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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00111-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00111-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE por falta de legitimación en la causa por activa, la acción de tutela presentada por la Veeduría Anticorrupción y la Veeduría Antioquia con Transparencia RUES 548. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00111-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

9 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00111-00
Demandante: Veeduría Anticorrupción y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C, nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00111-00
Demandante: VEEDURÍA ANTICORRUPCIÓN Y VEEDURÍA ANTIOQUIA
CON TRANSPARENCIA RUES 548
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición. Falta de legitimación en la causa por activa

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Veeduría Anticorrupción y la Veeduría Antioquia con
Transparencia RUES 5481, contra la Presidencia de la República -Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República-, la Procuraduría General de la
Nación y el Consejo Nacional Electoral, en la que piden el amparo constitucional
de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, supuestamente
vulnerados con la falta de respuesta a la solicitud por medio de la cual se requirió
información sobre la personería jurídica del partido político Creemos.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante sostuvo que la participación de las veedurías hace parte esencial
del Estado Social de Derecho, conforme lo disponen los artículos 2, 40 y 209 de la
Constitución Política, por lo que todo ciudadano tiene derecho en el ejercicio del
control social a la gestión pública.

Señaló que el 29 de octubre de 2023, “por procedimiento electoral se dio el resultado
favorable en los comicios para Representantes de las JAL, Consejo, Alcaldías y
Gobernaciones la elección mayoritaria del Partido (supuestamente) “CREEMOS”, quien
según publicación de la Revista SEMANA se concediera la Personería Jurídica del mismo
por el Consejo Nacional Electoral por una petición elevada por su Representante y actual
Alcalde Electo de Medellín 2024-2027”.

Afirmó que el representante del partido político “manifestó su inconformidad a partir
del tercer puesto en la votación Presidencial y con la posibilidad de una Curul por lo
designado en el Estatuto de la Oposición …”, a lo que agregó que “al no aceptarlo,
dicho actuar se constituye en la renuncia tácita a tener o ser un Congresista de parte de
su Movimiento, evidente situación fuese que no se hizo la renuncia jurídica y Protocolaria,
tampoco para la Coalición en las Presidenciales, de la U o más bien al Movimiento que él

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Presentada el 12 de enero de 2024.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Veeduría Anticorrupción y otro

mismo representaba con la marca “CREEMOS COLOMBIA”; abuso de la Patente y
menoscabo de la Constitución en artículos 2, 40, 108 y de la nueva Ley de Partidos”.

Manifestó que “el candidato y representante del Movimiento a partir de firmas a la
Alcaldía y de nombre CREEMOS COLOMBIA alcanzaría la misma 2016-2019 desde el
Partido de la U, pues nunca se protocolizó renuncia a su Partido que le diera el Aval para
ser concejal; y el nombre CREEMOS COLOMBIA, tampoco cuando este dejó la
terminación COLOMBIA?”.

Aludió que “la Ley Estatutaria de Partidos Políticos (Ley 130 de 1994), en su Art 3, 4 se
definen como se obtiene la Personería Jurídica y como además se perdería, esto es que
el Partido CREEMOS o CREEMOS COLOMBIA, pues no se tiene conocimiento de cuál
fuera el avalado, y las razones por las cuales se sustente dicha Personería Jurídica; pues
no tienen representante en el Congreso, no obtuvieron esto por rechazo tácito o porque
no fueron la cabeza visible de la oposición, revancha o candidato a segunda vuelta
Presidencial en 2022, que a todo esto, el Partido que supuestamente tiene la Personería
jurídica (cual fuera) estaría en doble militancia pues su candidatura fuera representada
desde la Coalición por Colombia y además como su Representante no podrían haber
votado al candidato Rodolfo Hernández”.

Refirió que la negativa en aceptar que la elección por la Alcaldía de Medellín para
el periodo 2015-2019, se dio por el partido político de la U, vulnera los derechos
de autor de la marca Creemos, ya que la misma existe en Bolivia como un
movimiento ciudadano desde el 2020.

