Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00131-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00131-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00131-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
11 de abril de 2024
Demandante: Francisco Javier Rivadeneira Bolaños
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00131-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00131-00
Demandante: FRANCISCO JAVIER RIVADENEIRA BOLAÑOS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Francisco
Javier Rivadeneira Bolaños contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 12 de diciembre de 20231, el señor Francisco Javier
Rivadeneira Bolaños, quien actúa en nombre propio, promovió demanda en ejercicio
de la acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales «al debido
proceso, igualdad real y efectiva, derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y
confianza legítima».
En sentir de la parte accionante, la trasgresión de las referidas garantías
constitucionales se dio con ocasión de la decisión de segunda instancia proferida el
31 de mayo del 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
dictada al interior del medio de control de reparación directa con radicado 47001-23-
33-000-2016-00248-01, que modificó la sentencia del 14 de marzo de 2018 del
Tribunal Administrativo del Magdalena.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, pidió:
1 Por medio de la ventanilla virtual de la Rama Judicial, acción identificada con número 150.
1
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Demandante: Francisco Javier Rivadeneira Bolaños
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00131-00
SEGUNDO: Dejar sin efecto le decisión que se tomó al decidir el recurso de apelación
por el magistrado ponente Jaime Enrique Rodríguez Navas, de la Subsección C, de la
Sección 3, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y en
consecuencia, ordenar a esa instancia, que emita el fallo correspondiente que en
derecho le corresponda acatando los presupuesto jurídicos expresados y ponderados
en ese trámite constitucional por este corporación en sede constitucional, en el
sentido de declarar la Responsabilidad de la Fiscalía General – Nación y
solidariamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El 6 de septiembre de 2006, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta
ordenó la compulsa de copias, con fines penales, en contra de Francisco Rivadeneira
Bolaños, juez único laboral del circuito judicial de El Banco, Magdalena, por la
suscripción de 51 acuerdos conciliatorios el 23 de septiembre de 2004 en contra del
municipio de Santa Ana (Magdalena), en los que figuraban como demandantes, en
su mayoría, docentes que habían estado vinculados con el referido ente territorial, a
través de órdenes de prestación de servicios.
Lo anterior, por cuanto el tribunal consideró que la aprobación de dichas
conciliaciones podía constituir la comisión de unos hechos ilícitos, por cuanto: i) el
aludido juez laboral carecía de competencia para adoptar aquellas decisiones, ya
que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la llamada a conocer del
asunto; ii) esa aprobación violaba las disposiciones de la Ley 244 de 1995 3, y iii) la
decisión pasó por alto que el alcalde del municipio de Santa Ana no tenía facultades
para conciliar o comprometer dineros del erario, con motivo del proceso de
restructuración de pasivos (Ley 550 de 1999) al que se había acogido el ente
territorial.
Es así como la Fiscalía Quinta Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de
Santa Marta, Magdalena el 26 de octubre de 2012, impuso medida de aseguramiento
de detención preventiva en contra del señor Rivadeneira Bolaños, por el presunto
delito de peculado por apropiación y ordenó la suspensión del cargo como juez único
laboral del circuito judicial de El Banco, Magdalena. Respecto al presunto delito de
prevaricato por acción, la fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento4.
2 Transcripción literal que puede contener errores.
3 Adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006, por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones.
4 «Frente al hecho de haber aprobado en tiempo récord cincuenta y un acuerdos conciliatorios, con el
agravante de solo haber sido estudiadas por un lapso de dos horas desde la notificación del traslado
de la demanda al apoderado del municipio demandado, consideró que resultaba inadecuado endilgar
este reproche en el marco del delito de prevaricato por acción, al no configurarse así el dolo, que
caracteriza a este hecho ilícito, sino una eventual culpabilidad que se basa en la posible negligencia
en la que pudo incurrir el juez por no efectuar el análisis y la ponderación que el caso ameritaban».
2
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Demandante: Francisco Javier Rivadeneira Bolaños
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Mediante auto del 3 de abril del 2014 la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal
Superior de Santa Marta ordenó la preclusión5 de la investigación por cuanto
consideró insuficientes los medios probatorios para calificar el sumario con
acusación.
