Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00143-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00143-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00143-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
8 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00143-01
Accionantes: Lina Vanesa Torres Quiroga y otros
Se revoca la decisión de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. ocho (8) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00143-01
Accionantes: Lina Vanesa Torres Quiroga y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Acto de ejecución / Inepta demanda / Defecto sustantivo / Defecto fáctico / Se
revoca la decisión de primera instancia que rechazó por improcedente la acción de tutela y,
en su lugar, se concede el amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 12 de
febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
mediante la cual se rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por
Lina Vanesa Torres Quiroga, Leonor Vega Garzón y Julio César Aranda contra la
sentencia del 26 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Accionantes: Lina Vanesa Torres Quiroga y otros
Se revoca la decisión de primera instancia
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 12 de enero de 2024 los señores Lina Vanesa Torres Quiroga, Leonor Vega
Garzón y Julio César Aranda presentaron, en nombre propio, una acción de tutela
para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad y vida digna. Los accionantes
consideran que esas garantías constitucionales fueron vulneradas por la sentencia
del 16 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-34-004-2015-00464-03,
adelantado por los actores contra la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. En
dicha decisión se revocó la providencia de primera instancia que había accedido
parcialmente a las pretensiones de demanda y, en su lugar, se negaron las
pretensiones.
2.- Como pretensiones, los accionantes formularon las siguientes (se transcribe):
<<1.- Se amparen los derechos fundamentales vulnerados por las accionadas y
establecidos en el presente escrito.
2.- Que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A,
que en el término de 48 horas dé cumplimiento a su decisión y proceda a emitir
decisión de segunda instancia garantizando los derechos fundamentales de quienes
suscribimos la presente acción de tutela.
3.- En su defecto, si así lo considera el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
proceda a modificar la sentencia de segunda instancia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA>>.
B. Hechos
3.- El señor Moisés Borbón Nova presentó una acción de tutela1 contra la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá porque no fue aprobada la cancelación y reposición
de 33 cupos de vehículos de servicio público tipo taxi, pues conforme a lo
establecido en el Decreto 613 de 1993, en Bogotá es necesario retirar un vehículo
de servicio público viejo para matricular uno nuevo.
1 Radicado 11001-40-03-026-2013-01497-00.
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Accionantes: Lina Vanesa Torres Quiroga y otros
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3.1.- Mediante sentencia del 30 de octubre de 2013 el Juzgado 26 Civil Municipal
de Bogotá negó el amparo. Dicha decisión fue confirmada el 12 de diciembre de
2013 por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá.
3.1.1.- No obstante, mediante oficio 15-0386 de 2013 la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá fue notificada de la existencia de una presunta sentencia
proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, a través de la cual se
revocaba la sentencia de tutela del 30 de octubre de 2013 y, en su lugar, se
concedía el amparo y se ordenaba tramitar la cancelación de matrícula y reposición
de los 33 vehículos tipo taxi.
3.1.2.- Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá dio
cumplimiento a dicha decisión y aprobó la cancelación y reposición de los vehículos
solicitados. Respecto de los vehículos TUP733 y WEX071 de propiedad de los
accionantes, profirió los actos administrativos de (i) elaboración de tarjeta de
operación por primera vez; (ii) elaboración de tarjeta de operación cambio de
empresa; (iii) transición censo taxi; (iv) traspaso, inscripción de prenda, certificado
de tradición; (v) tarjeta de operación múltiple.
3.1.3.- La señora Leonor Vega Garzón y el señor Julio César Aranda -aquí
accionantes- adquirieron el vehículo taxi de placas TUP733 en virtud del contrato
de compraventa celebrado el 25 de marzo de 2014 con la empresa Mesautos y Cía.
S. en C. A su vez, el 5 de agosto de 2014 la señora Lina Vanesa Torres Quiroga -
aquí accionante- adquirió el vehículo taxi WEX071, en virtud del contrato de
compraventa celebrado el 5 de agosto de 2014 con la señora Elizabeth Moscoso
Cagua.
