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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2016-00397-01

Fecha
14 de julio de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2016-00397-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante. Liquídense por Secretaría e inclúyanse por concepto de agencias en derecho las sumas correspondientes a: (i) tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (3 SMMLV) a favor del Distrito de Buenaventura; y (ii) seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (6 SMMLV) a favor del Departamento Nacional de Planeación. TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2016-00397-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

14 de julio de 2023

Radicado: 76001-23-33-000-2016-00397-01 (67251)
Demandantes: Carol Michelle Rizo Morano y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 76001-23-33-000-2016-00397-01 (67251)
Demandantes: Carol Michelle Rizo Morano y otros
Demandados: Distrito de Buenaventura y Departamento Nacional de
Planeación
Naturaleza: Acción de grupo

Tema: Reparación de los perjuicios causados a un grupo de
comerciantes por el desalojo de un parque público. Se confirma la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda. Los demandantes no acreditaron la existencia del daño
antijurídico alegado.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el grupo demandante contra la
sentencia del 4 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda.

Esta Subsección es competente para conocer de los recursos de apelación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)1. A su vez, el tribunal
era competente para conocer el proceso en primera instancia por la naturaleza
de una de las entidades demandadas, de acuerdo con el numeral 16 del artículo
152 del CPACA2.

El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 15 de octubre de
20213. Mediante auto del 13 de diciembre de 2021, en los términos de los
artículos 67 y 68 de la Ley 472 de 1998 y 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020,
se dispuso correr traslado del recurso de apelación4. El Departamento Nacional
de Planeación descorrió oportunamente el traslado5. El Distrito de Buenaventura
y el Ministerio Público guardaron silencio.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1 <<El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos>>.
2 << 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados

a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas>>.
3 SAMAI, índice No. 4.
4 SAMAI, índice No. 14.
5 SAMAI, índice No. 18.

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Radicado: 76001-23-33-000-2016-00397-01 (67251)
Demandantes: Carol Michelle Rizo Morano y otros

1.- El 1° de abril de 2016, el grupo conformado por los comerciantes asentados
en el parque Néstor Urbano Tenorio de Buenaventura presentó demanda de
acción de grupo contra el Distrito de Buenaventura (en adelante el <<Distrito>>)
y el Departamento Nacional de Planeación (en adelante el <<DNP>>) en la que
formularon, entre otras, las siguientes pretensiones:

<<PRIMERA: DECLARAR administrativamente responsables a la Nación –
Departamento Nacional de Planeación y al Distrito de Buenaventura – Valle, de
todos los daños y perjuicios materiales e inmateriales que se le han ocasionado a
cada uno de los demandantes como consecuencia de la imposición de una carga
pública, la cual no están obligados a soportar en favor de una obra pública de
interés nacional

SEGUNDO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales
a la Nación – Departamento Nacional de Planeación y al Distrito de Buenaventura
– Valle por los daños ocasionados (…) discriminados de la siguiente manera: (…)
(i) Daño emergente - pérdida de ubicación estratégica, desvalorización del buen
nombre; (ii) Lucro cesante - pérdida de renta mensual y fuga de clientela; y (iii)
daño moral. (…)

VIGÉSIMO CUARTO: APLICAR el artículo 65 numeral 6 de la ley 472 de 1998 (…)
La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderá al
diez por ciento (10%) de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros
del grupo que no hayan sido representados judicialmente

VIGÉSIMO QUINTO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales a la Nación – Departamento Nacional de Planeación y al Distrito
de Buenaventura – Valle, por los daños ocasionados al grupo de 178 comerciantes
afectados que se encuentran pendientes de la inclusión dentro de la acción de
grupo (…)>>6

2.- El grupo demandante basó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:

2.1.- Desde hace más de treinta años varios comerciantes realizaban sus
actividades de venta de alimentos y artesanías, entre otras, en el parque Néstor
Urbano Tenorio, ubicado en el distrito de Buenaventura. La actividad se
desarrollaba con permiso de la administración distrital, y por este concepto
pagaban una cuota al administrador del parque.

2.2.- En 2015 las autoridades distritales informaron a los comerciantes que en
enero de 2016 debían desalojar sus establecimientos porque en ese mes se
iniciarían las obras del malecón en el parque, y que serían reubicados en el lugar
que dispusiera la administración distrital.

