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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00207-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00207-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por el señor Nelson Muñoz Agudelo, por lo referido en este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00207-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de febrero de 2024

Demandante: Nelson Muñoz Agudelo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00207-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00207-00
Demandante: NELSON MUÑOZ AGUDELO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEXTA DE
ORALIDAD

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no superar
el requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Nelson Muñoz
Agudelo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 16 de enero de 20241, el señor Nelson Muñoz
Agudelo, actuando a través de apoderada judicial, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, con el fin de reclamar
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 29 de junio de
2023, la cual, confirmó la decisión de primera instancia, adoptada por el Juzgado
Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín el 23 de agosto de
2018, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió el actor contra el municipio de Medellín, cuyo radicado es 05001-23-33-
018-2017-00507-00/01.

1
Acción de tutela promovida mediante la ventanilla virtual del Consejo de Estado, a la cual se le
asignó el número de solicitud 10639.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Nelson Muñoz Agudelo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00207-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. En consecuencia, se disponga DEJAR SIN EFECTOS LA SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA EMITIDA POR LA SALA SEXTA DE ORALIDAD DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, al resolverse el Recurso de
Apelación interpuesto por la parte demandante en el proceso adelantado por Acción o
medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, impetrada por el ahora
accionante NELSON MUÑOZ AGUDELO frente al MUNICIPIO DE MEDELLIN,
radicado 05001 23 33 018 2017 00507 00.

3. En consecuencia, ordenar o disponer que la SALA SEXTA DE ORALIDAD DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOUIA, debe aplicar los correctivos
constitucionales y legales necesarios, para que, con base en los sustentos fácticos,
probatorios y normativos expuestos por la parte demandante y obrantes en el
proceso, se modifique el sentido de la sentencia emitida el 29 de junio de 2023
materia de la presente Acción de Tutela y en consecuencia se emita la sentencia que
en derecho corresponde, en el sentido de revocar el fallo de primera instancia emitido
el 23 de agosto del 2018 por el Juzgado Dieciocho (18) Administrativo Oral del
Circuito de Medellín2.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

1.3.1. Actuaciones administrativas

Mediante Resolución C1-11-987, la Curaduría Urbana Primera de Medellín otorgó
licencia de construcción en la modalidad de ampliación y modificación y declaró el
reconocimiento de la edificación, del bien inmueble propiedad del señor Nelson
Muñoz Agudelo.

Por medio de la Resolución 458 del 27 de septiembre de 2016, la Subsecretaría de
Control Urbanístico de Medellín realizó la «liquidación para la compensación en dinero de
las obligaciones urbanísticas por concepto de cesión de suelo para zonas verdes
recreacionales y de construcción de equipamiento».

En Resolución 065 del 7 de febrero de 2017, el ente encargado resolvió el recurso de
reposición y, a través del acto administrativo 201750004970 del 23 de agosto de
2017, la Subsecretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín confirmó la
decisión.

2
Transcripción literal que puede contener errores.

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Demandante: Nelson Muñoz Agudelo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00207-00

A juicio del accionante, las obligaciones urbanísticas a compensar en dinero – cuyos
índices se habían fijado en el acto administrativo – debieron ser entregadas al
municipio de Medellín antes de terminar la vigencia de la licencia. Para el pago era
necesario que el municipio de Medellín por intermedio del Departamento
Administrativo de Planeación realizara previamente el avalúo y liquidación de los
montos correspondientes para fijar la compensación real.

Para el momento del otorgamiento de la licencia, estaba vigente el Acuerdo
Municipal 046 de 2006, «por medio del cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento
Territorial para el municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones». Por ello, cuando
las subsecretarías de catastro y control urbanístico iniciaron los trámites de
liquidación, el actor consideró que se desconoció lo dispuesto en el artículo 327 del
Acuerdo, por carecer de competencia para fijar la compensación.

