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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00179-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00179-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Denegar el amparo que solicita el señor Luis Omar Calderón Gordillo, conforme a la parte considerativa que antecede. Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00179-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00179 00
Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa.
Privación injusta de la libertad. No se configura el defecto fáctico y violación
directa de la Constitución alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Luis Omar Calderón Gordillo, por medio de apoderada, interpone acción de
tutela contra la providencia del 4 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, que revocó la sentencia del 29 de septiembre de 2016
que profirió el Tribunal Administrativo del Caquetá.

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
de [j]uez natural de LUIS OMAR CALDERÓN GORDILLO, establecido en el artículo 29

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

de la Constitución Política.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia […] del 04 de julio de 2023 del Consejo
de Estado, Sala de lo [Contencioso Administrativo], Sección Tercera, Subsección
A, y en consecuencia y (sic) ordenar a dicha autoridad judicial que profiera un fallo
de reemplazo el cual debe guardar plena observancia de los derechos aquí
vulnerados y en el que se declare la responsabilidad del Estado por privación
injusta de la libertad del accionante.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante a través de su apoderada señala los
siguientes:

i) El 22 de junio de 2006, la Fiscalía Dieciséis Seccional de Puerto Rico (Caquetá)
abrió investigación sobre la presunta comisión del delito de rebelión y ordenó vincular
a los señores Javier Galindo Muñoz y Luis Omar Calderón Gordillo.

ii) El 5 de agosto de 2006, fue capturado el señor Galindo Muñoz en el municipio de
la Montañita (Caquetá) y el 28 de agosto de 2006 se le dictó medida de aseguramiento
de detención preventiva. El 7 de septiembre se produjo su aprehensión y el 14 del
mismo mes y año se le dictó medida de aseguramiento consistente en detención
privativa con base en testimonios rendidos por «exguerrilleros de las FARC».

iii) La Fiscalía Dieciséis Seccional de Puerto Rico les profirió resolución de acusación
el 1.º de febrero de 2007, por ser presuntamente responsables del delito de rebelión y
finalmente fueron absueltos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia,
mediante sentencia del 25 de septiembre de 2007, que quedó ejecutoriada el 8 de
octubre de 2007.

iv) Por esos hechos presentaron de manera independiente demandas de reparación
directa contra la Nación (Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación) para que
fuera declarada responsable patrimonialmente por los perjuicios derivados de la
privación injusta de la libertad de la que fue objeto por la supuesta comisión del delito
de rebelión, que finalizó con fallo absolutorio.

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

v) En sentencia dictada el 30 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sección Única de Descongestión, accedió parcialmente a las pretensiones formuladas
por el señor Javier Galindo Muñoz. Y, en proveído del 29 de septiembre de 2016, la
Sala Segunda de Decisión de esa corporación concedió parcialmente las súplicas de
su demanda, declarando responsable a la Fiscalía General de la Nación.

vi) el 14 de septiembre de 2017, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, en grado jurisdiccional de consulta mantuvo la declaración de responsabilidad del
Estado por la privación injusta de la libertad del señor Galindo Muñoz, mientras que el
4 de julio de 2023 revocó la sentencia del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones
de la demanda promovida por Luis Omar Calderón Gordillo.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega que con la sentencia objeto de censura se vulneran sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso y se incurrió en defecto fáctico y
violación directa de la Constitución, por los siguientes motivos:

i) Se configura un yerro fáctico, pues en el acervo probatorio del proceso de reparación
directa se encuentra la sentencia penal, prueba principal, sobre la cual se ejecutó una
valoración del todo defectuosa, ya que el Consejo de Estado como juez de segunda
instancia la apreció de manera parcializada, caprichosa y arbitraria apartándose de
hechos acreditados dentro del plenario que daban cuenta de la responsabilidad de la
Fiscalía General de la Nación, y que de haberse tenido en cuenta en su integridad el
acervo aportado otra hubiera sido la decisión adoptada.

ii) Ahora, la sentencia censurada abordó el análisis de la responsabilidad estatal desde
la óptica del régimen subjetivo y examinó si la medida de detención preventiva se tomó
cumpliendo los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y legalidad; no
obstante, el estudio fue inadecuado, ya que no evaluó las probanzas de manera
completa.