2.3.- En marzo de 2016 la administración distrital cerró el parque, lo que impidió
que la mayoría de los comerciantes pudieran seguir ejerciendo sus actividades
productivas. En concepto del grupo, el sector propuesto para la reubicación era
<<deplorable>> y el traslado de los comerciantes les generó la pérdida de: (i) la
ubicación estratégica que habían gozado durante varios años, y (ii) el buen
nombre y la clientela que habían ganado durante los años que ejercieron sus
actividades comerciales.

2.4.- El Distrito y el DNP son responsables de los perjuicios causados al grupo
demandante. Si bien la obra del malecón tiene un impacto nacional respecto del

6 Expediente digital obrante en el índice No. 2, documento denominado: <<8_ED_CUADERNO1(.pdf)
NroActua 2>> páginas 2 y 3.

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Demandantes: Carol Michelle Rizo Morano y otros

desarrollo social y económico del Distrito, se causó un daño especial a los
comerciantes asentados en el parque porque se generó un desequilibrio en las
cargas públicas. Los comerciantes no estaban en la obligación de soportar las
consecuencias derivadas de la construcción del malecón.

B.- Posición de la parte demandada

3.- El DNP contestó la demanda, se opuso a las pretensiones de la demanda y
formuló las siguientes excepciones y argumentos de defensa:

3.1.- Falta de integración del litisconsorcio necesario, toda vez que la
construcción de la obra pública estaría a cargo de la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A. – Findeter, que no fue vinculada al proceso.

3.2.- Falta de legitimación en la causa por pasiva del DNP. En la demanda se le
imputó responsabilidad por la supuesta aprobación del proyecto de construcción
del malecón. Al respecto, señala que de conformidad con los artículos 12 y 17
del Decreto 1949 de 2012, por tratarse de un proyecto regional que sería
financiado con recursos del Sistema General de Regalías, el DNP tenía a cargo
la verificación de cumplimiento de requisitos del proyecto. Sin embargo, el
proyecto fue aprobado por el OCAD Región Pacífico y ejecutado por Findeter
como contratista.

3.3.- Inexistencia de nexo causal entre las acciones del DNP y los perjuicios
reclamados, toda vez que en la demanda no se indicaron cuáles acciones u
omisiones del DNP, en el marco de sus funciones, causaron los perjuicios
reclamados por el grupo demandante.

3.4.- Incumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acción de grupo,
pues no se acreditaron las condiciones de uniformidad respecto del grupo
demandante.

4.- El Distrito también contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y formuló
los siguientes argumentos de defensa:

4.1.- Inexistencia de causa para demandar, toda vez que el grupo demandante
solicita la reparación de perjuicios morales y materiales respecto de una
reubicación que no han aceptado.

4.2.- La obra del malecón es un proyecto que busca mayor progreso social y
económico para todos los habitantes de Buenaventura, por lo cual el interés
general debe primar sobre el interés particular de los comerciantes afectados con
la obra.

C.- Sentencia recurrida

5.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda mediante sentencia proferida el 4 de diciembre de 2020, con base en
las siguientes consideraciones:

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Demandantes: Carol Michelle Rizo Morano y otros

5.1.- Declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de algunos
de los demandantes por no encontrarse dentro del censo oficial de comerciantes
del parque, documento que fue aportado por el Distrito en su contestación.

5.2.- No se probó el daño ni el nexo causal con la acción u omisión imputada a la
Administración. En primer lugar, no se pudo establecer cuál fue el lugar exacto al
que fueron trasladados los comerciantes, sus características y desventajas. El
grupo demandante se limitó a afirmar en su demanda que las condiciones del
lugar al que estaba previsto su traslado eran <<deplorables>> y que esto les
generaría perjuicios porque perdieron su ubicación estratégica dentro del parque.
Si bien en el expediente existen fotografías y videos de establecimientos de
comercio, estos no son suficientes para probar el supuesto de hecho alegado de
que las condiciones del nuevo lugar fueran diferentes a las de los puestos
anteriores. Únicamente se dijo que eran cubículos de guadua y se indicaron sus
medidas.

