Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04299-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04299-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04299-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04299 01
Accionante: MIRJAN CECILIA MOYA PIANETA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta
por el juez natural de la causa
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo
de tutela proferido el 14 de agosto de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Mirjan Cecilia Moya Pianeta promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena y formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] TUTELAR mis derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia, protección a personas de la tercera edad como sujetos
especiales de protección, la seguridad social, el mínimo vital, la dignidad
humana, el debido proceso y el principio de prevalencia de la realidad sobre
las formalidades y cualquier otro que estime su señoría vulnerado, en uso
de sus facultades ultra y extra petita, vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA al dictar la sentencia del «9 de abril
de 2024» (SIC) que en realidad, es de 2025.
EN CONSECUENCIA, SE DEJE SIN EFECTOS dicha decisión, para que,
en su defecto, SE LE ORDENE EMITIR UNA NUEVA SENTENCIA en que
se pronuncie de fondo sobre las pretensiones de la demanda y reconozca la
pensión perseguida, sin que sea dable acudir a la excepción mal declarada
de «falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata el
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04299 00.
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numeral 2° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011», esto, en un término no
mayor a 20 días contados a partir de la notificación del fallo de tutela […]”.
[Mayúsculas y negrilla original del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin de obtener
la nulidad de las resoluciones RDP 017087 del 27 de abril de 2016, RDP 031091
del 24 de agosto de 2016, RDP 032420 del 31 de agosto de 2016 y RDP 023227
del 2 de junio de 2017, que le negaron el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.
Señaló que “(…) [l]os supuestos de hecho que motivaron la demanda, se resumen
en que i) nací el 31 de julio de 1956 por lo que cumplí 50 años el mismo día y mes
de 2006 y a hoy, poseo 69; ii) presté los servicios a la educación pública sin solución
de continuidad desde el 25 de marzo de 1980 hasta el 30 de junio de 2017; iii) con
escrito del 7 de enero de 2016, exigí la prestación, lo que fue negado con los actos
acusados; iv) el 27 de febrero de 2017, se reiteró la solicitud, siendo nuevamente
denegada (…)”2.
Advirtió que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Santa Marta que, por auto del 14 de julio de 2020 “resolvió en virtud
de lo establecido en el apartado 12 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020 (en vigor
para la época), una de las excepciones de la parte accionada de falta de
competencia, que no incluyó la de falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad por no agotamiento de la actuación administrativa”3.
Anotó que la falta de competencia no fue avocada por el tribunal, por lo que el asunto
se devolvió al juzgado para que se surtiera el trámite correspondiente.
Continuó relatando que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa
Marta, en sentencia del 13 de febrero de 2023 declaró la nulidad de los actos
acusados y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a su favor.
Inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 9 de abril de 2025 la revocó
y, en su lugar, declaró probada la excepción de falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad de que trata el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04299 00.
3 Ibidem.
2
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En el acápite del escrito de tutela denominado “Procedencia de la acción de tutela”,
sostuvo que su solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia comoquiera que (i) las partes se encuentran legitimadas por activa y
por pasiva; (ii) cumple con el requisito de inmediatez debido a que no trascurrieron
6 meses desde que se profirió la providencia acusada hasta la fecha de
presentación de la acción de tutela; (iii) contra la sentencia de segunda instancia
cuestionada no procede recurso alguno; (iv) el asunto bajo estudio tiene relevancia
constitucional debido a que, según estima, “(…) [l]a controversia, no se limita
únicamente a un aspecto legal y/o económico, sino que repercute en garantías de
raigambre constitucional, como al acceso a la administración de justicia, protección
a personas de la tercera edad como sujetos especiales de protección, la seguridad
social, el mínimo vital, la dignidad humana, el debido proceso y el principio de
prevalencia de la realidad sobre las formalidades que incluso, involucran un derecho
mínimo e irrenunciable como lo es una pensión vitalicia (…) a más de que, soy una
persona vulnerable de la tercera edad (…)”4; (v) no se trata de tutela contra tutela;
e (vi) identificó los hechos que generaron la vulneración.
Frente a los causales específicas de procedibilidad, adujo que el tribunal accionado
incurrió en (i) defecto procedimental absoluto; (ii) defecto fáctico; (iii) violación
directa de la constitución y (iv) desconocimiento del precedente.
En cuanto al defecto procedimental absoluto, explicó que la sentencia cuestionada
incurrió en dicho yerro “(…) ya que acudió a la falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad, mal vista, para inhibirse de fallar de fondo el asunto, cuando estaba
compelido para hacerlo y así, resolver si a la parte accionante le asistía derecho o
no de la pensión perseguida. Además, por omitir los efectos propios de las normas
que en cada etapa se encontraban en vigor, acudió a precedentes jurisprudenciales
que no atendían correctamente estos cambios, por la mera lógica de que aquellos,
resolvieron asuntos donde, por ejemplo, no se encontraba en vigor el parágrafo 2°
del artículo 175 del CPACA (…)”5.
