Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00129-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00129-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00129-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00129-01
Accionante: Claudia Fernanda Martínez Castaño
Accionados: Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín-
Antioquia.
Temas: Presunta vulneración a los derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo y a una remuneración digna, equitativa y
satisfactoria – subsidiariedad de la acción de tutela.
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 19 de febrero
de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
La señora Claudia Fernanda Martínez Castaño, presentó acción de tutela1 en contra
de la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia, invocando la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a una remuneración digna, los
cuales consideró vulnerados2 con ocasión de la omisión en la implementación de lo
ordenado en la sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023 dictada dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 08-
001-23-33-000-00529-01 (3071-2019) que reguló, entre otros asuntos, el
reconocimiento y pago de diferencias salariales y, por otro lado, por la expedición
1 Índice 2, Expediente núm.11001-03-15-000-2024-00129-00, SAMAI
2 Índice 6, Expediente núm.11001-03-15-000-2024-00129-00, SAMAI
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del Acuerdo PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023 a través del cual fueron
creados varios despachos y cargos de carácter permanente en la jurisdicción
ordinaria de nivel nacional.
1. HECHOS
El Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo No. PCSJA22-119683 del
30 de junio de 2022, modificó a nivel nacional el nombre del cargo de abogado
asesor 23 por el de profesional especializado grado 23, conservando de acuerdo
con esta entidad, los requisitos y escala salarial del grado 23 «sin afectar los
derechos salariales y prestacionales».
A través del Acuerdo PCSJA22-119694 del 30 de junio de 2022, expedido por la
accionada, fueron creados cargos permanentes en la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, entre los cuales estuvo el de la señora Claudia Fernanda
Martínez Castaño.
Conforme con lo expuesto, la señora Claudia Fernanda Martínez Castaño manifestó
que se vinculó a la Rama Judicial desde el 14 de julio de 2022 en la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, en el cargo de profesional
especializado grado 23.
La accionante declaró que5 el 2 de noviembre de 2023, la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió sentencia de unificación6, en la cual determinó que el
Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia para asignar a los cargos
nominados, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto
57 de 1993 y demás decretos del Gobierno Nacional que regulen el régimen salarial
y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.
Arguyó que, además, en la sentencia precitada, esta corporación indicó que la
entidad accionada al agregar el grado 23, al cargo denominado «abogado asesor»,
afectó negativamente la remuneración salarial y prestacional del mismo, razón por
3https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2FUpload%
2FA-11968.pdf. Acuerdo PCSJA22-11968. Presidencia Consejo Superior de la Judicatura. “Por
medio del cual se ajusta la denominación de unos cargos a nivel nacional.”
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https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2FUpload%
2FA-11969.pdf
Acuerdo PCSJA22-11969. Presidencia Consejo superior de la Judicatura. “Por el cual se crean
cargos permanentes en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y se modifica su planta de
personal.”
5 Índice 2, Expediente 11001-03-15-000-2024-00129-00, SAMAI
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023 - SUJ-033-CE-S2-
2023, expediente 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019).
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la cual, consideró que «quienes venían desempeñándose como abogados asesores
grado 23 de Tribunal Administrativo deben continuar siendo remunerados como
abogado asesor nominado de Tribunal, al advertirse que siguen desempeñando las
mismas funciones, se les exigen los mismos requisitos, continúan en sus mismos
lugares de trabajo y bajo órdenes del mismo empleador».
Explicó que, por las razones anteriores, de acuerdo con la providencia judicial
señalada, los servidores7 que venían desempeñándose como abogados asesores
grado 23 de Tribunal Administrativo, deben continuar siendo remunerados, a partir
del 1 de julio de 2022 como abogados asesores nominados de Tribunal, atendiendo
a lo dispuesto en el artículo 4 de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de
2013 y 194 de 2014 expedidos por el presidente de la República, en uso de las
competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, razón por la cual, debía declararse
como inconstitucional el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022.
La accionante sostuvo que el 15 de diciembre de 2023, a través de apoderado
judicial, presentó reclamación administrativa para obtener por esta vía el
reconocimiento y pago de la diferencia salarial a la que considera tiene derecho, a
partir de la fecha de su posesión.
Concluyó su fundamentación, expresando que el Consejo Superior de la Judicatura
creó varios despachos y cargos a nivel nacional mediante el Acuerdo PCSJA23-
121248 con la denominación “Profesional Especializado Grado 33”, con una
nomenclatura equivalente a la de “Abogado Asesor”, en los cuales no fue incluida,
por lo que, en su sentir, se le está vulnerando su derecho a la igualdad considerando
que desempeña las mismas funciones de este cargo, pero con una remuneración
inferior.
