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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00196-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00196-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2024, proferida por la Sección Tercera – Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Oswaldo Giraldo López, sentencia de 3 de diciembre 2018, expediente Núm.13001-23-33-000-2018-00641-01. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2018-03163-01(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2024-00196-01 Accionante: Álvaro Enrique Rodríguez Saavedra SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00196-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00196-01
Accionante: ÁLVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ SAAVEDRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir
con los requisitos generales de procedencia de inmediatez y de relevancia
constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Álvaro Enrique Rodríguez
Saavedra contra la sentencia de 19 de febrero de 2024, proferida por la Sección
Tercera - Subsección “A” del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Álvaro Enrique Rodríguez Saavedra solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, cuya vulneración le
atribuyó a la sentencia del 18 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 47001-33-33-007-2017-
00123-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que laboró al servicio de la Policía Nacional en el área de sanidad como
médico internista mediante contrato de prestación de servicios desde el 10 de febrero
de 2014 al 12 de abril de 2016.

2.2. Manifestóque le solicitó a la Policía Nacional - Dirección de Sanidad - Área
Magdalena el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, por la existencia
de la relación laboral durante el periodo en que estuvo vinculado a la entidad. Sin

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Álvaro Enrique Rodríguez Saavedra

embargo, mediante Oficio núm. S-2017/ARSAN-ASJUR-1.10 de 25 de enero de
2017, la entidad negó lo solicitado.

2.3. Precisóque, con base en lo anterior, presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 47001-3333-007-2017-00123-00/01 contra la
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el propósito de obtener la
nulidad del Oficio núm. S-2017/ARSAN-ASJUR-1.10 del 25 de enero de 2017.

2.4. Refirióque el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta,
mediante sentencia de 18 de mayo de 2022, declaró la nulidad del acto demandado
y a título de restablecimiento del derecho ordenó “[…] reconocer y pagar a favor del
señor ÁLVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ SAAVEDRA las prestaciones sociales que
percibían [sic] un trabajador de planta incluido en nómina, correspondientes a los
periodos […] entre el 10 de febrero de 2014 al 12 de abril de 2016 […]”.

2.5. Adujo que la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 18 de
mayo de 2022, revocó el fallo de primera instancia y en su lugar negó las
pretensiones de la demanda al considerar que “[…] no le es aplicable respecto al
contrato realidad en materia de salud, debido a que, no se logró desvirtuar la
autonomía e independencia de la prestación del servicio como médico especialista y
que por lo tanto no existió una verdadera relación laboral […]”.

2.6. Indicó que interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y que
la Sección Segunda - Subsección “B” del Consejo de Estado, mediante providencia
del 27 de julio de 2023, rechazó el recurso al concluir que “[…] no se cumplen las
exigencias previstas en el artículo 256 y ss. del CPACA, por cuanto si bien se tiene
que la parte impugnante referenció de manera precisa la providencia que estimaba
contrariada por la decisión impugnada, lo cierto es que pretende adelantar una
tercera instancia sobre la valoración probatoria llevada a cabo por el Tribunal
Administrativo del Magdalena […]”.

2.7. Manifestó que la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, al no valorar
adecuadamente todas las pruebas presentadas en el proceso.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:

“[…] Se deje sin efecto jurídico, la sentencia del tribunal administrativo el
Magdalena que se anexa y se ordene a la nación [sic] - ministerio de defensa [sic]
-policía nacional [sic], pague mis prestaciones sociales durante el periodo que le
laboré como médico internista […]”.

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Accionante: Álvaro Enrique Rodríguez Saavedra

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 18 de enero de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso del Consejo de Estado - Sección Tercera Subsección “A”, admitió la
presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con
interés en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:

5.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó negar las pretensiones de la
acción de amparo, toda vez que el demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, “[…] no logró desvirtuar la autonomía e independencia
de la prestación del servicio como médico especialista; lo que le impidió demostrar
la existencia de una verdadera relación laboral […]”

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 19 de febrero de 2024, la Sección Tercera -
Subsección “A” del Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez, en tanto que consideró que “[…]
la decisión que se cuestiona se notificó el 5 de agosto del 2022 y la acción de tutela
fue radicada el 17 de enero de 2024, después de los 6 meses previstos por el
Consejo de Estado como termino [sic] razonable […]”.

