Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02853-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02853-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02853-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02853-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de junio de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
Accionante: María Regina García Visbal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
Accionantes: MARIA REGINA GARCÍA VISBAL
Accionado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO.
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico por defectuosa
valoración probatoria. Concede amparo.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La señora MARIA REGINA GARCÍA VISBAL, mediante apoderado judicial solicitó
la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso,
derecho al trabajo, primacía de la realidad sobre las formas; derechos que
considera vulnerados por el Juzgado Sexto del Circuito Administrativo de
Barranquilla y el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico -Sala de
Decisión Oral – Sección B; con la expedición de las sentencias de primera y
segunda instancia de 14 de Diciembre de 2021 y 10 de junio de 2022, adicionada
mediante de providencia de 15 de noviembre de 2022; dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-006-2019-
00161– 00/01.
HECHOS
Se narra en el escrito de tutela, que la accionante se vinculó al SENA prestando
sus servicios personales como contratista en el cargo de Instructora impartiendo
formación profesional, a partir del 21 de agosto del año 2.009 hasta el 31 de Julio
del año 2.017, sin solución de continuidad, es decir por espacio de siete (7) años,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
once (11) meses y diez (10) días; a través de sucesivos contratos denominados
“de prestación de servicios”
Que promovió en contra del SENA, proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, a fin de que se declarara la existencia de una relación de carácter laboral
(contrato realidad), considerando que se dieron los presupuestos para tal
declaratoria sin solución de continuidad, los cuales afirma, logró demostrar
suficientemente y en primera instancia se accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda así:
“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo contentivo en el oficio N° 08-
22019-002223 fechada 08 de marzo de 2019, mediante el cual se negó a la demandante
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales definitivas, y en consecuencia,
DECLÁRASE la existencia de una relación laboral entre la señora Regina María García
Visbal y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para el periodo comprendido entre el
21 de agosto de 2009 y el 31 de julio del año 2017, conforme a la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE probada la excepción de prescripción respecto de los derechos
reclamados sobre los contratos No. 0627 de 2009, 0061 de 2010, 0206 de 2011, 0913 de
2011, 0193 de 2012, 1185 de 2012, 0934 de 2013, 0569 de 2014 y 1090 de 2015,
conforme a la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA al reconocimiento y pago por concepto de las prestaciones
sociales señaladas en la Ley a la señora REGINA MARIA GARCIA VISBAL, en los
períodos comprendidos entre el 29 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2017, de
conformidad con los parámetros señalados en la parte motiva, tomando como base de
liquidación el valor mensual pactado por concepto de honorarios.
CUARTO: CONDÉNESE al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, a realizar
los correspondientes aportes a pensión a nombre de la demandante durante el tiempo
comprendido en cada contrato salvo las interrupciones, tomando como ingreso base de
cotización pensional, los honorarios pactados mes a mes señalados en los respectivos
contratos. Si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y, los que se
debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
QUINTO: Los valores que resulten adeudados, como consecuencia de esta sentencia,
serán ajustados en los términos del artículo 187 del CAPACA (sic) dando aplicación a la
fórmula señalada en la parte considerativa de esta sentencia.
SEXTO: Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.
(…)”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
Que dicha sentencia fue revocada por el Tribunal accionado el 10 de junio de 2022
y que esta providencia fue “adicionada mediante sentencia complementaria de
fecha 15 de noviembre de 2022, en la cual se dispone a mantener incólume y sin
modificación alguna la sentencia precedente en la cual se había dispuesto la
revocatoria la de Primera Instancia.”
Afirma el actor que la providencia incurrió en las siguientes causales específicas
de procedibilidad:
Defecto fáctico: Afirma que el Tribunal accionado valoró en forma desacertada
los elementos probatorios recaudados en el proceso; pues en criterio de la actora,
resultó claramente probado que las labores por ella desarrolladas en su calidad de
instructora de formación, eran de la misma naturaleza, igualdad y jerarquía que las
desarrolladas por los funcionarios e instructores de planta. Que así mismo todos
los implementos, los contenidos programáticos y demás, eran diseñados y
alineados a través de la Dirección nacional del Sena; al igual que el horario,
salones y sedes o “nodos” (sic) eran impuestos por la entidad, sin que existiera ni
la más mínima autonomía y posibilidad de que el docente instructor a su arbitrio
tomara decisiones por fuera de dichas exigencias.
