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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2010-00060-01

Fecha
4 de julio de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2010-00060-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 29 de septiembre de 2016 y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 18001-23-31-000-2010-00060-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

4 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 18001-23-31-000-2010-00060-01 (58.869)

Actor: LUIS OMAR CALDERÓN GORDILLO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – la
autoridad judicial debe verificar si la medida de aseguramiento se impuso bajo los criterios
de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad / RÉGIMEN DE
RESPONSABILIDAD APLICABLE – el desarrollo jurisprudencial permite aplicar el criterio
expuesto en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la
Nación contra la sentencia del 29 de septiembre de 2016, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Caquetá accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los demandantes pretenden obtener la indemnización de los perjuicios sufridos con
ocasión de la privación de la libertad que afrontó el señor Luis Omar Calderón
Gordillo, en el marco de una investigación penal que se adelantó en su contra por
la supuesta comisión del delito de rebelión, que terminó con sentencia absolutoria.

II. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 10 de diciembre de 20091, Luis Omar Calderón Gordillo y otros, por conducto de
apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa en contra de la
Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de que se
declare su responsabilidad patrimonial como consecuencia de los perjuicios
derivados de la privación de la libertad que afrontó en un proceso penal por la
supuesta comisión del delito de rebelión, que finalizó con sentencia absolutoria.

1 Folio 25 del cuaderno principal.

Radicación: 18001-23-31-000-2010-00060-01 (58.869)
Actor: Luis Omar Calderón Gordillo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa

En síntesis, los hechos fueron los siguientes:

El 6 de septiembre de 2006, el señor Luis Omar Calderón Gordillo fue capturado en
el municipio de Montañita, como consecuencia de la orden de captura que había
sido librada por la Fiscalía 16 Seccional de Puerto Rico (Caquetá) por la supuesta
participación en el delito de rebelión. El 11 del mismo mes y año le fue impuesta
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

La mencionada fiscalía profirió resolución de acusación y finalmente el procesado
fue absuelto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia, mediante
sentencia del 25 de septiembre de 2007, la cual quedó ejecutoriada el 8 de octubre
del mismo año.

La parte actora sostuvo que las entidades demandadas debían responder por los
perjuicios causados con la privación de la libertad que afrontó el señor Luis Omar
Calderón Gordillo, dado que el proceso penal concluyó con sentencia absolutoria.

2. Contestación de la demanda

2.1. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, para lo cual sostuvo que la medida de aseguramiento impuesta al
demandante se sustentó en los elementos probatorios que lo vinculaban como
posible responsable del delito de rebelión, motivo por el cual no incurrió en falla del
servicio2.

2.2. La Rama Judicial contestó la demanda y solicitó que se negaran las
pretensiones, entre otras razones, porque su actuación se limitó a proferir la
sentencia absolutoria y la consecuente orden de libertad del procesado, motivo por
el cual el daño alegado no le resultaba imputable3.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo del
Caquetá accedió parcialmente a las pretensiones, desde la óptica del régimen
objetivo de responsabilidad, para lo cual estimó que la imposición de la medida de
aseguramiento y la posterior absolución del procesado permitían predicar una
privación injusta de su libertad, que en su criterio resultaba imputable únicamente a

2 Folios 142 a 151 del cuaderno principal.
3 Folios 162 a 169 del cuaderno principal.

2

Radicación: 18001-23-31-000-2010-00060-01 (58.869)
Actor: Luis Omar Calderón Gordillo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa

la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual declaró la falta de legitimación en
la causa por pasiva respecto de la Rama Judicial4.

El fundamento de la decisión del Tribunal será plasmado en la parte considerativa
de la presente providencia.

4. El recurso de apelación

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se revoque la sentencia. Insistió en
la legalidad de la actuación adelantada en la etapa de investigación y de las
decisiones que adoptó, lo que desvirtuaba el supuesto carácter injusto de la
privación de la libertad que afrontó el demandante5.

Los argumentos específicos de la impugnación serán abordados en las
consideraciones de esta providencia.

5. El Ministerio Público rindió concepto, a través del cual solicitó que se confirme
la sentencia, por cuanto, en su criterio, se reúnen los requisitos para declarar la
responsabilidad de la entidad demandada, desde la óptica del régimen objetivo.