iii) Los hechos indicadores que dieron lugar a que el ad quem estimara que se cumplían

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento de privación de la
libertad fueron los testimonios rendidos por supuestos exintegrantes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia; sin embargo, esa condición de los deponentes
no estaba debidamente demostrada, pues aunque reconocieron haber pertenecido al
grupo subversivo, lo cierto es que otro testigo, el señor Jhon Yimi Duque Alvis
manifestó que los conoció como jornaleros no como miembros de alguna organización
armada. De igual forma, negó que Luis Omar Calderón Gordillo perteneciera a las
FARC.

iv) Aunque esa declaración se surtió con posterioridad al decreto de la medida de
detención preventiva, ello no obsta para concluir que no se acreditó la calidad de
subversivos de los testigos; al contrario, el relato del señor Duque Alvis demuestra que
la Fiscalía no desplegó las labores de investigación necesarias para corroborar la
autenticidad de las deposiciones.

v) De manera que, la calidad de los declarantes no se probó y para hacer un estudio
indiciario no debe existir duda respecto de los hechos indicadores, pues de ellos se
desprende la situación desconocida, por ende, el Consejo de Estado al estimar que
los testigos pertenecían a las FARC concluyó de manera incorrecta que las acusaciones
en su contra eran ciertas y que esas incriminaciones tenían la eficacia para privarlo de
la libertad.

vi) Por lo anterior es dable afirmar que la valoración probatoria de la autoridad
accionada no atendió a los criterios de la sana crítica y resultó arbitraria al anular
hechos probados durante el proceso, dado que no tuvo en cuenta todos los aspectos
que en la providencia penal se incluyen y que aquí se reiteran, los cuales de haberse
apreciado hubiesen generado una decisión favorable a sus pretensiones.

vii) Igualmente, se configura en el fallo cuestionado la violación directa de la
Constitución toda vez que en el juicio penal en el cual se le endilgó la supuesta
comisión del delito de rebelión, también fungía como encartado el señor Javier Galindo
Muñoz, en el que fueron valorados los mismos testimonios para dictar medida de
aseguramiento, es decir, existía una identidad fáctica y jurídica.

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

viii) Lo anterior, porque ambos sujetos fueron judicializados en igual proceso y privados
de la libertad con base en idénticas pruebas; así mismo, fueron absueltos por el
juzgado de primera instancia en aplicación del principio in dubio pro reo, lo que los
llevó a iniciar de manera separada acciones de reparación directa, los dos casos fueron
conocidos por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el de
Luis Omar Calderón Gordillo en segunda instancia en virtud de la apelación interpuesta
por la entidad condenada, esto es, la Fiscalía General de la Nación, y el de Javier
Galindo Muñoz en sede de grado jurisdiccional de consulta; además, las decisiones
tuvieron como magistrada ponente a la doctora Marta Nubia Velásquez Rico.

ix) Se aclara que, a pesar de la diferencia en la aplicación de regímenes, en su caso,
el subjetivo y, en el grado jurisdiccional de consulta, el objetivo, bajo las
consideraciones del fallo del 17 de octubre de 2013, el estudio del presupuesto de
necesidad se hizo en ambas providencias con una evidente diferencia en las
conclusiones, en una se halló necesaria y en la otra no, lo cual resulta incongruente,
máxime si se tiene en cuenta que los procesos fueron resueltos por la misma
magistrada ponente, con idénticas pruebas e iguales testimonios, pero sus
consideraciones fueron contrarias.

x) Debido a la mora judicial no fue indemnizado por el daño generado por el Estado,
porque si se hubiera resuelto antes del 2018 —fecha en la que cambió el precedente
sobre el régimen aplicable en casos de responsabilidad del Estado por privación injusta
de la libertad— se habría empleado el de responsabilidad objetiva, es decir, según lo
dispuesto en la sentencia del 17 de octubre de 2013; en consecuencia, se hubiera
reconocido la responsabilidad del Estado.

xi) La Sección Tercera del Consejo de Estado debió darle el mismo trato al que tuvo el
señor Galindo Muñoz basado en la aludida providencia de unificación, puesto que la
demanda de reparación directa, el fallo de primera de instancia, el recurso de apelación
y los alegatos se surtieron en vigencia del criterio que daba lugar a la responsabilidad
objetiva, y no según los parámetros del régimen subjetivo, con base en la Sentencia
SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional y del 6 de agosto de 2020 del Consejo de

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

Estado, en el entendido de que el cambio de precedente tiene efectos retrospectivos,
situación que viola de manera flagrante su derecho a la igualdad.