Violación y desconocimiento del precedente jurisprudencial vigente: Citó la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, CP: Carmelo Perdomo Cuéter,
Exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005- 16, y la sentencia
C-154 de 19 de marzo de 1997 y afirmó que el Tribunal aplicó un precedente
jurisprudencial revaluado al hacer alusión a una Sentencia del 04 de marzo de
2010 del Honorable Consejo de Estado, que es contraria a la sentencia de
unificación que fijó reglas en materia de contrato de prestación de servicios y muy
específicamente en tratándose de contratistas instructores de formación del Sena
“asimilable a la situación fáctica al problema jurídico que ahora nos concierne”
(sic)
Agregó que “si el Juez hubiese aplicado el precedente jurisprudencial vigente desde
luego sus conclusiones no estuvieran revestidas del criterio de aparente coordinación que
lo enrostra a la vinculación de la actora con la demandada en cuanto a los contratos de
prestación de servicios que esta suscribiera para tal efecto ya que la jurisprudencia
decanto y fijo reglas en cuanto al elemento característico de permanencia y subordinación
que envuelve la prevalencia de la realidad sobre las formas en este tipo de contratación.”
(sic)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
Indicó también como defectos, sin sustentarlos, el material o sustantivo,
procedimental absoluto, violación de la Constitución “y todos aquellos que se
encuentren en conexidad con los anteriores.”
PRETENSIONES
Solicita, en amparo de sus derechos fundamentales,
“2. Ordenar al HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO a que proceda en el término perentorio de
48 horas siguientes a la notificación del presente fallo de tutela, para que dicten
una nueva providencia en los términos y parámetros que disponga esta Honorable
Corporación, en el sentido de que acceda a la declaratoria y existencia de la
relación laboral (contrato realidad - Art. 53 de la C.N.) existente entre las partes
durante el periodo comprendido del 21 de agosto de 2009 hasta el 31 de julio de
2017 sin solución de continuidad salvo las interrupciones habidas entre cada
contrato de acuerdo a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
3. En el evento de que no sea posible disponer que se dicte una nueva
providencia, que se deje sin efecto las Sentencias proferida por el Juzgado Sexto
(6) Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Atlántico de fecha 14 de diciembre de 2021, 01 de
junio de 2022 y su adición de fecha 15 de noviembre de 2022 respectivamente,
para que en su reemplazo se dicte la providencia que profiera esta Honorable
Corporación.
4. Exhortar a la accionada corporación que en lo sucesivo en casos similares se
proceda a dictar su providencia en los términos y parámetros que para tal efecto
esta Honorable Corporación que se le atribuyen.”
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela, fue admitida el 01 de junio de 2023 mediante proveído que
ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas, al igual que al Servicio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
Nacional de Aprendizaje SENA- como tercero interesado en las resultas de este
proceso. Se les corrió traslado para que ejercieran su derecho de defensa.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia, dio respuesta a
la acción de tutela, solicitando se declare improcedente, o en su defecto se
nieguen las pretensiones por no cumplir con los requisitos generales ni específicos
para controvertir la providencia.
Que el accionante no describió con precisión y claridad los hechos que
presuntamente vulneran sus derechos y que la acción de tutela no supera el
requisito de la relevancia constitucional, sino que el escrito lo que pretende es una
tercera instancia, siendo la tutela un mecanismo excepcional.
Para el evento en que se decidiera estudiar el fondo de la acción de tutela,
presentó un cuadro con los contratos acreditados por la señora Regina García
Visbal dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
SENA, especificando el número de contrato, las fechas de inicio y terminación y, el
objeto de ellos.
Se refirió al acervo probatorio e indicó que logró acreditarse en el proceso la
prestación del servicio contratado y una remuneración, pero no logró acreditarse
que el vínculo entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Regional Atlántico
y la señora García Visbal, fuera de naturaleza laboral; pues no se acreditó el
proceso el elemento de subordinación, por lo que se concluyó que no se
configuraba, en ese caso, la existencia de una relación laboral simulada, toda vez
que las tareas que a ella se le confiaron mal podrían desarrollarse por fuera de las
directrices y lineamientos que trazara la entidad contratante; de tal manera que la
verificación del cumplimiento de ellas no podría entenderse como una prueba
inexorable de la existencia de una relación laboral.