El accionante interpuso el medio de control de reparación directa contra la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y la Fiscalía General
de la Nación, con radicado 47001-23-33-000-2016-00248-01, al considerar que se
configuró un error jurisdiccional contenido en la providencia proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, así como una privación injusta de la
libertad.
El 14 de marzo del 2018, el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de la Rama Judicial y negó las
pretensiones de la demanda por haberse configurado en ese trámite el eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, con fundamento en que el señor
Rivadeneira Bolaños, en su condición de juez único laboral del circuito judicial de El
Banco, al conocer ciertos procesos judiciales en contra del municipio de Santa Ana y
aprobar acuerdos conciliatorios en esos trámites, se abrogó una competencia de la
cual carecía; y que ese actuar negligente tuvo incidencia directa en la investigación
penal que cursó en su contra.
Dicha decisión fue apelada el 6 de octubre de 2017 y resuelta en sentencia del 31 de
mayo del 2023, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
donde modificó la sentencia del a quo y decidió:
(…)
SEGUNDO: DECLÁRESE la caducidad del medio de control, respecto de las
pretensiones que aluden al factor de imputación del error jurisdiccional.
TERCERO: DECLÁRESE la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación
— Rama Judicial, por las razones expuestas.
CUARTO: NIÉGUESE las suplicas de la demanda, en cuanto al factor de imputación
de privación injusta de la libertad.
QUINTO: CONDÉNASE EN COSTAS a la parte demandante (…)
El ad quem indicó que la parte actora vino en tiempo a la jurisdicción en procura de
reparación del daño causado por la privación injusta de la libertad, atendiendo a lo
preceptuado por el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 6.
5 Comoquiera que el proceso se adelantó en vigencia de la Ley 600 de 2000.
6 «Está acreditado que los demandantes solicitaron la audiencia de conciliación prejudicial sobre el
asunto al que se contrae este litigio el 31 de marzo de 2016, que se celebró el 20 de junio siguiente y
presentó su demanda el 21 de junio de 2016, esto es, dentro de los 2 años posteriores al día siguiente
a la ejecutoria de la decisión en la que la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Santa
Marta precluyó la investigación adelantada en contra del señor Rivadeneira Bolaños, el 3 de abril de
2014».
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Respecto al error jurisdiccional señaló que la providencia en la que se ordenó la
compulsa de copias, que pudo causar un daño, fue proferida el 6 de septiembre de
2006, por tanto, se configuró la caducidad del medio de control. Así las cosas, se
hizo el estudio de responsabilidad únicamente respecto de la privación injusta de la
libertad.
Advirtió que la Ley 600 de 20007, vigente para el momento de la investigación penal
adelantada en contra del señor Rivadeneira Bolaños, establecía que la medida de
aseguramiento de detención preventiva procedía cuando existieran dos indicios
graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente producidas en el
proceso, y que el delito imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de
cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 357.2 de dicha ley.
Adujo que las anteriores circunstancias no sólo abonan la legalidad y la razonabilidad
de la detención, sino la necesidad que había de su imposición, en consideración a la
gravedad del delito de peculado por apropiación, por un lado, al verse involucrada la
afectación al patrimonio público de municipios con escaso presupuesto, y, por el otro,
dado que ya estaban siendo investigados otros casos de corrupción de la misma
naturaleza, en los que, si bien el señor Rivadeneira Bolaños no estaba vinculado
formalmente, si había rendido versión libre en ellos, así que no le eran desconocidas
esas indagaciones.
Así las cosas, señaló que la medida de aseguramiento de detención preventiva
impuesta al señor Rivadeneira Bolaños fue legalmente adoptada y ceñida a los
principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, lo que denota que, aunque
constituyó un menoscabo a la libertad física de aquel, no admite que haya sido
privado de la libertad de manera antijurídica.
Agregó que no puede pasarse por alto que el procesado rindió su indagación y agotó
los mecanismos judiciales que tenía a su disposición en el mencionado proceso
penal, como la interposición de recursos, y que fue así como la decisión de declarar
la culpa exclusiva de la víctima en este contencioso fue revocada.