2. PRETENSIONES
La parte actora solicitó:
«(…) Se tutelen los derechos mencionados anteriormente a la IGUALDAD al
TRABAJO Y A UNA REMUNERACIÓN DIGNA, EQUITATIVA Y SATISFACTORIA
y como consecuencia de ello, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura expida
el Acuerdo que modifique el nombre del cargo de Profesional Especializado Grado
23 (sic), por el de Abogado Asesor o Profesional Especializado Grado 33 (sic), como
la correspondiente regulación del respectivo salario que es superior al que
actualmente devengo. Así mismo, para que se ordene a la Dirección Seccional de
7índice 2, Expediente 11001-03-15-000-2024-00129-00, SAMAI
8https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%2f
PCSJA23-12124.pdf . Acuerdo PCSJA23-12124 “Por medio del cual se crean unos despachos y
cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria a nivel nacional”
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Administración Judicial de Antioquia la variación de la denominación de mi cargo y
el salario, así mismo se realice de manera inmediata la inclusión en nómina».
3. INFORMES
La acción de tutela de la referencia fue admitida por el a quo el día 16 de enero de
2024 mediante proveído en el que se ordenó notificar a la Rama Judicial - Consejo
Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia, como accionados.
3.1. La directora Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia9
manifestó que, si bien la Dirección Ejecutiva tiene unas labores como empleador,
no está dentro de sus potestades la creación de despachos y cargos, ni mucho
menos la de incluir a la accionante en la nómina, por lo que considera, que en
manera alguna ha vulnerado los derechos fundamentales de la señora Martínez
Castaño.
Por otro lado, indicó, que las pretensiones se deben tramitar a través de la vía
ordinaria y que, en todo caso, no era la legitimada en la causa por pasiva para
acceder a las demandas de la accionante.
3.2. La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE) del
Consejo Superior de la Judicatura10 solicitó declarar la improcedencia de la
acción por subsidiariedad al existir otros mecanismos para la protección de sus
derechos fundamentales.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado mediante providencia11
del 19 de febrero de 2024, declaró como improcedente la acción de tutela
presentada, en el entendido de que la pretendida protección de los derechos
invocados no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que aún no se ha
agotado la controversia por la vía ordinaria, ni se pudo advertir la existencia de un
perjuicio irremediable.
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10 Índice 8 Expediente 11001-03-15-000-2024-00129-00, SAMAI
11 Índice 19, Expediente 11001-03-15-000-2024-00129-00, SAMAI
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4. IMPUGNACIÓN12
La señora Claudia Fernanda Martínez Castaño, impugnó el fallo de primera
instancia, argumentando que la acción no es improcedente, toda vez que, en su
criterio, se está ante una violación flagrante al derecho constitucional de igualdad,
vulnerado por una conducta “discriminatoria” del órgano accionado; y que, por ello,
debe realizarse en este caso, un test de “razonabilidad o igualdad”, teniendo en
cuenta que, la Constitución prevalece sobre cualquier norma.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, el problema jurídico se circunscribe
a establecer si se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante por parte
las accionadas con ocasión de la omisión en la implementación de lo ordenado en
la sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023 dictada dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 08-001-23-33-
000- 00529-01 (3071-2019) que reguló entre otros asuntos, el reconocimiento y
pago de diferencias salariales y, por otro lado, por la expedición del Acuerdo
PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023 a través del cual fueron creados
varios despachos y cargos de carácter permanente en la jurisdicción ordinaria de
nivel nacional, para lo cual deberá determinarse previamente si resultaba
procedente declarar la improcedencia de la acción de tutela de acuerdo con lo
prescrito en el numeral 1, del artículo 6, del Decreto 2591 de 1991, por existir otros
recursos o medios de defensa judiciales.
3. Generalidades de la acción de tutela
Conforme con lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, la tutela es un
mecanismo subsidiario de protección de los derechos fundamentales cuando ellos
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resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad
pública o de los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente derechos
subjetivos fundamentales.
En este orden, el numeral 1.° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 –
reglamentario de la acción de amparo -, establece dentro de las causales de
improcedencia de la tutela, “cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.
Este presupuesto responde al carácter subsidiario de la acción de tutela, en aras de
respetar la división de competencias y el principio de especialidad de la jurisdicción;
por lo tanto, desconocer tales atribuciones implicaría una vulneración del principio
de juez natural, y de los procedimientos establecidos por el legislador para la
defensa de los derechos subjetivos.