3.1.4.- Mediante oficio 774 del 8 de abril de 2015, el secretario del Juzgado 10 Civil
del Circuito informó:
<< (…) Ahora bien, pongo en conocimiento de ustedes la falsedad del oficio No. 15-
0386, pues este no es emitido con los formatos del juzgado, como tampoco la firma
plasmada en él es la del suscrito, el sello no es claro pero por sus rasgos parece ser
diferente del utilizado por nosotros, la secuencia del oficio no concuerda con la que
llevamos y en el archivo del despacho no aparece reporte del auto que se menciona
en éste>>.
3.1.5.- Conocido lo anterior, la Dirección Jurídica del Consorcio SIM ordenó a los
funcionarios de dicha concesión no aprobar ni rechazar los trámites que hubieren
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sido radicados o llegaren a radicarse, relacionados con las 33 placas de la acción
de tutela.
3.1.6.- Mediante auto 43254 de 2015, la Secretaría de Movilidad dejó sin efecto las
actuaciones cumplidas en virtud del fallo presuntamente falsificado, de manera que
revocó el derecho de propiedad, tenencia y la tarjeta de operación de los vehículos
de placas TUP733 y WEX071, entre otros.
3.2.- Los accionantes presentaron una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá para que se declarara
la nulidad del auto 43254 de 2015 y, a título de restablecimiento del derecho, se
admitiera la matrícula y el posterior traspaso como segundos propietarios de los
vehículos de placas TUP733 y WEX071 y se pagaran los perjuicios por concepto de
lucro cesante y daño moral.
3.2.1.- Mediante auto del 5 de diciembre de 2016 el Juzgado 4º Administrativo de
Oralidad de Bogotá, Sección Primera declaró la nulidad de todo lo actuado y
rechazó la demanda, en tanto el acto administrativo demandado no era susceptible
de control jurisdiccional. Dicha decisión fue revocada mediante auto del 27 de abril
de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, el cual indicó que no se trataba de un acto de mera ejecución.
3.2.2.- Por lo anterior, mediante auto del 18 de agosto de 2017 el Juzgado 4º
Administrativo del Circuito de Bogotá revocó el auto que rechazó la demanda y, en
su lugar, admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada
por los actores.
3.3.- Mediante sentencia del 4 de mayo de 2021 el Juzgado 4º Administrativo del
Circuito de Bogotá accedió parcialmente2 a las pretensiones de la demanda. Expuso
que los actos administrativos revocados se referían al registro inicial de los
vehículos de placas WEX071 y TUP733, la elaboración de las tarjetas de operación,
los cambios de empresa, expedición de certificados de tradición, inscripciones de
prenda, traspasos y transiciones en el censo.
3.3.1.- Señaló que los actos administrativos que se expiden respecto del registro
2 Negó lo referente a los daños morales, pues la parte actora no aportó prueba alguna con la que se evidenciara
el dolor, sufrimiento y/o angustia padecida con ocasión del auto atacado.
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inicial de un vehículo taxi, las tarjetas de operación, su renovación, la vinculación a
una empresa de servicio público o su cambio, la traslación del dominio, su inclusión
en censos oficiales y los gravámenes que recaen sobre el mismo, son de orden
particular y concreto, pues otorgan derechos de circulación y operación únicamente
en favor del o los propietarios del vehículo, para su publicidad frente a las
autoridades y terceros.
3.3.2.- Expuso que, como para la fecha de expedición del auto 43254 los
accionantes eran propietarios de los vehículos tipo taxi con placas TUP733 y
WEX071, eran los titulares de los derechos contenidos en los actos administrativos
revocados. Añadió que, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la
Ley 1437 de 2011, si la Secretaría Distrital de Movilidad consideraba que los actos
relacionados con dichos vehículos (i) fueron expedidos en manifiesta oposición a la
Constitución Política o a la ley; (ii) no estaban conformes con el interés público o
social o atentaban contra él y/o (iii) con ellos se causó un agravio injustificado a una
persona, debió pedir el consentimiento expreso y escrito a los demandantes para
revocarlos.
3.3.3.- Sin embargo, en el expediente no obraba prueba alguna que evidenciara que
la Secretaría Distrital de Movilidad hubiese realizado tal procedimiento y tampoco
se alegó por parte de dicha entidad la existencia de alguna norma que la habilitara
excepcionalmente a revocar los actos de carácter particular y concreto, sin la
autorización previa de sus destinatarios.