1.3.2. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Así las cosas, inconforme con las decisiones contenidas en los actos administrativos,
el señor Nelson Muñoz Agudelo interpuso demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Medellín, con el
objetivo de que fuera estudiada la legalidad de las resoluciones 458 del 27 de
septiembre de 2016, 065 del 7 de febrero de 2017 y 201750004970 del 23 de agosto
de 2017 y, se declarara que no estaba obligado a pagar las sumas liquidadas y
fijadas sobre las obligaciones urbanísticas.

En primera instancia, el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín, en sentencia del 23 de agosto de 2018, negó las pretensiones de la
demanda.

A su vez, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, por medio
de fallo del 29 de junio de 2023, confirmó la decisión del a quo, tras considerar que
«[…] no se logró establecer que los actos demandados se hayan expedido por funcionaros
que carecen de competencia, ni que para la expedición de los mismos se hayan vulnerado
los derechos de audiencia y defensa, tampoco logró acreditarse que los actos administrativos
se hayan expedido con infracción a las normas en que debían fundarse, ni con falsa
motivación, o que su expedición haya sido de forma irregular, no habiéndose logrado
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos enjuiciados».

Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 30 de junio de 2023.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La apoderada judicial de la parte actora indicó que la providencia del 29 de junio de
2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad
incurrió en los siguientes yerros:

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Defecto sustantivo:

• En la providencia el tribunal hace referencia a las cesiones obligatorias a título
gratuito (Ley 388 de 1997), sin embargo, en la demanda no se discutió el
carácter público de las cesiones urbanísticas, sino, las omisiones en las que
incurrió el municipio al fijar, liquidar y cobrar las obligaciones que se debían
compensar en dinero.
• Asimismo, el artículo 37 de la Ley 388 de 1997, no reguló el tema relacionado
con la competencial funcional específica para los procedimientos de
liquidación y cobro de las obligaciones urbanísticas establecida en las normas
vigentes para la época de concesión de la licencia de construcción.
• Aunque en la providencia se aceptó que el Acuerdo 046 de 2006 era la
normativa aplicable al caso, los artículos 323 y 324 no se adecuaban a la
situación fáctica, además de que no se discutieron en la demanda.
• El artículo 325 del Acuerdo 046 de 2006 se refería a la cesión gratuita de
áreas para zonas verdes recreacionales y equipamientos, sin embargo, esta
norma no era aplicable para el caso concreto teniendo en cuenta que se
trataba de una compensación en dinero.
• El tribunal hizo referencia al artículo 59 del Decreto 1469 de 2010, el cual
reguló la entrega del área de cesión cuando la obligación urbanística se
cumple bajo esa modalidad, no cuando se compensa en dinero. Razón por la
cual no era aplicable.
• Se citan artículos del Decreto municipal 1152 de 2015, sin tener en cuenta que
este no se podía aplicar de forma retroactiva porque: (i) para cuando se
originaron las obligaciones urbanísticas eran otras las normas municipales que
regulaban la fijación, liquidación y cobro de dichas obligaciones, como los
Acuerdos 046 de 2006 y 038 de 1990 y el Decreto Municipal 1318 de 2003; (ii)
la licencia de construcción de la que se derivan las obligaciones urbanísticas
ya no gozaba de vigencia y, por tanto, no era posible derivar efecto alguno,
por tratarse de una situación consolidada; (iii) en virtud del tránsito de normas
urbanísticas previsto en el artículo 617 del Acuerdo 048 de 2014, no es
posible someter el caso a las nuevas disposiciones.
• No se aplicaron las siguientes normas en la resolución del caso: artículos 327
y 499 del Acuerdo 046 de 2006; artículo 617 del Acuerdo 048 de 2014;
parágrafo 2 del artículo 97 del Acuerdo 038 de 1990 y, artículo 1º del Decreto
municipal 1318 de 2003.
• Las normas que se exponen a continuación no eran aplicables al caso
concreto, dado que no se les podía conferir efectos retroactivos: artículo 1º del
Decreto municipal 01 de 2015 y los artículos 19, 84, 344, 345, 346 y 347 del
Decreto municipal 883 de 2015.
• Cuando entró en vigencia el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Medellín (Acuerdo 048 del 14 de diciembre de 2014), la licencia
de construcción solicitada ya había sido concedida en favor del señor Muñoz
Agudelo, encontrándose no sólo ejecutoriada, sino que ya había expirado su
vigencia, demostrando que se trató de una situación consolidada, por lo cual,

