, en relación con el pago de los intereses
a las cesantías, estableció: (…)

43. En el sub lite y al tenor de la lectura de esta preceptiva en precedencia se
evidencia que no hay lugar a imponer otra indemnización moratoria respecto
al pago tardío de los intereses, porque la normativa solo contempló el pago
de los intereses, pero sin hacer referencia a indemnización alguna por su no
pago.
(…)
45. Adicionalmente, aunque el numeral 3° del artículo 1° de la Ley 52 de 1975
establece una indemnización por el pago tardío de intereses, es menester
señalar que sobre dicha norma en particular no existe precedente judicial
vertical, además de que esta Sala de Decisión18, en reciente
pronunciamiento y en un caso de similares contornos jurídicos, excluyó su
reconocimiento en favor de un docente, razón por demás para denegar este
tipo de indemnización por concepto de mora de intereses objeto de
apelación.”

23. En esa medida, se estima que la decisión enjuiciada no incurrió en un
defecto sustantivo, comoquiera que esta no fue arbitraria ni irrazonable, al
contrario, se sustentó en el principio de favorabilidad y la jurisprudencia
constitucional para acoger una de las 2 posturas que para ese momento
existía sobre el asunto, ante la falta de un criterio pacífico sobre la

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aplicación, o no, de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 por la
consignación tardía de las cesantías anualizadas a los docentes oficiales.

24. Ahora bien, frente al presunto desconocimiento del precedente
contenido en la Sentencia de 11 de octubre de 2023, en la que la Sección
Segunda de esta Corporación unificó jurisprudencia y fijó la siguiente regla
(se trascribe):

“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en
servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de
1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de
protección social en favor del docente estatal.”

25. La Sala evidencia que tampoco se configuró dicho defecto,
comoquiera que la sentencia de unificación fue posterior a la decisión
acusada. En efecto, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca profirió la
decisión acusada el 29 de septiembre de 2023 y esta quedó notificada a
las partes el 25 de octubre de 202310, mientras que la Sección Segunda del
Consejo de Estado dictó la sentencia de unificación referida el 11 de
octubre de 2023 y su notificación se surtió el 17 de octubre siguiente11.

26. Cabe precisar que el hecho de que la notificación de la sentencia
acusada se hubiera surtido con posterioridad a la expedición de la
sentencia de unificación, en nada influía respecto de aquella, dado que,
para esa fecha, ya había sido debatida y aprobada por la respectiva Sala
de Decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

27. Adicionalmente, no puede pasarse por alto que la providencia de 11
de octubre de 2023 estableció que sus efectos eran (se trascribe) “de
aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y
en los que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de
interpretación”; sin embargo, señaló que (se trascribe) “aquellos en los que
haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio de
seguridad jurídica, son inmodificables”, segundo supuesto en el que, como
se evidenció anteriormente, se enmarcó el caso de la decisión aquí
enjuiciada.

2.4. Conclusión

28. La Sala revocará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la presente acción de tutela por no superarse el requisito de

10 Comoquiera que el mensaje de datos se envió el 23 de octubre de 2023.
11 En vista de que el mensaje de datos se envió el 12 de octubre de 2023.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - niega
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subsidiariedad y, en su lugar, negará el amparo solicitado por no
configurarse ninguno de los defectos invocados.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de tutela de 3 de mayo de 2024, por
medio de la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con lo
expuesto. En su lugar, NEGAR la solicitud de amparo presentada por la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.

TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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