1.5. Actuación procesal

1.5.1. La acción de tutela se inadmitió por auto del 7 de marzo de 2024, en el que se
requirió a la abogada, señora Alexandra Calderón Sánchez para que 1) allegara poder
especial extendido por el señor Luis Omar Calderón Gordillo para adelantar el trámite
de tutela, con el lleno de los requisitos legales y 2) aportara los nombres y direcciones
de notificación de los posibles demandantes que actuaron dentro del medio de control
de reparación directa con radicado 18001 23 31 000 2010 00060 00 [01], a fin de
vincularlos como terceros con interés dentro del proceso de la referencia. El 15 de
marzo de 2024 se radicó memorial de subsanación.

1.5.2. Mediante proveído del 4 de abril de 2024, se admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la Nación (Rama Judicial,
Fiscalía General de la Nación) y a los señores Karen Rocío Calderón Dagua, Luis
Daniel Calderón Dagua, Gloria Stella Calderón Dagua, Yeisson Alejandro Calderón
Loaiza, Mayerly Calderón Loaiza, Yury Tatiana Calderón Loaiza, Nini Fallany Calderón
Finicue, Stella Dagua Hiter, Olga Gordillo Guzmán, Elena Calderón Gordillo, Nelson
Calderón Gordillo, Mario Calderón Gordillo, Robinson Calderón Gordillo y Esperanza
Calderón Gordillo, demandada y demandantes, respectivamente, dentro del medio de
control de reparación directa con radicación 18001 23 31 000 2010 00060 00 [01],
como terceros interesados en las resultas de este proceso, para que dentro del término
de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. El consejero
Fernando Alexéi Pardo Flórez alega que no intervino en la aprobación de la sentencia
objeto de censura; en consecuencia, respetará y acatará lo que se resuelva en este
caso.

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

1.6.2. Las entidades y las personas vinculadas a este proceso guardaron silencio, no
obstante, fueron debidamente notificadas.

1.7. Manifestación de impedimento

El consejero de Estado, doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez, considera estar incurso en
la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, que atribuye al hecho de que sostiene una relación de amistad íntima y
entrañable con la magistrada María Adriana Marín, quien suscribió la decisión objeto
de cuestionamiento, lo que no le permite conocer sobre la solicitud de amparo.

Por medio de auto del 15 de febrero de 2024, se declaró fundado el impedimento
manifestado por el doctor Duque Gutiérrez; en consecuencia, fue separado del
conocimiento del asunto, en procura de garantizar los principios de independencia e
imparcialidad de la administración de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley
270 de 1996.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017,
que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación
y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4», la Sala es
competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor
Luis Omar Calderón Gordillo contra la sentencia del 4 de julio de 2023, que profirió el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio de control de
reparación directa con radicación 18001 23 31 000 2010 00060 01.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la

1T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.

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consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,2 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,3 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
3Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,4 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 22 de enero de 2010, el señor Luis Omar Calderón Gordillo y su grupo
familiar instauraron medio de control de reparación directa contra la Nación (Rama
Judicial, Fiscalía General de la Nación) para que fuera declarada administrativamente
responsable por los daños que les causó la injusta y arbitraria privación de la libertad
de que fue objeto del 6 de septiembre de 2006 al 28 de septiembre de 2007.5

2.4.2. El 29 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Segunda de Decisión, profirió fallo dentro del expediente con radicación 18001 23 31
002 2010 00060 00, en el que resolvió lo siguiente:6

PRIMERO: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL, conforme lo indicado en la sentencia.

