Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05752-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05752-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05752-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de enero de 2025
Demandante: Leyla Karina Lobo Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05752-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05752-01
Demandante: LEYLA KARINA LOBO MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Temas: Tutela contra providencia judicial. Análisis del requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional. Confirma decisión
de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora Leyla Karina Lobo
Martínez contra la sentencia de 14 de noviembre de 2024 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito radicado el 24 de octubre de 2024, la señora Leyla Karina Lobo
Martínez, por conducto de apoderado1, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, con el fin de
que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
trabajo, y los principios de primacía de lo sustancial y de buena fe.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la providencia de 24 de mayo de 2024 mediante la cual la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión
1 De conformidad con el poder aportado con la demanda.
1
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Demandante: Leyla Karina Lobo Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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del Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que había
accedido parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ejercido por la señora Leyla Karina Lobo Martíez
contra el Instituto Nacional de Aprendizaje, para, en su lugar, denegarlas. La
referida causa se identificó con el radicado 11001-33-35-026-2019-00359-00/01.
1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1. Solicito que se le tutelen a mi poderdante la Señora Leyla Karina Lobo Martínez
sus derechos fundamentales conculcados como son: Igualdad, Debido Proceso,
derecho al trabajo, primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones
laborales, buena fe, por haber incurrido la parte accionada en sus decisiones en
vía de hecho por Defecto Factico, Defecto Material o Sustantivo, Defecto
Procedimental absoluto, Desconocimiento del precedente judicial del Consejo
de Estado y violación de la Constitución, y todos aquellos que se encuentren en
conexidad con los anteriores.
2. Ordenar al HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Sección Segunda Sub Sección “E
Honorable Corporación, en el sentido de que acceda a la declaratoria y existencia
de la relación laboral (contrato realidad - Art. 53 de la C.N.) existente entre las
partes durante el periodo comprendido del 17 de julio de 2011 y el 31 de octubre
de 2019 sin solución de continuidad salvo las interrupciones habidas entre cada
contrato de acuerdo a las pretensiones del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho.
3. En el evento de que no sea posible disponer que se dicte una nueva providencia,
que se deje sin efecto las Sentencias proferida por el Juzgado veintiséis (26)
Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y el Tribunal De Lo
Contencioso Administrativo de Cundinamarca de fecha 3 de agosto de 2023 y
el 24 de mayo de 2024 respectivamente, para que en su reemplazo se dicte la
providencia que profiera esta Honorable Corporación.
4. Exhortar a la accionada corporación que en lo sucesivo en casos similares
se proceda a dictar su providencia en los términos y parámetros que para tal
efecto esta Honorable Corporación que se le atribuyen.2
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
La señora Keyla Karina Lobo Martínez indicó que se vinculó al Servicio Nacional
de Aprendizaje [en adelante SENA] mediante contratos de prestación de servicios
2 Cita del texto original con énfasis y posibles errores.
2
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Demandante: Leyla Karina Lobo Martínez
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desde el «el 15 de julio de 2011 hasta el 27 de julio de 2016, como instructora de
formación profesional.
En ese sentido, solicitó al SENA la declaratoria de la existencia de una relación
laboral y el reconocimiento y pago de todas las pretensiones laborales y sociales
correspondientes, lo cual fue resuelto de manera negativa con el oficio 11-2-2019-
021659 de 29 de marzo de 2019.
Informó que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el SENA con el fin de se que declarara la existencia de una relación de
carácter laboral en virtud del denominado contrato realidad, comoquiera que, a su
juicio, se cumplieron los presupuestos, elementos y requisitos para ello.
Afirmó que el asunto lo conoció en primera instancia el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que en sentencia de 3 de
agosto de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el
entendido que declaró: (i) la nulidad del acto demandado; (ii) la existencia del
contrato realidad respecto a los periodos «comprendidos entre el 15 de julio de
2011 al 30 de noviembre de 2013, del 17 de enero de 2014 al 4 de diciembre de
2015 y del 29 de enero de 2016 al 27 de julio de 2016»; (iii) la prescripción de los
derechos laborales causado entre «el 15 de julio de 2011 al 30 de noviembre de
2013 y del 17 de enero de 2014 al 4 de diciembre de 2015, excepto lo relativo a
los aportes pensionales; (iv) condenó al Sena a pagar a título de reparación del
daño, todos los factores prestacionales de ley concernientes a un empleo público
con similares funciones teniendo en cuenta las interrupciones presentadas, previo
los descuentos pertinentes; (v) ordenó el pago de las cotizaciones al sistema de
seguridad social en salud y pensiones; y (vi) negó las demás pretensiones.