De igual forma, estos dispositivos normativos han sido interpretados y desarrollados
por la Corte Constitucional13, destacando que no basta con la mera existencia de
otro mecanismo de defensa judicial para determinar la improcedencia de la tutela,
sino que el juez debe valorar la idoneidad y la eficacia del mismo en el caso
concreto, sin que ello implique el desconocimiento de la prevalencia y validez de los
medios ordinarios de protección judicial como instrumentos legítimos para la
salvaguarda de los derechos.
Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho referencia al
tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos administrativos, destacando
como regla general que no es la sede adecuada para controvertirlos, puesto que
son los procedimientos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los
escenarios naturales para la discusión sobre ellos14.
En ese entendido entonces, la tutela es improcedente para debatir asuntos propios
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo objeto se encuentra
plenamente definido en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, que le otorga la potestad de conocer «además
de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa…».
13 Se trae a colación lo señalado en la Sentencia T-641 de 2013.
14 Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.
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Así las cosas, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituido en el artículo 138 ibidem, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual, “Toda persona que
se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
(…)”.
Lo anterior, desde luego, con plena observancia del término de caducidad dispuesto
en el artículo 164 ibidem, que indica que “d) Cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de
cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.
4. Caso concreto
La señora Martínez Castaño consideró vulnerados sus derechos fundamentales a
la igualdad, al trabajo y a una remuneración digna, teniendo en cuenta que el
Consejo Superior de la Judicatura no ha implementado lo ordenado en la sentencia
de unificación del 2 de noviembre de 2023 dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado 08001-23-33-000-2018-
00529-01 (3071-2019) que reguló el reconocimiento y pago de diferencias salariales
de los abogados asesores.
Adicionalmente, manifestó que la expedición del Acuerdo PCSJA23-12124 del 19
de diciembre de 2023, que creó varios despachos y cargos permanentes en la
jurisdicción ordinaria a nivel nacional, y no se le incluyó en el cargo de profesional
especializado al que considera tiene derecho desconoce los derechos
fundamentales invocados.
Por su inconformidad, sostuvo que el 15 de diciembre de 2023, mediante apoderado
judicial, interpuso una reclamación administrativa para obtener mediante esta vía,
el reconocimiento y pago de la diferencia salarial entre los cargos mencionados, a
partir de la fecha de su posesión.
Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo precedente, esta Sala coincide
plenamente con la Sección Tercera Subsección C, con relación al hecho de que la
accionante no ha agotado la actuación administrativa15 correspondiente y que,
15 Consejo de Estado-Sección Cuarta, Rad. 13001-23-33-000-2012-00045-01(20383), 29 de mayo
de 2014. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
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conforme a esta situación, la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad16.
Por lo anterior, para la Sala es claro que la acción de tutela no tiene vocación de
prosperidad, toda vez que la accionante goza de otros mecanismos legales que
deben surtirse.
Cabe recordar que el juez constitucional puede intervenir en las circunstancias en
que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o cuando no exista
otro mecanismo de defensa, pero en este caso, ese perjuicio no está acreditado, ni
mínimamente probado, pues se evidencia que solo se busca defender una
pretensión económica, que desborda de plano la órbita de acción de la tutela.
No es este el mecanismo para pretender que el Consejo Superior de la Judicatura
cumpla con lo ordenado en la sentencia de unificación proferida dentro del
expediente 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019), ni el mecanismo para
solicitar que en el Acuerdo PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023, se incluya
el cargo de abogado asesor.
Por lo tanto, al no configurarse, ni probarse el perjuicio irremediable causado a la
accionante, ni encontrarse acreditada la vulneración de derechos alegada, se
confirmará la providencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 19 de febrero de 2024, por medio de la cual la
Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
16 Consejo de Estado-Sección Segunda Subsección B, Rad. 25000-23-42-000-2012-01710-01(AC),
15 de mayo de 2013. M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. “(…) La subsidiariedad es un requisito
fundamental de procedibilidad de la acción de tutela, el cual hace referencia a que el interesado debe
agotar los medios ordinarios de defensa cuando estos sean oportunos y eficaces, de modo que
asegure una adecuada protección de sus derechos, excluyendo la posibilidad de usar el recurso
de amparo como primera opción ya que resulta improcedente... La acción de tutela es
improcedente cuando el sistema normativo establece otros mecanismos para la protección
de los derechos.” (Negrilla fuera de texto).
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Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del cpaca.
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