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito Administrativo de Barranquilla, dio
respuesta a la acción de tutela, señalando que esa agencia judicial declaró la
nulidad del acto administrativo contentivo en el oficio N° 08- 2-2019-002223
fechada 08 de marzo de 2019, reconoció la existencia de la relación laboral,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
dispuso el pago de los derechos prestacionales derivados de tal vínculo y declaró
la prescripción en relación con algunos contratos de prestación de servicio
aportados; porque encontró probados los tres elementos que caracterizan la
relación laboral, esto es, la subordinación, la prestación personal del servicio y la
remuneración, los cuales fueron analizados en la providencia objeto de tutela.
Concluyó que lejos de existir alguna vulneración de los derechos fundamentales
de la hoy tutelante con la providencia cuestionada, lo que se dispuso fue su
protección.
Con base en lo anterior, solicitó se niegue la acción de tutela en lo que respecta a
ese Despacho judicial.
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, vinculado al presente trámite, se
pronunció frente a la acción de tutela, oponiéndose a las pretensiones. para lo cual
se refirió a las características de la acción de tutela, a la subsidiariedad e
inmediatez y, a la excepcionalidad de la procedencia contra sentencia, teniendo en
cuenta el principio de la cosa juzgada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para
sustituir el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias
excluidas de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
En primer lugar, debe verificarse si la acción de tutela presentada supera los
presupuestos generales de procedencia para entrar a analizar las censuras contra
la sentencia del 10 de junio de 2022 y adicionada mediante providencia del 15 de
noviembre de 2022.
Solo se estudiará la tutela en relación con la sentencia de segunda instancia, pues
a pesar de que la acción se dirige también contra el fallo de primera, en realidad
no sustenta los cargos específicos contra él.
Además, la primera instancia encontró probada la relación laboral, por lo que el
reproche de la indebida valoración de las pruebas, solo puede entenderse frente al
fallo de segunda instancia y; en relación con el precedente citado, este fue
precisamente el fundamento del Juzgado para declarar la prescripción de algunos
derechos.
Se tienen por satisfechos los requisitos generales de procedencia así: i) el asunto
tiene una clara y marcada relevancia constitucional, al tratarse de verificar la
posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, reclamados por la parte actora; ii) se agotaron todos
los medios de defensa al alcance de la accionante, iii) la tutela se presentó en un
término razonable iv) las presuntas irregularidades tendrían una incidencia directa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
y determinante sobre el sentido de la decisión. v) se identificaron con claridad los
hechos en cuanto al defecto fáctico que alega, porque a su consideración, no se
valoraron adecuadamente las pruebas. vi) la acción de tutela no se dirige contra
una decisión de la misma estirpe.
Análisis del caso
La sentencia del 10 de junio de 2022 revocó la sentencia que había concedido las
pretensiones, considerando no acreditados todos los elementos constitutivos de la
relación laboral.
La parte actora alega que dicha sentencia incurrió en defecto fáctico, por no
valorar en forma adecuada las pruebas del proceso y en desconocimiento del
precedente judicial contenido en la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016, CP: Carmelo Perdomo Cuéter, Exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-
15) CE-SUJ2-005- 16.
La Corte Constitucional en sentencia SU 129 de 2021 se refirió ampliamente al
defecto fáctico y en relación con la valoración errónea de la prueba, señaló:
“La razonabilidad en la valoración probatoria
60. Esta Corte ha enunciado, de manera genérica,3 algunos parámetros que
permitirían al juez constitucional identificar si la actuación del juez de
conocimiento fue arbitraria al momento de evaluar los medios probatorios;
parámetros que, aunque no sean exhaustivos, sirven para estudiar si se ha
desconocido el derecho al debido proceso. Algunas consideraciones en ese
sentido permiten concluir que una autoridad judicial incurre en la dimensión
positiva de un defecto fáctico:
i) Si la conclusión que extrae de las pruebas que obran en el expediente es “por
completo equivocada”. Podría decirse que, en este evento, la decisión puede ser
calificada de irracional, toda vez que la conclusión es diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. Esta desproporción podría ser identificada por cualquier
persona de juicio medio.4
3
Cfr., Sentencias SU-337 de 2017.