Dicha sentencia fue notificada el 26 de julio de 2023 mediante correo electrónico.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El accionante mencionó que esta acción de tutela cumple con los requisitos
generales y especiales de procedencia, y señaló que las «razones expuestas al
interior del proceso de reparación directa, configuran la argumentación de los vicios
que se alegan de la sentencia sometida a este procedimiento constitucional, en el
acápite de esta petición de amparo constitucional».
7 Ley mediante la cual se estableció el Código de Procedimiento Penal como complemento a la
expedición de la ley 599 de 2000, normas de gran importancia para la prevención, investigación y
sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción.
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Así mismo, señaló que es un sujeto de especial protección pues pertenece al grupo
de la tercera edad8 de acuerdo con lo establecido en la sentencia SU-108 de 2018 de
la Corte Constitucional, y que no cuenta con otro medio eficaz para hacer valer sus
derechos.
Precisó que la decisión cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, con
lo cual se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
real y efectiva, al trabajo, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima.
En cuanto al defecto sustantivo, lo enfocó en que se desconoció el precedente
aplicable, esto es, la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado del 17 de octubre de 2013, dado que la demanda de
reparación directa fue incoada el 21 de junio de 2016, fecha para la cual aún seguía
vigente. Dicha sentencia propendía por la aplicación del régimen objetivo para las
hipótesis de absolución penal que traía el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 e,
inclusive, para los casos de preclusión o absolución por duda.
Advirtió que fue a partir del 15 de agosto de 2018 que se impuso el criterio subjetivo,
expresando que en adelante independientemente del motivo por el cual se recupere
la libertad, sería necesario hacer el estudio en el marco del artículo 90 constitucional
para verificar la antijuridicidad del daño.
En relación con el defecto fáctico, refirió que el ad quem hizo una valoración
equivocada de las pruebas, en particular, de la resolución de preclusión, pues dicha
pieza procesal fue concluyente al indicar que el señor Rivadeneira Bolaños no
cometió los delitos endilgados.
Al respecto, señaló que no se tuvo en cuenta que: i) todas las demandas de los
procesos que se conciliaron afirmaron que las relaciones laborales se originaron en
contratos de trabajo9; ii) la prueba de que los trabajadores prestaban sus servicios al
municipio de Santa Ana y se les debían los derechos laborales que pretendían en
sus demandas, y iii) reiteró que no se tuvo en cuenta el auto de la calificación del
8 Advirtió que tiene 72 años de edad; que fue retirado del cargo por haber llegado a la edad de retiro
forzoso y a partir del año próximo empieza a percibir la primera mesada pensional, y fue intervenido
quirúrgicamente en mayo de 2017, en una operación de protectoria por presencia de células
cancerígenas.
9 Indicó que «para que se configure el vínculo legal y reglamentario de empleado público se debe
demostrar en un proceso laboral, el procedimiento administrativo de nombramiento al cargo mediante
el decreto o resolución emitido por el competente nominador, y la correspondiente acta de posesión
en el cargo, en la que se afirme por la persona nombrada bajo la gravedad del juramento que se
sujetará en todas sus actuaciones como empleado público a la constitución y a la ley. Por lo cual, en
el evento en que no existan estos documentos ad substantiam actus, -no obren en el proceso- como
prueba, deviene la configuración de esa relación laboral en la de un funcionario de hecho, relación
irregular de empleado de la administración pública cuyos conflictos laborales deben ser conocidos por
la jurisdicción ordinaria laboral, en garantía al derecho fundamental del trabajo.»
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sumario con preclusión de la investigación por la no comisión de los delitos, proferido
por el fiscal quinto delegado ante la Sala Penal del Tribunal de Santa Marta.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado encargado en auto del 22 de enero de 2024 admitió la demanda y
ordenó:
i) Notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.
ii) Vincular, en calidad de terceros con interés a los señores Silvana María
Pisciotti Chinchilla, Adriana Carolina Rivadeneira Pisciotti, Mario Francisco
Rivadeneira Pisciotti, David Fernando Rivadeneira Pisciotti, María Alejandra
Rivadeneira Pisciotti, Juan Sebastián Rivadeneira Pisciotti y Juan David
Rivadeneira Posada, quienes actuaron en calidad de demandantes; a la Nación,
Rama Judicial, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación, en su condición de demandados, y al Tribunal
Administrativo del Magdalena en su calidad de a quo dentro del medio de control
de reparación directa con radicado n.° 47001- 23-33-000-2016-00248-00/01.