Sobre el defecto fáctico indicó que “(…) el Tribunal incurre en una indebida
apreciación de los elementos de convicción, pues aterriza sus afirmaciones apenas
en que la Resolución No RDP023227 de fecha 2 de junio de 2017 emitida por la
UGPP que negó por segunda vez el otorgamiento de la pensión gracia, no fue
recurrida en sede administrativa, dejando de lado el alcance de la actuación
administrativa surtida frente a las Resoluciones Nos RDP017087 del 27 de abril de
2016 que niega el reconocimiento de la pensión gracia, RDP 031091 de fecha 24
de agosto de 2016 que resuelve la reposición desfavorablemente y la RDP 032420
del 31 de agosto de 2016 que confirma la inicial, de lo que surge claro, se agotaron
todos los recursos. Al efecto se insiste que estos fueron debidamente demandados
4 Ibidem.
5 Ibidem.
3
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e incorporados al plenario incluso desde la radicación de la demanda inicial y su
subsanación (…)”6.
Alegó que “(…) no es correcto que para el caso, se aplique la «excepción de falta
de agotamiento del requisito de procedibilidad» porque, no nos encontramos ante
un único acto del 2017 falto de recursos, toda vez que en el 2016, no solo se impetró
la reclamación administrativa, sino que se radicaron los recursos de reposición y
apelación que culminaron con un acto definitivo que negó el derecho, lo que traduce
que no era obligatorio demandar los actos posteriores, ya que con los de 2016 podía
surtirse la controversia jurisdiccional a cabalidad, atendiendo la naturaleza
prestacional periódica de las pensiones que además, se erigen como un derecho
fundamental irrenunciable (…)”7.
Manifestó que “(…) es claro que el Tribunal carece de apoyo probatorio para aplicar
el supuesto legal en que fundó su decisión sobre que no hubo un agotamiento del
requisito de procedibilidad porque se insiste, la decisión RDP017087 del 27 de abril
de 2016, fue bien recurrida y definida por el superior jerárquico con la RDP 032420
del 31 de agosto de 2016, lo que significa, que la determinación era demandable en
cualquier tiempo al tratarse de una pensión vitalicia -literal c) del numeral 1° del art.
164 CPACA (…)”8.
Respecto a la violación directa de la constitución, expuso que “(…) [l]a decisión
enjuiciada, se rige por la prevalencia de las formas sobre el derecho sustancial, lo
que la vicia por violación directa a la constitución al haber exigido la culminación de
una segunda actuación administrativa en 2017 con que se intentó nuevamente la
obtención de la pensión gracia, cuando ya ésta había sido zanjada en el 2016.
Luego entonces, se impone una carga desproporcionada que hace nugatorios los
derechos fundamentales invocados de una persona como yo, vulnerable de la
tercera edad, hoy ya con 69 años, viviendo en los últimos años de mi vida e
intentando obtener el derecho que me corresponde desde hace más de 10 años en
un proceso que vale recordar, es meramente declarativo y no constitutivo (…)”9.
Por último, frente al desconocimiento del precedente, la accionante aseveró que el
tribunal accionado incurrió en dicho yerro, debido a que: i) no se deben revivir temas
ya resueltos en las etapas procesales correspondientes, y ii) no es obligatorio exigir
el agotamiento de recursos en sede administrativa cuando se trata de garantías
irrenunciables, como el derecho a la pensión, o cuando están involucrados sujetos
de especial protección constitucional.
Al efecto, hizo referencia a dos decisiones judiciales que, bajo su consideración,
respaldan lo planteado. Por una parte, citó la sentencia del 2 de julio de 2020
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
4
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proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 80129 01 y sostuvo
que “(…) si este análisis se aplica en un asunto en que se debate sobre el alcance
de una determinación disciplinaria, con mayores veras y más flexibilidad en favor
del alegado beneficiario de una pensión, debía atenderse en mi caso (…)”10; y por
otra, citó la sentencia del 15 de mayo de 2019 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000
2018 01268 01 y arguyó que “(…) es evidente que, ni siquiera el criterio sobre la
necesidad de agotamiento del requisito de procedibilidad de interposición de
recursos contra la Resolución No RDP023227 del 2 de junio de 2017 en sede
administrativa, debía exigirse pues se remarca con riesgo a fatiga, que, en mi caso,
se trata de una pensión vitalicia y, además, soy un sujeto de especial protección
constitucional al ser una persona de la tercera edad, por lo que era
desproporcionado requerirlo (…)”11.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 11 de julio de 202512 a través de la ventanilla virtual de
esta Corporación y correspondió por reparto a la Sección Quinta del Consejo de
Estado que por auto del 15 de julio de 202513 la admitió y dispuso notificar14 al
Tribunal Administrativo del Magdalena, como parte accionada, y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, como tercero con interés.