4
Ferrer, J., (2005). Prueba y verdad en el derecho. Madrid, España. Marcial Pons. Pág. 43. Sobre la libertad
en la valoración, el autor en comento sostiene que: “[…] la libertad del juez para determinar los hechos
probados del caso sí está limitada por las reglas generales de la racionalidad y la lógica, como ha sido
también reconocido por la jurisprudencia. Es más, puede entenderse que ésa es su única limitación, también
jurídica. De ese modo, la determinación de los hechos probados realizada contra las reglas de la lógica o, en
general, de la racionalidad supondría una infracción de la ley: para ello, basta interpretar las reglas que
establecen la libre valoración de la prueba de forma que ordenen la valoración mediante la utilización de la
racionalidad general”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
ii) Si la valoración que adelantó no cuenta con un fundamento objetivo. Es el
caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad.5
iii) Si las pruebas no han sido valoradas de manera integral. Caso en el que se
asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con otras, sin que
exista justificación para ello.6
iv) Si la conclusión se basa en pruebas que no tienen relación alguna con el
objeto del proceso (impertinentes); que no permiten demostrar el supuesto de
hecho (inconducentes); o que fueron adquiridas, por ejemplo, desconociendo el
derecho al debido proceso de una de las partes (ilícitas).7
61. Como se observa, siempre que se alegue la existencia de un defecto fáctico
en su dimensión positiva, el juez constitucional debe dilucidar si la valoración
probatoria del juez accionado desconoció los parámetros de razonabilidad
indicados. El concepto razonabilidad,8 en particular y en interpretación de la
Corte, puede ubicarse en la antípoda del concepto arbitrariedad. Es su contrario.
En consecuencia, solo será reprochable una providencia judicial por el defecto
que se estudia (en la dimensión abordada hasta ahora), cuando la conclusión a
la que allí se llegó no fue objetiva o se fundó en pruebas prohibidas por las
reglas del debido proceso. Por supuesto, en nombre de este defecto, el juez
de tutela no puede dejar sin efectos decisiones que hayan sido
respetuosas de las reglas antedichas, aun cuando considere que debió darse
otra interpretación a los materiales obrantes en el proceso.9” (negrillas de la
Sala)
Para dar contexto a la sentencia objeto de análisis, conviene señalar que el
recurso de apelación de la entidad accionada -SENA- según se relacionó allí, se
sustentó en que no se configuraron los elementos de la relación del contrato de
trabajo, que la accionante no fue vinculada como <<“docente” como
equivocadamente lo asimila y/o equivale el juez de primera instancia, sino como
“instructor”, que es una precisión importante porque la labor docente lleva implícita
5
Cfr., Sentencia T-442 de 1994.
6
Tradicionalmente se ha reconocido que el ejercicio valorativo cuenta con dos momentos. En el primero de
ellos, el juez debe estudiar la prueba en su individualidad. En el segundo, se debe valorar la prueba en
relación con los demás elementos obrantes en el proceso. El artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social ordena que “el juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en
tiempo”.
7
También se ha reconocido que este tipo de pruebas no pueden fundar el convencimiento del juez. De hecho,
el artículo 53 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone su rechazo.
8
Cfr., Real Academia Española. Diccionario panhispánico del español jurídico. Razonabilidad: “Cualidad de
un acto o decisión que se ajusta a lo esperable o aceptable en atención a su motivación y a los antecedentes
conocidos, y que ha sido adoptado, por tanto, razonadamente y en atención a criterios razonables”.
9
Cfr., Sentencia T-217 de 2010. “Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una
prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en
ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están amparadas por el principio
de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que
acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
la subordinación>> mientras que el instructor del SENA es independiente y no está
sujeto a la jerarquía dentro del Ministerio del Trabajo al cual pertenece.
Que omitió la Juez el estudio de “la observación que se hizo en los alegatos de
conclusión, donde se expresó que la demandante fue contratada para el Programa
de articulación con la Media” que tiene como finalidad cubrir la demanda de los
colegios para que sus alumnos de 10° y 11° salgan con doble titulación…”
El Tribunal en su análisis expresó que,
“Comoquiera que en primera instancia el juzgado estudió si la relación entre la
accionante y el Servicio Nacional de Aprendizaje se trataba de una relación legal y
reglamentaria o de un vínculo contractual o laboral, y que los motivos de censura
aducidos en el recurso de apelación guardan relación con estos argumentos, esta
Sala de Decisión concentrará su estudio en establecer si efectivamente existió o
no una relación laboral…”
Aludió a los contratos acreditados en el expediente y a los testimonios practicados
en primera instancia, sin expresar valoración alguna sobre ellos; en cuanto a la
prestación personal del servicio, expresó que esta se demostró con certificaciones
de tiempo de servicio, al igual que la contraprestación, siendo esta por concepto
de honorarios.