iii) Oficiar al Tribunal Administrativo del Magdalena, para que allegue copia
digital íntegra del expediente del medio de control de reparación directa con
radicado 47001-23-33-000-2016-00248-00/1.
iv) Oficiar a la Secretaría General del Consejo de Estado, para que publique en
su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la
acompañan y de esta providencia.
v) Notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la sala del 7 de marzo de
2024; no obstante, el 5 de marzo de 2024, el magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez manifestó estar impedido para conocer del asunto de la referencia con
fundamento en la causal 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Así las cosas, el 20 de marzo de 2024, se llevó a cabo el sorteo de la sala de
conjueces, en el que se eligió al doctor Humberto Antonio Sierra Porto en calidad de
conjuez. No obstante, dado que la magistrada ponente tomó posesión de su cargo
como consejera de Estado el 1.° de abril de 2024, el quorum de la sala se integró,
razón por la cual no fue necesaria la participación del conjuez.
En auto del 11 de abril de 2024, se declaró infundado el impedimento manifestado
por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
1.6.1. Francisco Javier Rivadeneira Bolaños
A través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado radicó memorial aportando los
correos electrónicos de los terceros con interés10.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
El magistrado ponente puntualizó: (i) la inexistencia del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente; (ii) la inexistencia del defecto fáctico y, (iii) la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Indicó que no hay lugar al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
aplicable, por cuanto la jurisprudencia de lo contencioso administrativo y de la Corte
Constitucional han sostenido que el artículo 90 superior no privilegió ningún régimen
de responsabilidad y, por tanto, lo que corresponde en cada caso y, si de daños
derivados de la privación de la libertad se trata, es analizar si la imposición de la
medida restrictiva de la libertad se revistió o no de antijuridicidad.
Destacó que:
si se acogiera la visión restrictiva que plantea el actor constitucional en el sentido de
que se debe fallar el caso con el criterio jurisprudencial vigente para cuando se
interpuso la demanda de reparación directa ─régimen objetivo─, si así lo fuera, el
sentido de la decisión de segunda instancia sería igualmente desfavorable de las
pretensiones, ya que, en tal caso, se tendría que aplicar el criterio vigente para
entonces respecto del análisis de la culpa exclusiva de la víctima, esto es, con la
posibilidad de analizar las conductas pre procesales del demandante, porque, como
se recordará, tal criterio vino a ser modificado hasta el 202011 para indicar que la
culpa de la víctima solamente se estudiaba desde el punto de vista intra procesal.
Nótese que fue, precisamente la aplicación de la nueva regla jurisprudencial, la que
llevó a la Sala a disentir de las razones del Tribunal de primera instancia para
declarar probada la culpa exclusiva del demandante. Así las cosas, la sentencia
10 Silvana María Pisciotti Chinchilla, silvapisciotti@hotmail.com; Adriana Carolina Rivadeneira
Pisciotti, adcaripi@hotmail.com; Mario Francisco Rivadeneira Pisciotti, mafraripi@hotmail.com; David
Fernando Rivadeneira Pisciotti, dfrivadeneira@hotmail.com; María Alejandra Rivadeneira Pisciotti,
alejarivadeneira@gmail.com; Juan Sebastián Rivadeneira Pisciotti, jsrivadeneira@gmail.com; Juan
David Rivadeneira Posada, juanda2gm@hotmail.com.
11 La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que a “la luz del artículo 70
de la Ley 270 de 1996, el estudio de la culpa de la víctima debe versar sobre las conductas realizadas
por la persona privada de la libertad vinculadas al proceso penal, lo que excluye el estudio de aquellas
pre procesales que ya fueron objeto de estudio por parte del juez penal. El hecho de que el sindicado
sea “sospechoso” de un delito no puede considerarse como constitutivo de culpa de la víctima”.
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de octubre de 2020, exp.
46300.
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proferida por esta Corporación el pasado 31 de mayo de 2023 no incurrió en el
defecto sustantivo enrostrado.
