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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00190-00

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00190-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Arnulfo Agustín Rizo Peña contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00190-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

29 de febrero de 2024

Demandante: Arnulfo Agustín Rizo Peña
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-00190-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00190-00
Demandante: ARNULFO AGUSTÍN RIZO PEÑA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 16 de enero de 2024, el señor Arnulfo Agustín Rizo
Peña, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia.

El accionante considera que dichas garantías constitucionales fueron vulneradas
con ocasión de la sentencia del 14 de julio de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B mediante la cual se confirmó la decisión
dictada el 4 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que negó las pretensiones elevadas contra el Distrito de Buenaventura y el
Departamento Nacional de Planeación, dentro del medio de control de reparación
directa radicado con el No 76001-23-33-000-2016-00397-01 (67251).

En concreto, solicitó a esta Corporación:

TUTELAR el amparo constitucional derivado por la CAUSAL ESPECIAL de la:
violación al Art. 90 y 29 constitucional, como también del principio de IURA NOVIT
CURIA al confundir o mezclar dos conceptos totalmente distintos en cuanto al

1

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Demandante: Arnulfo Agustín Rizo Peña
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-00190-00

régimen subjetivo de falla del servicio y el alegado en la demanda del régimen
objetivo por Daño Especial (profiriéndose incluso una aclaración de voto en ese
sentido por las inconsistencias contenidas en la estructuración de la sentencia de
acción de grupo en la que se alegaba un régimen objetivo de daño especial en
ejecución de obra de interés público que difiere a una falla del servicio del régimen
subjetivo por omisión en reubicación de los comerciantes), conforme a lo
desarrollado en los acápites 2.1 a 2.6 y 3.1 a 3.3 de la presente acción de tutela.

2. Hechos

Los hechos acreditados y jurídicamente relevantes pueden sintetizarse de la
siguiente manera:

El actor, en calidad de comerciante del parque Néstor Urbano Tenorio de
Buenaventura, instauró junto con otras personas, una demanda en ejercicio del
medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, contra el
Distrito de Buenaventura y el Departamento Nacional de Planeación, con el fin
obtener la reparación del daño antijuridico consistente en el detrimento patrimonial
que sufrieron como consecuencia del desalojo del parque turístico donde tenían
ubicados sus establecimientos de comercio, realizado en el mes de marzo de
2016, para la construcción de una obra pública de interés nacional, denominada
“Malecón Bahía de la Cruz”.

Mediante sentencia proferida el 4 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
algunos de los demandantes carecían de legitimación en la causa por activa por
no encontrarse dentro del censo oficial de comerciantes del parque y porque no se
acreditó el daño antijuridico y el nexo causal con la acción u omisión imputada a la
administración.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de sentencia del
14 de julio de 2023, confirmó la decisión adoptada en primera instancia, por
encontrar que no estaba probada una omisión absoluta o grave de la
administración en el cumplimiento de sus obligaciones de asistencia y reubicación
de los demandantes.1

3. Sustento de la vulneración

El tutelante argumentó que la decisión cuestionada adolece de los siguientes
defectos: violación directa a la constitución, desconocimiento al antecedente
jurisprudencial en cuanto al daño especial – desequilibrio en la carga pública y
violación al principio iura novit curia.

Sustenta los cargos en la presunta vulneración al artículo 29 de la Constitución
Política y al principio iura novit curia, en que, a su juicio, incurrió la autoridad
judicial al fundamentar la sentencia en un régimen de responsabilidad totalmente
ajeno al invocado en la demanda, consistente en el daño especial por desequilibrio
en las cargas públicas, que opera en este caso porque el daño antijuridico tuvo
como causa la ejecución de obras de interés nacional.

1
Decisión notificada el 16 de agosto de 2023, mediante correo electrónico.
2

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Aseguró que bajo dicho título no se requiere probar si existió o no reubicación de
las personas afectadas, sino únicamente demostrar la existencia o ejecución de
una obra de interés público y la perturbación o afectación al grupo sobre el cual
recayó el desequilibrio de dicha carga.

Resaltó que en la aclaración de voto realizada por uno de los magistrados que
integraron la sala decisión se indicó que la sentencia cuestionada confundió dos
conceptos distintos: el daño antijurídico y el daño especial, error que quebrantó los
artículos 29 y 90 constitucionales.