En relación con el elemento subordinación, manifestó que <<de las declaraciones
rendidas en el proceso se puede concluir que la demandante cumplía unos
horarios como instructora, pero “esto no demuestra por si solo el elemento de la
de la subordinación”
Así mismo, señaló que los declarantes manifestaron que “recibía por parte de su
coordinación coreos electrónicos a través de los cuales se les informaba y citaba a
reuniones; sin embargo, del contenido de los correos electrónicos no se puede
concluir que la demandante cumpliera unos horarios fijos en las instituciones
educativas donde fungía como instructora, solo demuestra que tanto la señora
Regina García Visbal debía coordinar con las instituciones educativas los horarios
para la prestación del servicio. La misma accionante en el interrogatorio de parte
rendido en el curso de la primera instancia, fue clara al indicar que su horario
dependía de la “jornada contraria a la que iban los estudiantes en formación del
colegio”>>
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
Agregó que <<de la lectura de los correos aportados al expediente, se puede
colegir que los mismos se envían en atención a las labores de coordinación que
deben existir en el cumplimiento de las actividades al interior de la entidad, mas no
se imponen como elementos de un vínculo legal y reglamentario que determine la
condición de empleado público reclamada.>>
Como conclusión, expresó que si bien la accionante estuvo vinculada más de 7
años con el SENA con interrupciones entre “una relación laboral y otra de más
de 15 días,” no logró acreditarse que el vínculo que tenía la actora con el ente
accionado era de naturaleza laboral, “denotándose de forma puntual que el
elemento de subordinación, de lo cual se deriva primordialmente la existencia
de una relación laboral simulada, toda vez que las tareas que a ellos se confían
mal podrían desarrollarse por fuera de las directrices y lineamientos que trace
la entidad que los contrata, por lo que la verificación del cumplimiento de ellas
no podría entenderse, en todos los casos, como un indicio inexorable de la
existencia de una relación laboral.”
En criterio de la Sala, la valoración probatoria realizada por el Tribunal en
segunda instancia, no estuvo ajustada a los parámetros de razonabilidad
decantados por la Corte Constitucional, pues no valoró íntegramente los
testimonios, al no otorgar valor a las declaraciones que ilustraron sobre la
manera como la accionante debía desempeñar las labores que cumplía para el
SENA; de donde la Juez extrajo el elemento de la subordinación. En relación
con este elemento, concluyó que “las tareas que a ellos se confían mal podrían
desarrollarse por fuera de las directrices y lineamientos que trace la entidad
que los contrata, por lo que la verificación del cumplimiento de ellas no podría
entenderse, en todos los casos, como un indicio inexorable de la existencia de
una relación laboral”; sin expresar con suficiente claridad, por qué los medios
de convicción allegados al expediente, valorados conjuntamente, no acreditan
la relación laboral de la señora María Regina García Visbal con la entidad.
Se encuentra entonces acreditado el error fáctico señalado por la parte actora
frente a la sentencia de 10 de junio de 2022, adicionada mediante de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
providencia de 15 de noviembre de 2022 expedida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico -Sala de decisión Oral Sección B.
Encontrándose acreditado el defecto fáctico, no entra a analizar el
desconocimiento del precedente, porque este depende de la conclusión a la
que se llegue después de valorar la prueba.
En consecuencia, se tutelará el derecho fundamental al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, invocado por la señora María Regina
García Visbal, dejando sin efectos la sentencia aludida y ordenando que se
profiera una nueva decisión valorando las pruebas conforme a la motivación
aquí expresada; sin que esto signifique la orden de fallar en un sentido
determinado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Tutelar los derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia invocados por la señora María Regina García Visbal.
Segundo: Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico el 10 de junio de 2022, adicionada el 15 de noviembre de 2022 dentro
del expediente 08001-33-33-006-2019-00161–01.
Tercero: En consecuencia, se ordena al Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala
de Decisión Oral – Sección B, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la
notificación de la presente providencia, profiera una nueva sentencia valorando las
pruebas, conforme a la motivación expresada en la parte motiva.
Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02853-00
A c c i o n a n t e : Ma r í a R e g i n a G a r c í a V i s b a l
.
Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.