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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00096-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00096-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de tutela promovida por Humberto Alfonso Díaz Costa contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-00096-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00096-01
Demandante: Humberto Alfonso Díaz Costa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Tutela contra providencia judicial / Auto que negó el decreto de
pruebas en medio de control de nulidad electoral

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Humberto Alfonso Díaz Costa, en
contra de la sentencia proferida el 1 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A en la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Humberto Alfonso Díaz Costa promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho y garantía fundamental al debido proceso, el cual consideró
vulnerado con ocasión de la providencia del 9 de noviembre de 2023 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el medio de control de nulidad electoral
identificada con radicado 11001-03-28-000-2022-00042-002.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Interpuso demanda de nulidad electoral contra el acto de elección de Jorge
Méndez Hernández, como representante a la Cámara por el partido Cambio
Radical, para el periodo constitucional 2022-2026.

ii) El 30 de agosto de 2023 se llevó a cabo la audiencia inicial, la cual se suspendió
con ocasión del recurso de súplica interpuesto por el demandante contra la decisión
de ponente de rechazar por extemporánea la reforma de la demanda.

1
Visible en índice 2 de Samai en el expediente 11001-03-15-000-2024-00096-00, actuación
denominada «ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2»
2
Acumulado al proceso No. 11001032800020220019000.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00096-01
Demandante: Humberto Alfonso Díaz Costa

iii) El Consejo de Estado, Sección Quinta en providencia del 14 de septiembre de
2023 resolvió revocar la providencia recurrida.

iv) En providencia del 9 de noviembre de 2023, durante la continuación de la
audiencia inicial, se negó la solicitud probatoria realizada por la parte demandante,
al considerar que dichas pruebas estaban encaminadas a probar cargos que fueron
suprimidos en el escrito de subsanación de la demanda y otros que se tornaron
improcedentes para acreditar los hechos admitidos.

Precisó que, debido a falla tecnológicas en la conexión de internet, no le fue posible
controvertir las decisiones que allí se adoptaron.

v) Argumentó que sus derechos fundamentales fueron vulnerados al incurrir en
defecto fáctico ante la negativa de decretar las pruebas testimoniales y trasladadas
solicitadas, pese a resultar necesarias para acreditar los hechos denunciados

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERO: Tutelar mis derechos al debido proceso, al derecho a la defensa y al
contradictorio o cualquier otro derecho que a raíz del análisis de los hechos planteados
usted considere resulten vulnerados, toda vez que EL CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, en providencia del 09
de noviembre de 2023 incurrió en defecto fáctico, debido a que el juez despachó de
manera desfavorable las pruebas de manera arbitraria, caprichosa e irracional e incurrió
en defecto sustantivo por indebida motivación.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTO la providencia del 09 de noviembre de 2023,
proferido por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Quinta, durante la celebración de la audiencia inicial dentro del proceso de nulidad
electoral.

TERCERO: ORDENAR al Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Quinta, que, en el término de esta providencia, profiera una nueva decisión
dentro del proceso de nulidad electoral promovido, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis para realizar
el decreto de pruebas […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. Jorge Méndez Hernández3 solicitó se declare la improcedencia de la tutela,
pues, no cumple con los requisitos generales y específicos de procedencia, además,
de que la verdadera intención del demandante es desconocer la ejecutoria del auto
de decreto de pruebas dictado en el trámite de la audiencia inicial bajo argumentos
de mala señal de internet, pese, a que desde el auto del 27 de octubre de 2023 se

3
Visible en índice 8 de Samai en el expediente 11001-03-15-000-2024-00096-00, actuación
denominada «9_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 8»

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00096-01
Demandante: Humberto Alfonso Díaz Costa

advirtió que las partes debían verificar previamente las condiciones mínimas que les
permitieran acceder a la audiencia inicial.

Refirió que el demandante electoral contó con la posibilidad de solicitar el
saneamiento con fundamento en los hechos que ahora alega, sin embargo, en el
curso de la audiencia nunca manifestó dificultad alguna de conectividad y, una vez
proferido el auto en cuestión, guardó silencio.

1.2.2. El Consejo de Estado, Sección Quinta4 solicitó negar el amparo pretendido
ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, pues, la verdadera
intención del demandante es convertir la tutela en una instancia adicional y lograr
revivir la etapa probatoria, para así, de forma extemporánea, presentar recursos
contra la decisión de negar las pruebas por el solicitadas, oportunidad que dejó
pasar sin hacer uso de ella.

Asimismo, precisó que no se cumplió con el requisito general de subsidiariedad, en
la medida que, busca reabrir un debate probatorio que ya fue zanjado en el proceso
de nulidad electoral, en el que participó y en el que tuvo la oportunidad de presentar
los recursos de ley, los cuales no agotó.

1.3 Sentencia de primera instancia5

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 1 de
febrero de 2024 declaró la improcedencia de la solicitud de tutela, al no encontrar
superado el requisito general de la subsidiariedad, pues, el demandante no
interpuso el recurso de súplica contra la decisión que le negó la práctica de las
pruebas solicitadas.