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, la Sala6 procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de
demanda en tiempo, competencia y legitimación en la causa.

1. El objeto del recurso de apelación y el esquema que se propone para
resolver el asunto

De acuerdo con los reparos de la impugnación, a la Sala le corresponde examinar
si la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía al demandante tuvo sustento
legal y probatorio, lo cual impone analizar si atendió a los principios de legalidad,
proporcionalidad, racionalidad y necesidad.

4 Folios 294 a 308 del cuaderno del Consejo de Estado.
5 Folios 314 a 328 del cuaderno del Consejo de Estado.
6 Mediante auto del 20 de enero de 2023, la ponente de esta providencia avocó el conocimiento del

asunto de la referencia con fines de descongestión, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de 2022.

3

Radicación: 18001-23-31-000-2010-00060-01 (58.869)
Actor: Luis Omar Calderón Gordillo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa

2. Caso concreto

En el fallo apelado, el tribunal a quo sostuvo que el demandante sufrió un daño
antijurídico derivado de la privación injusta de su libertad, desde la perspectiva del
régimen objetivo, debido a que no se encontraba en el deber jurídico de soportar la
restricción de ese derecho, en atención a que el proceso penal en el que se le
impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva terminó con
sentencia absolutoria.

La Fiscalía General de la Nación expuso que no le asistía responsabilidad, porque
la imposición de la medida de aseguramiento atendió al principio de legalidad y se
fundamentó en los elementos probatorios existentes al momento de resolver la
situación jurídica del procesado, los cuales daban cuenta de indicios graves con la
virtualidad de comprometerlo en la comisión del delito de rebelión.

Lo anterior para concluir que el demandante no sufrió un daño antijurídico derivado
de la privación de su libertad, motivo por el cual se debía revocar la sentencia de
primera instancia y, como consecuencia, negar las pretensiones.

Como el a quo, al aplicar el régimen objetivo de responsabilidad, señaló que se le
causó un daño antijurídico a Luis Omar Calderón Gordillo, mientras que la
recurrente, al indicar que sus actuaciones se ajustaron a la ley, concluyó que no se
concretó un daño de esa naturaleza -argumento del cual se infiere que el análisis
debe hacerse en el contexto de la falla en el servicio-, la Sala considera pertinente
referirse al régimen aplicable en los asuntos de privación injusta de la libertad.

La Sala parte por señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de
19967, analizó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia y manifestó que, en los casos de privación injusta
de la libertad, no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el
juez debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para
determinar si existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.

A través de sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la Sección Tercera
de esta Corporación8, con fundamento en los supuestos consagrados en el artículo

7
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M.P: Vladimiro Naranjo
Mesa, exp: PE-008.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de unificación del 17 de octubre de 2013. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 23.354.

4

Radicación: 18001-23-31-000-2010-00060-01 (58.869)
Actor: Luis Omar Calderón Gordillo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa

414 del Decreto 2700 de 1991, acogió un régimen de responsabilidad objetivo en
los casos de privación de la libertad cuando el sindicado era absuelto porque (i) no
cometió el delito; (ii) el hecho no existió; (iii) la conducta por la cual fue detenido no
es típica, providencia en la que, además, se agregó el supuesto (iv) de aquellos
casos en los cuales se concedía la libertad por aplicación del principio in dubio pro
reo, pese a que este último evento no estaba previsto en la norma mencionada.

Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 20189, a través
de la cual precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la
Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037
de 1996- estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los
eventos de privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde
determinar si la privación fue apropiada, razonable y proporcionada.

A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 201810, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos;
sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela11, por lo que el 6
de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo 12, este último
que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de manera
enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, particularmente la
definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 199613, en la que se
sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la
actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues,
en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos
eventos.

Contextualizado el panorama jurisprudencial, la Subsección considera pertinente
aclarar que, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo,

9
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando
Reyes Cuartas, exps: T-6.304.188 y T-6.390.556.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de unificación del 15 de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947.
11
Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 6 de agosto de 2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947.
13
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

5

Radicación: 18001-23-31-000-2010-00060-01 (58.869)
Actor: Luis Omar Calderón Gordillo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa

tanto el Consejo de Estado14 como la Corte Constitucional15 han indicado que, por
regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende,
se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.