7. Adicionalmente, precisó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional
por falta de carga argumentativa dado que “[…] no se edificó ni se desarrolló una
argumentación dirigida a establecer, de un lado, una causal especifica de
procedibilidad y, del otro, las razones que sustentan la supuesta violación de
derechos fundamentales […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia con base en los
siguientes argumentos:

“[…] Manifiesto que impugno esa decisión porque no se ajusta ni a derecho ni
a justicia y se pretende ponerme cargas que el bloque de constitucionalidad no
lo hace.

Esta decisión la recibo con una afrenta, que continúa permitiendo que sus
inferiores como el Tribunal Administrativo del Magdalena, donde hay
magistrados hasta vitalicios y la justicia en general profiera fallos negativos o
en contra de los ciudadanos que somos normales y que no le hacemos daño a

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Accionante: Álvaro Enrique Rodríguez Saavedra

la sociedad, pero si prefieren fallos o sentencias a favor cuando una persona
pertenece o perteneciera:

[…]

ADD: los numerales del 1 al 6 son un hecho público no me los he inventado yo,
sino vean los vídeos del periodista Guillen.

Soy un ciudadano que no creo en el ordenamiento jurídico o sea no creo en las
ramas del poder público y estoy de acuerdo con la anarquía. Así seguirán sus
inferiores profiriendo fallos sin la mínima capacidad académica y colindando
con la estupidez […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado5, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

5

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Accionante: Álvaro Enrique Rodríguez Saavedra

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de
2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

6

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Accionante: Álvaro Enrique Rodríguez Saavedra

análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El
criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

19. El señor Álvaro Enrique Rodríguez Saavedra solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, cuya vulneración le
atribuyó a la sentencia del 18 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 47001-33-33-007-2017-
00123-00/01.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de la carga argumentativa
mínima de las impugnaciones en procesos de acciones de tutela contra providencias
judiciales.

VIII.4.1. De la carga argumentativa como requisito de las impugnaciones

21. LaSección Primera del Consejo de Estado, en distintas oportunidades10, ha
señalado que, en el caso específico de tutela contra providencias judiciales, el deber
de sustentar la impugnación adquiere una connotación aún más precisa y exigente,
en tanto la parte que cuestiona este tipo de fallos de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa respectiva, lo que le obliga a exponer las razones que sustentan su
impugnación y a identificar y justificar si se configura o no la causal específica de
procedibilidad.

22. La Sala ha advertido que aun cuando el trámite de la acción de tutela deba
desarrollarse con arreglo a los principios de prevalencia del derecho sustancial,
celeridad, eficacia11, interpretación judicial de los derechos protegidos (artículo 4
ibidem) y prevalencia de la informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14

9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio
González Cuervo.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de 2019, M.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, expediente Núm. 11001-03-15-000-2018-03767-01.
11
Artículo 3 del Decreto 2591 de 1991.

7

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Accionante: Álvaro Enrique Rodríguez Saavedra

ibidem), ello no es óbice para omitir el deber que le asiste a la parte que impugna el
fallo de tutela de explicar las razones que motivan su disentimiento12.

23. Esta Sección, mediante sentencia de 28 de febrero de 2019, fijó unas reglas en
relación con la carga argumentativa que deben cumplir las impugnaciones en
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales:

“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima […].

Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida
en primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio
de apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima,
en donde exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad
judicial, incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los términos de la
sentencia C-590 de 20051, proferida por la Corte Constitucional, postura
jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección constitucional, a quien no
se le exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la protección de sus
derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la administración de
justicia […]”13. [Negrilla fuera del texto]

24. Confundamento en lo anterior, se observa que en el presente caso la parte
accionante omitió exponer los argumentos por lo que consideraba que debía
revocarse la sentencia impugnada.

25. Tal omisión hace imposible que esta Sección pueda efectuar un análisis de la
impugnación.

26. Así las cosas, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia de
la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2024, proferida por la
Sección Tercera – Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Oswaldo Giraldo López, sentencia de 3
de diciembre 2018, expediente Núm.13001-23-33-000-2018-00641-01.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-03163-01(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00196-01
Accionante: Álvaro Enrique Rodríguez Saavedra

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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