Respecto al defecto fáctico argumentó que no se configuró por cuanto en la
resolución de preclusión la fiscalía dispuso que la conducta del señor Rivadeneira
Bolaños era culposa pero no dolosa, y que el supuesto bajo el cual la Corte
Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 presupuso la aplicación de un
régimen objetivo de responsabilidad, es respecto de aquellos eventos en que se
configura la «atipicidad objetiva»12, es decir, cuando se demuestra que la conducta
no estaba descrita en la ley penal o era completamente anodina para dicho estatuto,
asunto que aquí no ocurrió.
Agregó que, así las cosas, lo que condujo a la preclusión fue una postura
interpretativa diferente sobre la culpabilidad de delito, debido a las pruebas que se
recaudaron con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento.
De igual modo, estableció que el derecho a la igualdad no fue desconocido, pues
desde 2018 el Consejo de Estado sigue las directrices de la sentencia SU-072 de
2018 y, en ese sentido se le ha dado aplicación a los casos en que se resuelven
eventos de privación injusta de la libertad.
Finalmente, adujo que no se le ha vulnerado el derecho al trabajo, pues la decisión
del 31 de mayo de 2023 no profirió ninguna orden que pudiera interferir en el
desempeño laboral del accionante.
1.6.3. Rama Judicial
El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la entidad
solicitó que se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto no puede intervenir en las decisiones legales y actuaciones
proferidas por los despachos judiciales, así pues, los derechos alegados por la parte
actora como vulnerados, no son consecuencia de una acción u omisión atribuible a
esta institución13.
Así mismo pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela por: i) la
ausencia de un perjuicio irremediable; ii) no existe vulneración alguna a los derechos
fundamentales, pues la decisión judicial se hizo en ejercicio de la autonomía judicial y
allí se consignaron en forma razonada cada uno de los argumentos jurídicos; iii) la
tutela no puede convertirse en una tercera instancia, y iv) la parte actora tiene otro
12 La Corte Constitucional: «(…) comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el
Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica- es posible predicar
que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego,
para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que
el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».
13 Consejo de Estado en sentencia del 3 de marzo de 2010, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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mecanismo de defensa, como lo es el recurso extraordinario de revisión, sin que
explicara bajo qué causal.
Resaltó que la jurisprudencia aplicable al presente caso es la SU-072 de 2018, en
relación con los presupuestos y procedibilidad de la medida de aseguramiento y sus
implicaciones en la responsabilidad patrimonial del Estado, por privación de la
libertad, y manifestó que:
el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y
violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la
privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho,
sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que
en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en
forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma
automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del
Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de
la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a
propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los
parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y
proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.
Indicó que no se debe profundizar sobre si fue o no injusta la medida cautelar, toda
vez que en este espacio no puede reabrirse ese debate ya que se estaría
convirtiendo esta acción constitucional en una tercera instancia, lo cual es lo que
pretende el accionante.
Advirtió que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 270 de 1996 14,
establece cual es y debe ser la autonomía de la Rama Judicial, en especial cuando
no se está de acuerdo con las actuaciones y decisiones judiciales no se le puede
exigir a un juez que produzca un fallo porque el demandante considera que debe
emitirlo de inmediato pues así se configura la improcedencia de la acción de tutela15.
Por otra parte, señaló que la autoridad judicial accionada en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica dio un alcance
probatorio coherente y válido a los documentos allegados al proceso ordinario e
interpretó de forma razonable la normativa y los criterios aplicables al caso concreto,
y que por no resultar satisfactoria a la parte actora no se puede colegir que su
actuación fue contraria a derecho.
1.6.4. Fiscalía General de la Nación
La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la entidad
14 Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, en su artículo 5.° dispone:
Autonomía e independencia de la rama judicial. La Rama Judicial es independiente y autónoma en el
ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia. Ningún superior jerárquico en el
orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario
judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.
15 Sentencia C-037 de 1996.
9
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manifestó que la presente acción de tutela resulta improcedente por cuanto: (i) no
explica por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la
controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este; (ii) no sustentó las causales
específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente; (iii)
pretende retrotraer actuaciones procesales, y (iv) no sustentó la configuración del
defecto fáctico y sustantivo.