3.3.4.- Añadió que si la Administración consideraba que los actos administrativos
revocados surgieron de medios fraudulentos e ilegales, debía demandarlos y pedir
su suspensión provisional, como lo establece el artículo 97 de la Ley 1497 de 2011.
3.4.- La parte demandada3 y los demandantes4 apelaron la anterior decisión.
Mediante sentencia del 16 de noviembre de 2023 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
3.4.1.- El tribunal señaló que el auto 43254 de 2015 es un acto administrativo de
3 Señaló que el auto 43254 de 2014 no era susceptible de recurso alguno, así como tampoco de control
jurisdiccional, por tratarse de un acto administrativo de ejecución que solamente dio cumplimiento a una orden
judicial.
4 Apelaron lo referente al daño moral.
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Accionantes: Lina Vanesa Torres Quiroga y otros
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ejecución mediante el cual la Administración Distrital realizó un control de legalidad
sobre sus actuaciones. Expuso que dicho auto tuvo como fundamento la sentencia
de tutela legítima de segunda instancia proferida por el Juzgado 10 Civil del Circuito,
en donde, al confirmarse la sentencia de tutela de primera instancia, no se ordenaba
conceder el derecho de reposición de los 33 vehículos tipo taxi.
3.4.2.- El tribunal añadió que los actos administrativos que se expidieron con
fundamento en la sentencia falsa debían ser inmediatamente dejados sin efectos
por parte de la Administración Distrital. Concluyó que en el proceso existió una
inepta demanda al haberse pretendido la nulidad de un acto de ejecución que no se
encontraba sujeto al control jurisdicción, pues solo los actos definitivos o principales
son susceptibles de ser demandados.
3.4.3.- Indicó que el auto 42354 de 2015 no es un acto administrativo definitivo, sino
simplemente un acto administrativo que se limitó a ejecutar la orden implícita que
existió en el momento en que la Administración Distrital tuvo conocimiento del error
en el que incurrió como consecuencia de una sentencia falsificada.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Los accionantes señalan que:
4.1.- La autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, pues la Ley
1437 de 2011 establece que no se pueden revocar actos de carácter particular y
concreto, <<ni siquiera cuando se han conseguido a través de medios ilegales o
fraudulentos>>.
4.2.- Exponen que el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá no dio la orden de
revocar o dejar sin efectos las tarjetas de operación.
4.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011,
una vez conocida la posible actuación ilegal o fraudulenta, la Secretaría de
Movilidad debía demandar el acto administrativo, pero no revocarlo directamente.
4.4.- Se omitió la valoración de la audiencia inicial celebrada el 16 de octubre de
2018, en la que el juez de primera instancia resolvió la excepción de inepta
demanda.
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4.5.- Se incurrió en un defecto fáctico, se omitió <<un escrito del Juez Décimo Civil
del Circuito de Bogotá en el que señaló con claridad que él no había dado orden
alguna de revocar actos o tarjetas de operación de vehículo alguno>>.
4.6.- No se valoraron las sentencias de tutela proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y el Consejo de
Estado, que definieron cuál era la condición del auto 43254 de 2015.
4.7.- No se tuvieron en cuenta los autos proferidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca frente a estos mismos hechos, en los que indicaron que el auto
43254 de 2015 era un acto de carácter definitivo y no de cumplimiento de una orden
judicial.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Juzgado 4º Administrativo de Bogotá (tercero con interés) aportó el expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho.
6.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
(accionado) solicitó que se negara el amparo. Expuso que no vulneró los derechos
fundamentales de los accionantes y que la acción de tutela se encamina a contar
con una instancia adicional para debatir lo resuelto en la providencia de segunda
instancia.
7.- Añadió que la decisión atacada fue tomada conforme a la ley y que el material
probatorio fue suficiente para proferir la sentencia, sin que fuese necesario decretar
pruebas de oficio o pudiera considerarse que las pruebas fueron inobservadas.
8.- El Consorcio Circulemos Digital, en su condición de concesionario de la
Secretaría Distrital Movilidad (tercero con interés) afirmó que se pretende utilizar el
mecanismo constitucional como una tercera instancia, pues la finalidad de la
presente acción de tutela es reabrir el debate sustancial ya zanjado.
