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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00163-01

Fecha
27 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Conjuez Luis Fernando Macías Gómez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00163-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE Primero. CONFIRMAR el fallo impugnado proferido el primero (1) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, por las consideraciones antes expuestas Segundo: En firme el fallo proferido ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00163-01

Consejero ponente: Conjuez Luis Fernando Macías Gómez

27 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00163-01
Demandante: Regina María García Visbal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONJUEZ PONENTE: LUIS FERNANDO MACÍAS GÓMEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00163-01
Demandante: REGINA MARÍA GARCÍA VISBAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCIÓN B, Y
OTRO

ASUNTO: Decide Impugnación tutela
Corresponde a la Sala de Conjueces decidir sobre la impugnación presentada por el
apoderado de la demandante contra el fallo de tutela del primero (1) de marzo de dos
mil veinticuatro (2024).

Lo anterior por cuanto los Honorables Consejeros de Estado Dres.Stella Jeannette
Carvajal Basto, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Milton Chaves García y Wilson
Ramos Girón manifestaron su impedimento invocando el numeral 6 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal.

Los Magistrados invocan como causal de impedimento el numeral 6 del del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal (CPP) lo siguiente:

“Son causales de impedimento:

[…]

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o
hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o
compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad
o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar..

[…]”

En relación con este impedimento para sustentarlo señalan los Consejeros lo
siguiente:

“[…] la sentencia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 08001-33-33-006-2019-00161-01, que es objeto
de cuestionamiento en el presente asunto constitucional, fue dictada en
cumplimiento del fallo del 29 de junio de 2023, emitido por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, dentro de la tutela 11001-03-15-000-2023-
02853-00 que confirmó esta Sección mediante providencia de 5 de octubre de
2023, la cual suscribimos como integrantes de esta Sala”

Este impedimento fue aceptado por la sala de conjueces mediante auto del 8 de julio
de 2024, razón por la cual está legitimada para tomar la presente decisión.

I. Antecedentes

Los antecedentes del proceso son los siguientes:

1. Regina María García Visbal presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el SENA para que se declare la nulidad del oficio No. 08-2-
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00163-01
Demandante: Regina María García Visbal

2019-002223 del 8 de marzo de 2019, que negó la existencia de una relación
laboral y el reconocimiento de las pretensiones sociales causadas. El proceso
es decidido en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo de
Barranquilla, que en sentencia del 14 de diciembre de 2021 declaró la nulidad
del acto demandado y, como restablecimiento del derecho, ordenó el pago de
las prestaciones sociales adeudadas entre el 29 de enero de 2016 y el 31 de
julio de 2017. Por otra parte, declara la prescripción de los derechos causados
con anterioridad.
2. Este fallo es apelado por ambas partes ante el Tribunal Administrativo del
Atlántico quien profiere sentencia el 10 de junio de 2022, adicionada el 15 de
noviembre de 2022, la cual revoca la decisión recurrida y, en su defecto, niega
las pretensiones de la demanda.
3. Contra este fallo la parte demandante formuló acción de tutela 2 contra esas
providencias y pidió la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, al trabajo y a la primacía de la realidad sobre las formas.
Sustenta la tutela en que la autoridad incurrió en una indebida valoración
probatoria y en desconocimiento del precedente jurisprudencial.
4. El Consejo de Estado–Sección Segunda–Subsección A, en sentencia del 29 de
junio de 2023, amparó los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por cuanto consideró que se incurrió en defecto
fáctico al omitir la valoración íntegra de unos testimonios.
5. Como consecuencia del fallo ordena al Tribunal Administrativo del Atlántico
pronunciarse mediante una nueva decisión que valore las pruebas aportadas
conforme a la parte motiva.
6. El 5 de octubre de 2023, el Consejo de Estado-Sección Cuarta confirmó esa
decisión.
7. En virtud de la orden impartida el Tribunal Administrativo del Atlántico profiere
un nuevo fallo en remplazo del que había sido dejado sin efecto por el Consejo
de Estado, lo cual realiza mediante providencia del 14 de agosto de 2023
revocando la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
8. Contra este fallo nuevamente la parte demandante interpone una nueva acción
de tutela, alegando esencialmente lo mismo que ya había argumentado en la
primera tutela.
9. El Consejo de Estado mediante providencia del 1 de marzo de 2024 declara
improcedente la acción de tutela por considerar que se estaba buscando
generar una nueva instancia para discutir lo ya analizado previamente y que el
accionante tenía otros mecanismos judiciales como el desacato o la solicitud de
unificación de jurisprudencia.
10. Contra esta decisión el tutelante presenta impugnación la cual se resuelve en
este proveído.