SEGUNDO: Declarar que la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es
administrativamente responsable por los perjuicios causados al señor LUIS OMAR
CALDERÓN GORDILLO, por la injusta privación de la libertad de que fue objeto,
conforme lo demostrado y aludido en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la NACIÓN
– FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a cancelar las siguientes sumas de dinero a favor
de las siguientes personas que a continuación se relacionan:

a) Por concepto de perjuicios morales, así:

4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
5 Índices 36 y 39, del expediente electrónico.
6 Índices 36 y 39, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00179 00
Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

DEMANDANTES CALIDAD SMLMV
LUIS OMAR CALDERÓN GORDILLO Afectado directo 90
OLGA GORDILLO GUZMÁN Madre 90
STELLA DAGUA HITER Compañera 90
Permanente
NINI FALLANY CALDERÓN LOAIZA Hija 90
YURI TATIANA CALDERÓN LOAIZA Hija 90
MAYERLY CALDERÓN LOAIZA Hija 90
YEISSON ALEJANDRO CALDERÓN Hijo 90
LOAIZA
GLORIA STELLA CALDERÓN DAGUA Hija 90
LUIS DANIEL CALDERÓN DAGUA Hijo 90
KAREN ROCÍO CALDERÓN DAGUA Hija 90
ELENA CALDERÓN GORDILLO Hermana 45
NELSON CALDERÓN GORDILLO Hermano 45
MARIO CALDERÓN GORDILLO Hermano 45
ROBINSON CALDERÓN GORDILLO Hermano 45
ESPERANZA CALDERÓN GORDILLO Hermana 45

b) Por concepto de lucro cesante:

A favor del señor LUIS OMAR CALDERÓN GORDILLO, la suma de ONCE MILLONES
CIENTO SETENTA MIL SETENCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO
M/CTE ($ 11.170.759,01).

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin costas en la instancia.

[…]

2.4.3. El 4 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
desató el recurso de apelación interpuesto por la Nación (Fiscalía General de la
Nación), en la que dispuso lo siguiente:7

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 29 de
septiembre de 2016 y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

[…]

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

7 Índice 2, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00179 00
Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

2.5.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate planteado por el accionante gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto
se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión propuesta
dentro del medio de control de reparación directa con radicación 18001 23 31 000 2010
00060 01.

2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», porque la decisión objeto de
reproche constitucional data del 4 de julio de 2023, se notificó por edicto electrónico el
24 de julio de 2023, quedando ejecutoriada el 31 de julio de 2023 y la presente acción
de tutela se radicó ante la Secretaría General de esta corporación el 16 de enero de
2024,8 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló el Consejo de Estado
como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de reparación directa.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la sentencia del 4 de julio de 2023,
que emitió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

8 Índice 1, del expediente electrónico.

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de
la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».9

En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:

[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento.10 [Negrillas fuera del texto]

En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.

2.5.2.2. De la violación directa de la Constitución Política

La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de

9 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».

La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.

Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,11 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurrían el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación, la Corte
Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente
prohíbe al superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único», suponía la materialización del defecto sustantivo. 12 Al respecto la
Corte manifestó:

[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].

Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:

«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].

Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en

11 Sentencia de 12 de diciembre de 2000.
12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

« […] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional13 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.14

2.5.3. Los defectos alegados

El señor Luis Omar Calderón Gordillo somete a juicio lo resuelto en sede ordinaria,
pues alega que, el análisis efectuado por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en la sentencia del 4 de julio de 2023 vulnera sus derechos

13 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
14 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de l 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

fundamentales a la igualdad y al debido proceso e incurrió en defecto fáctico y violación
directa de la Constitución.

2.5.4. El caso concreto

La Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, al desatar el recurso de
apelación interpuesto por la Nación (Fiscalía General de la Nación) contra el fallo
condenatorio dictado por el Tribunal Administrativo del Caquetá consideró pertinente
establecer el régimen aplicable en los asuntos de privación injusta de la libertad, toda
vez que mientras el a quo señaló que al accionante se le causó un daño antijurídico
con fundamento en el régimen objetivo de responsabilidad, la entidad recurrente
alegaba que sus actuaciones se ajustaron a la ley; por consiguiente, el estudio debía
hacerse en el contexto de la falla en el servicio.