De igual forma, requirió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa
Marta y al Tribunal Administrativo del Magdalena para que allegaran copia digital o
el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso identificado
con el radicado nro. 47001 33 33 004 2018 00177 00/01, el cual fue remitido15.
3.2. La subdirectora de defensa judicial pensional de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
• UGPP allegó escrito16 en el que solicitó que se desvincule a dicha entidad del
presente trámite tutelar.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04299 00.
13 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04299 00.
14 Esta orden se cumplió el 16 de julio de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04299 00.
15 Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2025 04299 00.
16 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04299 00.
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Señaló que “(…) NO existe prueba siquiera sumaria en la que se evidencie que la
UGPP, entidad a la que represento, haya estado o se encuentre inmersa en
vulneración alguna a los derechos reclamados por la parte accionante, puesto que
no se registra la presentación de petición alguna y menos a hoy que tengamos
obligaciones por cumplir por razones de cumplimiento a órdenes judiciales
derivadas del proceso contencioso rad. 47001333300420180017701 (…)”.
Anotó que “(…) la UGPP no puede ser sujeto pasivo de la acción de tutela, pues del
escrito de tutela los hechos hacen referencia a la inconformidad de la accionante
con la resolución judicial de 9 de abril de 2024 por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, encontrándose así esta Unidad en una
evidente ausencia de legitimación en la causa por pasiva (…)”.
3.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Santa Marta remitieron copia del expediente digital del
proceso ordinario solicitado; sin embargo, no se pronunciaron sobre los hechos y
las pretensiones de la acción de tutela.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de agosto de 202517,
negó la solicitud de desvinculación elevada por la UGPP y declaró improcedente la
solicitud de amparo por no superar el requisito general de relevancia constitucional
debido a que las inconformidades expuestas por la accionante “no contienen la
carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto
requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la identidad o
trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales”.
Manifestó que, si bien la actora alegó la configuración de los defectos procedimental
absoluto, fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente, no lo hizo desde la perspectiva constitucional según lo establecido por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, debido a que el debate
planteado tiene como objeto refutar las consideraciones de la autoridad judicial
accionada más allá de exponer una presunta transgresión de sus derechos
fundamentales.
Indicó que “(…) la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas
prerrogativas superiores no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez
de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo
que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o
goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador
17 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
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judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales (…)”.
Precisó que “(…) [l]a carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte
Constitucional no se satisface simplemente con enunciar y transcribir artículos de la
Constitución Política para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor
comprende un ejercicio argumentativo mucho más profundo. En el escrito contentivo
de la tutela, se advierte el reparo a la decisión de segunda instancia a partir de la
configuración de determinados defectos, pero huérfano de una línea conceptual ius
fundamental que permita al juez desarrollar, interpretar o aplicar la carta política
respecto al caso concreto (…)”.
Explicó que, “(…) en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez del amparo inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las
consideraciones de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho
extremo procesal frente a la apreciación de las pruebas del proceso contencioso
expuestos en la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste de un indebido e
irracional estudio por parte de la autoridad judicial atentaría contra el principio de
autonomía judicial y, así se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia (…)”.
Adujo que “(…) la parte demandante busca en este escenario judicial que el juez
constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación y
valoración legal y de las pruebas arrimadas al proceso, entre estas, el escrito de la
demanda, el poder y los actos administrativos allegados, en la forma que a ella le
parece «correcta». En otros términos, pretende a través del mecanismo
constitucional crear una instancia adicional, en la que se realice nuevamente un
estudio y análisis del expediente, así como de las normas relativas a los requisitos
de procedibilidad y, además, obtener una decisión favorable (…)”.
Sostuvo que “(…) los reparos que planteó la tutelante, tienen como finalidad la
imposición de su criterio hermenéutico sobre el que primó para el juez de segunda
instancia, especialmente sobre el cumplimiento del requisito de procedibilidad
previsto en el numeral 2º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, respecto de la
Resolución RDP 023227 de 2 de junio de 2017, que le negó por segunda vez el
reconocimiento y pago de la pensión gracia (…)”.
Advirtió que el tribunal accionado, en la sentencia cuestionada señaló que la
excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad constituye una
figura autónoma, diferente de la ineptitud de la demanda por incumplimiento de los
requisitos formales, prevista en el numeral 5, artículo 100 del Código General del
Proceso.
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Resaltó que “la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que,
en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela;
máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado por
la señora Mirjan Cecilia busca mutar el amparo constitucional en una tercera
instancia”.
Agregó que “(…) el juez constitucional no está instituido como órgano de control de
las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los procesos, los cuales
se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador. De
avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial (…)”.