En el fallo impugnado señala el Consejo de Estado lo siguiente:

“Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de
tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para
desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones
judiciales. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional.

Por último, la Sala advierte que la solicitante cuenta con otros medios de
defensa para formular algunos de los reproches alegados. En la solicitud de
tutela la accionante insiste en que la sentencia del 14 de agosto de 2023,
dictada en cumplimiento de una orden de tutela, incurrió nuevamente en defecto
fáctico al valorar indebidamente las pruebas que acreditan una relación laboral
encubierta con el SENA. Así las cosas, dispone del incidente de desacato dentro

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Demandante: Regina María García Visbal

de la acción de tutela rad. n°: 2023-0285300 para plantear el incumplimiento de
esa orden.

En efecto, el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la persona que
incumpliere una orden judicial proferida por el juez de tutela, incurrirá en
desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de
veinte (20) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las sanciones penales
a que hubiere lugar. La sanción la impondrá la misma autoridad que profirió la
orden judicial, mediante trámite incidental, y será consultada al superior
jerárquico.

Asimismo, reprocha el desconocimiento de la sentencia de unificación del
Consejo de Estado proferida el 9 de septiembre de 2021, reproche para el que
está previsto el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Conforme al artículo 256 CPACA, el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del
derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los
terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere
del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales. Por ello, el
artículo 258 prevé como causal única de procedencia que la sentencia
impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo
de Estado, según los términos previstos en el artículo 270 CPACA”.

Con base en estas consideraciones se considera improcedente la tutela, fallo contra
el cual el accionante presenta impugnación, la cual se puede resumir en lo siguiente:

No comparte la ausencia de relevancia constitucional por cuanto la “entidad accionada
en esta tutela incurrió en yerros y dislates de discernimiento y razonabilidad del
presente caso en las probanzas recaudadas en su momento y que de forma subjetiva
y carente de realidad procesal fueron interpretadas en detrimento de la prevalencia de
una relación laboral desnaturalizada y encubierta solo con el ánimo de burlar los
derechos laborales sociales de la Demandante hoy accionante en este asunto”.

Sigue señalando la ausencia de una valoración probatoria, y el desconocimiento del
precedente judicial del Consejo de Estado y violación de la constitución.

Un segundo argumento para sustentar la relevancia constitucional es que el asunto en
ciernes discute aspectos relativos a la violación a un derecho fundamental “como es el
no hacer el análisis crítico y objetivo de las funciones que desempeñaba la accionante
[….]”.

Concluye que no estamos ante una instancia adicional sino de un verdadero debate
para la protección de los derechos fundamentales de la accionante.

Finaliza su escrito con una extensa transcripción de las razones que dieron lugar a la
tutela inicialmente presentada.

II. Consideraciones

En el presente caso se planteará el problema jurídico a resolver para posteriormente
realizar un análisis sobre los casos en los cuales se impugna una decisión que está
resolviendo una tutela contra un fallo producto a su vez de una tutela que ordena dictar
una nueva providencia.

1. Problema Jurídico

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El problema jurídico planteado es si un fallo dictado en virtud de una orden impartida
por un fallo de tutela puede ser controvertido mediante una nueva tutela o lo que
procede es el incidente de desacato.