Finalmente, hizo referencia a la solicitud que presentó ante las autoridades
accionadas por medio de la cual se requirió información sobre la personería
jurídica del partido político Creemos.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales de petición y al debido proceso, supuestamente
vulnerados por la falta de respuesta a la solicitud por medio de la cual se requirió
información sobre la personería jurídica del partido político Creemos.

Refirió que acude “(...) resaltando e invocando el Art. 14 Ley 1755 de 2015 en la cual se
mencionan los términos para resolver las distintas modalidades y evitar procesos
posteriores, el presente se deberá resolver dentro de los quince (15) días siguientes a su
recepción y se manifiesta expresamente a continuación, el parágrafo del mismo artículo :
“Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, ANTES del
vencimiento del término señalado en la ley EXPRESANDO LOS MOTIVOS DE DEMORA
y señalando a la vez EL PLAZO razonable en que se resolverá o dará la respuesta, que
no podrá exceder del doble inicialmente previsto”. Faltando a ese fundamento no se nos
ha respondido de fondo, así Sr Juez proceda”.

Para terminar, mencionó los artículos 2, 29, 89 de la Constitución Política, los
artículos 60, 62, 64 de la Ley 1757 de 2015, los artículos 9 y 54 de la Ley 2080 de
2021. Adicionalmente, hizo referencia a la sentencia C-292 de 2003 y al artículo
22 de la Ley 850 de 2003 y citó los artículos 4 y 6 de la Ley 1581 de 2012, artículo
3 de la Ley 30 de 1994 y el concepto de 27 de julio de 2011 proferido por el
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil 2.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

2
Rad. 11001-03-06-000-2011-00040-00.

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“De la manera más respetuosa solicitamos y se nos brinde respuesta al presente
derecho de petición, sin excluir alguno, respuestas oportunas, congruentes y de fondo.

Manifestar en el siguiente cuestionario como respuesta SI o NO y PORQUE?

1. ¿Podría excluirse la actividad de Participación y Probidad, de Igualdad (Ley
Estatutaria de Participación, Constitución, Ley 850 de 2003) y que dentro de la Ley 30
de 1994-art 3, está el que se realice el Debido Proceso y como entonces dieron
ustedes esa Personería Jurídica si no reuniera las condiciones de Ley, respecto de los
votos, tiempos electorales y plagio de marca?

2. Para darse la Personería jurídica del Partido CREEMOS, NO se cumplió con los
Principios Constitucionales de Igualdad, Transparencia y de Publicidad; que ustedes
tampoco de acuerdo al Art 8 #8 del CPACA pues no se publicó el Acto Administrativo
para dar vida jurídica a CREEMOS, no se cumplio con el numeral 4 del citado Art 3 de
la Ley 30 del 94 dándose la cobertura y la Publicidad correspondiente en un canal
oficial o en redes sociales para dar a conocer sus programas desde que existen como
Movimiento en 2015 para la candidatura de la Alcaldía de Medellín 2016-2019;
Entonces demostrar que el Movimiento CREEMOS si se inscribió el mismo para las
elecciones locales desde 2015 y además en 2023 y cuáles los argumentos para
conceder la Personería? y que haya renunciado a la U y a la Coalición 2022?

3. De acuerdo al Art 3 de la Ley 30 de 1994 demostrar que los votos de 2015 para la
Alcaldía son del mismo Partido CREEMOS registrado a 2023 con Personería Jurídica
según el CNE? De lo contrario DAR Revocatoria o Nulidad a la Personería jurídica y
elección de CREEMOS.

Se cumpla el Debido Proceso y de no haberse cumplido con este, la Revocatoria de la
elección y Resolución desde el CNE del Partido CREEMOS O CREEMOS COLOMBIA,
así revocarse la elección de todos los cargos de elección popular”.

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela se allegó copia de la solicitud de la que se pretende el
amparo, que al parecer es la presentada ante el Consejo Nacional Electoral,
Presidencia de la República y Procuraduría General de la Nación, sin fecha ni
constancia de radicación o envío.

5. Trámite procesal

Por auto de 24 de enero de 2024, la magistrada sustanciadora requirió a la parte
accionante con el fin de que indicara con la mayor claridad posible y de manera
precisa, i) quien interpone la acción de tutela y la calidad en la que actúa, ii) las
autoridades judiciales o entidades demandadas, iii) los hechos, iv) las
pretensiones y v) los derechos fundamentales que considera vulnerados junto con
las razones en que sustenta la supuesta vulneración.