Ahora, la Sala en relación con la responsabilidad del Estado en casos como el que
aquí se examina y sobre la jurisprudencia que sobre privación injusta de la libertad ha
desarrollado esta corporación ha indicado lo siguiente:

2.5.4.1. La responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad

Según lo establecido en el artículo 90 constitucional y de las disposiciones contenidas
en la Ley 270 de 1996, el Estado debe responder patrimonialmente en aquellos
eventos en los que, en virtud de una decisión proferida por la autoridad judicial
competente, una persona es injustamente privada de la libertad.

De conformidad con la referida norma, el Estado es responsable patrimonialmente por
los daños antijurídicos que le sean imputables, regla que se expresa en los siguientes
términos:

Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que
le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas. En el evento de ser condenado el Estado el Estado a la reparación
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

Esta cláusula general de responsabilidad trajo como consecuencia la
constitucionalización de la responsabilidad extracontractual del Estado, bajo la égida
del concepto de «daño antijurídico», definido por el Consejo de Estado como el
menoscabo o detrimento de un interés jurídicamente tutelado, al tiempo que ha
entendido que es antijurídico cuando no existe el deber de soportarlo, circunstancia de
la cual surge su naturaleza de resarcible.

Por su parte, las disposiciones contenidas en la Ley 270 de 1996, 15 en torno a la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, establecen:

Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la
privación injusta de la libertad.

[…]

Artículo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente
de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

De esta forma, emerge para quien se considere afectado o lesionado con una acción
u omisión de la administración, el deber de demostrar que el daño por el que reclama
tiene la connotación de antijurídico; y una vez este se encuentre estructurado, se
analiza la posibilidad de su imputación o no al Estado.

2.5.4.2. Jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de privación injusta de
la libertad

Para efectos de dar claridad al asunto, se traen a colación los criterios definidos por la
Sección Tercera del Consejo de Estado respecto a la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad, frente a los cuales se ha dado un cambio importante.

Así, se tiene que, en la sentencia del 17 de octubre de 2013, 16 la Sección Tercera de

15 Entró en vigor el 7 de marzo de 1996.
16Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Radicación 52001-23-31-000-1996-07459-
01 (23.254). Consejero ponente doctor Mauricio Fajardo Gómez.

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

esta corporación, acogió un régimen de responsabilidad objetivo cuando el sindicado
era absuelto porque i) no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la
cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo, eventos
a partir de los cuales la antijuridicidad del daño se consideraba presente, y, por
tanto, debía probarse únicamente la ocurrencia del daño, es decir, la privación de la
libertad. En este régimen, para efectos de que no se emitiera orden de condena se
debía demostrar la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad.

Posteriormente, con la sentencia de 15 de agosto de 2018,17 la Sección Tercera del
Consejo de Estado modificó y unificó su jurisprudencia e indicó que, en lo sucesivo,
cuando se evidencie que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida
restrictiva de la libertad, sea cual fuera la causa de ello, incluso cuando se encuentre
que i) el hecho no existió,18 ii) que el sindicado no cometió el ilícito,19 iii) que la conducta
investigada no constituyó un hecho punible,20 o iv) que la desvinculación del
encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio
in dubio pro reo,21 será necesario hacer el respectivo examen de conformidad
con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la
antijuridicidad del daño.

Y, adicional a lo anterior, precisó que, en materia de imputación, se debe verificar,
imprescindiblemente, incluso de oficio, i) si quien fue privado de la libertad actuó con
culpa grave o dolo; y, ii) si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la
subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

Sin embargo, dicho precedente se dejó sin efectos mediante fallo de tutela del 15 de
noviembre de 2019,22 por vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
particularmente en lo referente a la presunción de inocencia, en cuanto no se valoró si

17 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947).
Consejero ponente doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.
18 Ver sentencias de 29 de marzo de 2012 (16.448) y de 12 de febrero de 2014 (33.550).
19 Ver sentencias de 29 de septiembre de 2015 (38.813) y de 30 de marzo de 2016 (39.207).
20 Ver sentencias de 13 de febrero de 2013 (25.698) y de 30 de junio de 2016 (40.475).
21 Ver sentencias de 31 de enero de 2011 (18.452) y de 1.º de junio de 2017 (43.294).
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, radicación 11001 03 15 000 2019 00169 01,

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

la imposición de la medida de aseguramiento se causó por la actuación procesal de la
víctima.