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no era posible revivir términos para regular trámites y efectos que perdieron
vigencia y que no fueron agotados o ejecutados bajo las regulaciones que
eran pertinentes y aplicables. Así las cosas, indicó que se interpretó
erróneamente el artículo 614 del Acuerdo 048 de 2014.
• Para apoyar la aplicación retroactiva de las normas, el tribunal citó la
sentencia T-564 de 2015 de la Corte Constitucional, en la que se resolvió un
tema de pensión de sobrevivientes, sin embargo, la retroactividad no era
procedente en los Decretos municipales 883 y 1152 de 2015, porque el
otorgamiento de la licencia urbanística constituyó una situación consolidada y
sus efectos terminaron cuando esta venció.

Violación directa de la Constitución:

• Constituye un contrasentido verificar la vigencia de las licencias respecto a las
obligaciones urbanísticas generadas en el marco de la vigencia del Acuerdo
48 de 2014, pero no indagar por dicha vigencia respecto a las mismas
obligaciones generadas antes de la vigencia de este mismo acuerdo, es decir,
las originadas en vigencia del Acuerdo 046 de 2006. Ello vulnera el artículo 13
Superior.

Defecto fáctico:

• No se valoró en su integridad el material probatorio ya que se omitió hacer
referencia al Decreto municipal 1760 de 2016, por medio del cual la Alcaldía
de Medellín adoptó el mapa de zonas geoeconómicas homogéneas. Frente a
esta, el municipio señaló: «[…] actualmente se encuentra rigiendo el mapa de
zonas homogéneas geoeconómicas, adoptado mediante el Decreto 1760 de
noviembre 16 de 2016, es decir, después de la expedición del avalúo –OU 904 del 19
de octubre de 2015, emitido por el Subsecretario de Catastro; quiere decir esto que,
es con este avalúo que se debe efectuar la correspondiente liquidación para la
compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas, y no, con el recién acogido
mapa de zonas homogéneas, pues este comenzó a regir a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial».
• Lo anterior comprueba que para el momento en que fueron fijadas y liquidadas
las obligaciones urbanísticas, no se había adoptado el mapa «[…] que debió
servir de base para el avalúo en que debió apoyarse el avalúo correspondiente, y
confiesa que el “Informe” OU-K 904 del 19 de octubre de 2015, lo asume y equipara
al avalúo exigido en este caso por las normas respectivas».
• La Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, ignoró las
pruebas que indican las irregularidades referidas a la estimación del valor de
las obligaciones urbanísticas, tales como: (i) el acta del 13 de noviembre de
2015, que indica que la visita o inspección al inmueble no se realizó previo a la
expedición del Informe” OU-K 0904 del 19 de octubre de 2015, en el que
fueron anotadas las sumas resultantes, por parte de la administración
municipal; (ii) el Informe OU-K 0904 dictado por el municipio de Medellín a
través de la empresa KONFORMA S.A.S. que no correspondía al avalúo

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pertinente; (iii) La respuesta al hecho octavo de la demanda en la cual el ente
municipal demandado acepta que «[…] para el pago de las obligaciones
Urbanísticas a compensar por parte de los administrados, es necesario que el
Municipio de Medellín realice previamente el avalúo y la liquidación de los montos o
sumas correspondientes, fijando la compensación real en dinero sobre estas
obligaciones» y, (iv) la omisión sobre clasificación de las zonas geoeconómicas
homogéneas.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente de la presente providencia mediante auto del 22 de enero de
2024 admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como
parte demandada, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Oralidad.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso al municipio de Medellín y al Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín.