A través de correo electrónico de 5 de febrero de 2024, el señor Jhon Jairo Arango
Quintero dio respuesta al requerimiento en los siguientes términos:

“Dando respuesta a el Auto de Aclaración, tendría que leerse primero la Ponente la ley
850 de 2003, puesto que aún no comprende que las Veedurías son Organizaciones sin
Personería Jurídica donde sus asociados gozan de autonomía pero que a su vez actúan
como colectivo, es así cómo pueden hacer investigaciones y denuncias personales o
colectivas, pero cuando se pronuncia lo hace a través de todo su cuerpo u organización,
no de modo personal con X o Y integrantes, así respondemos al primer punto del
interrogante, aunado a esto las tutelas son ejercicios excepcionales y escuetos, que
gozan de solo el lograr exponer la vulneración de un derecho fundamental vulnerado,
como en este caso la NO RESPUESTA de un derecho fundamental como el de Petición
de parte de las tres entidades que aparecen en el encabezado del derecho de petición
(aclaración del segundo ítem), iii) los hechos son lo que ya se menciona, esto es, la
Veeduría encuentra unas irregularidades de parte del CNE y el Partido CREEMOS o
CREEMOS COLOMBIA y es así como le solicita al CNE que se pronuncie al respecto o
de su punto, remisionando esto a su vez a las otras entidades demandadas, para que
diluciden estas irregularidades o al menos se pronuncien sin respuesta alguna hasta
hoy”.

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Demandante: Veeduría Anticorrupción y otro

Mediante auto de 15 de febrero de 2024, la magistrada sustanciadora requirió por
segunda vez a la parte actora para que allegara el documento o acta de
constitución que acredite la representación legal de la “Veeduría Anticorrupción” y
de la “Veeduría Antioquia con Transparencia RUES 548”. Así como para que
aportara copia de las peticiones presentadas ante las entidades demandadas,
objeto de debate en la acción constitucional. Frente a dicho requerimiento la parte
interesada guardó silencio.

Por auto de 11 de marzo de 2024, se admitió la demanda de tutela y ordenó
notificar a las autoridades administrativas demandadas (Presidencia de la
República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-, la
Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral-, así como al
partido político Creemos, como tercero interesado, y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 177322 a 177324,
177327, 177330 de 13 de marzo de 2024, con el fin de notificar a las partes 3. De
igual manera, se libró oficio el 22 de abril de 2024.

El expediente de tutela ingresó al despacho para fallo el 25 de abril de 2024.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República

La apoderada judicial de la entidad se pronunció sobre los hechos que dieron
origen a la presente acción, para lo cual solicitó negar las pretensiones de la
demanda. Al respecto, indicó que verificado el sistema de gestión documental se
encontró que la petición radicada bajo el No. EXT23-00167897 fue contestada por
oficio No. OFI23-00213423/GFPU 13130001 de 16 de noviembre de 2023.

Se refirió al artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, a lo que agregó que la respuesta
al derecho fundamental de petición debe ser clara, congruente y de fondo, a lo que
agregó que la comunicación por medio de la cual se otorgó la respuesta a lo
solicitado permite ver la inexistencia de la vulneración alegada.

6.2. La Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral,
aun cuando fueron notificados en debida forma del auto admisorio de la acción de
tutela, guardaron silencio.

7. Tercero vinculado

El apoderado judicial del partido político Creemos rindió informe sobre los
hechos que dieron origen a la presente acción, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela y, de manera subsidiaria, pidió declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado. Añadió que el partido no cuenta con personería
jurídica en razón a la sentencia dictada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en la que se resolvió lo relativo a la personería con efectos hacia el futuro.