En ese orden, se dispuso emitir una decisión de reemplazo en la que se valorara la
culpa de la víctima sin violar su presunción de inocencia, esto es, el derecho a no ser
tratado como si fuera culpable de la detención que se le impuso, en tanto que ninguno
de los juicios necesarios para examinar los elementos de la responsabilidad autorizaba
al juez administrativo a sustituir al juez penal.

La Sección Tercera del Consejo de Estado en cumplimiento de lo anterior, profirió la
sentencia del 6 de agosto de 2020,23 en la que mantuvo la decisión de negar la
prosperidad de las pretensiones de la parte demandante, pero, en esta ocasión,
porque no se acreditó la antijuridicidad del daño.

2.5.4.3. La providencia objeto de demanda

La autoridad accionada en el fallo cuestionado con base en un marco legal y
jurisprudencial similar al que se dejó expuesto decidió la controversia en segunda
instancia y sobre el pronunciamiento del 6 de agosto de 2020, destacó lo siguiente:

[…] si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de manera
enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, particularmente la
definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996[...], en la que se
sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la
actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues,
en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos
eventos.

En ese contexto, la Sección Tercera, Subsección A, indicó que tanto el Consejo de
Estado como la Corte Constitucional han establecido que los cambios
jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos; en consecuencia, se aplican a todos
los casos pendientes de resolución en vía judicial y administrativa. Al efecto hizo las
siguientes consideraciones:

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, radicación 66001 23 31 000 2011 00235 01 (46.947), consejero

ponente: José Roberto Sáchica Méndez.

20

Radicado: 11001 03 15 000 2024 00179 00
Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

Conviene agregar que, en múltiples fallos de tutela24, se ha señalado que los
operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha servido de
sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas
controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por no tener
en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la
demanda o del fallo de primera instancia25.

Con fundamento en lo anterior, la Subsección A de la Sección Tercera indicó que el
estudio del caso se debía efectuar desde la óptica del régimen subjetivo, según lo
plasmado en la Sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se
precisó que no hay un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos
de privación de la libertad, pues es al juez al que le corresponde realizar el examen
para determinar si la medida restrictiva de ese derecho fundamental «fue apropiada
y/o proporcionada, es decir, si devino o no en injusta», para lo cual tuvo en cuenta
como hechos probados los siguientes:

Está demostrado que el demandante fue capturado por orden judicial y que la
Fiscalía 16 Seccional de Puerto Rico (Caquetá) le impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva, pues ello constituye un tema
que no fue objeto de apelación y que tiene respaldo probatorio en los documentos
aportados con la demanda, los cuales no fueron objetados ni tachados por las
entidades demandadas.

La medida restrictiva de la libertad tuvo como soporte la declaración de varios
exintegrantes de las Farc, quienes coincidieron en señalar al señor Calderón
Gordillo y a su compañera sentimental como colaboradores de la guerrilla en

24 «Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, radicación

11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii) sentencia
del 18 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo
de Estado; (iii) sentencia del 24 de mayo de 2021, radicación 11001-03-15-000- 2021-02039-00,
Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B».
25 «La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de

conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta Corporación.
Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el
asunto sometido a su consideración, analizando la antijuridicidad del daño para encontrar acreditada la
responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Adicionalmente, debe indicarse que no
resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis
prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado 23.354, por ser
esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado,
por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales
deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su
consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la
aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente No.
66.535, M.P. Nicolás Yepes Corrales)».

21

Radicado: 11001 03 15 000 2024 00179 00
Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

actividades de inteligencia y seguimiento a reinsertados, entre otras26.

La aludida decisión mencionó las declaraciones rendidas en etapa de
investigación, sin exponer argumentos tendientes a desestimarlas o cuestionar su
idoneidad; por otro lado, aludió a pruebas sobrevinientes que generaban dudas
acerca de la responsabilidad penal del procesado, pero tampoco efectuó un
razonamiento que permita concluir en qué consistían y si tenían la virtualidad de
establecer que la definición de situación jurídica y la resolución de acusación
carecieran de sustento o que configuraron decisiones arbitrarias.

