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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00190-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00190-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00190-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

25 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00190-01
Demandante: Arnulfo Agustín Peña

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00190-01
Demandante: ARNULFO AGUSTÍN RIZO PEÑA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso reparación directa.
Falta de relevancia constitucional: reiteración de argumentos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 29 de febrero de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que declaró improcedente la presente acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 16 de enero de 20241, en ejercicio de la acción de tutela, Arnulfo Agustín Rizo Peña,
por conducto de apoderado, pidió la protección de su derecho fundamental al debido
proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia
del 14 de julio de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, que negó las pretensiones de la acción de grupo con radicado 76001-23-33-000-
2016-00397-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

TUTELAR el amparo constitucional derivado por la CAUSAL ESPECIAL de la: violación al Art.
90 y 29 constitucional, como también del principio de IURA NOVIT CURIA al confundir o mezclar
dos conceptos totalmente distintos en cuanto al régimen subjetivo de falla del servicio y el
alegado en la demanda del régimen objetivo por Daño Especial (profiriéndose incluso una
aclaración de voto en ese sentido por las inconsistencias contenidas en la estructuración de la
sentencia de acción de grupo en la que se alegaba un régimen objetivo de daño especial en
ejecución de obra de interés público que difiere a una falla del servicio del régimen subjetivo por
omisión en reubicación de los comerciantes), conforme a lo desarrollado en los acápites 2.1 a
2.6 y 3.1 a 3.3 de la presente acción de tutela.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

En el mes de marzo del 2016, el señor Arnulfo Agustín Rizo Peña junto con otros

1 Índice 1 de Samai.

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00190-01
Demandante: Arnulfo Agustín Peña

comerciantes del parque Néstor Tenorio, ubicado en Buenaventura, fueron
desalojados de sus puestos de trabajo, por la construcción de una obra pública que
se iba a realizar en dicho parque. Por estos hechos, los comerciantes instauraron
acción de grupo en contra el distrito de Buenaventura y el Departamento Nacional de
Planeación.

La demanda se adelantó bajo el radicado 76001-23-33-007-2016-00397-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que, por sentencia del 4
de diciembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se
acreditó el daño y el nexo causal.

Inconformes con la decisión, los demandantes presentaron recurso de apelación.

El 14 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, confirmó
la sentencia de primera instancia, al estimar que no se acreditó el daño antijurídico.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Con relación a la relevancia constitucional, argumentó que desarrolló los
defectos alegados y que, en razón a ello, la presente acción de tutela sí tiene
relevancia constitucional.

Desconocimiento del precedente, a juicio del actor, la sentencia cuestionada
sustentó el análisis de responsabilidad en el título de imputación de falla en el servicio,
cuando el fundamento de la demanda fue de acuerdo con el título de imputación de
daño especial por desequilibrio en las cargas públicas. Manifestó que el daño sí fue
probado y que la decisión cuestionada desconoció el precedente previsto en las
sentencias del Consejo de Estado2.

Violación directa de la constitución. Para el demandante, la sentencia del 14 de
julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
trasgredió los artículos 29 y 90 de la Constitución Política, al emplear un título de
imputación distinto al señalado en la demanda.

Violación del principio jura novit curia, pues, según dijo, la autoridad judicial
desconoció que el estudio de responsabilidad del caso concreto debió ser abordado
desde el título de imputación de daño especial.

5. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, ponente de
la decisión cuestionada, manifestó que no intervendría en la acción de tutela y
obedecería estrictamente las órdenes que se adopten.

El Departamento Nacional de Planeación pidió que se declarara improcedente la
acción de tutela. Adicionalmente, manifestó que la sentencia cuestionada no vulneró
los derechos fundamentales reclamados, porque en el proceso ordinario la parte
demandante no probó la ocurrencia del daño.

2 Consejo de Estado, Sentencia del 14 de julio del 2023. radicado 76001-23-33- 000-2016-00397-01,

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de marzo del 2012, Rad 25000-23-26-000-1998-
02034-01, Consejo de Estado, Sentencia del 14 de julio del 2023. radicado 76001-23-33- 000-2016-
00397-01, Consejo de Estado, Sentencia 1994-00006 De 09 De Mayo De 2012, Rad:
05001232400019940000601, Consejo de Estado, Sentencia del 14 de julio del 2023. radicado 76001-
23-33- 000-2016-00397-01 (67251)

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00190-01
Demandante: Arnulfo Agustín Peña

Sostuvo que sí se valoró el material probatorio de forma correcta y que en el hipotético
caso de que se acreditara el daño, no le sería imputable ni por acción ni por omisión.
El distrito de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
fueron debidamente notificados, pero no se pronunciaron sobre los hechos que
motivaron la acción de tutela de la referencia.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 29 de febrero de 2024,
declaró improcedente la acción de tutela, al estimar que no superó el requisito de
relevancia constitucional, porque la solicitud de amparo hace referencia a una disputa
que fue resuelta por el juez ordinario y el actor no argumentó de qué manera la
decisión cuestionada vulneró los derechos fundamentales reclamados.