Consideró factible pronunciarse en el asunto debido a que la solicitud de tutela se
promovió con antelación a la declaratoria de nulidad de la personería jurídica del
partido político, y señaló que lo pretendido se torna improcedente como quiera que
puede ser dirimido a través del medio de control de simple nulidad consagrado en

3
La parte accionante, las autoridades demandadas y el tercero interesado fueron notificados a las siguientes direcciones de
correo electrónico: veeduriaalapaztotal@gmail.com, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co,
contacto@presidencia.gov.co, agencia@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co,
cnenotificaciones@cne.gov.co, procesosjudiciales@procuraduria.gov.co, federicogutierrez@me.co,
federico.gutierrez@medellin.gov.co

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el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Agregó que ya se había promovido una
demanda a la que se le asignó el radicado No. 1100103-28-000-2023-00059-00,
en la que se profirió sentencia el 18 de abril de 2024.

Mencionó que la parte actora cuenta con el trámite de pérdida de investidura, por
lo que, sostuvo, existen mecanismos idóneos para el estudio de lo pretendido en
el caso en concreto.

Así mismo, se refirió a la legitimación en la causa por activa respecto de la cual
sostuvo que “encontramos afirmaciones carentes de prueba y de determinación,
respecto a la personería jurídica de la Veeduría, así como del conglomerado de personas
que presuntamente representan, así pues, y sin necesidad de elaborar elucubraciones, se
evidencia de manera manifiesta la falta de legitimación en la causa por activa, en atención
a las exigencias jurisprudenciales que rigen la materia”.

Por último, indicó que la acción de tutela no fue interpuesta en contra de su
representado y que, en todo caso, al momento en que se emita fallo carece de
legitimación en la causa por activa por lo que no le asiste interés alguno en el
trámite constitucional, y reiteró que la Sección Quinta de esta corporación declaró
la nulidad del acto administrativo que otorgó personería jurídica al partido político,
de modo que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la Presidencia de la República -
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-, la Procuraduría
General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral, vulneraron a la parte actora
los derechos fundamentales de petición y al debido proceso, por la falta de
respuesta a la solicitud por medio de la cual se requirió información sobre la
personería jurídica del partido político Creemos.

En razón a que el requerimiento efectuado no fue atendido y como quiera que el
tercero vinculado lo advirtió, se procederá a verificar si la acción de tutela cumple
con el requisito general de legitimación en la causa por activa.

3. La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta
a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento
preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando sean vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos en que así se autoriza.

Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales
la informalidad al momento de presentarlo, pues no limita su ejercicio a los sujetos
de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo constitucional.

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No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e
interés del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del Decreto 2591 de
1991, de la siguiente manera:

“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden
obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.

La Corte Constitucional ha establecido unos presupuestos con respecto a la
legitimación en la causa por activa, señalándolos así:

“La legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se predica siempre de
los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, sin embargo, la Sala
encuentra que a partir de las normas de la Constitución y del decreto 2591 de 1991, el
ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de
tutela: (i) la del ejercicio directo de la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de representantes
legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder
especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo). Y (iv) la del ejercicio por
medio de agente oficioso”4.

Si se actúa por medio de apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que
lo faculta para actuar5, pues, de lo contrario, se configurará un auténtico caso de
carencia de poder. Y si se actúa en calidad de representante legal de una
empresa, debe aportarse el respectivo certificado de existencia y representación.

La Corte Constitucional en sentencia SU-173 de 20156, indicó que la relevancia
constitucional de la legitimación por activa, no puede considerarse una exigencia
intrascendente sino que, por el contrario, necesaria en la protección y garantía
adecuada de los derechos fundamentales, al indicarse que obedece al verdadero
significado que la Constitución Política le ha dado al reconocimiento de la dignidad
humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros,
quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios
intereses, es solo la persona capaz para hacerlo.

Así las cosas, están legitimados para interponer la acción de tutela: i) el interesado
directamente, ii) el representante legal o judicial y iii) el agente oficioso, siempre
que se demuestre la imposibilidad de que el interesado ejerza su propia defensa.

Ahora, así como en las demás acciones judiciales, en la acción de tutela el juez
cuenta con la facultad de revisar, en cualquier momento del proceso, si la persona
que ejerció la acción está legitimada para obtener una decisión de fondo. Si el juez
de tutela comprueba que quien ejerció la solicitud de amparo está legitimado
continuará con el análisis de los presupuestos de procedencia con el fin de realizar
estudio de fondo. No así, si comprueba la falta de legitimación en la causa por
activa, caso en el cual deberá declararla.