Conviene agregar que, en múltiples fallos de tutela16, se ha señalado que los
operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha servido de
sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas
controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por no tener
en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la demanda
o del fallo de primera instancia17.

En las condiciones que se acaban de señalar, la Sala considera que, de acuerdo
con el razonamiento esbozado en el recurso de apelación, en este caso resulta
pertinente efectuar su estudio desde la óptica del régimen subjetivo, teniendo en
cuenta lo plasmado en el fallo SU-072 de 2018, proferido por la Corte Constitucional,
en cuyos argumentos hizo mención a la sentencia C-037 de 1996 y precisó que no
hay un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación
de la libertad, pues es el juez quien, en cada caso, debe realizar un análisis para
determinar si la medida restrictiva de ese derecho fundamental fue apropiada,
razonable y/o proporcionada, es decir, si devino o no en injusta18.

14
Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i)
Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de
abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
15
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P:
Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.
16 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, radicación

11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii)
sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección
Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de mayo de 2021, radicación 11001-03-15-000-
2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B.
17 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de

conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta
Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando la antijuridicidad del daño para
encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Adicionalmente,
debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que
debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013),
radicado 23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha
indicado el Consejo de Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo
contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de
resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como
la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25
de agosto de 2022, expediente No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes Corrales).
18 La Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, al decidir un recurso extraordinario de

unificación de jurisprudencia, consideró: “Recuérdese también que, en diversas providencias

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Radicación: 18001-23-31-000-2010-00060-01 (58.869)
Actor: Luis Omar Calderón Gordillo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa

De acuerdo con lo anterior, y establecido que el análisis de la responsabilidad en
este tipo de casos no está limitado a un régimen en específico, la Sala se encargará
de establecer si la imposición de la medida de aseguramiento resultó racional, legal,
proporcional y necesaria, al margen de la decisión de fondo que se adoptó en el
proceso penal, para lo cual conviene precisar lo siguiente.

Está demostrado que el demandante fue capturado por orden judicial y que la
Fiscalía 16 Seccional de Puerto Rico (Caquetá) le impuso medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva, pues ello constituye un tema que no fue objeto
de apelación y que tiene respaldo probatorio en los documentos aportados con la
demanda, los cuales no fueron objetados ni tachados por las entidades
demandadas.

La medida restrictiva de la libertad tuvo como soporte la declaración de varios
exintegrantes de las Farc, quienes coincidieron en señalar al señor Calderón
Gordillo y a su compañera sentimental como colaboradores de la guerrilla en
actividades de inteligencia y seguimiento a reinsertados, entre otras19.

El asunto trascendió a la etapa de juicio, oportunidad en la cual el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Florencia, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2007,
absolvió al procesado, en aplicación del principio in dubio pro reo y ordenó su
libertad inmediata20.

La aludida decisión mencionó las declaraciones rendidas en etapa de investigación,
sin exponer argumentos tendientes a desestimarlas o cuestionar su idoneidad; por
otro lado, aludió a pruebas sobrevinientes que generaban dudas acerca de la

proferidas por esta Corporación, incluso en sede de tutela, se ha destacado cómo la Corte
Constitucional, desde las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, se había referido a la
imposibilidad de darle prevalencia a algún régimen de responsabilidad. En ese sentido, la regla
imperante hoy en día parte de considerar que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo
90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de
1996- establece un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de
privación de la libertad; entonces, el juez es quien, en cada caso, debe realizar un análisis para
determinar si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada, o en otros
términos, si devino o no en injusta” (se destaca). El citado razonamiento fue reiterado, entre otras
providencias, en la proferida el 3 de marzo de 2023, expediente 53.439.
19 Folios 33 a 44 del cuaderno principal. Entre las consideraciones expuestas por el ente investigador

se destacan las siguientes (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): “el
reinsertado (…) asevera bajo la gravedad de juramento que Luis Omar Calderón alias Calderón se
dedica en compañía de Ninfa Lozada y (…) a hacer inteligencia en el pueblo, a la policía y el ejército
y ubicar a los desmovilizados y a sus familias en la ciudad de Bogotá. (…) asegura que la guerrillera
rasa de nombre (…) se juntó a vivir con Luis Omar, con quien tienen una hija de 5 años, lo señala
como miliciano, prestando seguridad a los detenidos que tenía la guerrilla (…)”.
20 Folios 86 a 109 del cuaderno principal.