Anotó que “(…) aun cuando la accionante alegó ser una persona de la tercera edad,
para lo cual señaló tener 69 años, lo cierto es que, tal edad la ubica es como una
adulta mayor, y en ese orden, está condición no permite que el juez constitucional
soslaye el estudio de los requisitos de procedibilidad del mecanismo de amparo,
máxime cuando, como en este caso, se interpone contra una decisión judicial (…)”.
Finalmente, expuso que en el asunto bajo examen no se evidencia un perjuicio
irremediable debido a que la señora Moya Pianeta cuenta con una pensión de
jubilación otorgada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), por lo que no se encuentra en una situación de desamparo o de alguna
circunstancia que amenace su vida o su mínimo vital.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó18
manifestando, inicialmente, lo siguiente:
“[…] II. Razones de la impugnación.
(…)
(…) se omite que en la solicitud de amparo no solo en el acápite de
relevancia constitucional se invocan los derechos de raigambre
constitucional «al acceso a la administración de justicia, protección a
personas de la tercera edad como sujetos especiales de protección, la
seguridad social, el mínimo vital, la dignidad humana, el debido proceso y el
principio de prevalencia de la realidad sobre las formalidades» sino que se
destaca, se involucra un derecho mínimo e irrenunciable como lo es una
pensión vitalicia (CC SU0562025) y que, soy una persona vulnerable por mi
condición de adulto mayor.
Y lo previo, contrario a lo discurrido por el fallador de primer grado, no se
hace de manera simple o vaga, tratando de debatir el derecho como si se
18 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
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tratara de una tercera instancia, sino que fue soportado con la carga
argumentativa y explicativa en mi condición de accionante, en todo el escrito
de tutela en un amplio escenario de razones donde en concreto, frente a los
derechos fundamentales invocados se advirtió y aquí se refuerza que:
i) En el caso que nos ocupa, se reclama el reconocimiento de una
pensión, la cual bien ha dicho la corte constitucional y me aplica
«asegura la manutención de las personas y por ende, podría
desencadenar una eventual vulneración del derecho al mínimo
vital. Por tanto, el debate planteado no compromete derechos
de contenido económico y naturaleza legal, sino que afecta un
derecho de carácter fundamental cuya violación implicaría
consecuencias gravosas para su titular» (CC T010-2022).
Digo que me aplica, porque en sentido contrario a la presunción del a quo
sobre que mi mera condición de pensionada por jubilación proscribía un
posible acaecimiento de un perjuicio irremediable, realmente desconoce que
no me he retirado del servicio, luego entonces no percibo la prestación que
alude. Pero más allá de esto, ese escenario o en el que me encuentro
actualmente, no reducen el hecho de que la pensión gracia, reviste un
derecho constitucional irrenunciable a la seguridad social pensional que al
dejarse de percibir, SÍ AFECTA MI MÍNIMO VITAL pues la prestación
perseguida, ayudaría a equilibrar mis agravadas finanzas, que como puede
observarse de los extractos bancarios y mi desprendible de nómina anexos
a este escrito, por mis deudas actuales debo cubrir pagos mensuales
mínimos de $3.077.709, a lo que debo sumar gastos mínimos de
supervivencia como alimentación del hogar ($1.000.000), servicios públicos
domiciliarios ($650.000), transporte ($350.000) para un total de $5.077.709,
frente a un sueldo y/o ingreso que luego de descuentos alcanza si acaso a
un promedio mensual de $2.887.824, lo que se reduce significativamente a
un 75% una vez materialice mi jubilación en unos cortos meses por retiro
forzoso, arrojando un promedio de $2.165.868.
En concreto, puedo decir con abierta transparencia su señoría que sin mi
pensión gracia, no solo se vería afectado mi mínimo vital actualmente, sino
que, en poco tiempo, se vería agravado, materializando el perjuicio
irremediable que dice el a quo no se corroboró.
(…)
Y como bien se vio su señoría, la pensión gracia procurada no es menor,
pues no deja de ser una pensión, aunque esté pendiente de percibir la de
jubilación, comoquiera que, en últimas, necesito las dos para actualmente
sobrevivir con dignidad. Un criterio contrario a tales características no solo
sería reduccionista, sino que disminuiría la connotación constitucional de
una prestación irrenunciable que apenas se persigue vía judicial en un
proceso declarativo y no constitutivo; lo que insisto-, debe aunarse a mi
condición de adulto mayor.
