Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04250-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04250-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04250-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
12 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04250-01
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04250-01
Demandante: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“B”
Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Cosa juzgada
constitucional fraudulenta -Fraus omnia corrumpit-. Reglas
precisadas en la jurisprudencia constitucional para su análisis.
Requisito general de relevancia constitucional. Improcedencia
cuando no se ha surtido el trámite de selección y eventual revisión en
la Corte Constitucional y el asunto carece de relevancia
constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora, quien actúa por
conducto de su representante judicial, contra la sentencia del 3 de octubre de
2024, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo porque no encontró configurada una
situación fraudulenta en la sentencia de tutela objetada.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura de los expedientes de tutela y de nulidad y restablecimiento del
derecho se tienen como relevantes los siguientes:
1.1. Relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho (radicado No. 11001-33-34-004-2015-00464-03)
El señor Moisés Borbón Novoa presentó acción de tutela contra la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá en la que afirmó que era propietario de los
“derechos de reposición” de 33 taxis1, de la cual conoció el Juzgado Veintiséis
Civil Municipal de Bogotá que mediante sentencia del 30 de octubre de 2013,
resolvió negar las pretensiones de la demanda. La decisión fue confirmada por el
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá en fallo del 12 de diciembre de 2013.
Mediante Oficio No. 15-0386 de 2013, la Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá fue notificada de una presunta sentencia proferida por el Juzgado Décimo
Civil del Circuito de Bogotá, mediante al cual se revocó la decisión de primera
instancia y, en consecuencia, accedió a las pretensiones de la demanda
ordenando tramitar “la cancelación de matrícula y reposición de los treinta y tres
(33) “cupos” sin que fuera necesaria tarjeta de operación, censo o cualquier otro
requisito adicional”, motivo por el cual, en cumplimiento de la orden, la entidad
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Radicado No. 2024-00143-01.
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Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
habilitó el ingreso al servicio de transporte, entre otros, los vehículos de placas
TUP-733 y WEX-071.
El vehículo de placas TUP-733 fue enajenado a los señores Leonor Vega y Julio
César Aranda en virtud de un contrato de compraventa celebrado con la empresa
Mesautos y Cía. S en C.A y el WEX-071 fue traspasado por su propietaria a la
señora Elizabeth Moscoso Cagua, y esta última lo vendió a la señora Lina
Vanessa Torres Quiroga.
El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá mediante oficio N° 774 del 8 de
abril de 2015, manifestó que el oficio N° 15-0386 de 2013 era falso, ya que el fallo
de segunda instancia emitido dentro de la acción de tutela promovida por el señor
Moisés Borbón Novoa era favorable a la administración Distrital y, por tanto, no
había ordenado efectuar la reposición de los 33 vehículos referenciados en la
solicitud de amparo.
Por lo anterior, la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por
el delito de falsedad material e ideológica en documento público y, a su vez, en
cumplimiento de la orden de tutela que negó las pretensiones de la demanda,
expidió el auto No. 43254 de 2015, por medio del cual revocó el derecho de
propiedad, tenencia y la tarjeta de operación de los vehículos de placas TUP-733
y WEX-071, entre otros.
Los señores Leonor Vega, Julio César Aranda y Lina Vanessa Torres Quiroga
presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, con el fin de que se declarara la
nulidad del Auto N° 43254 de 2015 y, en consecuencia, se reconocieran los
perjuicios causados por lucro cesante y daño moral.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Bogotá, que en sentencia del 4 de mayo de 2021 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad del acto
demandado y reconocer únicamente perjuicios por lucro cesante.
Las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” en
providencia del 16 de noviembre de 2023 la revocó y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda por considerar que el auto demandado era un acto
de ejecución.
1.2. Relacionados con la acción de tutela con radicado No. 2024-00143-01
El 12 de enero de 2024, los señores Julio César Aranda Aranda, Leonor Vega
Garzón y Lina Vanessa Torres Quiroga presentaron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales con la sentencia del 16 de
noviembre de 2023.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia de 12 de
febrero de 2024, “rechazó” por improcedente la acción de tutela por carecer del
requisito de subsidiariedad, toda vez que los accionantes contaban con el recurso
extraordinario de revisión contra la decisión atacada y no se probó la
configuración de un perjuicio irremediable.