En concordancia con ello, tampoco se acreditó la falta de conexión que alegó frente
a la dificultad de acceder a la diligencia del 9 de noviembre de 2023 y, por el
contrario, se evidenció que sí pudo participar, sin que, durante los momentos en los
cuales hizo uso de la palabra, advirtiera algo al respecto.

1.4. Escrito de impugnación6

Humberto Alfonso Díaz Costa impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió
que no cuenta con más mecanismos idóneos para la protección de sus derechos
fundamentales, pues, la tutela es la única ruta para censurar la providencia por
medio de la cual se negó la práctica de las pruebas solicitadas, como lo son las
testimoniales y las trasladadas, en la medida que no le fue posible ejercer

4
Visible en índice 9 de Samai en el expediente 11001-03-15-000-2024-00096-00, actuación
denominada «CONTESTACIONDEMANDA_CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 9»
5
Visible en índice 13 de Samai en el expediente 11001-03-15-000-2024-00096-00, actuación
denominada «SENTENCIA(.pdf) NroActua 13»
6
Visible en índice 17 de Samai en el expediente 11001-03-15-000-2024-00096-00, actuación
denominada «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_202400096IMPUGNACI(.pdf)
NroActua 17»

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00096-01
Demandante: Humberto Alfonso Díaz Costa

pronunciamiento respecto a la fijación del litigio y del decreto de pruebas con
ocasión de la falla de conexión a internet que presentaba.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.10 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,

M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00096-01
Demandante: Humberto Alfonso Díaz Costa

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,11 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,13 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.14

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial, el de subsidiariedad?

Solo de superar lo anterior, se determinará si: ¿el Consejo de Estado, Sección
Quinta vulneró los derechos fundamentales de Humberto Alonso Díaz Costa con
ocasión de la providencia del 9 de noviembre de 2023 dictada en el medio de control
de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2022-00042-00, con la que
incurrió, presuntamente, en defecto fáctico?

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de

2005.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00096-01
Demandante: Humberto Alfonso Díaz Costa

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la subsidiariedad

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia15, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Caso concreto

Humberto Alonso Díaz Costa acudió al juez de tutela con el fin de que se amparara
su derecho y garantía fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se dejara
sin efectos la providencia del 9 de noviembre de 2023, emitida en el medio de control
de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2022-00042-00, por medio de la
cual se le negó el decreto de las pruebas por él solicitadas.

En este orden de ideas, se considera que las inconformidades planteadas por la
parte actora debieron ser dilucidadas por el juez natural del asunto a través del
recurso de súplica, en los términos del artículo 24316 y 246 de la Ley 1437 de 201117,
que señala:

Artículo 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados
por el magistrado ponente:

1. Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia.

15
Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
16
Artículo 243. Apelación Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia: […] 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas […].
17
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00096-01
Demandante: Humberto Alfonso Díaz Costa

2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando
sean dictados en el curso de la única instancia, o durante el trámite de la apelación
o de los recursos extraordinarios.

3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los
rechace o declare desiertos.

4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.

Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación
o queja […]» [Se subraya]

Así, al revisar la situación en concreto y en concordancia con lo expuesto por el juez
de tutela de primera instancia, resulta evidente que las inconformidades expuestas
por la parte demandante respecto al no decreto de las pruebas que solicitó en el
medio de control de nulidad electoral bajo estudio debieron ser alegadas durante su
trámite, en ejercicio del recurso de súplica, sin embargo, guardó silencio en la
respectiva oportunidad procesal.

En este punto, llama la atención de la Sala el decir del demandante, de que por
problemas de conexión de internet durante la aludida diligencia no le fue posible
interponer el recurso correspondiente; argumento que resulta a todas luces
extemporáneo ya que debió advertirlo ante el juez natural de manera inmediata, lo
cual no ocurrió, pues de la revisión del acta de audiencia inicial del 9 de noviembre
de 2023 se evidencia la asistencia del apoderado del tutelante quien no realizó
ninguna manifestación al respecto, ni ante el posterior control de legalidad efectuado
por el consejero ponente.

A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada por
Humberto Alfonso Díaz Costa no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda
vez que contaba con otros mecanismos de defensa judicial para lograr objetar la
decisión que le negó la práctica de las pruebas solicitadas en el medio de control de
nulidad electoral bajo estudio, de los cuales no hizo uso; frente a lo cual se advierte
que en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de
competencias entre el juez natural del asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede
elegir entre uno y otro, como aquí se propone.

En concordancia con lo anterior, se recuerda que la exigencia en la interposición de
los recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de
amparo suplante los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento
jurídico que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo
constitucional, no los agotó a su debido tiempo.

De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmar la decisión del a quo de declarar
improcedente, por no superar el requisito de la subsidiariedad, la solicitud de tutela
presentada por Humberto Alfonso Díaz Costa contra el Consejo de Estado,
Sección Quinta.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00096-01
Demandante: Humberto Alfonso Díaz Costa

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1 de febrero de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante el cual declaró improcedente la
solicitud de tutela promovida por Humberto Alfonso Díaz Costa contra el Consejo
de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión judicial.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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