A más de que, sobre el particular, no sobra recordar que el derecho
fundamental al mínimo vital es un derecho fundamental que tiene como
característica ser cualitativo, por lo que supone que cada quien viva de
acuerdo al estatus adquirido durante su vida.
ii) No siendo lo menos, mi condición médica me ubica como una persona en
estado de debilidad manifiesta (CC SU087-2025) porque sufro hoy día de
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Accionante: Mirjan Cecilia Moya Pianeta
«laringitis crónica, hipertrofia de cornetes inferiores, desviación septal,
edema de reinke y reflujo faringolaringeo» los que afectan principalmente a
mis cuerdas vocales, instrumento de labores; y también padezco de
«insuficiencia venosa crónica» causando que las venas de las piernas no
puedan impulsar la sangra (sic) de regreso al corazón de manera efectiva,
causando que esta se acumule, causando dolor intenso, pesadez, o
calambre en las piernas, que empeora de pie, e incluso. Ulceras o heridas
que pueden tardar en sanar, lo que me ha impedido desarrollar mis
funciones adecuadamente, después de 45 años al servicio de la educación,
reduciendo mi fuerza de trabajo e incluso, mi expectativa de vida.
iii) Se explicó transversalmente en el escrito de amparo y acá se extiende y
refuerza sobre la relevancia constitucional, que el Tribunal impone una carga
desproporcionada inaplicable, que hace nugatorios mis derechos
fundamentales como adulto mayor (69 años), en los últimos años de mi vida
intentando obtener desde hace más de una década el derecho constitucional
que me corresponde, que es irrenunciable, desconociéndose así el objetivo
primigenio de los procesos que se ventilan en la jurisdicción contencioso
administrativa, como «la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución y en la Ley y en la preservación del orden jurídico en tanto, no
podría reclamarlo nuevamente aunque ya lo causé; a lo que se agrega un
ápice gravísimo: permitir la materialización de este daño, llevaría a que se
impongan estas barreras inadecuadas a otras personas en una condición
similar a la mía en la jurisdicción que encabeza el Tribunal Administrativo del
Magdalena, en tanto, se dejaría incólume una sentencia dañina, lejana de la
tesis actual consolidada, con alcance y efectos de precedente vertical y
horizontal; lo que a su vez, significa que a mí, se me aplicaron unos criterios
diferentes que impidieron accediera a una justa decisión, en contravía de la
garantía de la igualdad.
iv) La obstaculización desproporcionada para dictar una sentencia de fondo,
como se encontraba obligado el Tribunal, se traduce en una denegación de
justicia que choca abruptamente con la primacía de lo sustancial sobre lo
procedimental, mi condición de adulto mayor y el derecho a la seguridad
social en pensiones y el mínimo vital, que debió el juez natural garantizar
para hacer efectivo el acceso a la administración de justicia, insisto,
pronunciándose de fondo sobre la controversia planteada. En otras
palabras, la situación que me afecta sí goza de relevancia porque se rompe
la garantía de la eficacia jurídica del contenido constitucional vinculante de
los derechos fundamentales invocados, que bien conoce el juez a razón del
principio iura novit curia.
v) Es valioso decir, que el hecho de que esta tutela no procure se dicte por
su parte una sentencia de reemplazo del Tribunal para acceder al derecho,
sino que apenas persiga se dicte una decisión acorde con las reglas de
juego, es un elemento más para corroborar que no es un debate netamente
económico que busque hacer uso de la tutela como una tercera instancia.
Por el contrario, lo que se busca es que se respete mi derecho al ordenársele
al Tribunal que se dicte una sentencia de fondo donde verifique en el buen
uso de su segunda instancia, si me asiste el derecho reconocid[o] por el juez
ordinario de primer grado.
Ello, en últimas no afecta la autonomía judicial, sino que, por el contrario, la
resguarda, en la medida que me permitiría ser beneficiaria de una decisión
con respeto a las reglas vigentes, que es lo mínimo que ha de cuidarse frente
a cada administrado de justicia. De lo contrario, en la práctica escudando en
la autonomía judicial -mal usada- una vulneración tan abrupta como la
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expuesta en sede de tutela, se me discriminaría y aislaría a un criterio
inapropiado de una manera injustificada.
Luego entonces, en abierta contradicción a lo dicho por el fallador de
primer grado de la tutela, en mi caso SÍ hay relevancia constitucional
no solo por la materia pensional y de la seguridad social ante derechos
irrenunciables ligados al acceso a la administración de justicia, sino
que, adquiere relevancia el hecho de que sea un sujeto de especial
protección constitucional por mi edad, situación socioeconómica y las
enfermedades diagnosticadas, que en últimas, me categorizan también
como una persona en estado de debilidad manifiesta (CC SU 087-2025)
aspectos acreditados transversalmente desde un inicio con la acción
impetrada, el expediente aportado y que aquí se refuerzan para ser
tenidas en cuenta, atendiendo las facultades del juez en materia de
tutela […]”. (Mayúsculas, negrillas y subrayas originales del escrito de
impugnación).
Con posterioridad, la parte accionante reiteró lo expuesto en el escrito de tutela
inicial.
5.2. Por auto proferido el 29 de agosto de 2025 se concedió la impugnación19 y la
misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 10 de septiembre de
202520.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad
con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 21,
en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26
de mayo de 201522, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de
202123, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.
080 del 12 de marzo de 201924, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
19 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04299 00.