Los demandantes impugnaron la anterior decisión y el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B”, en fallo del 8 de julio de 2024 revocó la
sentencia recurrida y, en su lugar, amparó el derecho fundamental al debido
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proceso de los actores, dejó sin efectos la decisión del 16 de noviembre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “A” y ordenó que se profiriera un nuevo fallo teniendo en cuenta las
pruebas obrantes en el expediente, específicamente, el Oficio del 23 de junio de
2016, proferido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, en el que
indica que nunca ordenó a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá que
dejara sin efecto las tarjetas de operación.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, en
cumplimiento de la orden constitucional, profirió sentencia el 25 de julio de 2024,
en el sentido de confirmar el fallo de 4 de mayo de 2021 del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Bogotá, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así
como los principios de legalidad, independencia judicial y de doble instancia,
supuestamente vulnerados con la sentencia del 8 de julio de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, que revocó el fallo
constitucional de primera instancia que “rechazó” por improcedente el amparo
solicitado para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda de tutela y
dispuso dejar sin efectos el fallo del 16 de noviembre de 2023 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” que había
negado las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Hizo referencia a los requisitos generales y específicos de procedencia de la
acción de tutela y afirmó que se cumple lo establecido por la Corte Constitucional
cuando indica que “4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez
o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional”. A lo que agregó que no existe identidad de partes, hechos y
pretensiones.
Sostuvo que el fallo objeto de tutela incurre en violación directa a la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial, porque “sin una
debida justificación, hace procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales puesto que vulnera el debido proceso y el derecho a la igualdad
(Sentencia SU069/18)”.
Precisó que en el presente caso se demuestra de manera clara y suficiente que la
decisión objeto de tutela fue producto de una situación de fraude, en la medida
que atenta contra el orden constitucional y los principios de independencia de los
jueces naturales.
Para el efecto, explicó que Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B,
resolvió de fondo un asunto propio del juez natural, sin tener en cuenta que el juez
de tutela no se encuentra facultado para revisar la legalidad de la decisión judicial
“y mucho menos la aplicación de la ley, pues este es un mecanismo de protección
de derechos fundamentales, no un recurso ordinario contra decisiones judiciales,
tal y como la ha indicado la Corte Constitucional en sentencia SU-949 de 2014”.
Aseveró que la autoridad judicial demandada se extralimitó en sus funciones
como juez constitucional porque en el escrito de tutela se propusieron argumentos
de mera legalidad que no satisfacían la carga argumentativa tendiente a
evidenciar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los actores
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y aún así se accedió a la protección de los derechos fundamentales de los
accionantes.
Afirmó que la sentencia objeto de debate constitucional al ordenar emitir una
nueva providencia en la que se acceda a las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, afecta los activos y derechos que
pertenecen al Estado y a las entidades públicas, como la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá, pues esto implica que se expida un fallo que condena el
proceso administrativo.
Expuso que en la decisión cuestionada se evidencia una divergencia de
interpretaciones de la aplicación de la normatividad toda vez que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, con base en
el acervo probatorio allegado al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
consideró que el acto demandando, era un acto de ejecución en la medida que se
profirió en cumplimiento de una decisión judicial, sin embargo, afirmó que la
autoridad judicial demandada indicó que se había incurrido en defecto fáctico
porque “el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, mediante oficio del 23 de
junio de 2016, señaló que no se ordenó a la Secretaría de Movilidad dejar sin
efecto ninguna tarjeta de operación”, por lo que, en su criterio, “la afirmación
realizada por el Juzgado en oficio del 23 de junio de 2016, no puede ponerse por
encima de una sentencia judicial ejecutoriada dictada dentro de una acción
constitucional, mediante la cual se negaron las pretensiones en el marco de la
tutela presentada por el señor Moisés Borbón Nova”.
