Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04299-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04299-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04299-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de agosto de 2025
Demandante: Mirjan Cecilia Moya Pianeta
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04299-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Paipa [Boyacá], catorce [14] de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04299-00
Demandante: MIRJAN CECILIA MOYA PIANETA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Mirjan Cecilia Moya Pianeta, en nombre propio, presentó acción de tutela el
11 de julio de 2025, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la dignidad humana y al
debido proceso, así como a la protección de las personas de la tercera edad y al
principio de prevalencia de la realidad sobre las formalidades.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 9 de abril de «2024»1, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que recovó el fallo del 13 de febrero de 2023, dictado por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, que accedió a las
pretensiones de la demanda que adelantó en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social [en adelante UGPP],
identificada con el radicado 47001-3333-004-2018-00177-00/01.
1.2. Pretensiones
La accionante formuló las siguientes:
TUTELAR mis derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,
protección a personas de la tercera edad como sujetos especiales de protección, la
seguridad social el, mínimo vital, la dignidad humana, el debido proceso y el principio de
prevalencia de la realidad sobre las formalidades y cualquier otro que estime su señoría
1 De conformidad con los índices 17 y 18 del aplicativo SAMAI correspondiente al expediente digital del
contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho en comento, se realizaron las actuaciones de
«registro de proyecto» y «sentencia» en el año 2025.
1
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Demandante: Mirjan Cecilia Moya Pianeta
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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vulnerado, en uso de sus facultades ultra y extra petita, vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA al dictar la sentencia del «9 de abril de 2024»
(SIC) que en realidad, es de 2025.
EN CONSECUENCIA, SE DEJE SIN EFECTOS dicha decisión, para que, en su defecto,
SE LE ORDENE EMITIR UNA NUEVA SENTENCIA en que se pronuncie de fondo sobre
las pretensiones de la demanda y reconozca la pensión perseguida, sin que sea dable
acudir a la excepción mal declarada de «falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad de que trata el numeral 2° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011», esto,
en un término no mayor a 20 días contados a partir de la notificación del fallo de tutela.2
(Mayúsculas sostenidas, negrillas y cursivas originales)
1.3. Hechos
De la solicitud de amparo y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
La señora Mirjan Cecilia Moya Pianeta ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de desvirtuar la legalidad de
la Resolución RDP 023227 del 2 de junio de 2017, que por segunda vez le denegó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.
Del referido contencioso conoció, en primera instancia, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, autoridad judicial que, en auto de
18 de julio de 2018, inadmitió la demanda, al advertir que no se había allegado con el
escrito introductorio, el recurso obligatorio que otorgó el acto administrativo acusado
en su ordinal segundo. En ese orden indicó que «la apoderada de la parte demandante
deberá subsanar la falencia anotada indicando con claridad el y/o los actos de los
cuales pretende se declare su nulidad, e integrarlos al expediente con su debida
constancia de notificación, tal y como lo preceptúa el artículo 87 del CPACA».
Con escrito de subsanación la parte demandante manifestó que integraba como actos
demandados a las Resoluciones Nos. RDP 017087 del 27 de abril de 2016, que había
negado la referida prestación, RDP 031091 del 24 de agosto de 2016, que resolvió el
recurso de reposición y RDP 032420 del 31 de agosto de 2016, que desató el recurso
de apelación, mecanismos interpuestos contra la primera de las mentadas
resoluciones.
Con providencia de 29 de noviembre de 2018, el juzgado de conocimiento admitió el
asunto. Asimismo, con decisión del 5 de septiembre de 2022, resolvió, entre otras
cosas, declarar no probado «el medio exceptivo de carácter previo denominado
“Ineptitud de la demanda por indebido agotamiento de la actuación administrativa-
indebida individualización de los actos demandados” formulado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social “UGPP”».
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, en sentencia de
13 de febrero de 2023, accedió a las pretensiones deprecadas tras considerar que, la
demandante cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de la prestación
reclamada, pues, de conformidad con la prueba documental, prestó sus servicios como
docente territorial por más de 20 años.
2 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
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Contra esta providencia la UGPP interpuso recurso de apelación del cual conoció el
Tribunal Administrativo del Magdalena, corporación que, en fallo de 9 de abril de
«2024»3, la revocó, para en su lugar, declarar probada la excepción de falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el numeral 2º del artículo 161
de la Ley 1437 de 2011, referida al ejercicio de los recursos obligatorios en la actuación
administrativa.