Manifiesta que se ha desconocido el precedente establecido por esta corporación
frente al daño especial cuando se realizan obras públicas y la obligación del juez
de definir la norma o régimen que resulta aplicable, en virtud del principio iura novit
curia, para el efecto citó dos sentencias proferidas por la Sección Tercera de este
tribunal.2

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 23 de enero de 2024 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar dicha decisión a los magistrados que integran el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, y comunicarla, a los que conforman el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al Distrito de Buenaventura y al
Departamento Nacional de Planeación.

Además, se dispuso comunicar la existencia de la presente acción a quienes
conformaron la parte actora en el proceso de reparación de los perjuicios
causados a un grupo identificado con el radicado 76001-23-33-000-2016-00397-01
(67251). Para tal efecto, se efectuó la publicación de un aviso en el sitio web del
Consejo de Estado y se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
para que realizara dicha publicación en un sitio de amplia circulación o en la
página web de la Corporación. Actuación que se surtió según lo informado por
dicha corporación, como obra en el expediente electrónico.

5. Argumentos de defensa

Una vez notificada la iniciación del trámite de la presente acción, rindieron informe
dentro de proceso las siguientes autoridades:

5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

El magistrado sustanciador de la providencia cuestionada manifestó que no
participaría en la acción de tutela como parte ni como tercero y acataría
estrictamente las disposiciones que se adoptaran en ella.

5.2. Departamento Nacional de Planeación

2
Consejo, Sentencia 1994-00006 de 09 de mayo de 2012, Rad:
05001232400019940000601, M.P Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sentencia del 21 de marzo del 2012, Rad 25000-23-26-000-1998-02034-
01(21986). CP Hernán Andrade Rincón.
3

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Refirió que las pruebas allegadas al proceso judicial no tuvieron la virtualidad de
demostrar los presuntos perjuicios alegados en la demanda y, menos aún,
establecer un vínculo o relación de causalidad respecto del Departamento
Nacional de Planeación, respecto de una omisión a algún deber legal que haya
causado una lesión a los derechos e intereses de las accionantes. Por lo tanto,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso resolver los siguientes problemas jurídicos:

En primer lugar, se determinará si en este caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
(procedencia adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.

En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá si
las providencias cuestionadas mediante las cuales negaron las pretensiones de la
demanda por considerar que no estaban demostrados los elementos que
configuran la responsabilidad extracontractual del Estado, vulneran los derechos
fundamentales del accionante al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004

3
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
tutela - Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.4

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios

4
Ibídem.
5

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respecto del presupuesto de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial “…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal5” (Énfasis de la Sala).

Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,

iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

El apoderado del accionante relata que los miembros del grupo actor son
comerciantes que tenían ubicados sus establecimientos de comercio en el parque
Néstor Urbano Tenorio de la ciudad de Buenaventura, pero fueron desalojados de
ese lugar para la construcción de una obra de interés nacional, denominada
“Malecón Bahía de la Cruz”, situación que derivó para ellos en un detrimento
patrimonial.

5
Sentencia SU 573 de 2019.
6

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Afirma, que el título de imputación que debió aplicar la corporación judicial para
resolver la demanda de reparación directa era el daño especial, pues los perjuicios
padecidos por los comerciantes resultaron de un desequilibrio en las cargas
públicas que debieron soportar como consecuencia de una obra realizada por el
Estado.

Asegura que, conforme al régimen objetivo de responsabilidad que aplicaba en
este caso, no se requería probar una actuación u omisión de la administración en
el cumplimiento de sus obligaciones de asistencia y reubicación, como
erradamente lo consideró el juez colegiado.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala anticipa que la presente solicitud de amparo
no cumple con los presupuestos que sirven de criterio para determinar que el
asunto tiene relevancia constitucional, como se indica a continuación.

El actor invocó como vulnerados los derechos al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, sin embargo, no realizó un esfuerzo argumentativo
orientado a demostrar la manera en que la decisión adoptada desconoce dichas
garantías, su contenido o alcance. Adicionalmente, no aportó elementos a partir de
los cuales se extraiga la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
esto es: “i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter
arbitrario”6.