En relación con la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de
subsidiariedad advirtió que para cuestionar las decisiones judiciales de primera y
segunda instancia que resolvió el proceso de reparación directa que nos interesa, la
Ley 1437 de 2011 prevé diferentes recursos para solicitar el amparo de sus derechos
accionados. Sin embargo, la parte tutelante no justificó por qué el recurso
extraordinario de revisión no resultaba idóneo para controvertir los fallos de primera y
segunda instancia.
Manifestó que la sentencia SU-072 de 2018 estableció que: «i) en el estudio de una
privación de la libertad debe definirse si esta es razonada y proporcionada y ii) el juez
administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, debe determinar el régimen
de imputación a partir de las particularidades de cada caso».
Así las cosas, consideró que no se evidencia que las decisiones cuestionadas fueran
arbitrarias o irracionales, y que por el contrario, se ajustan a derecho; el análisis
probatorio fue razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica y sus
argumentos hacen parte de la independencia y autonomía con la cual cuentan los
jueces al momento de dictar sentencia, motivo por el cual, el despacho accionado
respetó las reglas jurisprudenciales.
1.6.5. Tribunal Administrativo del Magdalena
La secretaría de este despacho adjuntó el link del expediente digital, sin hacer ningún
comentario al respecto.
1.6.6. Terceros con interés vinculados
Los señores Silvana María Pisciotti Chinchilla, Adriana Carolina Rivadeneira Pisciotti,
Mario Francisco Rivadeneira Pisciotti, David Fernando Rivadeneira Pisciotti, María
Alejandra Rivadeneira Pisciotti, Juan Sebastián Rivadeneira Pisciotti y Juan David
Rivadeneira Posada, enviaron memoriales, en los que manifestaron estar de acuerdo
con lo expuesto en el escrito de tutela y solicitaron que se les reconozca como
coadyuvantes de esta acción constitucional.
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Demandante: Francisco Javier Rivadeneira Bolaños
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00131-00
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el
señor Francisco Javier Rivadeneira Bolaños contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7.° del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Solicitud de desvinculación
La Rama Judicial solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa
por pasiva, sin embargo, esta petición será negada, en tanto, la vinculación al
proceso se realizó como tercero con interés en las resultas del proceso, en atención
a que integró la parte pasiva al interior del proceso contencioso en donde se profirió
la sentencia hoy cuestionada.
2.2.2. De la coadyuvancia presentada
La coadyuvancia de la acción de tutela se encuentra expresamente prevista en el
inciso 2.º del artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual señala que «Quien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud».
Sobre esta figura jurídico procesal, la Corte Constitucional, en la sentencia T-269 de
201216, reiterada en la T-269 del 29 de marzo de 201817, consideró que los terceros
con interés legítimo pueden intervenir en el proceso como coadyuvantes, apoyando
las razones presentadas por el actor o por la persona o autoridad demandada,
armonizando el papel de los terceros con los principios de informalidad y prevalencia
de lo sustancial que rigen el proceso.
Cabe destacar que los señores Silvana María Pisciotti Chinchilla, Adriana Carolina
Rivadeneira Pisciotti, Mario Francisco Rivadeneira Pisciotti, David Fernando
Rivadeneira Pisciotti, María Alejandra Rivadeneira Pisciotti, Juan Sebastián
Rivadeneira Pisciotti y Juan David Rivadeneira Posada, en su calidad de terceros
con interés, aportaron el 16 de febrero de 2024 memoriales en los que manifestaron
estar de acuerdo con el contenido de lo expuesto en el escrito de tutela y solicitaron
que se les reconociera como coadyuvantes de esta acción constitucional.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-269, 29.03.2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-070, 1.03.2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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En consecuencia, la Sala los tendrá como coadyuvantes.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el
relacionado con la relevancia constitucional?
De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales18 del señor Francisco Javier
Rivadeneira Bolaños y los coadyuvantes con ocasión de la decisión de
segunda instancia proferida el 31 de mayo del 2023 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, dictada al interior del proceso ordinario en
ejercicio del medio de control de reparación directa con radicado 47001-23-33-
000-2016-00248-01, que modificó la sentencia del 14 de marzo de 2018
dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos generales de procedibilidad, particularmente el de relevancia
constitucional, y (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201219
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20 y declaró su
procedencia.21
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
18 «A la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia».
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
21 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional22
Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C-590 de 2005 incluyó
como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito
de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.
El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de
procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de
procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal
relevancia.
Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia
judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación
diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de
la garantía fundamental invocada.
22 Al respecto consultar Consejo de Estado,Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica un
quebrantamiento parte del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la
actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las razones
anteriormente anotadas.
En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el
test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga
argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales
invocados por la accionante. Lo anterior, desde la perspectiva del núcleo esencial de
las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.
Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de unificación del 5 de agosto de 201423, en la que se indicó que para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se
debían analizar dichos requisitos.
En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.
En la sentencia SU-215 de 202224, el alto tribunal unificó los criterios que se deben
analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.
Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202225 modificó su
postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los
que se hace evidente que los fundamentos propuestos por los tutelantes se limitan a
desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de
importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible
vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.
23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
24 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera
y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción
de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de
cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión
judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el
mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i)
no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y
explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales
invocados.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, planteó que el estudio de
la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se
refieren a:
«que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en
el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia
que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia».
La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto
reviste de relevancia constitucional
De acuerdo con la Corte Constitucional, este presupuesto implica que el accionante
cumpla con una carga explicativa mínima al identificar: (i) los derechos
fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la vulneración; y (iii) los
motivos por los que considera que la autoridad judicial accionada ha incurrido en uno
de los defectos.
Frente a este último punto, la referida autoridad judicial ha sido enfática en señalar
que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una
simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera razonable una
restricción desproporcionada de aquella26.
A su turno, el Consejo de Estado en diferentes oportunidades ha considerado que
tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la
procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en términos
jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el
peticionario está obligado a exponer de manera detallada las razones que sustentan
su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio explican la configuración de
una causal especifica de procedencia.
Con base en los anteriores criterios, le corresponde al juez constitucional verificar la
relevancia constitucional del caso bajo estudio.
26 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.
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2.6. Caso en concreto
Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación y las pruebas
incorporadas al trámite, la Sala concluye que la acción de tutela debe ser declarada
improcedente por cuanto no supera el requisito de relevancia constitucional expuesto
en líneas anteriores. Así, la controversia propuesta no expone las razones tendientes
a demostrar una vulneración de derechos fundamentales por parte de la autoridad
judicial con ocasión de la providencia proferida en segunda instancia dentro del
medio de control reprochado.
En efecto, los argumentos propuestos por la parte demandante se sustentan en su
inconformidad con la decisión que tomó la autoridad judicial accionada pues
considera que incurrió: i) en defecto sustantivo por cuanto desconoció el precedente
aplicable, esto es, la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera
del 17 de octubre de 2013 (criterio subjetivo) y no la SU-072 de 2018 (criterio
objetivo), y ii) defecto fáctico por valoración equivocada de las pruebas, en particular,
de la resolución de preclusión, que en su sentir evidencia que no cometió los delitos
endilgados.
Al respecto, se observa que dichos aspectos fueron resueltos por el ad quem quien
advirtió que la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor
Rivadeneira Bolaños se hizo con apego a la Ley 600 de 200027 por lo que fue
legalmente adoptada y ceñida a los principios de razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad, y que pese a que constituyó un menoscabo a la libertad física no
admite que haya sido privado de su locomoción de manera antijurídica.
Así las cosas, los fundamentos argüidos por la parte demandante en el escrito de
tutela no tienen la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental. Por el contrario, se circunscriben
a discutir nuevamente el debate zanjado en el proceso ordinario, donde se concluyó
de manera razonable que se cumplían los supuestos normativos y jurisprudenciales
para negar la solicitud de indemnización por privación injusta de la libertad del señor
Francisco Javier Rivadeneira Bolaños.
De tal suerte que los argumentos expuestos en esta instancia constitucional no están
justificados en una vulneración a derechos fundamentales, sino a una inconformidad
con una decisión que no es acorde con sus intereses. Esta situación resulta contraria
a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger aquellas garantías
fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas a restablecer las
mismas. Además, «cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis
27 Vigente para el momento de la investigación penal adelantada en contra del señor Rivadeneira
Bolaños, la cual establecía que la medida de aseguramiento de detención preventiva procedía cuando
existieran dos indicios graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente producidas en el
proceso, y que el delito imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de cuatro (4) años o
fuera mencionado en el artículo 357.2 de dicha ley.