9.- La Secretaría Distrital de Movilidad (tercero con interés) solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela, pues para cuestionar la legalidad del fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los accionantes disponen
del recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 del CPACA.
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E. Sentencia impugnada
10.- Mediante sentencia del 12 de febrero de 2024 el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B rechazó por improcedente la acción de tutela. Expuso que
los accionantes disponen de otros instrumentos y escenarios judiciales para que se
estudien, valoren y decidan de fondo los argumentos planteados en la acción de
tutela, pues los mismos se dirigen a cuestionar la validez y efectividad de la
sentencia del 16 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A a partir de situaciones de carácter
procesal.
10.1.- Sostuvo que, debido a la semejanza entre la acción de tutela y el recurso de
revisión cuando se busca proteger el derecho fundamental al debido proceso, la
Corte Constitucional dispuso que el recurso es eficaz cuando la única violación
alegada es el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que
no tienen carácter de fundamental.
10.2.- No obstante lo anterior, los accionantes no acreditaron haber impetrado el
referido recurso ni han realizado actuación alguna para defender sus intereses.
Además, expuso que no se observó la existencia de un perjuicio irremediable que
permitiera conceder el amparo de forma transitoria.
F. Impugnación
11.- Los accionantes impugnan la anterior decisión. Afirman que no alegaron como
transgredidos únicamente su derecho al debido al proceso, sino que, además,
alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna y
acceso a la administración de justicia.
11.1.- Añaden que en el proceso con radicado 11001-33-34-004-2015-00407-04, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en un
caso igual, anuló parcialmente el acto administrativo 43254, por lo que se
transgredió su derecho a la igualdad.
11.2.- Señalan que <<el recurso de revisión no procede y el mismo no es una vía
adecuada para acudir a dicho proceso y tener que esperar otros 9 años para que
sea rechazado>>.
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Se revoca la decisión de primera instancia
11.3.- Reiteran los argumentos referentes al defecto fáctico y el defecto sustantivo.
11.4.- Afirman que la acción de tutela es procedente, pues se demostraron la
arbitrariedad, vías de hecho y la manifiesta y ostensible transgresión del
ordenamiento jurídico.
II. CONSIDERACIONES
12.- La Sala revocará la decisión de primera instancia que rechazó por
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, concederá el amparo del derecho
fundamental al debido proceso de los accionantes, por encontrar configurados los
defectos alegados.
13.- Lo anterior, toda vez que los cargos elevados en el escrito de tutela no se
enmarcan en la causal 5ª del recurso extraordinario de revisión, según lo dispuesto
en el artículo 250 del CPACA. El criterio pacífico de la Sala es que la nulidad a la
cual se refiere la causal 5ª de revisión remite a las causales de nulidad taxativas
listadas en el artículo 133 del Código General del Proceso, dentro de las cuales no
se incluyen las alegadas en el presente proceso de tutela (defecto fáctico y defecto
sustantivo).
G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
14.- Los requisitos generales se cumplen pues (i) los accionantes indicaron de
manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto
es de evidente relevancia constitucional porque se afirma la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad y vida digna y se identificaron los vicios o defectos en los que habría
incurrido la providencia acusada (defecto fáctico y defecto sustantivo); (iii) se
encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque los accionantes utilizaron
todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales; (iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez),
puesto que la sentencia de segunda instancia se notificó el 21 de noviembre de
2023 y la tutela se presentó el 12 de enero de 2024, es decir, dentro del término de
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los seis meses precisado tanto por esta Corporación5 como por la Corte
Constitucional6; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
H. El tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo, pues aplicó
indebidamente el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011
15.- Los accionantes indican que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo, pues se aplicó indebidamente el artículo 97 de la Ley 1437 de
2011, que establece:
<<ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y
CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto
administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría,
no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo
titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario
a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos
lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez
su suspensión provisional (…)>> .
15.1.- En su concepto, al tratarse de un acto particular y concreto, le correspondía
a la Secretaría Distrital de Movilidad demandar el acto administrativo, pero no
revocarlo directamente.