Por último, reiteró que la acción de tutela en la que se profirió la decisión acusada
es improcedente, porque carece del requisito de relevancia constitucional toda
vez que se discuten asuntos de mera legalidad bajo la afirmación de supuesta
vulneración de derechos fundamentales y tampoco cumple el presupuesto de
subsidiaridad teniendo en cuenta que los accionantes contaban con el recurso
extraordinario de revisión contra la decisión cuestionada previsto en el artículo
250 de la Ley 1437 de 2011.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental debido proceso judicial.
SEGUNDO: Dejar sin efectos el fallo de segunda instancia proferido en el marco de la
acción de tutela nro. 11001-03-15-000-2024-00143-01 Accionante: Lina Vanessa Torres
Quiroga y Otros Accionado: Tribunal Administrativo De Cundinamarca, Sección Primera.
TERCERO: ORDENAR a la Sección Tercera del Consejo de Estado que dicte, sentencia
de reemplazo en al cual confirme la improcedencia de la acción de tutela Nro. 11001-03-15-
000-2024-00143-01”.
4. Trámite procesal
Por medio de auto del 21 de agosto de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la demanda y ordenó notificar a la parte accionante, a la autoridad
judicial accionada - Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado-,
y ordenó vincular al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, al
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá́ , al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, al Consorcio Circulemos
Digital, y a los señores Julio César Aranda, Lina Vanesa Torres Quiroga y Leonor
Vega Garzón, en calidad de terceros con interés.
A través de auto del 16 de septiembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado dispuso vincular al Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, al
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04250-01
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bogotá y al Consorcio Servicios Integrales
para la Movilidad – SIM, en calidad de terceros con interés.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”
El consejero ponente de la decisión de tutela objetada manifestó que “no
participaré en la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero y
acataré estrictamente las disposiciones que se adopten en ella. Además, se
aclara que el expediente del proceso 11001-03-15-000-2024-00143-00/01 puede
ser consultado en la plataforma Samai”.
5.2. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “B”
El consejero encargado del despacho que profirió la sentencia de primera
instancia en el marco de la acción de tutela con radicado No. 2024-00143-00,
explicó que en providencia de 12 de febrero de 2024, se declaró la improcedencia
del amparo constitucional por considerar que no se cumplía con el requisito de
subsidiariedad, en tanto los accionantes no agotaron el recurso de revisión contra
la decisión acusada. No obstante, agregó que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “B”, en fallo de 8 de julio de 2024 revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, (i) amparar el derecho fundamental al debido
proceso de los demandantes, (ii) dejar sin efecto la providencia cuestionada y (iii)
ordenar al tribunal demandado proferir una nueva decisión al interior del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Afirmó que no se advierte vulneración de los derechos fundamentales de la parte
actora y que lo que se vislumbra es que se acude a este mecanismo con la
intención de convertirlo en una instancia adicional, por lo que solicitó que se
declare su improcedencia o, de manera subsidiaria, se denieguen las
pretensiones de la demanda.
5.3. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”
El magistrado ponente de la sentencia de 25 de julio de 2024, proferida en el
marco del medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho, rindió
informe en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
comoquiera que se dirige contra una decisión de la misma naturaleza, lo que
atenta con el principio de seguridad jurídica.
Explicó que en la acción de tutela objeto de reproche constitucional, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, amparó los derechos fundamentales de
los demandantes porque “consideró que la inscripción en el registro de una
sentencia falsa, produce efectos jurídicos y por lo tanto, la anulación del registro
constituye revocación directa de un acto administrativo que requiere del
consentimiento del titular” y, en ese sentido, preguntó si el delito generaba
derechos, a lo que afirmó que “[e]ra claro y obvio que para nuestra Sala de
Decisión Subsección A de la Sección Primera del TAC no era del caso, en este
caso, dar aplicación a las reglas de la revocación directa de los actos
administrativos, y por esa razón consideró que no era necesario obtener el
consentimiento expreso para dejar sin efecto una sentencia falsificada”.
Puso de ejemplo el caso de la fiscal que falsificó el diploma de abogada y obtuvo
su nombramiento como directora seccional de fiscalías, para indicar si “¿La
autoridad debe pedir el consentimiento a la Fiscal, que ejerce con un diploma falso, la
revocación de su nombramiento, o que consienta en que su diploma y tarjeta profesional
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de abogada es falso? La respuesta es que no, porque el delito no pude generar derecho
alguno”.