Como sustento de lo anterior, el tribunal señaló que, de conformidad con lo acreditado
en el proceso, en el poder y en el escrito introductorio inicial, únicamente se acusó la
Resolución RDP 023227 de 2 de junio de 2017, frente al cual no se interpusieron los
respectivos recursos, razón de la inadmisión ordenada por el a quo.
Asimismo, advirtió que, si bien el juez de primer grado avaló la subsanación de la
demanda, lo cierto era que no se hizo la corrección tal como fue solicitada; ello en
atención a que en esta actuación procesal se allegó fue el recurso de apelación
presentado contra la Resolución RDP 031091 de 24 de agosto de 2016, y no el que
se había ordenado acreditar, situación que también repercutió en la negativa del
juzgado respecto de la excepción propuesta por la entidad demandada.
En ese orden, precisó que, de conformidad con el numeral 2° del artículo 161 de la Ley
1437 de 2011, era necesario que respecto de la Resolución RDP 023227 de 2 de junio
de 2017, se hubiera agotado el requisito de procedibilidad, lo cual no había sucedió,
pese a que fue el último pronunciamiento de la entidad a la petición de reconocimiento
elevada el 27 de febrero de 2017, en la que además se habían aportado nuevos
documentos, situación que fue advertida por la demandada en la contestación y en los
alegatos, no obstante el juzgado había declarado su nulidad, al igual que de las demás
resoluciones, luego, estaba más que probada la excepción de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad previsto en la mentada norma.
La anterior providencia fue notificada el 29 de mayo de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora después de referirse a los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial, y de advertir el cumplimiento de cada uno de ellos en
su caso, alegó que el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia acusada
incurrió en los defectos procedimental absoluto, fáctico, de violación directa de la
Constitución y por desconocimiento de precedente.
Frente al primer yerro la tutelante señaló que, la falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad previsto en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, no configuraba la
excepción previa por ineptitud sustantiva, pero que en la etapa procesal en que se
definían estas podía establecerse si faltaba la mencionada exigencia formal, en los
términos del parágrafo 2º del artículo 175 de la misma codificación, caso en el cual de
advertirse su ausencia, resulta válido dar por terminado el proceso, pero en dicha
oportunidad.
En ese orden, precisó que de no surtirse el debate en el momento antes señalado o
de haberse realizado, el tema debe darse por definido, razón por la cual no es posible
que el juez de segunda instancia, en el instante de dictar sentencia, se pronuncie
3 2025.
3
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nuevamente sobre dicha controversia, comoquiera que de hacerlo sorprendería a la
parte demandante con una determinación anómala, que en la práctica parecería una
sentencia inhibitoria.
Así, resaltó que el tribunal censurado incurrió en el yerro al haber acudido a la falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad, para inhibirse del estudio de fondo sobre
si le asistía derecho al reconocimiento de la pensión reclamada.
Sobre el segundo defecto, indicó que la corporación acusada realizó una indebida
apreciación de las pruebas del proceso, al sustentar su decisión solamente en que la
Resolución RDP 023227 de fecha 2 de junio de 2017, que negó por segunda vez el
otorgamiento de la pensión gracia, pues, dejó de valorar la actuación surtida respecto
de las Resoluciones RDP017087 de 27 de abril de 2016, que niega el reconocimiento
de la prestación, RDP 031091 de 24 de agosto de 2016, que resuelve el recurso de
reposición y la RDP 032420 del 31 de agosto de 2016, que confirma la inicial al resolver
la alzada; sobre estos actos administrativos afirmó que fueron debidamente
demandados e incorporados al expediente desde la radicación de la demanda y su
subsanación.
Conforme a lo anterior, resaltó que era incorrecto la declaratoria de la excepción de
falta de agotamiento de los requisitos de procedibilidad, comoquiera que, no solo se
solicitaba la nulidad del acto administrativo del año 2017, sobre el que no se
presentaron los recursos, sino también sobre aquellos del 2016, con los que se definió
la actuación administrativa con la negativa del derecho, luego, no era obligatorio
demandar las decisiones posteriores, ya que con estos últimos se podía adelantar la
controversia jurisdiccional, dada la calidad de prestacional periódica del derecho que
se reclamaba y la posibilidad de demandarlo en cualquier tiempo.