Es importante destacar que a esta jurisdicción no le corresponde calificar o
examinar las determinaciones adoptadas por la justicia penal, a efectos de
determinar si fueron acertadas o no; sin embargo, la Sala observa que la
absolución del procesado devino de la aplicación del beneficio de la duda a su
favor, con ocasión de la existencia de pruebas que lo incriminaban y también de
otras que, aparentemente, predicaban su inocencia, lo cual se puede explicar
desde la óptica del rigor probatorio en cada etapa de la investigación y del proceso
penal en general.

Concluyó del referido examen que la medida de aseguramiento que se le impuso al
accionante partió de una situación fáctica racional y que la Fiscalía contaba con
elementos probatorios que involucraban al señor Calderón Gordillo que permitían
estimar su presunta participación en la conducta delictiva por la que fue investigado y
acusado, independientemente de que el juez penal lo hubiere absuelto en aplicación
del principio in dubio pro reo. Al respecto hizo las siguientes consideraciones:

Para el análisis de los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad de la
medida, cabe señalar que el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 –norma aplicada
en el proceso penal- establecía que la imposición de la medida de aseguramiento
era procedente cuando aparecían, por lo menos, dos indicios graves de
responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

Los elementos con los que contaba la Fiscalía, frente a los cuales ya se ha
efectuado el razonamiento correspondiente, permitían la imposición de la medida
de aseguramiento, desde el punto de vista de los requisitos legales, pues existían
indicios que comprometían su participación como posible responsable del delito de
rebelión, pues se indicó su participación con la guerrilla y el supuesto vínculo
sentimental con otra persona que pertenecía al grupo subversivo.

En este punto conviene reiterar que los requisitos en materia probatoria para la
imposición de la medida de aseguramiento son diferentes a los exigidos por el
legislador para determinar la responsabilidad penal del procesado a través de la

26 «Folios 33 a 44 del cuaderno principal. Entre las consideraciones expuestas por el ente investigador

se destacan las siguientes (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): “el reinsertado
(…) asevera bajo la gravedad de juramento que Luis Omar Calderón alias Calderón se dedica en
compañía de Ninfa Lozada y (…) a hacer inteligencia en el pueblo, a la policía y el ejército y ubicar a los
desmovilizados y a sus familias en la ciudad de Bogotá. (…) asegura que la guerrillera rasa de nombre
(…) se juntó a vivir con Luis Omar, con quien tienen una hija de 5 años, lo señala como miliciano,
prestando seguridad a los detenidos que tenía la guerrilla (…)».

22

Radicado: 11001 03 15 000 2024 00179 00
Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

acusación y la eventual condena, puesto que en este último caso las evidencias
deben estar ligadas a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, a efectos de
determinar con certeza su participación en el delito, a diferencia del manejo
indiciario que permite la definición de la situación jurídica, según se ha explicado.

Frente a los demás elementos, basta con señalar que la naturaleza del delito
investigado justificaba la restricción de su libertad, no solamente porque se trata
de un delito de gran impacto nacional y que tiene relación con la potencial
perturbación del orden público y social, la estructura del gobierno y del mismo
Estado, sino porque la pena establecida para ese tipo de conductas permitía al
fiscal actuar de la forma en que lo hizo[…], lo que denota que la investigación no
fue caprichosa ni irracional.

En ese orden de ideas, la Sala considera que no se puede estimar, como lo aduce el
accionante, que en la sentencia censurada se haya hecho una apreciación defectuosa,
de manera parcializada, caprichosa y arbitraria del fallo penal y que se haya apartado
de hechos que se encuentran demostrados dentro del proceso para declarar la
ausencia de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Por el contrario, la
Sección Tercera, Subsección A, determinó que la detención preventiva que afrontó el
señor Luis Omar Calderón Gordillo resultaba necesaria, porque el delito de rebelión
por el que se le investigaba se relacionaba con la posible colaboración a grupos
ilegales «[conducta] de gran impacto nacional y que tiene relación con la potencial
perturbación del orden público y social, la estructura del gobierno y del mismo Estado»;
así como que el acervo probatorio recaudado hasta que se produjo su absolución daba
cuenta de que era indispensable, para impedir la continuidad del hecho que originó
toda la actuación punitiva, sin que ello suponga la conclusión de que la privación de la
libertad fue injusta, pues una cosa es la decisión del juez penal en la resolución del
asunto, que en este caso se dio por la aplicación del principio de in dubio pro reo y otra
el análisis que el juez administrativo debe realizar en torno a la responsabilidad del
Estado con ocasión de la privación de la libertad que se demanda.