Adujo que las partes presentaron recursos de apelación. Particularmente, la
señora Leyla Karina Lobo Martínez insistió en que le fueran reconocidos de sus
derechos por todo el periodo laborado desde el año 2011 hasta el 2016.
Manifestó que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en providencia de 24 de mayo de 2024 revocó lo decidido por
el a quo, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda con sustento
en que no se acreditó el elemento de la subordinación por cuanto no se demostró
dentro del debate ordinario, la prestación personal del servicio, la remuneración, la
intensidad horaria, y no se desvirtuó la autonomía e independencia en la ejecución
de las actividades contratadas.
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1.4. Fundamentos de la solicitud
La señora Leyla Karina Lobo Martínez aseguró que en la sentencia de 24 de mayo
de 2024 dictada por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental absoluto, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
Lo anterior lo sustentó al señalar que dentro del proceso ordinario el extremo
demandante logró demostrar la configuración del elemento de la subordinación,
comoquiera que se acreditó que la señora Lobo Martínez:
(i) No ejerció sus labores de manera autónoma e independiente, habida cuenta de
que cumplía el horario impuesto por el SENA, pese a que el tribunal señaló que no
se cumplió lo estipulado en el numeral 15 del artículo 24 del Decreto 249 de 2004,
y permaneció bajo el poder controlador de su «empleador» que le impartía las
instrucciones, mandatos y ordenaciones a través del coordinador o supervisor con
sujeción a una «línea de mando compuesta de la jerarquía, estructura
organizacional, funcional, objeto misional» de la entidad contratante, lo cual se
circunscribe a la formación integral de aprendices.
(ii) Acreditó con los testimonios, el interrogatorio de parte y todos los elementos
documentales dentro de los cuales se encuentran los contratos, circulares.
Citaciones, e-mails, seminarios, cursos de actualización, «entre otros», que ejerció
sus actividades bajo la subordinación del SENA. En ese orden, aseguró que el
cumplimiento de horarios no es el único aspecto relevante para demostrar la
existencia del mencionado elemento de la subordinación, puesto que ese análisis
debe corresponder a un estudio integral de los elementos allegados al proceso,
razón por la cual reprochó que el tribunal le exigiera una certificación expedida por
el sistema «Sofía Plus», comoquiera que ello no era posible.
(iii) Los deberes que tenía a cargo «eran de naturaleza idéntica y similares a
funcionarios nombrados de planta de la entidad […] no existiendo diferencia o
disimilitud frente a las ejercidas por los empleados públicos nombrados por la
entidad […]» de conformidad con lo indicado en el análisis que realizó el tribunal al
comparar el manual de funciones y las obligaciones de los contratos de prestación
de servicio.
(iv) Fue contratada por más de 5 años de manera continua, lo cual no es propio de
los contratos de prestación de servicio que se caracterizan por su temporalidad
según lo previsto en el numeral 2. ° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
4
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En ese sentido, refirió que la autoridad demandada realizó «una frágil y
descontextualizada valoración del material probatorio» que daba cuenta de la
evidente relación laboral que existía entre la señora Lobo Martínez y el SENA3.
Finalmente manifestó lo siguiente:
Igualmente la labor probatoria solo fue ejercida por la parte Demandante a través
del apoderado cumpliendo con la necesidad y la carga de la prueba de las normas
que regulan la materia sin que la entidad demandada SENA haya realizado
actuaciones procesales para preservar la presunción de ilegalidad del acto
administrativo enjuiciado, basando su defensa en la legalidad de los contratos de
prestación de servicios suscritos por la actora y como se dijo a contrario sensu fue el
trabajador quien demostró hasta la saciedad la violación del principio de primacía de
realidad sobre la forma en conexidad con los demás derechos fundamentales
conculcados4.
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante auto de 28 de octubre de 2024, el magistrado ponente de primer grado
admitió la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar en calidad de
demandado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E; dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés del
Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al SENA; y le
reconoció personería al abogado Jhon Jairo Cabezas Gutiérrez como apoderado
de la parte accionante.
1.6. Contestaciones
1.6.1. SENA
Indicó que la acción de la referencia es improcedente debido a que lo pretendido
implica que el juez constitucional debe expedir un pronunciamiento de fondo sobre
un asunto que es exclusivo del juez de la nulidad y restablecimiento del derecho,
lo que conllevaría la intromisión en la órbita del funcionario natural y una
extralimitación por parte del fallador de esta sede constitucional. Así, aseguró que
este mecanismo carece de relevancia constitucional.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E
3 Para el efecto, se limitó a citar extensos apartes de la sentencia de 26 de junio de 2024,
expediente 18001-23-400-004-2017-00277-02; la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016, expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01; y la sentencia de 29 de junio de 2023,
expediente 11001-03-15-000-2023-02853-00.