5.3.- Adicionalmente, el dictamen pericial aportado por el grupo demandante,
mediante el cual se pretendía probar los perjuicios materiales por daño
emergente, lucro cesante y pérdida del Good Will, no estuvo debidamente
fundamentado y sus conclusiones no fueron claras. No fue preciso ni detallado,
no logró explicar las investigaciones efectuadas, la metodología utilizada para
obtener las estimaciones de los perjuicios ni los fundamentos técnicos de sus
conclusiones.

5.4.- En la audiencia de exhibición de documentos, la parte demandante exhibió
13 cuadernillos denominados <<Libro Fiscal de Registro de Operaciones
Diarias>> que contenían los ingresos y egresos de algunos de los demandantes
entre enero y junio de 2016. Estos documentos son ineficaces, insuficientes e
inocuos para demostrar los daños y perjuicios causados, pues no cuentan con
soporte contable que los sustente y son documentos privados que no dan certeza
de los hechos allí señalados.

5.5.- En las declaraciones rendidas por los testigos, cuyo objeto era acreditar los
perjuicios morales sufridos por los integrantes del grupo, solo se realizaron
manifestaciones ambiguas. Además, de su relato no fue posible establecer si
finalmente los demandantes y los demás miembros del grupo aceptaron la
reubicación propuesta.

D.- El recurso de apelación

6.- El grupo demandante apela la decisión y formula los siguientes reparos:

6.1.- El tribunal no valoró debidamente los testimonios practicados que daban
cuenta de la existencia de los perjuicios morales. El tribunal se limitó a considerar
de manera aislada cada testimonio, sin buscar los puntos en los que coincidían.
Todos los testigos afirman que los comerciantes sufrieron incomodidad, angustia,
intranquilidad y preocupación.

6.2.- El tribunal violó el principio de libertad probatoria al afirmar que la única
forma de demostrar la calidad de comerciante del parque era la inclusión en el
censo oficial del Distrito. En el expediente existen otras pruebas que demuestran

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Demandantes: Carol Michelle Rizo Morano y otros

la calidad de comerciantes del parque de los demandantes respecto de los cuales
el tribunal declaró la falta de legitimación en la causa por activa.

6.3.- El tribunal no valoró los interrogatorios de parte practicados con los cuales
se acredita la angustia y estrés que generó el desalojo de los comerciantes del
parque.

6.4.- También incurrió en un error al no otorgarle valor probatorio a las fotografías
y videos presentados con el dictamen. Estas fotografías y videos demuestran,
objetivamente, la diferencia del flujo comercial entre el parque turístico y los
locales de guadua en los que se pretendía reubicar a los comerciantes, y
contenían una nota con su geolocalización con la cual era posible determinar su
ubicación exacta. Estas pruebas no fueron tachadas de falsas por las entidades
demandadas. Además, el hecho de no haber tenido en cuenta las conclusiones
contables y financieras del dictamen no era razón suficiente para no valorar las
fotografías y los videos aportadas con la experticia.

6.5.- El tribunal incurrió en error al no darle valor probatorio a los libros contables
aportados en la exhibición de documentos, pues debió comparar las cifras allí
establecidas con las estimaciones realizadas por el perito en su dictamen.

II. CONSIDERACIONES

E.- Asuntos procesales, decisión y plan de exposición

7.- En la demanda se afirmó que el desalojo de los comerciantes del parque
ocurrió en <<el mes de marzo del 2016>>. Si bien en otros apartes de la demanda
se afirma que desde 2015 se informó a los comerciantes sobre el cierre del
parque y el eventual desalojo7, no existe certeza respecto de la fecha en que este
efectivamente ocurrió. En todo caso, aun asumiendo que el daño se causó en
2015, en los términos del artículo 47 de la Ley 472 de 19988, la demanda
presentada el 1° de abril de 2016 es oportuna9.

8.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda porque no se acreditó que se hubiese causado un
daño antijurídico por vulneración de la confianza legitima del grupo demandante.
Lo anterior, en la medida en que en la medida en que no se demostraron las
afirmaciones de la demanda conforme con las cuales el grupo de comerciantes
que ocupaba el parque público fue trasladado a un sitio <<deplorable>>.