Finalmente, precisó que la autoridad judicial demandada señaló que la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá debe mantener el registro hasta cuando los
titulares de derecho consientan la revocatoria del mismo, tesis que adoptó en la
sentencia de reemplazo en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
5.4. Respuesta del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá
El titular del despacho rindió informe en el que indicó que le correspondió resolver
la impugnación de la acción de tutela impetrada por el señor Moisés Borbón
Novoa contra la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y mediante sentencia
de 13 de diciembre de 2013, confirmó la decisión de negar las pretensiones de la
demanda.
Explicó que el proceso se encuentra en el Archivo Central en la caja 320 del año
2016, por lo que pidió a la entidad que se procediera con el desarchivo (allegó
copia de dicha solicitud).
5.5. Respuesta del Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bogotá
La titular del despacho mencionó que en el proceso de tutela con radicado No.
2013-01497-00 profirió sentencia de primera instancia el 30 de octubre de 2013,
en la que negó el amparo constitucional invocado por el señor Moisés Bobón
Novoa, a lo que agregó que la decisión fue confirmada el 12 de diciembre de
2013, por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá.
Señaló que por medio de auto del 14 de febrero de 2020, puso en conocimiento
de las partes la providencia No. 60623 del 14 de noviembre de 2019, “mediante la
cual la Secretaría de Movilidad de Bogotá D.C., da cumplimiento a una orden
judicial” y otorgó acceso al expediente digital.
5.6. Respuesta del Consorcio Circulemos Digital, concesionario de la
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
El abogado de la subgerencia jurídica indicó que es la entidad quien recibe,
imparte trámite y resuelve las peticiones que presentan los ciudadanos que estén
relacionadas con vehículos matriculados en Bogotá, así como las licencias de
conducción cuya expedición y/o renovación se solicite en el Distrito Capital.
Relató que los vehículos de placas TUP-733 y WEX-071 fueron registrados como
taxis “mediante la presunta falsificación de un fallo dentro de la Acción de Tutela de
Radicado donde se le hizo creer a la autoridad de registro (Secretaría Distrital de
Movilidad y el entonces contratista, el Consorcio SIM) que un juez de la república había
ordenado esa inscripción”, por lo que consideró que la autoridad judicial demandada
al ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “A” acceder a las pretensiones del medio de control de nulidad de
restablecimiento del derecho incurrió en vía de hecho, “por cuanto contravino un
principio universal del derecho, según el cual el delito no es fuente de actos
válidos”.
Precisó que los propietarios de los mencionados vehículos han contado con la
posibilidad de reclamar a las personas que les vendieron los automotores y que
“no pueden pretender simplemente que la justicia pase por alto esa ilegalidad y
que convierta en legal, lo que nació de la ilegalidad”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04250-01
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
Afirmó que el presente mecanismo es procedente por cuanto insistió que el delito
no es fuente de derecho de manera tal que “la Administración no estaba obligada a
solicitar consentimiento alguno para dejar sin efecto esos trámites, y tampoco requería
demandarlos, pues procedió en cumplimiento de lo que había sido la verdadera sentencia
de tutela emitida por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá: el negar que la acción de
tutela se utilizará para lograr la reposición de cupos de taxi, fallo que era de obligatorio
cumplimiento y que fue acatado dejando sin efecto los trámites que se habían logrado”.
Para terminar, adujo que no fue vinculada a la acción de tutela con radicado
11001-03- 15-000-2024-00143- 01 por lo que, en su criterio, se incurrió en una
causal de nulidad por la indebida integración del contradictorio.
5.7. Respuesta de Lina Vanessa Torres Quiroga, Leonor Vega Garzón y Julio
César Aranda
Los terceros con interés mencionaron que la Corte Constitucional en la sentencia
SU-1219 de 2001, precisó que por regla general la acción de tutela contra
decisiones de la misma naturaleza no es procedente y que en la SU-627 de 2015,
esa corporación indicó que solo procede cuando: i) se presenta el fenómeno de
cosa juzgada fraudulenta, ii) se cumplan los requisitos genéricos de
procedibilidad, iii) no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada, iv) se demuestre de manera clara y suficiente la situación de fraude
y v) no exista otro medio ordinario o extraordinario.