4 Cita del texto original con posibles errores.
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El ponente de la decisión reprochada solicitó que se declare la improcedencia de
la solicitud de amparo comoquiera que no satisface el requisito de relevancia
constitucional por cuanto se trata de la reapertura de un debate que ya fue
zanjado a través del mecanismo judicial idóneo a instancias del juez natural de la
causa. En su defecto, solicitó que se denieguen la solicitud de amparo.
1.6.3. Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
El titular de ese despacho judicial solicitó su desvinculación en atención a que, a
su juicio, los reparos propuestos en la demanda tutelar están dirigidos contra la
decisión del juez ordinario de segunda instancia, por lo tanto, aseguró que no hay
argumentos que señalen que el juzgado hubiese incurrido en la vulneración de los
derechos fundamentales de la señora Lobo Martínez.
1.7. Fallo impugnado5
Mediante providencia de 14 de noviembre de 2024, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo luego de resaltar
que la controversia objeto de atención carece de relevancia constitucional porque
el debate no se realizó desde una óptica constitucional y lo que se pretende es
utilizar este mecanismo como una tercera instancia en la que se recabe en un
debate que fue decidido por el juez ordinario.
El fundamento de la referida resolutiva obedeció a que el a quo no advirtió de la
acción de tutela «un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones
por las que considera que se afectaron» sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al trabajo, entre otros. Adicionalmente, precisó que la
accionante no alegó que el fallo de 24 de mayo de 2024 adolezca de alguna
arbitrariedad judicial, puesto que el motivo de inconformidad radica en que se
revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
Por último, negó la solicitud de desvinculación elevada por el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, luego de considerar que le asiste
interés en el asunto de la referencia por haber fungido como juez de primer grado
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado oportunamente el 27 de noviembre de 2024, la señora Leyla
Karina Lobo Martínez impugnó la decisión del a quo en los siguientes términos:
5 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 25 de noviembre de 2024.
6
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(i) Relevancia constitucional
Controvirtió el fallo de primer grado al asegurar que el mecanismo de la referencia
sí es relevante constitucionalmente por cuanto se encuentra comprometida la
protección de los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, a la
igualdad y al trabajo como consecuencia de la existencia de los yerros fáctico,
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución
en la sentencia de 24 de mayo de 2024, en ese sentido, adujo que también se
desatendió el articulo 53 superior en el cual se estipula el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades.
Agregó que, tanto la Corte Constitucional como la Organización Internacional del
Trabajo han afirmado que el contrato de prestación de servicio se ha usado con el
fin de ocultar una relación laboral que favorece la ambigüedad de las obligaciones
de las partes y la insuficiencia o vacíos en la legislación6.
Alegó que en la sentencia T-130 de 20237 se abordó y superó el análisis de la
relevancia constitucional en un caso similar luego de concretar que en el asunto
objeto de estudio se advirtió, prima facie, que el juez desestimó algunos de los
testimonios practicados sin que mediara explicación alguna, sustentó la decisión
en una sentencia del Consejo de Estado que no era aplicable y desconoció el
precedente que sí lo era.
Cuestionó que el tribunal concluyera que la solicitud de amparo carece de
relevancia sin que mediara un estudio de fondo sobre cada uno de los defectos
planteados por la tutelante.
(ii) Defecto fáctico
Insistió en que el tribunal demandado valorara indebidamente los contratos de
prestación de servicio, a partir de los cuales, junto con las demás piezas
testimoniales y documentales se evidenciaba claramente el elemento de la
subordinación por cuanto acreditan la permanencia como instructora durante todo
el tiempo de vinculación al SENA y refuerza el hecho de la sujeción a la cual se
encontraba sometida a todas las directrices impartidas por la entidad y frente a las
cuales no podía liberarse o apartarse de forma liberal. En ese orden, refirió que el
caso concreto no se limita a un asunto meramente legal o económico.
6 Sentencias C-479 de 1992 y C-023 de 1994.
7 «[…] reiterado […] en la sentencia T 366 de 2023».
7
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Rebatió que el tribunal echara de menos una certificación expedida por el sistema
«Sofía Plus» pese a que tal documento no era posible de ser emitido por el
mencionado aplicativo, y que desconociera los testimonios a partir de los cuales
se demostró que la demandante cumplió los horarios impuestos por el SENA.