2. Análisis de la Sala

La decisión impugnada plantea su argumento central en señalar que los reproches
planteados por el accionante puede ser controvertido por otros medios de defensa,
pues insiste en reprochar el nuevo fallo con base en los mismos argumentos del
primero, es decir la indebida valoración fáctica. Con lo cual no solamente está
reviviendo el debate judicial sino que además pretende que se cuestione nuevamente
un fallo, producto de una orden de tutela, con los mismos argumentos que ya había
esbozado previamente.

Lo que ahora plantea el accionante es que el fallo del Tribunal Administrativo del
Atlántico de fecha 14 de agosto de 2023, dictado en virtud de la orden impartida por el
Consejo de Estado mediante providencia del 29 de junio de 2023 no cumplió con lo
ordenado en dicha decisión por cuanto, considera el accionante que no se ha
respetado del debido proceso.

Al señalar nuevamente los mismos argumentos de falta de valoración probatoria lo que
plantea es justamente el fenómeno del desacato y no un nuevo debate judicial respecto
de temas que son de interpretación legal y fáctica.

En efecto, es necesario tener en cuenta que el acceso a la justicia supone que se
materialice en debida forma. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional en fallo SU
034/18:

“Así, el derecho de acceso a la administración de justicia no se circunscribe
exclusivamente al ejercicio del derecho de acción, sino que está
inescindiblemente vinculado al debido proceso y a la expectativa de las partes
de que, una vez en firme, la decisión judicial que pone fin a una controversia se
materialice en debida forma. Desconocer esta premisa básica implicaría
soslayar el carácter vinculante y coercitivo de las providencias judiciales, en
detrimento no solo de los derechos fundamentales, sino del orden constitucional
vigente”.

Un adecuado acceso a la justicia supone que no basta con poder interponer las
demandas, ser escuchado en un proceso, ejercer los recursos de ley, sino que dicho
derecho debe suponer la real materialización de dicho acceso, mediante una decisión
basada en una adecuada valoración de todas las pruebas y hechos que constituyen el
proceso.

Lo anterior supone que los jueces evalúen los argumentos y pruebas presentadas en
forma integral y objetiva, además que garanticen el debido proceso.

Una vez se dicta un fallo de tutela que imparte una orden, en el presente caso, dictarse
una nueva providencia para garantizar el debido proceso, debía el respectivo juez
tutelado cumplir con lo ordenado.

Ahora bien, el punto que surge es ¿cómo debe fallar el juez en caso de recibir una
orden de dictar un nuevo fallo? No puede ser otra forma que dentro de la autonomía
propia de la cual gozan los jueces, e interpretando la ley conforme su conocimiento y
de acuerdo con lo ordenado en el fallo. Pero la orden impartida no podría determinar
un sentido expreso del nuevo fallo sino que fija los criterios a partir de los cuales debe
el juez decidir.

El otro interrogante que surge es si el nuevo fallo puede desmejorar las condiciones
de lo decidido en el fallo que se deja sin efecto. Es un tema cuya solución no es pacífica
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por cuanto sería tanto como cercenar la autonomía del juez, pero al mismo tiempo en
caso de hacerse más gravosa la situación del accionante, debe ser debidamente
motivada y sustentada. De lo contario se estaría desvirtuando la acción de tutela como
mecanismo para garantizar los derechos fundamentales, y sobre todo, se generaría
un efecto intimidatorio para que los ciudadanos recurran a dicha acción ante el riesgo
de ver agravada su posición y situación. De ahí porque es fundamental que en cada
caso en particular el juez al momento de tomar la nueva decisión debe aplicar los
principios de ponderación y razonabilidad con el fin de sustentar la nueva posición que
pueda resultar sea más o menos gravosa para el accionante a lo que era en el fallo
remplazado.