Sostuvieron que la solicitud de amparo promovida por la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá no cumple los presupuestos para su procedencia, puesto
que: i) no establece la situación de fraude, ii) no explica en qué medida la
autoridad judicial demandada vulneró el derecho fundamental al debido proceso,
iii) no se han agotado los todos los medios de defensa, en tanto no se ha surtido
el trámite de revisión ante al Cortes Constitucional y iv) no se enunció el defecto
en el que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.
Afirmaron que de los hechos planteados en la demanda no se evidencia fraude
alguno, pues los alegatos planteados “son meros comentarios, creencias
invenciones de la MOVILIDAD (…) que demuestra una falta de respeto por la
JUSTICIA”. Agregaron que “este planteamiento se ha debatido en cerca de 6
escenario”, en los procesos con radicados Nos. 11001-03-15-000-2016-02536-00,
1001-33-34-004-2015-00-464-01-02, 1001-33-34-004-2015-00-464-00 y 11001-
03-15-000-2024-00143-00.
Por último, pidieron que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional contra
decisiones de la misma naturaleza.
6. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 3 de octubre de
2024, declaró improcedente la acción de tutela por cuanto no se cumplen los
parámetros excepcionales para la procedencia contra un fallo de la misma
naturaleza, previstos por la Corte Constitucional en las sentencias C-590 de 2005
y SU-627 de 2015.
Luego de referirse a los fundamentos del fallo de tutela objetado, explicó que la
inconformidad de la parte actora radica en la decisión de tutela que revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales
de los señores Lina Vanessa Torres Quiroga, Leonor Vega Garzón y Julio César
Aranda Aranda y ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir una
nueva sentencia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04250-01
Demandante: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
derecho radicado bajo el No. 11001-33-34-004-2015-00464-01, por lo que al
tratarse de un debate contra una sentencia de la misma naturaleza no es
procedente su estudio ya que “la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse en el tiempo de manera indefinida”.
Precisó que, en el presente caso, no se evidencia una situación fraudulenta en la
decisión cuestionada, porque la autoridad judicial accionada determinó que la
providencia acusada había incurrido en defecto fáctico al no valorar el escrito
mediante el cual el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá señaló que no
había dado orden alguna de revocar acto administrativo alguno, por lo que se
observa una inconformidad con lo decidido y no una vulneración de garantías ius
fundamentales, lo cual es insuficiente para que el juez constitucional realice un
estudio de fondo.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la decisión de primera instancia, en escrito que reiteró los
argumentos expresados en el escrito de tutela, relacionados con que el amparo
constitucional cumple los requisitos para su procedencia porque en la decisión
objeto de debate se discutió un asunto de mera legalidad, “de carácter privado y
con efectos estrictamente económicos”, además, porque adolece de relevancia
constitucional y del presupuesto de subsidiariedad.
Insistió en que la primera interpretación realizada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, se ajustó al acervo probatorio allegado al
proceso y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que es la decisión que
debe prevalecer.
Por último, reiteró que se vulneraron los principios de independencia judicial y
doble instancia y se desconoció el precedente judicial contenido en la sentencia
emanada de la Corte Constitucional “SU-949 de 2024”2.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación
presentado por la parte actora, si revoca la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela por desatender los requisitos de
procedencia contra un fallo de la misma naturaleza, y si el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B”, con la sentencia del 8 de julio de 2024, por
medio de la cual revocó el fallo constitucional de primera instancia que “rechazó”
por improcedente el amparo solicitado para, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda y dejó sin efectos la decisión del 16 de noviembre de
2023 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
“A” que había negado las pretensiones del medio de control de nulidad y
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Si bien en el escrito de impugnación mencionan el desconocimiento de la sentencia de la Corte Constitucional SU-949 de
2024, lo cierto es que conforme con el escrito de tutela es la SU-949 de 2014.