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de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre […]»28.
Partiendo de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela no está llamado a
reemplazar al juez de la causa y a decidir las controversias de las instancias
ordinarias, máxime si resulta evidente que se trata de una inconformidad con un
aspecto que ya fue resuelto por una autoridad judicial que apunta a convertir la
acción de tutela en una tercera instancia.
Es importante resaltar que el simple hecho de existir diferencias de criterio en la
interpretación de las normas de rango legal no puede implicar calificar una
providencia como arbitraria o caprichosa, ni desconocer que su caso fue estudiado
en el marco de la normativa vigente y la sana crítica.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que
en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva e las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.
De otra parte, en el líbelo introductorio se indicó que el señor Francisco Javier
Rivadeneira Bolaños tenía la condición de sujeto de especial protección, en atención
a su edad; sin embargo, de los datos relacionados en la tutela se advierte que el
actor tiene 70 años29, es decir, que ostenta la calidad de adulto mayor, más no
persona de la tercera edad30, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional:
De considerarse que todos los adultos mayores requieren una especial protección
constitucional y un análisis más flexible en relación con el principio de subsidiariedad,
sería necesario concluir que todas las peticiones de vejez que ellos hagan a través de
la acción de tutela son procedentes. Tal perspectiva, terminaría por hacer que las vías
ordinarias de defensa judicial laboral en esa materia en particular queden
inoperantes. Ello trastocaría la naturaleza excepcional de la acción de tutela y
comprometería el sistema de distribución de las competencias judiciales y
jurisdiccionales, pues implica indirectamente asumir que la acción de tutela es el
único mecanismo idóneo para reclamar pensiones de vejez de personas con más de
60 años.
28 SU-573 del 2019.
29 Fecha de nacimiento 27 de septiembre de 1953 de acuerdo con la cédula de ciudadanía aportada.
30 Ver al respecto T-083 de 2023: «Las personas de la tercera edad son los adultos mayores que han
superado la esperanza de vida establecida por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). Para el 2023, esta se estimó para las mujeres en 80 años, para los hombres en
los 73 años y para ambos sexos la edad de 76 años. Por consiguiente, una persona se considera de
la tercera edad cuando supera esa edad. Teniendo en cuenta lo expuesto, las personas de la tercera
edad gozan de protección reforzada por parte del Estado».
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Reconocer entre los adultos mayores a quienes están en una condición de mayor
vulnerabilidad por un criterio etario, permite identificar a las personas que precisan
especial apoyo para la realización de sus derechos, por el desgaste biológico que
implica el paso del tiempo y así, concretar el principio a la igualdad y conservar la
acción de tutela como un medio excepcional y subsidiario de protección de los
derechos fundamentales, en los casos en los que se debate una pensión de vejez.
(…) la Sala encuentra que él es un adulto mayor, pero definitivamente no es una
persona de la tercera edad, al no haber superado la expectativa de vida y, por lo
tanto, no precisa un trato especial en razón de su edad31”.
De lo anterior se tiene que, la jurisprudencia ha determinado que el término «adulto
mayor» es la edad con la cual se puede acceder a la pensión, además de otras
normas que consagran los 60 años para ello, sin embargo, el término «persona de la
tercera edad» tiene que ver con la expectativa de vida señalada por el DANE, que
para el año 2023 se estimó para los hombres en los 73 años, es decir que al
accionante no se le puede hacer un estudio más flexible en atención a su edad,
sumado a que no se evidencia un perjuicio irremediable o alguna otra condición que
permita apreciarla para tener al tutelante como sujeto de especial protección
constitucional.
2.7. Conclusión
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional
toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional realice nuevamente
el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los
derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Rama Judicial.
SEGUNDO: TENER como coadyuvantes de la parte accionante a los señores
Silvana María Pisciotti Chinchilla, Adriana Carolina Rivadeneira Pisciotti, Mario
Francisco Rivadeneira Pisciotti, David Fernando Rivadeneira Pisciotti, María
Alejandra Rivadeneira Pisciotti, Juan Sebastián Rivadeneira Pisciotti y Juan David
Rivadeneira Posada.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-015 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00131-00
TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por
el señor Francisco Javier Rivadeneira Bolaños.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
19
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