7. Impugnación

El actor señaló que contrario a lo dispuesto por el fallo impugnado, la vulneración se
presentó porque el juez ordinario construyó la sentencia cuestionada con base en el
título de imputación de falla en el servicio, que implica que se demuestre el actuar
deficiente de la entidad, pero que ese no fue el título de imputación enunciado en la
demanda. Que, por lo tanto, la autoridad judicial trasgredió los artículos 29 y 90 de la
Constitución y el principio jura novit curia.

Afirmó que la argumentación de la demanda se formuló con base en el título de
imputación de daño especial por desequilibrio en las cargas públicas, que, para el
caso concreto, implicaba demostrar únicamente la existencia de la obra y la afectación
que produjo la obra a los comerciantes. Argumentó que no es lo mismo abordar un
problema jurídico con base en el título de imputación de daño especial que con base
en un título de imputación de falla en el servicio, puesto que las exigencias probatorias
son distintas.

Sostuvo que la relevancia de la acción de tutela de la referencia consiste en que la
sentencia del 14 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, incurrió en violación directa de la constitución, en desconocimiento del
precedente y trasgredió el principio jura novita curia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Arnulfo
Agustín Rizo Peña para dejar sin efecto la sentencia del 14 de julio de 2023, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que negó las pretensiones
de la acción de grupo con radicado 76001-23-33-000-2016-00397-01.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, porque el demandante la utiliza para insistir en la imputación de la
presunta responsabilidad patrimonial del distrito de Buenaventura y el Departamento
Nacional de Planeación por el desalojo presentado en el parque Néstor Tenorio,
ubicado en Buenaventura en el mes de marzo de 2016, asunto que ya fue resuelto
por las dos instancias en el proceso de acción de grupo. En consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00190-01
Demandante: Arnulfo Agustín Peña

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se
analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-
15-000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios
para determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado
argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de
amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se
propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v)
que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal
que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que la parte actora plantea un debate respecto de la presunta responsabilidad
patrimonial del distrito de Buenaventura y el Departamento Nacional de Planeación
por el desalojo presentado en el parque Néstor Tenorio, ubicado en Buenaventura en
el mes de marzo de 2016.

Sin embargo, esa fue la discusión que se resolvió en el proceso de acción de grupo
con radicado 76001-23-33-000-2016-00397-01, en el que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
coincidieron en que las entidades demandadas no tenían el deber de reparar. Por
ejemplo, en lo pertinente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
explicó:
3
Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Arnulfo Agustín Peña

(...) La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda porque no se acreditó que se hubiese causado un daño antijurídico por vulneración de
la confianza legitima del grupo demandante. Lo anterior, en la medida en que en la medida en
que (sic) no se demostraron las afirmaciones de la demanda conforme con las cuales el grupo
de comerciantes que ocupaba el parque público fue trasladado a un sitio <deplorable>.

La Sala no desconoce que el actor plantea la discusión a partir de la distinción entre
los títulos de imputación de daño especial y falla del servicio. Sin embargo, tampoco
se puede pasar por alto que justamente en aplicación del principio iura novit curia el
juez tiene la facultad de aplicar el derecho a partir de los hechos y pruebas
presentados en el proceso. De modo que la autoridad judicial demandada,
dependiendo de las particulares del caso, podía realizar el análisis de responsabilidad
del Estado que estimara más adecuado.

La providencia objeto de tutela da cuenta del análisis de responsabilidad del Estado a
partir del artículo 90 de la Constitución Política, el cual establece que el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. Esto
implica que la responsabilidad del Estado se fundamenta en la demostración de un
daño antijurídico causado por la acción u omisión de las autoridades o alguno de sus
agentes.

Al efectuar ese análisis, la autoridad judicial demandada concluyó que los
demandantes de la acción de grupo no demostraron la existencia de un daño que
pudiera ser endilgado al distrito de Buenaventura o el Departamento Nacional de
Planeación, es decir, dejó claro que no existió un daño antijurídico ni una acción u
omisión imputable al estado.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar
si se configuran los elementos de la responsabilidad del Estado, como lo pretende el
actor. La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos
fundamentales, que no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una
opinión jurídica diversa o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las
autoridades jurisdiccionales de instancia.

Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue
el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que
los requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia
o del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que
los requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los
órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan
de unificar jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas
Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión
riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales
o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una
anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones
y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

Lo anterior es suficiente para confirmar la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Arnulfo Agustín Rizo Peña.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00190-01
Demandante: Arnulfo Agustín Peña

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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