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restablecimiento del derecho, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, así como a los principios de
legalidad, independencia judicial y de doble instancia de la accionante, por incurrir
en desconocimiento el precedente judicial contenido en la sentencia SU-949 de
2014 de la Corte Constitucional.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la solicitud de amparo, porque no cumple con los requisitos
excepcionales para la procedencia contra un fallo de la misma naturaleza
previstos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015.
3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza
La Sala, en un primer momento, había sostenido que la acción de tutela contra
fallos de la misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes
sentencias de la Corte Constitucional que tuvieron como sustento la SU-1219 de
2001.
Sobre el particular, esa corporación judicial en la sentencia T-272 de 20143, indicó
“no es procedente la tutela contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría
instituir un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con
anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable
de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii)
se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a
la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues ‘quedaría
indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela
decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para
buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento,
seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos
hasta volver a vencer”’.
Con posterioridad, la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 20154
rectificó su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela
procede contra sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude,
supuesto que se agrega a los dos que habían sido contemplados por la
jurisprudencia: irregularidad grave en el curso de una acción de tutela e incidente
de desacato, con la precisión de que la improcedencia absoluta, sin ninguna
excepción, recae en las sentencias de tutela que dicte la Sala Plena o las Salas
de Revisión de esa Corporación. En esa ocasión, la Corte expresó:
“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii)
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M. P. María Victoria Calle Correa.
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Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.”
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
20185, consideró que la acción de tutela es procedente contra la providencia que
rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al respecto,
sostuvo:
“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela,
sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015, en la que
consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones arbitrarias de los jueces
de tutela, que se hubieran realizado antes o después de proferir el fallo, por lo que este
requisito de procedencia se encuentra superado”.
El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso
concreto y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las
autoridades públicas.
De otra parte, en la sentencia T-322 de 20196, la Corte Constitucional resaltó que
previó a la verificación de la existencia de un fraude, es pertinente constatar si el
fallo de tutela reprochado ya fue objeto de la eventual revisión que le ha sido
atribuida a esa corporación judicial, pues de lo contrario tornaría improcedente la
solicitud de amparo.
Ahora bien, superada la revisión ante la Corte Constitucional, ya sea porque fue
seleccionado o, en su defecto, porque no se seleccionó, le corresponde a la parte
accionante demostrar el fraude en la sentencia de tutela. Sobre este particular, la
Corte Constitucional en la referida sentencia T-322 de 20197, con el fin de
identificar los criterios seguidos por las diferentes Salas de Revisión, precisó de
manera indicativa en qué casos existe una situación de fraude, para lo cual
elaboró el siguiente cuadro:
Jurisprudencia constitucional y cosa juzgada constitucional fraudulenta
Improcedencia Procedencia de la acción de tutela
de la acción
de tutela
• La acción de Condiciones necesarias
tutela no se Actuación prima facie dolosa o Decisión judicial Indicios de la existencia de una
soporta en gravemente culposa. evidentemente incorrecta situación de fraude.
hechos
objetivos (T- Esta calificación puede Esta calificación puede - Evidencia de que el fallo de tutela fue
5
M.P. Carlos Bernal Pulido.
6
M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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951/13). fundamentarse fundamentarse proferido sin que se verificaran las
condiciones de procedibilidad de este
• El accionante - En la decisión de autoridad - En la existencia de una mecanismo excepcional (T-218/12, T-
discrepa sobre competente donde se declare la interpretación normativa 399/13, T-272/14 y T-073/19)
una conducta dolosa del juez (T- abiertamente contraria a los
interpretación 218/12) postulados constitucionales - Ausencia de certeza del derecho
sustantiva o y a la buena fe judicial (T- reconocido (T-218/12, T-399/13)
probatoria (T- - En la apertura de 073/19).
