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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00096-00

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00096-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Humberto Alfonso Díaz Costa, en relación con el derecho fundamental al debido proceso, y declarar improcedente la acción de tutela, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, por los motivos expuestos en esta providencia Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-00096-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de febrero de 2024

1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00096-00

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., primero (1.°) de febrero dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00096-00
Accionante: Humberto Alfonso Díaz Costa
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial dictada en el medio de
control de nulidad electoral, en la que se negó decreto de pruebas.
Falta del requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Humberto Alfonso Díaz
Costa, en nombre propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta.

ANTECEDENTES

El señor Humberto Alfonso Díaz Costa instauró acción de tutela, en aras de que se
ampare su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por
el Consejo de Estado, Sección Quinta.

HECHOS

Narró el señor Humberto que el 20 de abril de 2022 radicó demanda de nulidad
electoral, en contra del señor Jorge Méndez Hernández, como candidato a la
Cámara de Representantes para el periodo constitucional 2022-2026, con radicado
11001-03-28-000-2022-00042-00, que el 3 de febrero de 2023 el despacho ordenó
acumular el proceso al expediente 11001-03-28-000-2022-00190-00.

Asimismo, indicó que el 30 de agosto de 2023 se llevó a cabo audiencia inicial, la

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cual se suspendió con ocasión del recurso de súplica que este presentó, en contra
del auto que rechazó la reforma de la demanda por extemporánea, de ahí que, el 9
de noviembre de la misma anualidad se dio continuidad a la diligencia de manera
virtual.

Alegó que por motivos de fuerza mayor no pudo estar de manera permanente en la
diligencia antes referenciada, ya que, en su oficina, en Santa Marta, no había
conexión a internet, y pese a que, se trasladó a diferentes lugares en búsqueda de
buena señal, esto fue imposible, toda vez que, gran parte de la ciudad se encontraba
congestionada, situación que afectó su derecho de defensa, pues no pudo emitir
pronunciamiento alguno cuando se corrió traslado de la fijación del litigio y del
decreto de pruebas, ya que si bien sí asistió a la audiencia, no lo hizo desde el inicio,
como quedó en el acta, sino que su presencia fue intermitente, tal y como se puede
observar en la grabación de audio y video.

Por lo anterior, el señor Humberto considera que la autoridad judicial accionada le
vulnera su derecho al debido proceso, ya que el consejero dio continuidad a la
diligencia del 9 de noviembre de 2023 sin percatarse de las dificultades que había
para poder acceder y permanecer conectado a la misma, situación que puso de
presente el abogado Daniel Mauricio Pinzón en el minuto 37:38, cuando manifestó
los inconvenientes que se estaban presentando; sin embargo, el despacho hizo
caso omiso.

Por otro lado, el accionante estima que el despacho incurrió en el defecto fáctico,
por no decretar las pruebas testimoniales y trasladadas, las cuales son
conducentes, pertinentes y útiles.

PRETENSIONES

Solicitó amparar su derecho fundamental ya invocado, dejar sin efecto la
providencia del 09 de noviembre de 2023 y, en consecuencia, ordenarle al Consejo
de Estado, Sección Quinta que profiera una nueva decisión respecto al decreto de
pruebas, teniendo en cuenta la ley y la jurisprudencia.

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TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente y
el 15 de enero de 2024 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación de la
autoridad judicial accionada y, se vinculó al señor Jorge Méndez Hernández.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo de Estado, Sección Quinta rindió informe donde expuso que en el auto
que fijó fecha y hora para realizar la audiencia indicó que los sujetos procesales
debían acceder a la herramienta con 30 minutos de antelación y, que de manera
previa deberían verificar las condiciones mínimas para estar en la misma; sin
embargo, el accionante no ingresó con antelación, sino que se conectó de forma
tardía, en el minuto 34:31, se presentó y no indicó que tenía problemas de
conectividad.

Aunado a lo anterior, expuso que al momento de dictar el auto de pruebas (del
minuto 46:54 al 1:03:56 el señor Humberto estuvo presente y cuando se notificó en
estrados la actuación no presentó ningún recurso.

Por lo anterior, indicó, por un lado, que la acción de tutela no cumple con el requisito
de subsidiariedad y, por otro, que lo que pretende el señor Humberto es reabrir la
etapa probatoria.

POSICIÓN DEL VINCULADO

El apoderado del señor Jorge Méndez Hernández allegó informe donde señaló que
el asunto que se controvierte no cumple con los requisitos de procedente de la
acción de tutela contra providencias judiciales.

Adicionalmente, afirmó que el señor Humberto a) se conectó tarde a la diligencia y
desde un vehículo automotor; b) entre los minutos 35:16 y 35:39 realizó su
presentación sin manifestar dificultad alguna de conectividad y c) cuando se le corrió
traslado de la fijación del litigio este estaba conectado y no hizo ninguna
observación.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I) el
requisito de subsidiariedad en la acción de tutela y II) el caso concreto.

I. Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela

La acción de tutela, en los términos del artículo 86 de la Constitución Política, está
concebida como un procedimiento preferente y sumario, a través del cual toda
persona podrá reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de
particulares en los eventos dispuestos en la ley; y como regla general, solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada por nuestra Corte
Constitucional, esta acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de
esta característica, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos
fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias -
jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando
las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.