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Radicación: 18001-23-31-000-2010-00060-01 (58.869)
Actor: Luis Omar Calderón Gordillo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa

responsabilidad penal del procesado, pero tampoco efectuó un razonamiento que
permita concluir en qué consistían y si tenían la virtualidad de establecer que la
definición de situación jurídica y la resolución de acusación carecieran de sustento
o que configuraron decisiones arbitrarias.

Es importante destacar que a esta jurisdicción no le corresponde calificar o examinar
las determinaciones adoptadas por la justicia penal, a efectos de determinar si
fueron acertadas o no; sin embargo, la Sala observa que la absolución del
procesado devino de la aplicación del beneficio de la duda a su favor, con ocasión
de la existencia de pruebas que lo incriminaban y también de otras que,
aparentemente, predicaban su inocencia, lo cual se puede explicar desde la óptica
del rigor probatorio en cada etapa de la investigación y del proceso penal en general.

Lo anterior resulta relevante para afirmar que la medida de aseguramiento que
impuso la Fiscalía partió de una situación fáctica racional, contaba con elementos
probatorios que involucraban al procesado y permitían considerar su posible
participación en el delito por el cual fue investigado y acusado, al margen de que la
autoridad judicial lo hubiese absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo.

Para el análisis de los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad de la
medida, cabe señalar que el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 –norma aplicada en
el proceso penal- establecía que la imposición de la medida de aseguramiento era
procedente cuando aparecían, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad
con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

Los elementos con los que contaba la Fiscalía, frente a los cuales ya se ha
efectuado el razonamiento correspondiente, permitían la imposición de la medida
de aseguramiento, desde el punto de vista de los requisitos legales, pues existían
indicios que comprometían su participación como posible responsable del delito de
rebelión, pues se indicó su participación con la guerrilla y el supuesto vínculo
sentimental con otra persona que pertenecía al grupo subversivo.

En este punto conviene reiterar que los requisitos en materia probatoria para la
imposición de la medida de aseguramiento son diferentes a los exigidos por el
legislador para determinar la responsabilidad penal del procesado a través de la
acusación y la eventual condena, puesto que en este último caso las evidencias
deben estar ligadas a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, a efectos de

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Radicación: 18001-23-31-000-2010-00060-01 (58.869)
Actor: Luis Omar Calderón Gordillo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa

determinar con certeza su participación en el delito, a diferencia del manejo
indiciario que permite la definición de la situación jurídica, según se ha explicado.

Frente a los demás elementos, basta con señalar que la naturaleza del delito
investigado justificaba la restricción de su libertad, no solamente porque se trata de
un delito de gran impacto nacional y que tiene relación con la potencial perturbación
del orden público y social, la estructura del gobierno y del mismo Estado, sino
porque la pena establecida para ese tipo de conductas permitía al fiscal actuar de
la forma en que lo hizo21, lo que denota que la investigación no fue caprichosa ni
irracional.

Lo hasta aquí expuesto permite afirmar, además, que la detención preventiva que
debió afrontar el demandante resultaba necesaria, entre otras razones, porque el
delito que se estaba investigando se relacionaba con la posible colaboración a
grupos ilegales, como lo es la guerrilla de las Farc, y como los elementos probatorios
recaudados hasta la definición de su situación jurídica lo vinculaban con la posible
comisión del ilícito, la medida de aseguramiento procuraba impedir la continuidad
del hecho que originó toda la actuación penal, circunstancia que denota el
cumplimiento del requisito de necesidad.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala concluye que le asiste razón a la Fiscalía
General de la Nación en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, por
lo que se revocará la sentencia de primera instancia, en tanto la medida de
aseguramiento atendió a los principios que se requieren para su imposición, lo que
supone que la privación de la libertad que afrontó el demandante no fue injusta.

3. Costas

Como en esta instancia no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

21 De acuerdo con lo previsto en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, la medida de aseguramiento

procede, entre otros eventos, cuando la pena prevista para el delito excede los 4 años, como ocurre
con el de rebelión.

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Radicación: 18001-23-31-000-2010-00060-01 (58.869)
Actor: Luis Omar Calderón Gordillo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa

RESUELVE

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 29
de septiembre de 2016 y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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