373/14, T- investigaciones disciplinarias o - Protección de un elevado número de
093/18 y T- penales acerca de la - En la afectación del peticionarios, cuya situación individual
470/18) configuración del delito (T- patrimonio público (T- no alcanza a ser debidamente
399/13) 218/12, T-399/13, T-272/14 examinada dentro del término de diez
• Se incumple y T-073/19). (10) días del que dispone el juez para
con la carga de - En la materialización del dolo en decidir (T-272/14).
demostrar la la sentencia judicial (T-218/12, T-
existencia de 951/13, T-373/14, T-427/17 y T- - Se presenta acción de tutela contra
fraudulenta (T- 470/18) una entidad que, por estar sumida en
072/18). un estado de cosas inconstitucional,
presenta una limitada capacidad para
ofrecer respuesta oportuna a las
demandas de sus afiliados y
beneficiarios (T-272/14).
• El cumplimiento del fallo de tutela
proferido en las circunstancias
descritas amenaza el goce efectivo de
derechos fundamentales de terceros
(T-272/14).
• El reconocimiento de una prestación
de forma manifiestamente ilegal.
A partir de lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado que quien pretenda
la revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan
a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y ii) que el fallo de tutela objetado no pueda ser
admitido debido a que resulta evidentemente incorrecto, implicando, además, una
afectación grave del patrimonio público.
Así mismo, “la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos claros,
ciertos, serios y coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia en la
decisión adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que la
afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de manera grave el patrimonio
público). En este sentido, no serán de recibo razones o interpretaciones que obedezcan
al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto
tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional”.
Con todo, la jurisprudencia constitucional ha precisado las subreglas que
determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la providencia
acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional (ii) que la decisión superó el trámite de la revisión ante esa
corporación judicial, es decir, que no hubiera sido seleccionada para revisión y (iii)
que en ésta configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, a partir de las
particularidades mencionadas en precedencia, bajo el cumplimiento de una
importante carga argumentativa que permita demostrar el fraude alegado.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá considera que la sentencia de
tutela del 8 de julio de 2024, mediante la cual la Sección Tercera, Subsección “B”
del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia que había “rechazado”
por improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar, accedió a las pretensiones
de la demanda y dejó sin efectos la decisión del 16 de noviembre de 2023 del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” que
había negado las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento
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del derecho, en el marco de la acción de tutela que promovieron los señores Julio
César Aranda Aranda, Leonor Vega Garzón y Lina Vanessa Torres Quiroga
contra el mencionado tribunal, incurre incurre en violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial, porque “sin una
debida justificación, hace procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales puesto que vulnera el debido proceso y el derecho a la igualdad
(Sentencia SU069/18)”.
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 3 de octubre 2024,
declaró improcedente la solicitud, por no cumplir con los parámetros
excepcionales para la procedencia de la acción constitucional contra un fallo de la
misma naturaleza, en tanto, indicó, no se vislumbra una decisión fraudulenta sino
una inconformidad con lo resuelto por el juez constitucional.
La accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual insistió en los mismos
argumentos expuestos en el escrito de tutela.
4.2. Esta Sala a partir del desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte
Constitucional en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra decisiones de la misma naturaleza por el supuesto de decisión
fraudulenta, mencionado en las consideraciones jurídicas de esta providencia,
estima que en el asunto bajo examen se debe confirmar la improcedencia
declarada por el a quo, porque la sentencia de tutela del 8 de julio de 2024
proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, no ha
superado el trámite de selección y eventual revisión ante la Corte Constitucional,
en los términos precisados en el artículo 86 de la Constitución Política, condición
de procedencia que ha sido precisada por esa corporación.
En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-245 de 20218 indicó
que “la acción de tutela contra sentencias de tutela procede de manera excepcional
cuando se configura el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. Esta última se produce
cuando una acción de tutela no ha sido seleccionada para revisión por la Corte
Constitucional y finaliza el término de insistencia de los magistrados, el Procurador
General de la Nación, el Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. La consecuencia de la exclusión de un caso de la revisión de la Corte es la
firmeza jurídica del último fallo que se haya adoptado en sede de instancia, el cual cobra
entonces ejecutoria formal y material. De este modo, la sentencia mediante la cual se ha
resuelto el asunto concreto hace tránsito a cosa juzgada constitucional”.