4
Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
5
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T 531 de 2002, precisó que el acto por el que se confiere poder
tiene las siguientes características: “(i) es un acto jurídico formal que debe realizarse por escrito; (ii) se presume
auténtico; (iii) debe ser especial con el fin de interponer una acción de tutela; (iv) es para la promoción o para la defensa de
los intereses en un determinado proceso, por lo que no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así
los hechos que le den fundamento tengan origen en un proceso ordinario; y (v) el destinatario del acto de apoderamiento
solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional”.
6
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Veeduría Anticorrupción y la Veeduría Antioquia con Transparencia RUES
548, en ejercicio de la acción de tutela, solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso, supuestamente vulnerados por la
Presidencia de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República-, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral,
por la falta de respuesta a la solicitud por medio de la cual requirió información
sobre la personería jurídica del partido político Creemos.

4.2. La Sala anticipa que declarará la falta de legitimación en la causa por activa,
en razón a que, el señor Jhon Jairo Arango Quintero7 no demostró la calidad de
representante legal “veedor” de las accionantes, pese a que fue requerido de
manera previa a admitir la solicitud de tutela, como pasa a explicarse.

El escrito de tutela se promovió en nombre de la Veeduría Anticorrupción y la
Veeduría Antioquia con Transparencia RUES 548. En razón a lo anterior, por auto
de 24 de enero de 2024 se requirió a la parte actora con el fin de que indicara con
la mayor claridad posible y de manera precisa, quien interpone la acción de tutela
y la calidad en la que actúa.

Al respecto, el señor Jhon Jairo Arango Quintero dio respuesta al requerimiento en
el sentido de indicar que “(...) tendría que leerse primero la Ponente la ley 850 de 2003,
puesto que aún no comprende que las Veedurías son Organizaciones sin Personería
Jurídica donde sus asociados gozan de autonomía pero que a su vez actúan como
colectivo, es así cómo pueden hacer investigaciones y denuncias personales o colectivas,
pero cuando se pronuncia lo hace a través de todo su cuerpo u organización, no de modo
personal con X o Y integrantes” (Negritas de la Sala).
8
Expuesto lo anterior, la Sala precisa que el artículo 1º de la Ley 850 de 2003 ,
definió la veeduría ciudadana como un mecanismo democrático que le permite a
los ciudadanos ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las entidades
públicas o privadas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución
Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994.

En relación con su constitución y representación, los artículos 2 y 3 de la referida
normativa disponen lo siguiente:

“ARTÍCULO 2o. FACULTAD DE CONSTITUCIÓN. Todos los ciudadanos en forma
plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias,
profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no
gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán
constituir veedurías ciudadanas.

ARTÍCULO 3o. PROCEDIMIENTO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior,
las organizaciones civiles o los ciudadanos, procederán a elegir de una forma
democrática a los veedores, luego elaborarán un documento o acta de constitución en
la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la
vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia.

La inscripción de este documento se realizará ante las personerías municipales o
distritales o ante las Cámaras de Comercio, quienes deberán llevar registro público de
las veedurías inscritas en su jurisdicción.

En el caso de las comunidades indígenas esta función será asumida por las
autoridades propias”.

De conformidad con lo anterior, se advierte que para efectos de constituir la
veeduría ciudadana, las organizaciones deberán elegir de forma democrática un

7
Nombre registrado con el correo electrónico: veeduriaalapaztotal@gmail.com
8
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

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veedor y redactar el documento de constitución en el que tendrá constar entre
otras cosas, los integrantes de esta, el objeto, duración y residencia. Dicha acta se
inscribirá ante la personería municipal o ante la Cámara de Comercio, con el fin de
que se lleve un registro público de las veedurías inscritas en la jurisdicción.

La Corte Constitucional en la sentencia C-292 de 2003, al efectuar el control de
constitucional sobre el proyecto de ley estatutaria que, posteriormente, fue
sancionado como Ley 850 de 2003, en lo referente al artículo 1º señaló que la
denominación de la veeduría ciudadana como mecanismo democrático de
representación, hace referencia a la forma de proyección de la comunidad
organizada a través de sus delegados en los distintos escenarios. Y precisó que
“las veedurías ciudadanas son por su naturaleza organizaciones participativas, sin
perjuicio de la representación que supone para la realización interna y externa de sus
tareas y que constituyen una expresión del principio democrático”.