Es que de presentarse una situación como esta el nuevo fallo no estaría cumpliendo
con lo ordenado y por lo tanto procedería el incidente de desacato pues de lo contrario
se generaría una cadena de tutelas que haría interminable el caso.

Además la administración de justicia supone igualmente un límite a su activación por
parte del ciudadano, éste debe acatar los fallos, igualmente en forma razonable y
dentro de los criterios de firmeza de las decisiones judiciales. De lo contrario también
se podría presentar un abuso del derecho, si pretendo interponer una acción de tutela
cada vez que no comparte el sentido de un fallo.

Esto nos lleva a analizar lo planteado por el accionante, tanto en la tutela como en la
impugnación, con el fin de determinar si era procedente o no la tutela contra este nuevo
fallo.

Del Caso en Concreto

En el presente caso el accionante insiste en que se realice una adecuada valoración
probatoria, buscando con ello la materialización al acceso a la justicia. Sin embargo,
ello no supone que se pueda realizar de cualquier forma sino que la misma ley
establece los requisitos y condiciones para hacerlo.

En efecto, en el presente caso el accionante y hoy impugnante del fallo de tutela lo
que busca es volver a controvertir la decisión ya adoptada en el fallo que se emitió
como consecuencia de la orden impartida por el Consejo de Estado para efectos de
garantizar el debido proceso. Lo hace pretendiendo argumentar que procede la tutela
por cuanto se continúa violando el debido proceso por falta de valoración probatoria.

Invoca además el desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado para
pretender sustentar con ese argumento la relevancia constitucional.

Sin embargo, desconoce el mismo impugnante que el fallo que tutela es producto de
la orden impartida por el Consejo de Estado en virtud de una tutela, por lo cual
corresponde es al cumplimiento de dicha orden. Sin embargo, insiste en que se
volvieron a violar los derechos de su poderdante, con base en los mismos argumentos
que sirvieron de sustento a la tutela presentada y ganada. Tanto es así que hace una
extensa transcripción de los mismos.

Con ello no hace más que reiterar que pretende continuar con el mismo debate
argumentativo para la defensa de los intereses de su defendida, lo cual no es de recibo
por cuanto la tutela no es el mecanismo para abrir nuevas vías de debate o reiterar las
que fueron parte de una controversia judicial.

En realidad lo que está planteando la parte accionante es que el fallo tutelado no
cumplió con lo ordenado y por lo tanto no se ha garantizado el debido proceso,
mediante una valoración integral de las pruebas.

Como bien lo dice el fallo impugnado del 1 de marzo de 2024, el accionante tenía otras
vías para controvertir el supuesto incumplimiento del fallo de tutela, como es el
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incidente de desacato o el del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
consagrado en el artículo 256 del CPACA. Pero no resulta procedente interponer una
nueva tutela para (i) continuar planteando una controversia propia del litigio
relacionado con los derechos invocados por la poderdante; (ii) alegar un presunto
incumplimiento por parte del tribunal de la orden impartida por el Consejo de Estado;
(iii) insistir en que se presenta un defecto fáctico al valorar las pruebas lo cual ya ha
sido objeto de pronunciamiento por parte de esta corporación.

Lo anterior lleva a afirmar que el fallo del 1 de marzo de 2024 no incurre en ningún
yerro que pueda sustentar su revocatoria.

Por lo anterior y en mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en sala de conjueces
de la Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley

RESUELVE

Primero. CONFIRMAR el fallo impugnado proferido el primero (1) de marzo de
dos mil veinticuatro (2024) por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, subsección C, por las consideraciones antes expuestas

Segundo: En firme el fallo proferido ENVIAR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

Notifíquese y cúmplase,

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Luis Fernando Macías Gómez Lucy Cruz de Quiñonez
Conjuez Ponente Conjuez

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Humberto Aníbal Restrepo Vélez Juan Camilo Serrano Valenzuela
Conjuez Conjuez

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