Y es que lo que el juez contencioso debe examinar en materia de antijuridicidad del
daño no es la conducta delictiva en sí, sino los aspectos que rodearon la decisión de
la medida de aseguramiento, a efecto de determinar si esta fue adecuada, proporcional
y razonable con los hechos del caso.

Así las cosas, lo que se advierte es que la parte actora está inconforme con la lógica
y estudio dado por el fallador en el análisis del asunto y utiliza la acción de tutela para

23

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Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

plantear un examen de las probanzas, que, a su juicio, es el que debe darse,
circunstancia que el juez constitucional no puede avalar no solo porque no es de su
competencia realizar este tipo de valoraciones, sino porque el defecto fáctico está
estructurado en específicas causales referenciadas por la Corte Constitucional y en
ninguno de los eventos previstos se encuentra la posibilidad de estudiar la prueba bajo
consideraciones propias del juez de tutela.

El juzgador de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera
el material probatorio que obra dentro de un proceso, sin que al juez de tutela le esté
permitido «convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto», como lo pretende el
accionante en esta oportunidad.

Al respecto, la Sala ha sido constante en sostener que la tarea de decidir ante distintos
medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance, deben ser
utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso es una materia de
mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica
de la prueba, que en virtud del artículo 176 del Código General del Proceso constituye
una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.

En tal sentido, la Sala encuentra que en la providencia enjuiciada no se incurrió en
defecto fáctico y, por tanto, no advierte vulneración de las garantías fundamentales
invocadas al respecto.

Igualmente, la Sala estima que en la decisión expedida por la Sección Tercera,
Subsección A, no se configura la violación directa de la Constitución como lo aduce la
parte actora, pues precisamente la sentencia se adoptó en obedecimiento a los
mandatos constitucionales, la normativa legal y el criterio tanto de esta corporación
como de la Corte Constitucional sobre los efectos de las sentencias de unificación y el
deber de los operadores judiciales de privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al
momento de resolver el asunto sometido a su escrutinio, sin que ello constituya la
vulneración de derechos fundamentales.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00179 00
Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

Así las cosas, se tiene que en el asunto sub examine no se acreditó que la autoridad
accionada, hubiera desconocido ningún precepto constitucional o que haya realizado
una interpretación arbitraria de la normativa que rige la figura de la privación injusta de
la libertad; por el contrario, atendió el deber que le asiste de velar por el cumplimiento
de lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-072 de 2018, en la que
señala la necesidad de estudiar las disposiciones de la Ley 270 de 1996 y la exégesis
que de los artículos 65 y 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia hizo
la Corte en la sentencia C-037 de 1996. Además, fue enfática en que en materia de
privación de la libertad no se privilegia ningún régimen de responsabilidad, y que,
independientemente del que se adopte, se debe examinar la antijuridicidad del daño.

En tal sentido, la Sala encuentra que en el fallo acusado no se incurrió en violación
directa de la Constitución como lo alega el accionante, pues se repite, precisamente
en acatamiento de la preceptiva legal y el criterio jurisprudencial que rige en asuntos
de privación injusta de la libertad como se estableció en las motivaciones de la
providencia acusada no se evidencia que vayan en contravía de la supremacía que
comporta el artículo 4.º de la Constitución.

Según lo expuesto, la Sala estima que en la providencia emitida por la autoridad
accionada no se advierte la configuración de una actuación constitutiva de vía de
hecho que quebrante las garantías fundamentales de la parte demandante; en tal
virtud, se denegará el amparo deprecado por el señor Calderón Gordillo.

3. Conclusión

La Sala concluye que en la providencia del 4 de julio de 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que revocó el fallo del 29 de septiembre
de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de
Decisión, no se incurrió en los defectos aducidos por el accionante.

En tal sentido, la Sala procederá a denegar el amparo que solicita el señor Luis Omar
Calderón Gordillo.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 00179 00
Demandante: Luis Omar Calderón Gordillo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Denegar el amparo que solicita el señor Luis Omar Calderón Gordillo,
conforme a la parte considerativa que antecede.

Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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