En relación con la violación directa de la Constitución señaló que, esta se presentó en
atención a que la decisión enjuiciada se soportó en la prevalencia de las formas sobre
lo sustancial, pues, se exigió la culminación de una segunda actuación administrativa
del año 2017, que buscó nuevamente la obtención de la pensión gracia, cuando ya en
el 2016, se había definido la situación, lo que impone una carga desproporcionada que
hace nugatorios sus derechos fundamentales, máxime cuando, según afirmó, era una
persona vulnerable de la tercera edad. En este punto, refirió que el tribunal accionado
ya se había visto en la obligación de proferir nuevas decisiones ante las ordenes de
tutela que dejaron sin efectos sentencias dictadas en asuntos pensionales4.
Finalmente, frente al yerro por desconocimiento de precedente, citó y transcribió un
aparte de la sentencia de 2 de julio de 2020, el Consejo de Estado, dictada en el
expediente «0800233300020158012901», para señalar que en esta se advirtió que no
se debían revivir controversias que ya fueron definidas en la etapa establecida para
ello.
Igualmente, trajo a colación el fallo de tutela de 15 de mayo de 2019, expediente
11001-03-15-000-2018-01268-00, en el que indicó que se había dejado sin efectos
una providencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, sobre el que señaló era
aplicable en su caso, al tratarse de la reclamación de una pensión vitalicia, además de
que también era un sujeto de protección especial por ser una persona de la tercera
4«(CE, 14 septiembre de 2017, Rad.11001031500020170217200; CE 15 enero 2018, Rad.
11001031500020170303200)»
4
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edad, razón por la cual, resultaba desproporcionado la exigencia del agotamiento del
requisito de procedibilidad respecto de la Resolución RDP 023227 de 2 de junio de
2017.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 15 de julio de 2025, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, así como al Tribunal
Administrativo del Magdalena en calidad de accionado, y le otorgó el término de dos
días para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta [autoridad judicial de primera instancia del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho] y a la UGPP [demandada en el contencioso de nulidad
y restablecimiento del derecho], para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en
la presente acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la parte demandada.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela, con
el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió a las
autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictó la providencia censurada.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Magdalena
El mencionado tribunal envió copia digital del contencioso donde se dictó la
providencia cuestionada, pero sin hacer pronunciamiento alguno sobre la solicitud de
amparo.
1.6.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta
La referida autoridad judicial se limitó a remitir en enlace de acceso al expediente digital
del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.6.3. UGPP
Por conducto de la subdirectora de defensa pensional, la mentada entidad solicitó la
desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, en
atención a que no tenía competencia para atender las pretensiones de amparo
elevadas por la tutelante.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta colegiatura es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por la señora Mirjan Cecilia Moya Pianeta, de conformidad con lo
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establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
En su intervención la UGPP solicitó su desvinculación del presente trámite, para lo cual
alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, esta magistratura advierte que la referida petición será negada,
comoquiera que la participación de dicha entidad, en esta sede, es en calidad de
tercero, dado el interés que le puede asistir en las resultas del proceso, pues, fue la
parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde se
dictó la sentencia de segundo grado que se reprocha por esta vía.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales
de la accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 9 de
abril de «2024»5, del Tribunal Administrativo del Magdalena mediante la cual revocó el
fallo de 13 de febrero de 2023, del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta y, en su lugar, declaró probada la excepción de falta de agotamiento
del requisito de procedibilidad del ejercicio de los recursos en la actuación
administrativa, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que adelantó contra la UGPP.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y,
de encontrarse superado, junto con los demás; (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
5 2025.
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado
por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la
acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)
(Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20229, modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito
de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
7
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el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a
los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad.
Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación
arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los
derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre10.
2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la
tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué
el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la
identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales.
En efecto, si bien la actora planteó la configuración de los defectos procedimental
absoluto, fáctico, de violación directa de la Constitución y por desconocimiento de
precedente, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional,
según lo establecido en la referida sentencia de unificación SU-215 de 2022, pues, el
debate planteado en esta instancia tiene como objeto refutar las consideraciones de la
autoridad judicial accionada, más allá de exponer cómo se materializó la presunta
trasgresión de sus garantías fundamentales.