La existencia de otro mecanismo judicial, ha sostenido en su profusa jurisprudencia
nuestra Corte Constitucional, per se no constituye una razón suficiente para
declarar la improcedencia de la acción, en la medida que el mismo debe ser idóneo,
lo que significa que debe ser materialmente apropiado para generar el efecto
protector de los derechos fundamentales, además, debe ser un medio eficaz, esto
es, estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al
derecho.

Ahora bien, con ocasión de la inexequibilidad del inciso segundo el numeral 1º del

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artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que definía el perjuicio irremediable 1,
corresponde al juez de tutela en cada caso, además de valorar la idoneidad y eficacia
del otro medio de defensa, visualizar y establecer la “irremediabilidad” del perjuicio.

En uno de sus tantos pronunciamientos expuso la Corte:

“Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia
concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la
inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho
por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”2.

II. Caso concreto

El señor Humberto solicitó la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, el cual estima vulnerado por el Consejo de Estado, Sección Quinta al
expedir la providencia de 9 de noviembre de 2023, continuación de audiencia inicial,
donde se negó el decreto de pruebas y se fijó el litigio, pues según afirma, no pudo
participar en la diligencia por tener fallas de conexión. Adicionalmente, alegó que la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico.

Pues bien, para poder emitir un pronunciamiento con respecto a la anterior
inconformidad es necesario traer a colación las siguientes actuaciones judiciales
que se han llevado a cabo en el medio de control de nulidad electoral con radicado
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Al respecto, observa la Sala que mediante el auto del 27 de octubre de 2023 la
autoridad judicial accionada reprogramó para el 9 de noviembre del mismo año la
continuación de la audiencia inicial, donde puso de presente lo siguiente:

1 La Corte Constitucional mediante la sentencia C-531 de 1993, MP Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, declaró

inexequible la siguiente definición de perjuicio irremediable:
“Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una
indemnización”
2 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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“(…) Para tal efecto, esta diligencia se realizará en forma virtual por medio del
mecanismo dispuesto por el Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura - CENDOJ-CSJ. Los sujetos procesales deberán acceder a dicha
herramienta con treinta (30) minutos de antelación, a través del vínculo que la
Secretaría de la Sección Quinta les enviará a sus correos electrónicos al momento
de notificar esta providencia.

Al respecto, se precisa a las partes que previamente deberán verificar las
condiciones mínimas que les permitan acceder a la audiencia, tales como: i) el
estado de su conexión a internet, prefiriendo aquella que sea a través de cable de
red y, ii) un lugar exclusivo para atender la diligencia sin interrupciones externas. (…)”
(negrilla fuera de texto original)

Asimismo, la Subsección advierte que de acuerdo con las pruebas allegadas por
las partes se puede evidenciar que, por un lado, el accionante no ingresó a la
diligencia antes referenciada con antelación, tal y como el despacho lo había
indicado, sino que se conectó en el minuto 34:31, donde se presentó y no manifestó
ningún problema para acceder a la misma3.

Aunado a lo anterior, aprecia la Sala que del minuto 46:54 al 1:03:56, momento
para el cual se dictó el auto que decretó pruebas y negó otras, el accionante estaba
conectado y cuando se les corrió traslado del mismo, este no interpuso recurso,
razón por la cual, el despacho procedió al saneamiento del litigio, donde se puso
de presente que no había ninguna irregularidad, al respecto las partes no hicieron
ninguna observación.

Aclarado lo anterior, cabe resaltar que de acuerdo con el artículo 6.° del Decreto
2591 de 1991 la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Así las cosas, esta Subsección no evidencia vulneración alguna del derecho
fundamental de defensa del accionante, pues este no probó la situación que alegó
frente a la dificultad de acceder a la diligencia del 9 de noviembre de 2023 por

3 Acta audiencia inicial del 09 de noviembre de 2023, visible en el índice núm. 00095 de Samai

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problemas de conexión, sino que, por el contrario, se aprecia que pudo participar
en la misma, prueba de ello fue que no señaló ante el despacho que presentaba
algún inconveniente para acceder o permanecer en esta, en los momentos en que
se le otorgó el uso de la palabra.

Por otro lado, la acción de tutela resulta improcedente en relación con el defecto
fáctico alegado en contra de la providencia del 9 de noviembre de 2023, por falta
del requisito de subsidiariedad, pues el accionante no interpuso el recurso de
súplica4 contra la decisión que negó la práctica de las pruebas que solicitó.

Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine no se demostró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que este debe suponer una hipotética
afectación grave y significativa de los derechos fundamentales del accionante, y en
ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en forma transitoria para
adoptar medidas urgentes e impostergables que eviten la materialización del
referido perjuicio; circunstancias que en el asunto no se presentan.

Bajo la misma línea argumentativa, la Sala tampoco evidencia que el accionante
sea una persona de especial protección constitucional para dar flexibilidad al
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.

En consecuencia, la Sala negará el amparo invocado, en relación con el derecho
fundamental al debido proceso, y declarará improcedente la acción de tutela
instaurada en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, dado que no se
cumplió con el requisito general de subsidiariedad.

4 “ARTÍCULO 246. SÚPLICA. <Artículo modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021. El recurso de

súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:
(…)
2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando sean dictados en el curso de la
única instancia, o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios.
“ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia:
(…)
7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas. (…)”

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Humberto Alfonso Díaz Costa, en
relación con el derecho fundamental al debido proceso, y declarar improcedente la
acción de tutela, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, por los motivos
expuestos en esta providencia

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

HAPC

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