Revisada la providencia cuestionada se advierte que el juez de segunda instancia
confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
no se acreditó el daño antijurídico demandado en la medida en que no se
demostró que el grupo de comerciantes que ocupaba el parque público hubiese
sido trasladado a un sitio deplorable como lo afirmaron los accionantes en el
escrito petitorio.

Señaló que, en este caso, la causación del daño antijurídico se deriva de la
omisión de la administración de adoptar las medidas de compensación y/o
reubicación, dirigidas a respetar la confianza legítima creada ante los
demandantes como consecuencia de la actitud pasiva o permisiva frente a la
ocupación del espacio público, más no de un derecho de propiedad de los
particulares sobre los bienes de uso público.

El actor no está de acuerdo con la anterior disquisición, por considerar que en este
caso los elementos de la responsabilidad extracontractual del estado no son los
determinados por el juez colegiado, sino los que afirman, integran el título de
imputación por daño especial y quedaron demostrados en el proceso. Se apoya
para sustentar la petición de amparo, en la aclaración de voto realizada por uno de
los miembros de la sala que profirió la decisión.

Como se puede observar, la petición de amparo no se ocupó de argumentar la
manera en que el análisis de imputación elaborado por los jueces naturales del
proceso tiene la entidad de vulnerar las garantías fundamentales del accionante,
sino que se limitó a insistir en los argumentos expuestos en la demanda. Tampoco

6
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7

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resulta suficiente exponer que la sentencia mereció una aclaración de voto, pues
la decisión fue adoptada por la mayoría de los magistrados y, aunado a ello, el
voto no se aparta de la decisión cuestionada.

De lo anterior se deriva que, lo pretendido por el actor es que se estudien sus
pretensiones desde la tesis que expuso para sustentar la indemnización solicitada,
en orden a lograr que se saquen avante sus pretensiones económicas.

Dicho propósito desconoce el papel que ejerce el juez de tutela en el sistema de
justicia constitucional, orientado a la protección de los derechos fundamentales y
no al estudio de controversias referidas a la responsabilidad extracontractual del
Estado, pues para ello el ordenamiento jurídico ha dispuesto de otros mecanismos
judiciales dotados de recursos y herramientas procesales diseñadas para
garantizar los principios y derechos de las partes en litigio.

De esta manera, no se advierte como el debate planteado por el actor, a través del
mecanismo de amparo pueda trascender de una inconformidad con el estudio
efectuado por el juez competente para negar las pretensiones de la demanda, a
una actuación arbitraria o vulneradora de las garantías fundamentales invocadas.

En otras palabras, no existen elementos que lleven siquiera a sospechar que las
providencias cuestionadas incurren en una restricción desproporcionada a los
derechos del tutelante, puesto que su argumentación se limita a refutar la
sustentación realizada por el juez natural en la sentencia proferida en contra de
sus intereses.

Frente a la presunta falta de aplicación del precedente que reprocha el accionante,
se advierte que el escrito petitorio se limita a presentar los extractos de algunas
providencias proferidas por esta corporación en las que aparecen conceptos como
el régimen de responsabilidad por daño especial y el principio iura novit curia, pero
sin explicar cómo la controversia jurídica que suscitaron los supuestos fácticos de
dichas decisiones y la resolución que para esos casos encontró este tribunal
constituyen una norma jurídica aplicable al caso objeto de estudio por tratarse de
una situación análoga.

En ese sentido, vale la pena recordar que la exigencia de argumentación cuando
se cuestionan providencias proferidas por los órganos de cierre de cada
jurisdicción es mayor y debe traducirse en una vulneración a derechos
constitucionales, sólo en ese caso, el juez de tutela estaría legitimado para
abordar el estudio de las decisiones, en aras de proteger los derechos que se
vieron vulnerados o amenazados y no con el propósito de volver a revisarlas
cuando aquellas no resultan arbitrarias ni trasgresoras de las garantías
fundamentales, como sucede en este caso.

En consecuencia, la petición presentada no supera el examen de procedencia
general conforme a los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que ya fue abordada por los
jueces competentes durante el proceso ordinario y no en el alcance de un derecho
fundamental, ni la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución Política,
motivo por el cual, se declarará improcedente.
8

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Arnulfo Agustín Rizo Peña contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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