Además, se le reconoció personería para actuar a la abogada Nancy del Socorro
Castro Rendón, en calidad de apoderada judicial del señor Muñoz Agudelo.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín

En documento allegado el 29 de enero del presente año, la jueza que profirió la
decisión de primera instancia en el proceso ordinario, adujo que no se llevó a cabo
actuación alguna vulneradora de los derechos fundamentales del tutelante, toda vez
que el proceso se direccionó bajo el trámite impartido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

Refiriéndose a la sentencia de segundo grado, mencionó que la judicatura realizó
una valoración completa de los hechos jurídicamente relevantes, las pruebas
obrantes en el proceso y la jurisprudencia aplicable al caso, que permitió concluir que
no se logró establecer que los actos demandados se hubieran expedido por
funcionaros que carecían de competencia o se hubieran vulnerado los derechos de
audiencia y defensa.

Indicó que tampoco logró acreditarse que los actos administrativos se expidieron con
infracción en las normas en que debían fundarse, ni con falsa motivación, o que su

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expedición haya sido de forma irregular, no habiéndose logrado desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos enjuiciados.

En consecuencia, solicitó la negativa de la solicitud de tutela, al no comprobarse
vulneración alguna y no cumplir con los requisitos generales y especiales de
procedencia.

1.6.2. Alcaldía de Medellín
Por medio de correo electrónico remitido el 26 de enero de 2024, la apoderada
judicial del municipio expuso que los argumentos con los cuales el actor sustentó la
configuración de los yerros en los que presuntamente incurrió la autoridad judicial
accionada, son exactamente los mismos que este elevó dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y concretamente, en el recurso de apelación
resuelto por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad.

Sostuvo que la providencia acusada dio respuesta concreta justificada y con la
debida carga argumentativa al problema jurídico y a los cargos elevados en el
recurso de apelación.

Afirmó que el presente mecanismo constitucional no superó el requisito de
procedibilidad de la inmediatez, por haber transcurrido más de 7 meses desde la
expedición de la providencia judicial.

Además, señaló que lo realmente pretendido por la parte actora era desnaturalizar el
ejercicio de la acción de tutela y convertirla en una tercera instancia, al trasladar la
discusión ya agotada, tanto en el juzgado de origen como en el tribunal, respecto de
la configuración o no de las causales de nulidad de los actos administrativos
demandados y de la consecuente negativa de las pretensiones de la demanda.

Asimismo, adujo que la discusión planteada hacía referencia al reconocimiento de un
derecho de tipo económico, como lo es la liquidación de la compensación en dinero
de las obligaciones urbanísticas por concepto de cesión de suelo para zonas verdes
recreacionales, equipamiento y construcción de equipamiento, en la cual no se
encontraba afectado ningún derecho fundamental, puesto que, el asunto se
circunscribía a una discusión de tipo meramente legal.

Explicó que en lo decidido no existía irregularidad procesal alguna, ni mucho menos
un defecto sustantivo o factico, por lo cual, no se avizoraba alguna anomalía
protuberante y excepcional que pudiera ser considerada como irracional o alejada de
los criterios legales. Cosa diferente era que el actor no compartiera la posición
tomada tanto por el juzgado como por el tribunal.

Así las cosas, solicitó que se denegaran las pretensiones elevadas.

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1.6.3. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad

Mediante memorial remitido el 1º de febrero del año en curso, la magistrada ponente
de la decisión acusada indicó que en esta no se configuraba un defecto orgánico,
procedimental, fáctico, material, un error inducido, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución o constituía una providencia que careciera de
motivación, pues, por el contrario, se había proferido con observancia en el debido
proceso, con competencia para decidir el asunto y aplicando la normativa vigente.

Mencionó que en el caso concreto no se encontró que prosperaran los cargos porque
no se estableció que los actos demandados, esto es la Resolución 458 de 27 de
septiembre de 2016, expedida por la Subsecretaría de Control Urbanístico del
Municipio de Medellín, por medio de la cual se realizó la liquidación para
compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas por concepto de cesión de
suelo para zonas verdes recreacionales y equipamiento de construcción de
equipamiento, a cargo de Nelson Muñoz Agudelo, en calidad de titular de la licencia
otorgada por la Curaduría Urbana Primera de Medellín, mediante Resolución C1-
11987 del 25 de octubre de 2011, hubiera sido expedida por funcionario que
careciera de competencia, se hubiera violado el derecho al debido proceso ni que los
actos se expidieran con fundamento en normas que no debía fundarse.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el
señor Nelson Muñoz Agudelo, conforme lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, por
cuanto esta se dirige contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Oralidad.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad incurrió en
los defectos sustantivo, fáctico y por violación directa de la Constitución, al
interior de la sentencia del 29 de junio de 2023?