20 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04299 01.
21 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente
la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá
solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes
a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo
cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
22 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
23 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela".
24 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado
el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente25:
6.2.1. La señora Mirjan Cecilia Moya Pianeta, actuando por conducto de apoderado,
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, pretendiendo que se declarara la nulidad “del Acto
Administrativo No. RDP 023227 de fecha 02 de junio de 2017 (…) por medio de la
cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia”.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la entidad
demandada al reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de jubilación gracia, en
cuantía del 75% de promedio de lo devengado por concepto de salarios y demás
factores salariales en el último año de servicios.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Santa Marta que, por auto del 18 de julio de 2018 la inadmitió.
6.2.3. El apoderado de la parte demandante allegó escrito en el que señaló lo
siguiente:
“[…] me dirijo a Usted de manera respetuosa, (…) para subsanar la
demanda (…) de la siguiente manera:
1- En cuanto al recurso de reposición mencionado en los hechos de la
presente demanda, el cual no se anexo (sic) a la demanda por un error
involuntario; Por lo anterior aporto fotocopia del recurso de reposición
presentado por mi poderdante de fecha 23 de mayo de 2016, con la
constancia de recibido de la UGPP. Se anexan 3 folios.
2- Con respecto al acápite de pretensiones – Declaraciones y Condenas (…)
subsano la demanda y a la vez íntegro (sic) al expediente los actos
administrativos enunciados (…), de la siguiente manera:
PRETENSIONES
DECLARACIONES
Además del acto administrativo enunciado en la demanda, Declarar la
Nulidad de los Actos Administrativos en su orden nro. - RDP 017087 de 27
de abril de 2016 “Por la cual se niega el reconocimiento y pago de una
pensión mensual vitalicia de jubilación gracia” - RDP 031091 de fecha 24 de
25 Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 47001 33 33 004 2018 00177 00/01. Visto en los índices 9
y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
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agosto de 2016 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra
de la resolución No 017087 de 27 de abril de 2016”, - RDP 032420 de 31 de
agosto de 2016 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra
de la resolución No 017087 de 27 de abril de 2016”, Actos administrativos
emanados de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP”
CONDENAS
Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
1. Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP, le reconozca
y pague la pensión vitalicia de jubilación gracia a la señora MIRJAN CECILIA
MOYA PIANETA, a partir del día siguiente a aquel en el que cumplió los
requisitos de ley para ello, en cuantía del setenta y cinco (75%) por ciento
de promedio de lo devengado por concepto de salarios y demás factores
salariales en el último año de servicios inmediatamente anterior del status
de pensionado.
Por todo lo anterior subsano la demanda dentro del término de ley, así
mismo le ruego al señor Juez, de manera respetuosa admitir la presente
demanda […]”.
6.2.4. Por auto del 29 de noviembre de 2018, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Santa Marta admitió la demanda.
6.2.5. En sentencia del 13 de febrero de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Santa Marta resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones RDP 017087
del 27 de abril de 2016, RDP 031091 del 24 de agosto de 2016, RDP 032420
del 31 de agosto de 2016 y RDP 023227 de fecha 02 de junio de 2017,
proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social- UGPP, reconocer la pensión gracia de jubilación a
la señora MIRJAN CECILIA MOYA PIANETA, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 39.007.580 de ponedera, a partir del 30 de junio de 2015,
con el 75% del promedio de los factores de salario por ella devengados en
el último año anterior a la adquisición del status de pensionada.
TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción
propuesta por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia […]”.
6.2.6. Inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación
y el Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 9 de abril de 2025 la
revocó y, en su lugar, dispuso “DECLARAR probada la excepción de falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata el numeral 2º del artículo
161 de la Ley 1437 de 2011, atinente al ejercicio de los recursos que de acuerdo
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con la Ley fueren obligatorios, de conformidad a las consideraciones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia”.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por la accionante en el
escrito de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito
general de relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el
(ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”26.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro
modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver
al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen
del requisito de relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional
ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la
sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.
26 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De
manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el
tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que27 “la tutela no es una
instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según
la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales no da lugar
a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se
enfatiza- a problemas de carácter legal”. (Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se
expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la
acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o
reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la
interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente
que este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría
desconociendo la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
27 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, comoquiera que, la solicitud de amparo está siendo utilizada por la parte
accionante para reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 47001 33 33 004 2018
00177 00/01, y controvertir lo decidido por el tribunal accionado en la sentencia
reprochada.