8.1.- En la primera parte se hará referencia a las condiciones de existencia del
daño antijurídico por el traslado de comerciantes que ocupaban un parque
público, con el objeto de precisar que, en eventos como este, es necesario
acreditar la omisión de la entidad responsable en la adopción de las medidas de
compensación y/o reubicación de los comerciantes asentados en el espacio
público y demostrar que dicha omisión generó un daño particular y grave que no

7 <<A mediados del año 2015, los comerciantes del Parque Néstor Urbano Tenorio, recibieron la visita de

las autoridades municipales quienes les manifestaron que todos los comerciantes debían desalojar sus
establecimientos toda vez que en el mes de enero del 2016 se iniciarían las labores de construcción del
proyecto “Malecón”>>. Cuaderno principal, folio 4.
8 << la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó

el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo>>.
9 Cuaderno principal, folio 170.

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Demandantes: Carol Michelle Rizo Morano y otros

desconoce un derecho de los demandantes sino que afecta la situación de
confianza legítima creada por las mismas autoridades al permitirla.

8.2.- En la segunda parte se explicarán las razones por las cuales, tal como lo
estableció el tribunal, no se probó el daño reclamado. Las afirmaciones de la
demanda consistentes en que los comerciantes fueron trasladados a un sitio
<<deplorable>> no fueron acreditadas en el proceso, pues las fotografías
allegadas no permiten probar la existencia de un daño antijurídico. Además de lo
anterior los testimonios practicados en el proceso, por sí solos, tampoco dan
cuenta de la existencia del daño reclamado.

F.- La necesidad de acreditar un daño antijurídico cuando no se atenta
contra un derecho sino contra la confianza legítima de los demandantes

9.- La Sala advierte que, también en la acción de grupo, sus integrantes deben
acreditar la existencia de un daño antijurídico imputable a la entidad demandada
conforme con lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P. En los términos de esta
norma, a los asociados les corresponde soportar los daños justificados en el
cumplimiento de una disposición constitucional o legal, siempre y cuando no sean
particulares y graves, porque en tal caso se rompe el equilibro ante las cargas
públicas y el Estado debe restablecerlo.

10.- En la medida en que en la norma constitucional prevalece el derecho de la
víctima a la reparación, el daño tiene el carácter de antijurídico incluso en casos
en los que la actuación de las autoridades públicas se haya desarrollado
conforme con las disposiciones constitucionales o legales, sin que tampoco sea
necesario acreditar la violación de un derecho de la víctima. Lo que resulta
fundamental en estos casos es demostrar la existencia de un daño particular que
exceda las cargas que los demandantes deben soportar.

11.- En este sentido, puede hablarse de la causación de un daño antijurídico
cuando lo que se desconoce no es el derecho de propiedad de los particulares
sino la confianza legítima creada en estos cuando se les permite desarrollar
actividades comerciales en un espacio público. En otros términos, el derecho a
la reparación el daño en los términos del artículo 90 de la C.P. depende de
demostrar que una acción de las autoridades públicas les causó un daño que no
estaban obligadas a soportar.

12.- En relación con el desalojo de comerciantes de inmuebles de uso público, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que, aunque carecen de
derecho a permanecer en el espacio público -porque no pueden ser propietarios
de un bien de estas características-, deben ser objeto de medidas graduales que
procuren no generarles afectaciones graves o intempestivas como consecuencia
de su legítima recuperación; y dentro de ellas se encuentra precisamente la
posibilidad de reubicación. Así, el tribunal constitucional ha indicado que:

<<En jurisprudencia reiterada la Corte Constitucional ha establecido que la
recuperación del espacio público es una obligación del Estado que no puede ser
obstaculizada por la invocación del derecho al trabajo, ya que el interés general
prevalece sobre el interés particular. Otra cosa es que con fundamento en la
teoría de la confianza legítima se indique como algo justo que previamente
principien a adelantarse diligencias tendientes a la reubicación.

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La denominada confianza legítima tiene su sustento en el principio general de la
buena fé. Si unos ocupantes del espacio público, creen, equivocadamente claro
está, que tienen un derecho sobre aquél porque el Estado no solamente les ha
permitido sino facilitado que ejecuten actos de ocupación, y han pasado muchos
años en esta situación que la Nación y el Municipio contribuyeron a crear, es justo
que esos ocupantes no queden desamparados porque estamos en un Estado
social de derecho. Pero, es necesario aclarar, la medida de protección que se dé
no equivale a indemnización ni a reparación, como tampoco es un
desconocimiento del principio de interés general. Sobre este tópico la Sala
Séptima de Revisión había dicho:

Retomando el tema de la confianza legítima en la teoría administrativa: la relación
entre administración y administrado plantea el gran problema de establecer las
delimitaciones legales de los derechos de éstos últimos frente a la administración.
Que en virtud de su potestad y ejercicio de las finalidades del Estado pueden ser
limitados. Potestad que determina la imprescriptibilidad de los bienes de uso
público por la ocupación temporal de los particulares, (art. 63 C.P.) Pero al mismo
tiempo, la confianza legítima como medida de protección a los administrados se
origina cuando de un acto de aplicación de una Norma, aun procedente del Poder
Legislativo, supone para sus destinatarios un sacrificio patrimonial que merece
un calificativo especial, en comparación del que pueda derivarse para el resto de
la Colectividad. (…)

Para el caso concreto es claro que la administración permitió la ocupación de
unas tierras que constituían espacio público y no hizo nada para impedirlo,
estableciendo con su permisividad la confianza por parte de los administrados de
crear unas expectativas en torno a una solución de vivienda. Lo anterior supone,
en consecuencia, que cuando una autoridad local se proponga recuperar el
espacio público ocupado por los administrados que ocuparon tal espacio público,
deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichas
personas de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna>>10.

13.- En este contexto, la prueba de un daño antijurídico que genere el derecho a
la reparación implica acreditar que el Estado omitió el deber de adoptar las
medidas de compensación y/o reubicación, dirigidas a respetar la confianza
legítima creada ante los demandantes como consecuencia de su actitud pasiva
o permisiva. Además, que, como consecuencia de lo anterior, se les causó un
daño grave a los comerciantes que ocupaban el inmueble sin tener derecho a
hacerlo.

14.- La extensión del derecho a la reparación de los comerciantes que son
desalojados de un bien público no puede asimilarse a la del propietario de un
inmueble particular que es ocupado de manera permanente por el Estado,
privándolo de su legítimo derecho de uso, goce y disposición. El derecho a la
reparación en este caso se establece teniendo en cuenta si la entidad cumplió
las obligaciones asociadas a la confianza legítima, a las cuales se hizo antes
mención; y el alcance de su reparación se determina teniendo en cuenta que no
se desconoció el derecho de propiedad de los demandantes.

15.- Teniendo en cuenta lo anterior, para estructurar un daño antijurídico en el
presente caso no bastaba demostrar que el traslado de los comerciantes les
produjo pérdidas patrimoniales derivadas de la disminución de la clientela. Para
declarar la responsabilidad del Distrito era necesario acreditar que la entidad
demandada omitió el cumplimiento de su obligación de adoptar medidas de
reubicación, lo cual podría corresponder, como se afirma en la demanda, a la
reubicación en un sitio con condiciones <<deplorables>>. Esta situación no está

10 Corte Constitucional. Sentencia T-438 de 1996. Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.

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acreditada como tampoco se acreditó que los comerciantes pagaran
directamente al Distrito una contraprestación por la utilización permanente del
espacio público.

G.- La ausencia de prueba del daño en el presente caso

16.- En la demanda se afirmó que:

<<El desarrollo de la obra pública “Malecón” genera con su ejecución la producción
de un perjuicio inminente, el cual debe ser indemnizado a cada uno de los 200
comerciantes formales que hacen presencia en el parque Néstor Urbano Tenorio,
respecto de los siguientes puntos:

i) Desplazamiento de los comerciantes del parque turístico a unas
condiciones inferiores a las que tenían.
ii) Pérdida de la ubicación estratégica de la cual habían gozado durante
tantos años.
iii) Pérdida del buen nombre con el cual habían acreditado sus
establecimientos.
iv) Fuga o pérdida de clientela de la cual obtenían sus ingresos – turistas
nacionales e internacionales
v) Lucro cesante y daño emergente
vi) Pérdidas de mejoras locativas>>11.

17.- De lo anterior, es claro que el daño alegado surge del desalojo de los
comerciantes por el cierre del parque para la construcción de la obra pública y de
su reubicación en un lugar, que, según su dicho, estaba en condiciones
<<deplorables>>.