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Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente;
(iii) el estudio del caso concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su procedencia5.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00207-00

2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.3.2.1. Inmediatez

Es preciso señalar que esta Colegiatura6 ha considerado como plazo prudencial el de
seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la ejecutoria de
la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de protección y la
presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia. No
obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado.

En el caso objeto de estudio, la Sala observa que la providencia que negó las
pretensiones al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad
el 29 de junio de 2023, fue notificada el 30 siguiente, es decir que, la providencia
quedó ejecutoriada el 10 de julio de 2023. Por su parte, la presente acción de tutela
fue radicada el 16 de enero de 2024.

Por lo tanto, el término que tenía la parte actora para interponer el mecanismo
constitucional venció el 10 de enero de 2024. Así las cosas, transcurrieron más de 6
meses, término que para esta Sección no resulta razonable.

Se debe recordar que, aunque la corporación estuvo en vacancia judicial desde el 20
de diciembre de 2023 hasta el 10 de enero de 2024, los términos no se suspenden
en materia de acciones de tutela y, en consecuencia, el actor siempre tuvo a su
disposición el referido mecanismo constitucional para ejercer la defensa de sus
derechos fundamentales.

Así las cosas, en nada se afectó el término de ejecutoria de la providencia del 29 de
junio de 2023 y la manera de contabilización de los términos corrió de manera
corriente.

Pese a lo anterior, jurisprudencia de la Corte Constitucional7, ha estipulado que
pueden existir causales de justificación de la presentación tardía de la acción de
tutela, como se exponen a continuación: (i) que exista un motivo válido para la
inactividad del accionante; (ii) que su falta de iniciativa vulnere el núcleo esencial de
los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) que exista un nexo causal

6
Ver sentencias: de 18.04.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P: Susana Buitrago Valencia;
03.07.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01891-01, 12.08.13, Rad.11001-03-15-000-2013-1435-00, M.P:
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12.09.13,
Rad. 11001-03-15-000-2012-02203-01, M.P: Alberto Yepes Barreiro; 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-
2016-01549-01, M.P: Rocío Araújo Oñate; entre otras.
7
Al respecto consultar sentencias T-1229 de 07.09.00, T-684 de 08.08.03, T-016 de 25.01.06., T-1044
de 04.12.07, T- 1110 de 28.10.05., T-158 de 02.03.06., T-166 de 08.03.10., T-502 de 17.06.10., T-574
de 15.07.10, T-576 de 21.07.10.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Nelson Muñoz Agudelo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00207-00

entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales
del interesado; y (iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma,
en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

No obstante, la Sala no advierte una explicación válida para que el ejercicio de la
acción de tutela se haya hecho por fuera del tiempo proporcional y razonable
adoptado por la Corporación, pues el tutelante no expuso ninguna justificación que lo
eximiera del conteo del requisito de la inmediatez, ni se configuró alguna de las
causales referidas.

De ahí que se reproche el hecho de haber transcurrido un lapso considerable hasta
la interposición de la solicitud de amparo, pues se desconoce el alcance jurídico de
esta y se desvirtúa su finalidad de medio de protección actual, inmediato y efectivo.
Como se advierte, no existe una explicación válida para la presentación de la tutela
por fuera del tiempo proporcional y razonable señalado por la corporación.

2.4. Conclusión

Así las cosas, es evidente la improcedencia de la acción en virtud de que el
accionante no superó el requisito de inmediatez, pues el tiempo transcurrido entre la
ejecutoria de la providencia recurrida y la interposición de la acción de tutela, superó
los seis meses.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:

PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por
el señor Nelson Muñoz Agudelo, por lo referido en este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Demandante: Nelson Muñoz Agudelo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00207-00

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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