(iii) Desconocimiento del precedente
Advirtió que se desconocieron las sentencias de 26 de junio de 20248 y 29 de junio
de 20239 dictadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro de las
cuales, respectivamente, se analizó que de los contratos de prestación de servicio
se puede extraer el elemento de la subordinación y lo relativo a la configuración
del defecto fáctico como consecuencia de una defectuosa valoración probatoria.
También citó como desconocida la sentencia de «unificación» de 25 de agosto de
201610 expedida por la misma Sección en la que se abordó el tema de la situación
de los docentes vinculados por contrato de prestación de servicio 11, respecto de la
cual la parte accionante citó un aparte extenso y concluyó:
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto
es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.
[…]
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que una relación contractual que
pretende estar regida por la Ley 80 de 1993 pierde dicha característica cuando la
vinculación de personal se realiza con el fin de desempeñar funciones que
normalmente se asignarían mediante una relación legal y reglamentaria a un
servidor público, por lo que es dable señalar que ante la comprobación que el objeto
contractual y la labor desempeñada están íntimamente ligadas con funciones
misionales se configura entonces una real relación laboral en la que necesariamente
está presente la subordinación12.
8 Expediente 18001-23-40-004-2017-00277-02.
9 Expediente de tutela 11001-03-15-000-2023-02853-00.
10 «CE-SUJ2-005-16». Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01
11 También citó la sentencia de 9 de septiembre de 2021 dictada en el expediente 05001-23-33-
000-2013-01143-01, oportunidad en la cual se determinó que los indicios de la subordinación en
estos casos son el lugar de trabajo, el horario de labores, la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar, y que las actividades a desarrollar correspondan a las asignadas a los
servidores de planta.
12 Cita del texto original con posibles errores.
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En ese orden, adujo que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca «en su escueta argumentación de la decisión
objeto de la presente acción de amparo realizo una ponderación distante de la
realidad procesal probatoria incurriendo en evidentes errores protuberante de
derecho y de hecho que pone en tela de juicio su verdadera formación del
convencimiento […]».
(iv) Defecto sustantivo
Expuso que se aplicó indebidamente en la solución del caso concreto el numeral
15 del artículo 24 del Decreto 249 de 2004, debido a que, a juicio de la señora
Lobo Martínez, tal disposición no se ajusta a la situación de los instructores
contratistas para determinar la existencia de una relación laboral, puesto que
regula el estado de los instructores de carrera administrativa como se indicó por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en la sentencia de 12 de
diciembre de 202313.
Finalmente, pidió que se estudien «en debida forma» los yerros endilgados a la
sentencia de 24 de mayo de 2024, e insistió en las pretensiones contenidas en el
escrito de tutela.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Leyla Karina Lobo Martínez contra la sentencia 14 de noviembre de 2024
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
202114, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
En este punto es necesario precisar que, en el caso de las acciones de tutela
contra providencia judicial, esta Sala de Sección actuando en calidad de juez de
segunda instancia, analizará los argumentos traídos y desarrollados en el escrito
inicial y no se pronunciará respecto a los cargos que solo fueron planteados hasta
el escrito de impugnación.
13 Dentro del expediente de tutela 11001-03-15-000-2023-06716-00.
14 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
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Lo anterior, con el fin de garantizar el derecho de defensa de la parte pasiva y del
tercero interviniente, en tanto es menester precisar que dentro de este trámite
tutelar no se cuenta con las etapas propias de un proceso ordinario, habida cuenta
de que se trata de un medio de naturaleza subsidiaria y célere en el que solo se
tiene la oportunidad de ejercer contradicción respecto a los hechos y fundamentos
a partir de los cuales se promovió la demanda.
2.3. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 14 de noviembre de 2024 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados;
(iii) el análisis del caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 15
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema16.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales17.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
15
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
17 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201418, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. La Sala precisa que, de conformidad con la decisión del juez de tutela de
primera instancia, el requisito de relevancia constitucional no se advierte
superado en el asunto de la referencia frente a la providencia de 24 de mayo de
2024, marco en el cual los argumentos expuestos por la señora Leyla Karina Lobo
Martínez no cumplen con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la
sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 202219.
En el referido fallo la alta corte señaló que, tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate
que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado
por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021,
oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias
con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden
la esfera funcional de otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
18
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 Postura iterada en el fallo de tutela T-075 de 22 de marzo de 2023.