Para ello, tanto en el escrito de tutela como en la impugnación, aseveró que “(…) el
Tribunal incurre en una indebida apreciación de los elementos de convicción, pues
aterriza sus afirmaciones apenas en que la Resolución No RDP023227 de fecha 2
de junio de 2017 emitida por la UGPP que negó por segunda vez el otorgamiento
de la pensión gracia, no fue recurrida en sede administrativa, dejando de lado el
alcance de la actuación administrativa surtida frente a las Resoluciones Nos
RDP017087 del 27 de abril de 2016 que niega el reconocimiento de la pensión
gracia, RDP 031091 de fecha 24 de agosto de 2016 que resuelve la reposición
desfavorablemente y la RDP 032420 del 31 de agosto de 2016 que confirma la
inicial, de lo que surge claro, se agotaron todos los recursos. Al efecto se insiste que
estos fueron debidamente demandados e incorporados al plenario incluso desde la
radicación de la demanda inicial y su subsanación (…)”28.
Al respecto, el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia de segunda
instancia acusada, explicó lo siguiente:
“[…] Sobre el particular se tiene que, mediante memorial poder presentado
ante la Notaría Única del Municipio de El Banco, la señora Mirjan Cecilia
Moya Pianeta otorgó poder especial, amplio y suficiente al doctor Wilson
Aguilar López para la presentación de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP a efectos que se declare la nulidad del acto administrativo No
RDP023227 de fecha 2 de junio de 2017, por la cual se niega el
reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia.
En efecto, al presentar la demanda, el profesional del derecho solicitó
únicamente la nulidad de la Resolución RDP 023227 del 2 de junio de 2017,
sin embargo, en el relato de hechos se refirió a unos actos administrativos
previos, expedidos en el año 2016, que en su orden se pronunció en forma
negativa respecto de la solicitud de reconocimiento de pensión gracia
(Resolución No RDP 017087 del 27 de abril de 2016, resolvió el recurso de
reposición (Resolución No RDP 031091 del 24 de agosto de 2016 y el que
resolvió el recurso de apelación. (Resolución No 017087 del 27 de abril de
2016)
Así las cosas, el juez administrativo mediante auto del 18 de julio de 2018
inadmite el medio de control señalando a la accionante que no existe
evidencia en el expediente del recurso interpuesto en contra del acto
28 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04299 00.
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administrativo demandado, esto es, la Resolución No RDP 023227 del 2 de
junio de 2017, advirtiéndole en relación del contenido del artículo 76 del
CPACA según el cual el recurso de apelación, cuando sea procedente, es
obligatorio.
En respuesta, la parte actora modifica el acápite de pretensiones (…).
Así la[s] cosas, pese a que lo solicitado fue la acreditación de la interposición
de recursos en contra de la Resolución No RDP 023227 del 2 de junio de
2017, la parte demandante no acreditó la interposición de recurso alguno en
contra del acto administrativo objeto de anulación, sino que incluyó otros
proferidos en actuación administrativa previa.
Con todo y ello, el juez, admitió la demanda.
Al contestar la demanda, el apoderado de la UGPP propone, como
excepción previa, la ineptitud de la demanda por indebido agotamiento de la
actuación administrativa - indebida individualización de los actos acusados
señalando que, contra el acto acusado, esto es, la Resolución No
RDP023227 del 2 de junio de 2017 procedía el recurso de apelación y al no
ser interpuesto, la actuación administrativa no se agotó en debida forma. De
igual forma pone de presente el artículo 161 del CPACA en los que tiene
que ver con la obligatoriedad de interponer el recurso obligatorio como
requisito previo para acudir a la jurisdicción.
Mediante auto del 14 de junio de 2020, el Juez Cuarto Administrativo se
pronuncia en relación con la excepción de falta de competencia ordenando
la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena, quien
no lo avoca y ordena su devolución.
Luego, a través de la providencia fechada 5 de septiembre de 2022, el
Juzgado Cuarto Administrativo considera que el proceso cumple los
parámetros para dictar sentencia anticipada y previo a impartir las
ordenaciones para el agotamiento de dicho trámite se pronuncia sobre la
excepción pendiente de resolver, indicando que en efecto la demanda fue
inadmitida al percatarse el despacho que la parte actora no acreditó la
interposición de recursos contra el acto acusado y afirma que tal yerro fue
subsanado con la presentación del escrito contentivo del recurso de
reposición de fecha 26 de mayo de 2016.
Observa la Sala como se anotó previamente, que con la aportación de dicho
recurso no se subsanó la falencia anotada toda vez que el recurso
presentado en el año 2016 lo fue contra la Resolución No RDP 031091 de
fecha 24 de agosto de 2016, acto administrativo que solo se incluyó en el
acápite de pretensiones, con la subsanación.
Nótese, como se señaló anteriormente, que en el poder otorgado y en la
demanda inicial únicamente se mencionó como acto acusado la Resolución
No RDP023227 del 2 de junio de 2017, acto administrativo sobre el cual no
se presentaron recursos como bien lo advirtió el juez al momento de la
inadmisión.
Ahora, al resolver la excepción, comete el error de tener por acreditado el
requisito de procedibilidad con la presentación de un recurso que claramente
se interpuso dentro de otra actuación administrativa, específicamente contra
la Resolución No RDP 031091 de fecha 24 de agosto de 2016.