15.2.- La Sala advierte que le asiste razón a los accionantes, pues el auto 43254
del 23 de junio de 2015 revocó los siguientes actos administrativos respecto de los
vehículos de pertenencia de los actores, en los cuales se aprobaron diferentes
trámites:
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Se revoca la decisión de primera instancia
460091140 Registro inicial, concepto
de ingreso
180434259 Elaboración de tarjeta de
TUP733 operación primera vez
180434258 Elaboración de tarjeta de
operación cambio de
empresa
46S00001022 Transición censo taxi
3016709 Traspaso, inscripción de
prenda, certificado de
tradición
460137786 Tarjeta de operación
múltiple
460098420 Registro inicial, concepto
de ingreso
4601096 Elaboración tarjeta de
operación cambio de
empresa
460109682 Elaboración tarjeta de
WEX071 operación primera vez
46S0000196 Transición censo taxi
460132998 Traspaso
460138129 Certificado de tradición
501533208 Traspaso
460329690 Tarjeta de operación
múltiple
501645729 Certificado de tradición
15.3.- La autoridad judicial accionada indicó que el auto 43254 no es susceptible de
recurso alguno, así como tampoco de control jurisdiccional, por tratarse un acto de
ejecución que solamente dio cumplimiento a una orden judicial. No obstante, la
Sala evidencia que el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá no ordenó la
revocatoria de dichos actos administrativos. Por el contrario, en la sentencia de
tutela proferida el 12 de diciembre de 2013 el Juzgado Décimo Civil del Circuito de
Bogotá únicamente confirmó la decisión del 30 de octubre de 2013 que negó el
amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Moisés Borbón
Novoa (quien no obra como actor en la presente tutela).
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15.4.- En dicha acción de tutela, el señor Moisés Borbón Novoa solicitó que se
aprobara la cancelación de matrículas y reposición de 33 cupos de vehículos tipo
taxi. Mediante sentencia del 30 de octubre de 2013 se negó el amparo de los
derechos fundamentales del señor Borbón Novoa y, mediante sentencia del 12 de
diciembre de 2013 se confirmó esa decisión.
15.5.- No obstante, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá fue notificada de
una sentencia falsificada a través de la cual se revocaba la sentencia de tutela del
30 de octubre, por lo que procedió a proferir los actos administrativos enlistados en
precedencia.
15.6.- Una vez el secretario del Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá le informó a
la Secretaría Distrital de Movilidad la falsedad de dicha providencia, junto con la
falsedad del oficio 15-0386 mediante el cual se notificó sobre la existencia de esa
decisión, la Administración profirió el auto 43254 de 2015, mediante el cual dejó sin
efecto los actos administrativos efectuados con ocasión de las solicitudes de trámite
<<que se basaron en la sentencia presuntamente falsificada>>.
15.7.- De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que no le asiste razón a la
autoridad judicial accionada al indicar que el auto 43254 de 2015 ostenta el carácter
de acto de ejecución, pues en este no se dio cumplimiento a ninguna decisión
judicial, en tanto, se reitera, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2013, el
Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá únicamente confirmó la decisión que negó
el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Moisés Borbón
Novoa, pero no ordenó la revocatoria de los anteriores actos administrativos, en los
que se reconoció a favor de los accionantes unos derechos.
15.8.- Así las cosas, la Sala evidencia que el tribunal accionado erró al indicar que
la finalidad perseguida por la Administración no era acudir a la revocatoria directa
para dejar sin efecto los actos proferidos por la misma. En cambio, la Sala evidencia
que no se trata de un acto de ejecución, pues en el auto 43254 de 2015 la Secretaría
Distrital de Movilidad no ejecutó una orden dispuesta en la sentencia de tutela, sino
que revocó las decisiones que adoptó en virtud de la sentencia falsificada.
15.9.- Tales actos administrativos tienen el carácter de particulares y concretos
porque reconocieron derechos a terceros. Por este motivo, la Sala coincide con lo
expuesto por los actores en el escrito de tutela, pues el procedimiento para la
revocatoria directa de los mismos es el previsto en el artículo 97 de la Ley 1437 de
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Accionantes: Lina Vanesa Torres Quiroga y otros
Se revoca la decisión de primera instancia
2011, que establece que (i) estos no podrán ser revocados sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular y (ii) en caso de que la Administración
considere que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, debe demandarlo
sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitar al juez su suspensión
provisional.