Se reitera que, la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas
prerrogativas superiores no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere
que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal
o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.
La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir
el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio argumentativo
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a la
decisión de segunda instancia a partir de la configuración de determinados defectos,
pero huérfano de una línea conceptual ius fundamental que permita al juez desarrollar,
interpretar o aplicar la carta política respecto al caso concreto.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al
juez del amparo inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de
la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las consideraciones
de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela,
toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho extremo procesal frente a
la apreciación de las pruebas del proceso contencioso expuestos en la solicitud de
amparo, sin el adecuado contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial atentaría contra el principio de autonomía judicial y, así se convertiría
el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
En segundo lugar, la parte demandante busca en este escenario judicial que el juez
constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación y
valoración legal y de las pruebas arrimadas al proceso, entre estas, el escrito de la
demanda, el poder y los actos administrativos allegados, en la forma que a ella le
parece «correcta». En otros términos, pretende a través del mecanismo constitucional
crear una instancia adicional, en la que se realice nuevamente un estudio y análisis
del expediente, así como de las normas relativas a los requisitos de procedibilidad y,
además, obtener una decisión favorable.
Ello es así, por cuanto los reparos que planteó la tutelante, tienen como finalidad la
imposición de su criterio hermenéutico sobre el que primó para el juez de segunda
instancia, especialmente sobre el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto
en el numeral 2º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, respecto de la Resolución
RDP 023227 de 2 de junio de 2017, que le negó por segunda vez el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.
En efecto, se advierte que en la sentencia cuestionada el Tribunal Administrativo del
Magdalena, sobre el particular, explicó que la excepción de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad constituye una excepción autónoma diferente de la ineptitud
de la demanda por falta de los requisitos formales prevista en el numeral 5° del artículo
100 del Código General del Proceso.
En ese orden, precisó que el numeral 2° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, era
claro en establecer la obligación de haberse interpuesto y decidido, los recursos que
de acuerdo con la ley fueren obligatorios, contra el acto administrativo de carácter
particular y concreto que se pretender demandar en nulidad y restablecimiento del
derecho, luego, la autoridad judicial, en su oportunidad, realizó el análisis e
interpretación de la normatividad aplicable al caso, frente a lo cual, la tutelante
pretende en esta sede se realice nuevamente, situación que torna improcedente la
acción de tutela.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía
acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate
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Demandante: Mirjan Cecilia Moya Pianeta
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04299-00
planteado por la señora Mirjan Cecilia busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia.
Aunado a lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció
el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de
tutela y la desarticulación de la organización judicial.
Finalmente, aun cuando la accionante alegó ser una persona de la tercera edad, para
lo cual señaló tener 69 años, lo cierto es que, tal edad la ubica es como una adulta
mayor11, y en ese orden, está condición no permite que el juez constitucional soslaye
el estudio de los requisitos de procedibilidad del mecanismo de amparo12, máxime
cuando, como en este caso, se interpone contra una decisión judicial.
Sumado a lo anterior, en el presente caso no se vislumbra un perjuicio irremediable,
pues si bien se reclama un derecho pensional, lo cierto es que, al consultarse el
Registro Único de Afiliados del Sistema Integral de Información de la Protección Social
se advierte que la señora Mirjan Cecilia Moya Pianeta cuenta con una pensión de
jubilación, luego, esto permite concluir que la accionante no se encuentra en una
situación de desamparo o de alguna circunstancia que amenace su vida o su mínimo
vital. Así se visualiza en la siguiente imagen:
2.6. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de decisión declarará la improcedencia de
la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional, pues, no se cumplió con la carga ius fundamental requerida
en los casos de tutela contra providencia judicial conforme lo estableció la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación SU-215 de 2022.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
11 De conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-083 de
2023, las personas consideradas como de la tercera edad son los adultos mayores que han superado
la esperanza de vida establecida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Para el
año 2025, es de aproximadamente 80 años para la mujer.
12 En similares términos lo advirtió esta Sala en fallo de 11 de abril de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2024-00131-00, M.P. Gloria María Gómez Montoya.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04299-00
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la UGPP.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Mirjan Cecilia Moya Pianeta contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicado en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”.
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