18.- Sobre la prueba del daño alegado en la demanda, en la sentencia de primera
instancia se afirmó que:

<<No obstante lo anterior, no encuentra la Sala acreditado los daños que se
aducen por los demandantes, ni el nexo causal con el hecho que se imputa a la
administración como generador del daño, en tanto del plenario ni siquiera se logra
establecer cuál fue el lugar exacto al que fueron trasladados los vendedores, sus
características y desventajas, pues solo se limitó la parte actora a manifestar que
“el espacio físico en el cual se piensa desarrollar la reubicación de los
comerciantes es deplorable”, y que “dicho traslado representa una pérdida de la
ubicación estratégica…y del buen nombre con el cual habían acreditado sus
establecimientos comerciales, además de una pérdida de la clientela…”

Si bien fueron allegados unas fotografías y videos de lugares y establecimientos
de comercio como anexos del dictamen pericial aportado por los demandantes,
realizado por el perito EFRAIN CONDE MONTOYA, con el que se pretendía
estimar los perjuicios (fls. 53-59 y cd-169), a juicio de esta Sala, este carece de
mérito probatorio, ya que las imágenes por si solas no permiten acreditar ningún
supuesto, sumado al hecho que el dictamen no estuvo debidamente
fundamentado y sus conclusiones no fueron claras y firmes, según se pudo
colegir del mismo escrito y su contradicción, además que tampoco resultó ser
preciso y detallado, ni logró explicar las investigaciones efectuadas y los
fundamentos técnicos de las conclusiones>>.

19.- Es cierto que las fotografías y videos aportados con el dictamen pericial
pueden ser valorados como documentos, de forma independiente al dictamen,
pero estos documentos -por sí solos- no acreditan las afirmaciones de la
demanda.

11 Cuaderno principal, folio 7.

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20.- Como anexos del dictamen obran doce fotografías del 12 de febrero de 2016,
cada una con hora de captura y coordenadas de georreferenciación. En las
fotografías se observan varios locales comerciales de venta de alimentos,
bebidas, helados y artesanías. Las fotografías no cuentan con notas al pie ni
descripción; sin embargo, de las afirmaciones de la demanda y el texto del
dictamen puede deducirse que se trata, presuntamente, de los locales
comerciales ubicados en el parque Néstor Urbano Tenorio12. También obran dos
fotografías, igualmente con fecha 12 de febrero de 2016 y coordenadas de
georreferenciación, sin notas explicativas, que se deduce igualmente de las
afirmaciones de la demanda y del dictamen, corresponden, presuntamente, al
lugar propuesto para la reubicación de los comerciantes del parque. Las
fotografías muestran una serie de locales vacíos, numerados, construidos en
madera y techo de metal13. Finalmente, obra un video en el cual varias personas
toman medidas en lo que parecería ser uno de los locales mostrados en las
fotografías reseñadas anteriormente14.

21.- De la valoración como documentos de dichas fotografías y videos, la Sala
llega a las siguientes conclusiones:

21.1.- La falta de notas descriptivas o explicativas en las fotografías hace
imposible la determinación del lugar donde estas fueron tomadas y si, en efecto,
corresponden a los locales de los comerciantes desalojados y los locales
propuestos para la reubicación. La existencia de las coordenadas de
georreferenciación en las fotografías no es suficiente para el efecto, pues no es
deber del juez obtener la ubicación de las fotografías a partir de dicha información
y, en todo caso, hacerlo constituiría la introducción de un conocimiento privado
del juez al debate probatorio.

21.2.- Contrario a lo afirmado por el grupo recurrente, la Sala no encuentra que
las fotografías <<objetivamente>> demuestren la diferencia entre el flujo de
personas que acude a un lugar o al otro. De las doce fotografías correspondientes
a los locales, solo dos evidencian el movimiento de personas mientras que las
otras corresponden a las instalaciones de los locales y sus zonas aledañas.

21.3.- Además, de la fecha de las fotografías (12 de febrero de 2016) se puede
deducir que estas fueron tomadas antes del desalojo (que según afirmaciones de
la demanda ocurrió en marzo de 2016). Esta circunstancia podría explicar que
los locales propuestos para la reubicación se vean vacíos. Aunado a lo anterior,
no existe prueba en el expediente que dé cuenta del número de comerciantes
que aceptaron la reubicación en los lugares propuestos por el Distrito.