15.10.- De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada aplicó indebidamente el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que
concluyó de manera errada que el auto 43254 de 2015 era un acto de ejecución y
no un acto de carácter particular y concreto, y este no podía dejarse sin efectos sin
el consentimiento de los accionantes. En todo caso, la Administración podía
demandarlo directamente como lo establece la mencionada norma.
15.11.- Cabe agregar que como dicho auto modificó la situación jurídica y particular
de los actores, quienes eran propietarios de los vehículos, no se trataba de un acto
de mera ejecución. Adicionalmente, se trata de terceros afectados que adquirieron
los cupos de los taxis antes de la revocatoria de los mismos mediante el referido
auto.
I. Se incurrió en el defecto fáctico alegado, pues la autoridad judicial
accionada no realizó una valoración integral de las pruebas
16.- Los actores indican que en la providencia atacada se incurrió en un defecto
fáctico, pues se omitió la valoración de (i) un escrito mediante el cual el juez Décimo
Civil del Circuito de Bogotá señaló que no había dado orden alguna de revocar acto
administrativo alguno; (ii) las sentencias de tutela proferidas por el Consejo de
Estado, mediante las cuales se definió la condición del auto 43254 de 2015 y la
audiencia inicial en la que se negó la excepción de inepta demanda; (iii) los autos
proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a estos mismos
hechos.
16.1.- La Sala advierte que la autoridad judicial accionada no valoró los referidos
elementos probatorios aportados al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
16.2.- En primer lugar, la Sala advierte que, en efecto, en audiencia inicial celebrada
el 16 de octubre de 2018 el Juzgado 4º Administrativo de Oralidad de Bogotá,
Sección Primera declaró no probada la excepción de inepta demanda. En dicha
audiencia se dispuso que, como existía un pronunciamiento del superior -Tribunal
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00143-01
Accionantes: Lina Vanesa Torres Quiroga y otros
Se revoca la decisión de primera instancia
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A-, en el que se
estableció que el auto 43254 de 2015 es definitivo, no prosperaba tal excepción.
16.3.- Por otra parte, mediante oficio del 23 de junio de 2016, el juez Décimo Civil
del circuito de Bogotá indicó:
<<Este despacho nunca ordenó a la Secretaría de Movilidad o al Consorcio
SIM que dejara sin efecto tarjetas de operación alguna, simplemente fueron ellos
en virtud al parecer de la comunicación realizada por este despacho a través de la
secretaría mediante oficio 774 del 8 de abril de 2015 (…) manifestándoles
tajantemente que el oficio 15-0386 allegado en copia no había sido emitido por este
juzgado, poniéndoles en conocimiento de la presunta falsedad del mismo>> (negrilla
fuera de texto).
16.4.- Sin embargo, lo anterior no fue tenido en cuenta por el tribunal accionado,
pues Este se limitó a indicar que el auto 43254 de 2015 era un acto de ejecución,
pues tuvo como fundamento la sentencia de tutela legítima de segunda instancia
proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito, pese a que el juez indicó
expresamente que no se ordenó que se dejaran sin efecto los actos administrativos
relacionados anteriormente.
16.5.- Finalmente, respecto de las sentencias de tutela proferidas por el Consejo de
Estado, la Sala advierte que, a pesar de que los accionantes indicaron haber
interpuesto acción de tutela contra el auto que rechazó la demanda, lo cierto es que
citaron unas providencias en las cuales no obran como accionantes.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 12 de febrero de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que rechazó por
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, AMPÁRASE el derecho
fundamental al debido proceso de los accionantes.
SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 16 de noviembre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-34-004-2015-00464-04.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00143-01
Accionantes: Lina Vanesa Torres Quiroga y otros
Se revoca la decisión de primera instancia
TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, que dicte, dentro de los diez (10) días siguientes contados
a partir de la notificación de la presente providencia, un fallo que se ajuste a lo
dispuesto en la parte motiva aquí expuesta.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
QUINTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Ausente con permiso
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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