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superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
Luego entonces, en la sentencia SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que
se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para
la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de
los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución
de discusiones de naturaleza eminentemente legal.20
Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó
que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales».22
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos
legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la
20 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-573 de 2019.
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excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no
representen un interés general23. En este orden, el examen de la relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la simple
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»24.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso25, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de
derechos fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como
tribunales de cierre.
2.5.2.1. Ahora, al descender al análisis del escrito inicial, esta colegiatura no
avizora que las inconformidades de la señora Leyla Karina Lobo Martínez
contengan la carga argumentativa requerida. Es decir, al tratarse de una tutela
contra providencia judicial, es indispensable que desde la demanda la parte
accionante identifique los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las
garantías superiores que considera vulneradas y exponga con suficiencia las
razones del por qué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.
Si bien el extremo accionante resaltó que en este caso se configuró una
vulneración al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, lo cierto es que hasta
este punto del debate no se advierte, a priori, que la decisión censurada sea
arbitraria, irrazonable o caprichosa, debido a que, en el marco de su autonomía el
juez que conoció la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho negó las pretensiones de la demanda luego de concluir que con el
material probatorio aportado no se demostró la existencia del elemento de la
subordinación para efectos de establecer un vínculo laboral, y pese a que la
23 Ibídem.
24 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
25 Sentencia SU-573 de 2019.
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señora Lobo Martínez afirmó estar es desacuerdo con ello, no se cuenta con el
desarrollo de los yerros fáctico, sustantivo, procedimental, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución elevados contra la sentencia de
24 de mayo de 2024, ni la incidencia que ello representa en el alcance e
interpretación de sus garantías fundamentales invocadas.
Ello es así, debido a que, respecto al defecto fáctico se refirió a la indebida
valoración de los contratos, circulares, citaciones, e-mails, seminarios, cursos de
actualización, «entre otros», sin que explicara concretamente en qué fracasó la
valoración del tribunal y cómo esto incidió en la decisión final, puesto que se limitó
a indicar que lo correcto consistía en dar por acreditado el elemento de la
subordinación. En cuanto al desconocimiento del precedente si bien señaló las
sentencias presuntamente desatendidas, lo cierto es que no refirió la regla
derecho establecida en ellas y su relevancia en el análisis del caso concreto por
cuanto se limitó a citar apartes extensos de estas. Finalmente, sobre los demás
yerros, esto es, el procedimental, sustantivo y violación directa de la Constitución
no se esgrimió carga alguna.
Tal aserción se deriva de la revisión de los fundamentos expuestos por la señora
Lobo Martínez, a partir de una línea argumentativa general y dispersa dentro de la
cual no se cumplió con el deber de desarrollar en debida forma el sustento de
cada una de las vías de hecho planteadas, razón que dio lugar a que la Sección
Primera del Consejo de Estado declarara la improcedencia de este medio
subsidiario en primera instancia por carecer de relevancia constitucional, y con
ocasión de esto, la tutelante pretendió subsanar la falencia con un extenso
memorial de impugnación a través del cual incluyó nuevas alegaciones que, como
se precisó previamente, no serán objeto de pronunciamiento en aras de garantizar
el derecho de defensa de la autoridad judicial accionada y el tercero con interés.
En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo no cuenta con un
ejercicio de sustentación mínimo respecto a la providencia mencionada, ni desde
la esfera constitucional y de la violación de las garantías que la actora alegó como
desatendidas, que demuestre lo urgente de la intervención del juez de tutela y de
su pronunciamiento en el asunto de la referencia.
No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron determinados derechos superiores o se presentaron determinadas
vías de hecho, por el contrario, es menester que quien se considera afectado,
cumpla con el deber de argüir el concepto de la vulneración que se deriva de una
providencia judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales,
que implique en esta sede un análisis de fondo frente a la decisión cuestionada.
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Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que
sin lugar a dudas demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden
objeto de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en
su núcleo esencial.
Así las cosas, es evidente que este medio de amparo carece de la carga
argumentativa suficiente a través de la cual se justifique la relevancia del caso a
partir de la exposición del concepto de la violación, lo cual implica un ejercicio
explicativo, jurídico y lógico que le permita a esta colegiatura advertir una
prominente vulneración de sus prerrogativas superiores con ocasión de la
providencia dictada por la autoridad censurada, en el sentido riguroso que señaló
la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 215 y 103 de 202226.
Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de decisión confirme la improcedencia
de la solicitud de amparo de la referencia.
2.6. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 14 de
noviembre de 2024 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela promovida por la señora Leyla Karina
Lobo Martínez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 14 de noviembre de 2024 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
26 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia
de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.
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