Así mismo, destacó que “el carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce
únicamente cuando ha vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando se
ha producido la decisión de revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es
posible hablar de cosa juzgada fraudulenta antes de que ocurran estos hechos,
pues tal estabilidad no se ha alcanzado y aún está pendiente la posibilidad de que
esta Corte Constitucional se pronuncie, revisando las decisiones de instancia”
(subrayas y negrillas por fuera del texto original).
En el asunto bajo examen, la Sala observa que ese trámite de eventual revisión
aún no se ha surtido ante la Corte Constitucional, lo que de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta providencia y en la referida decisión de
unificación, lleva a concluir que aún no se ha configurado la cosa juzgada
fraudulenta, por cuanto está por surtirse ese trámite constitucional que, como se
indicó en la sentencia SU-1219 de 2001 es “un control específico e idóneo de los
fallos de instancia que violan de manera grosera la Constitución, esto es, son una vía de
hecho”, criterio reiterado en la sentencia T-322 de 2019 en la que se indicó que “la
solicitud de revisión ante la Corte sí constituye un mecanismo idóneo para evitar que una
decisión que contraviene los presupuestos constitucionales y/o legales, haga tránsito a
cosa juzgada constitucional”.
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M.P. Diana Fajardo Rivera.
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En efecto, de conformidad con las actuaciones que reposan en el Sistema para la
Gestión Judicial Samai9, se logró constatar que la sentencia objeto de reproche
constitucional proferida el 8 de julio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “B”, fue archivado el 23 de agosto de 2024, y el 29 de
noviembre de 2024 se dispuso la remisión del expediente a la Corte
Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión, lo que se desprende
de la siguiente imagen:
Aunado a ello, el trámite de eventual revisión que se está surtiendo pudo ser
verificado en la página web de la Corte Constitucional10 en la que se evidenció
que la acción de tutela No. 11001-03-15000-2024-00143-00, a la cual le fue
asignado el radicado T-10781477 el 4 de diciembre de 2024, como se muestra a
continuación:
De esta manera, para la Sala la acción de tutela promovida por la parte actora es
improcedente porque para el momento en que se formuló – 14 de agosto de
2024-, aún no se había surtido el trámite de eventual revisión ante la Corte
Constitucional donde la parte actora puede presentar solicitud de revisión de la
sentencia objetada en los términos del artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 53 del Reglamento Interno
(Acuerdo 02 de 2015).
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Sala constata
que la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá no cumplió con la carga
argumentativa mínima y explicativa requerida para que proceda el estudio de
fondo en asunto relacionados con fraude a la ley, pues si bien precisó que la
decisión acusada incurre en violación directa a la Constitución y desconocimiento
del precedente judicial, porque “sin una debida justificación, hace procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales puesto que vulnera el debido
proceso y el derecho a la igualdad (Sentencia SU069/18” y, además, porque el
juez constitucional se extralimitó en sus funciones al estudiar la acción de tutela
que fue presentada con argumentos de mera legalidad propios del juez natural, lo
cierto es que no desarrolló los argumentos a evidenciar un posible defecto, lo que
desatiende el requisito de relevancia constitucional.
En efecto, en el caso la parte demandante no explicó de manera suficiente y
razonable las razones que, en su criterio, demostraban la situación de fraude ni
explicó los motivos por los cuales consideraba que no existía otro medio para
controvertir los fallos de tutela cuestionados.
9
Se verificó en el expediente digital que se encuentra en el siguiente link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202400143011100103
10
Información verificada en la página web:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=NumeroUnico&date3=2019-01-
01&date4=2024-11-28&radi=Radicados&palabra=11001031500020240014300&radi=radicados&todos=%25.
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Así las cosas, no es procedente entrar a realizar el estudio frente a los alegatos
propuestos en este amparo relativos a la configuración de una decisión
supuestamente fraudulenta, en tanto, se reitera, no se cumplió con la carga
argumentativa mínima y, además, es necesario que de manera previa la Corte
Constitucional se pronuncie sobre la selección del caso con el fin de que se
considere que existe cosa juzgada constitucional formal y material.
Por las anteriores razones, la Sala confirmará la sentencia impugnada dentro de
la acción de tutela promovida por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- CONFIRMAR la sentencia del 3 de octubre de 2024, dictada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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