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Al respecto precisa la Sala que, en efecto, el artículo 161 de la ley 1437 de
2011 establece los requisitos previos que deben cumplir los interesados para
poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
(…)
También es sabido, que el legislador en [el] mismo estatuto dispuso en el
artículo 76 que el recurso de apelación podrá interponerse directamente o
como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para
acceder a la jurisdicción.
(…)
Así entonces, queda claro que la excepción de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad constituye una excepción autónoma diferente de
la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales a que alude el
numeral 5 del artículo 100 del CGP, pues el requisito de procedibilidad no
está contemplado en los artículos 162, 163 y 165 de la Ley 1437 de 2011.
Ahora bien, precisa el Tribunal que independientemente de la denominación
que se utilice, lo cierto es que el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437
de 2011, establece que, para demandar un acto administrativo de contenido
particular y concreto como es el caso que nos ocupa -, es necesario haberse
ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios.
Se encuentra probado en el expediente que la señora Mirjan Moya
únicamente confirió poder para demandar la nulidad de la Resolución No
RDP023227 del 2 de junio de 2017, que al advertir el juez de primera
instancia que no se encontraba acreditado el requisito de procedibilidad,
esto es la interposición del recurso obligatorio inadmitió la demanda, pero al
momento de subsanar la parte actora no pudiendo cumplir la carga anterior,
solicitó la nulidad de otro acto administrativo proferido con ocasión de una
petición anterior, frente al cual si había agotado el requisito de
procedibilidad, incurriendo en error el juez al tener por cumplido el requisito.
La accionada advierte la situación en el escrito de contestación de demanda,
la reitera en su alegato final y sin embargo, el juez de primera instancia pasa
por alto tales pronunciamientos y procede a declarar la nulidad de los actos
administrativos, incluida la Resolución No RDP023227 del 2 de junio de
2017, frente a la cual no se agotó requisito de procedibilidad y que
corresponde al último pronunciamiento emitido por la entidad sobre la
petición presentada el 27 de febrero de 2017 con la que aportó nuevos
documentos tales como el certificado laboral consecutivo 52 de fecha 10 de
noviembre de 2016 en formato I establecido por el Ministerio de Hacienda
(…).
(…)
De conformidad con todo lo expuesto, en el presente asunto, es claro que la
señora MIRJAN CECILIA MOYA PIANETA no interpuso el recurso de
apelación ante el Subdirector de determinación de derechos pensionales, el
cual fue indicado expresamente en el acto demandado, por lo cual era
obligatorio la presentación del mismo, antes de acudir ante esta jurisdicción,
es decir, se encuentra probada la excepción de falta de requisito de
agotamiento del requisito de procedibilidad contemplado en el numeral 02
del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual habrá lugar a
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Accionante: Mirjan Cecilia Moya Pianeta
revocar la sentencia de primera instancia, tal y como se hará constar en la
parte resolutiva de esta providencia […]”. [Mayúsculas, negrillas y resaltados
originales de la providencia].
Bajo dicho contexto, la Sala observa que la accionante está utilizando la acción de
tutela como una instancia o recurso adicional para cuestionar lo resuelto por el juez
natural de la causa, frente a la decisión de declarar probada la excepción de falta
de agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata el numeral 2 del artículo
161 de la Ley 1437 de 2011, por lo que se concluye que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional aludida en precedencia, la petición de amparo no
cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones,
las excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la
decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de
la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley,
en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un
pronunciamiento por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando
además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley
para pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto,
con el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre
las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le
fueron planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido
sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales; y no es el juez de
constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular,
rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Por otro lado, en el escrito de impugnación, la accionante también expuso que “(…)
puedo decir con abierta transparencia su señoría que sin mi pensión gracia, no solo
se vería afectado mi mínimo vital actualmente, sino que, en poco tiempo, se vería
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agravado, materializando el perjuicio irremediable que dice el a quo no se corroboró
(…)”. Sobre este argumento, la Sala advierte que la parte accionante no explicó cuál
sería el perjuicio irremediable que se le ocasionaría por el no reconocimiento de la
pensión gracia a la que alega tiene derecho, ni tampoco acreditó su configuración.
Finalmente, tanto en el escrito de tutela, como en la impugnación, la accionante
alegó que su condición médica la ubica como una persona en estado de debilidad
manifiesta, por lo que estima es un sujeto de especial protección constitucional.
Sin embargo, la Sala advierte que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional porque pretende convertir este proceso en una tercera
instancia. Conforme lo expuesto, la Sala concluye que la acción de tutela es
improcedente por cuanto no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, por lo que se confirmará el fallo proferido el 14 de agosto de 2025
por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 14 de agosto de 2025 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, según lo explicado en precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los
artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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