21.4.- Si bien se puede evidenciar una diferencia de tamaño entre los locales
propuestos para la reubicación y los locales de comidas, no puede afirmarse lo
mismo respecto de los primeros y los locales de venta de artesanías, los cuales
guardan cierta similitud. Por lo tanto, no es posible afirmar que las fotografías
demuestran que todos los comerciantes del parque sufrieron una desmejora en
las condiciones respecto de los locales anteriores. Además, en las fotografías se
pueden evidenciar alrededor de veinte locales, cuando en la demanda se afirmó
que más de 200 comerciantes fueron afectados con el desalojo.

12 Cuaderno principal, folios 53 a 58.
13 Cuaderno principal, folio 59.
14 CD obrante a folio 70 del cuaderno principal.

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Demandantes: Carol Michelle Rizo Morano y otros

22.- Ahora bien, respecto de los testimonios y los interrogatorios de parte de los
demandantes practicados en el proceso, para la Sala dichas pruebas tampoco
acreditan la causación del daño alegado. Si bien algunos de los testimonios
hacen referencia al desalojo realizado por la administración distrital, estos no
refieren la fecha en que este ocurrió, si se trató de un desalojo inmediato o
progresivo; los declarantes se limitaron a hacer apreciaciones subjetivas sobre la
supuesta arbitrariedad con que obraron los funcionarios del Distrito y el tamaño
de los cubículos a los que supuestamente se trasladaría a los comerciantes.
Además de lo anterior, se refieren únicamente al desalojo respecto de dos
establecimientos comerciales, cuando según afirmación de la demanda de acción
e grupo, en el parque existían más de 200 comerciantes. Con la cual no pueden
tenerse acreditadas las afirmaciones de la demanda, más aun cuando no existe
soporte documental que corrobore lo aseverado en las declaraciones.

22.1.- En su testimonio, la señora Karen Liliana Osa Orellano, quien manifestó
ser empleada del restaurante <<Cevichería del Pacífico>> se limitó a indicar
sobre el desalojo de dicho establecimiento de comercio que <<Todo fue a la
fuerza, nos sacaron fue a la brava, no nos dieron tiempo de nada solo se
metieron>>15. La señora Neyza Cárdenas Gamboa, quien también manifestó ser
empleada del mismo establecimiento de comercio, sobre este mismo punto indicó
que: <<Eso venía de unos buenos años que nos iban a desalojar, pero no habían
dicho cuanto era, ni cuando era, no era una fecha exacta para desalojar, nos
tomó prácticamente de sorpresa>>16.

22.2.- La testigo Neysa Cárdenas Gamboa, quien también afirmó trabajar en el
mismo establecimiento de comercio señaló: <<Tengo entendido que
forzosamente nos desalojaron (…) Eso venía de unos buenos años que nos iban
a desalojar, pero no habían dicho cuanto era, ni cuando era, no era un fecha
exacta para desalojar, nos tomó prácticamente de sorpresa, la reubicación que
nos estaban dando no era la adecuada.>> Además sobre las condiciones del sitio
donde supuestamente se reubicaría a los comerciantes indicó que: <<eso era un
pedacito que no cabía ni una nevera parada, era un lugar de guadua (…) el lugar
de la reubicación era muy desolado, cuando comenzaron a destapar las calles
ya no pasaba nadie por ahí, no transitaba la gente por allá>>.

22.3.- El testigo José Jesús Pinzón Garay, quien afirmó ser el administrador el
establecimiento de comercio antes referido indicó que: <<la administración
municipal arbitrariamente comenzó a cerrar el parque con unas lonas verdes y
cada vez era menos el espacio para que asistiera la gente a este parque>>
Además indicó que: <<yo tuve la oportunidad de invitar al perito y a los otros
comerciantes ir a mirar el sitio que eran unos cubículos de un metro por dos, de
guadua, (…) no tiene acceso de público, es un parqueadero abandonado al lado
del parque>>17.

22.4.- La testigo Gloria Amparo Ballesteros Ramírez, afirmó conocer la situación
por ser la compañera permanente del administrador del establecimiento de
comercio e indicó que<<yo todos los fines de semana iba a allá y me di cuenta
de las arbitrariedades que se cometieron y como sacaron a esta gente (…) Yo

15 CD contentivo de la audiencia de pruebas, folio 412 del cuaderno principal, minuto 31:15.
16 CD contentivo de la audiencia de pruebas, folio 412 del cuaderno principal, minuto 52:20.
17 CD contentivo de la audiencia de pruebas, folio 412 del cuaderno principal, minuto 1:25:40

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Demandantes: Carol Michelle Rizo Morano y otros

cada que iba, era el espacio más reducido, a lo último les dejaron una entrada
muy pequeña, y eso era a la fuerza, a lo último no les entraba nada de público,
porque los intimidaban>>18.