Frente al principio de responsabilidad como guía de la conducta de los veedores,
la Corte Constitucional al analizar el artículo 11 del proyecto de ley, sostuvo que “el
veedor, entonces, no puede ser concebido como un ciudadano que está libre de todo
control, pues en todo caso es responsable, políticamente, frente a los demás miembros de
la veeduría a la que pertenezca, a la sociedad en general y al Estado”. Por ende, se
entiende que, dentro de la constitución de la veeduría como mecanismo de
participación ciudadana, existe un delegado denominado “veedor” quien ejerce la
representación de los demás miembros ante las actividades de vigilancia que
requiera ejercer el grupo, entendiendo que actúa bajo la asignación establecida en
el documento de constitución.

Al hilo de lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-067 de 20079 precisó
que las consecuencias de no acreditar tanto la constitución de la veeduría como la
calidad de veedor, repercute sobre lo pretendido. Al respecto, señaló que “(...) es
necesario indicar también que el hecho de que el solicitante no hubiera acreditado en la
forma debida la constitución y funcionamiento de la Veeduría (…), tiene consecuencias
sobre la viabilidad de sus pretensiones. En otras palabras, uno de los elementos a
considerar dentro del análisis de razonabilidad de lo pedido en un caso como el presente,
es el tema de si el peticionario actúa en su nombre, como particular, o por ejemplo es
promotor o representante de una veeduría ciudadana, ya que como se ha dicho, ésta
puede eventualmente obtener información que a los simples particulares les sería negada,
por prevalecer el derecho a la privacidad de la entidad a la que la petición se dirige”.

4.3. Así las cosas, se debe recordar que la legitimación en la causa por activa
determina quienes pueden obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones
formuladas en la demanda. En efecto, la Corte Constitucional10 ha reiterado que
una persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela,
“cuando demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la
resolución del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el
funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del
demandante”.

En ese orden de ideas, se advierte que con el escrito de la demanda de tutela no
se aportó documento de constitución o certificado expedido por la correspondiente
personería municipal o Cámara de Comercio en el que se pueda constatar la
existencia de la parte actora. Por lo anterior, fue que se requirió para que allegara
el documento o acta de constitución que acredite la representación legal de la
“Veeduría Anticorrupción” y de la “Veeduría Antioquia con Transparencia RUES
548”, así como copia de las peticiones presentadas ante las entidades
demandadas, objeto de debate en la acción constitucional, sin que hubiera
efectuado algún pronunciamiento, por lo que se desconocen los términos en los
que fueron constituidas las veedurías accionantes, quien actúa como veedor y el

9
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
10
Sentencia T-511 de 2017. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00111-00
Demandante: Veeduría Anticorrupción y otro

contenido de las solicitudes respecto de las cuales se alega la supuesta falta de
respuesta de fondo.

Por último, la Sala no puede pasar por alto lo expresado por el señor Jhon Jairo
Arango Quintero en el escrito allegado el 5 de febrero de 2024, en el que indica
“Dando respuesta a el Auto de Aclaración, tendría que leerse primero la Ponente la ley
850 de 2003”, por lo que resulta oportuno recordar que en virtud de lo previsto en el
numeral 4º del artículo 78 de la Ley 1564 de 201211, a las partes les asiste entre
otros, el deber de guardar el debido respeto al juez conductor del proceso.

Por lo anterior, al no encontrarse demostrada la existencia y representación de las
veedurías demandantes, no es posible dar por acreditada la legitimación en la
causa por activa, por lo que se declarará la improcedencia de la acción.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE por falta de legitimación en la causa
por activa, la acción de tutela presentada por la Veeduría Anticorrupción y la
Veeduría Antioquia con Transparencia RUES 548.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

11
ARTÍCULO 78. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. Son deberes de las partes y sus apoderados: (...) 4.
Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los
empleados de este, a las partes y a los auxiliares de la justicia (...)”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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