22.5.- Además, testificaron los señores Alida Inés Castro García, Alexander
Riascos Ruiz y Hugo Sierra Duque, quienes realizaron aseveraciones similares
a las referidas por los anteriores testigos, pero relacionadas únicamente respecto
del establecimiento de comercio de propiedad del señor Arnulfo Rizo,
demandante en este proceso19.

23.- Finalmente, respecto de los documentos contables que no fueron valorados
por el tribunal, estos corresponden a 13 cartillas con anotaciones a mano que,
supuestamente contienen los ingresos diarios de los negocios de los
demandantes20. Sin embargo, no tienen ningún soporte o anexos, y además no
fueron utilizadas por el perito para realizar los cálculos de su dictamen. Por lo
cual, la Sala considera que no son prueba suficiente ni del daño reclamado ni de
los perjuicios.

24.- Por otro lado, la Sala encuentra que no está probada una omisión absoluta
o grave de la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones de asistencia
y reubicación. En primer lugar, los mismos testigos afirmaron que sí se ofrecieron
opciones de reubicación en otro lugar; sin embargo, no consideraban que las
condiciones de dicho sitio fueran aptas. Además de lo anterior, la administración
distrital, en informe rendido el 5 de diciembre de 2016, señaló las actividades que
realizó con el fin de procurar la reubicación o compensación de los comerciantes
del parque, sin que este documento fuera controvertido o refutado por la parte
demandante:

<<los ocupantes del espacio público no son dueños del área que ocupan, por lo
cual no se les puede indemnizar, mas sí compensar para que puedan reubicarse
en otros espacios donde puedan continuar con sus actividades productivas.

(…) los 9 vendedores de la carpa artesanal fueron censados en el año 2014 y se
encuentra debidamente registrados. De estas 9 personas, 2 fueron compensadas
y 2 reubicados, por lo cual las otras personas que se encontraban como
trabajadores de los artesanos no figuran en el censo, por tanto no son sujetos de
compensación.

Cabe resaltar que el personal para reubicar o compensar ascendía a 128, de los
cuales 51 fueron reubicados en los módulos construidos y posteriormente
adecuados por la administración distrital (…) Esta adecuación tuvo un valor de
tres millones de pesos ($3.000.000) mientras que a las personas que deseaban
reubicarse definitivamente en otros lugares distintos a este sitio se les asignó la
suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), los cuales han utilizado en
compra de insumos, pago de arrendamiento, compra de equipos, entre otros
aspectos>>21.

H.- Costas

18 CD contentivo de la audiencia de pruebas, folio 412 del cuaderno principal, minuto 1:08:50
19 19 CD contentivo de la audiencia de pruebas, folio 412 del cuaderno principal, minuto 1:42:31
20 Cuaderno No. 4 del expediente. Sobre contentivo de los documentos referidos.
21
Cuaderno No.2, folios 66 a 68.

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Demandantes: Carol Michelle Rizo Morano y otros

25.- Al no haber prosperado el recurso de apelación y en la medida en que: (i) el
Distrito de Buenaventura otorgó poder a un abogado22 y (ii) el DNP intervino en
el trámite de segunda instancia23, la Sala condenará al recurrente en costas por
concepto de agencias en derecho. Deberá pagar la suma equivalente a: (i) tres
salarios mínimos mensuales legales vigentes (3 SMMLV) a favor del Distrito de
Buenaventura; y (ii) seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (6
SMMLV) a favor del DNP. Lo anterior, de conformidad con los criterios y tarifas
establecidas por el artículo 5 numeral 1 del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de
agosto de 2016 y tomando en consideración la naturaleza, calidad y duración de
la gestión del apoderado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2020 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante. Liquídense por
Secretaría e inclúyanse por concepto de agencias en derecho las sumas
correspondientes a: (i) tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (3
SMMLV) a favor del Distrito de Buenaventura; y (ii) seis salarios mínimos
mensuales legales vigentes (6 SMMLV) a favor del Departamento Nacional de
Planeación.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su
cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

22 Cuaderno principal, folio 230.
23 SAMAI, índice No. 18.

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