Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00207-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00207-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00207-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
6 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., seis (06) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00207-01
Accionante: NELSON MUÑOZ AGUDELO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA.
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
improcedencia / INMEDIATEZ – la demanda no se presentó en un término
razonable.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 22 de febrero de 2024, mediante la cual la Sección Quinta
del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela de la
referencia1.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda2
1. El 16 de enero de 2024, el señor Nelson Muñoz Agudelo, actuando a través de
apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso material a la
administración de justicia.
1 Que ingresó para fallo el 3 de abril de 2024.
2 Índice electrónico No. 02 de SAMAI.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00207-01
Accionante: Nelson Muñoz Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Hechos relevantes
2. El señor Nelson Muñoz Agudelo presentó una de demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de
Medellín, con el objeto de que se declarara la nulidad de la resolución No. 458 del
27 de septiembre de 2016, a través de la cual se realizó la liquidación para la
compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas por concepto de cesión
del suelo para zonas verdes, en virtud de una licencia de construcción otorgada al
accionante, así como la resolución No. 065 del 7 de febrero de 2017, que resolvió
el recurso de reposición en contra de esa decisión y la resolución No. 201750004970
del 23 de agosto de 2017, a través de la cual se decidió el recurso de apelación.
3. El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito de Medellín que, mediante sentencia del 23 de
agosto de 2018, negó las pretensiones de la demanda. Contra esta decisión el
accionante presentó recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Sexta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, que, a través de providencia del
29 de junio de 2023, confirmó el fallo de primera instancia, en tanto que no encontró
probado que los actos cuestionados hubiesen sido expedidos con falta de
competencia y falsa motivación o transgrediendo los derechos de audiencia y de
defensa y tampoco se logró desvirtuar su presunción de legalidad.
4. La sentencia de segunda instancia fue notificada electrónicamente el 30 de junio
de 2023.
Pretensiones
5. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“1. Sean TUTELADOS al Accionante NELSON MUÑOZ AGUDELO los
Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO, al ACCESO MATERIAL O
SUSTANTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y al DERECHO A LA
IGUALDAD.
2. En consecuencia, se disponga DEJAR SIN EFECTOS LA SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA EMITIDA POR LA SALA SEXTA DE ORALIDAD DEL
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00207-01
Accionante: Nelson Muñoz Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, al resolverse el Recurso de
Apelación interpuesto por la parte demandante en el proceso adelantado por
Acción o medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
impetrada por el ahora accionante NELSON MUÑOZ AGUDELO frente al
MUNICIPIO DE MEDELLÍN, radicado 05001 23 33 018 2017 00507 00.
3. En consecuencia, ordenar o disponer que la SALA SEXTA DE ORALIDAD
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, debe aplicar los
correctivos constitucionales y legales necesarios, para que, con base en los
sustentos fácticos, probatorios y normativos expuestos por la parte demandante
y obrantes en el proceso, se modifique el sentido de la sentencia emitida el 29
de junio de 2023 materia de la presente Acción de Tutela y en consecuencia se
emita la sentencia que en derecho corresponde, en el sentido de revocar el fallo
de primera instancia emitido el 23 de agosto del 2018 por el Juzgado Dieciocho
(18) Administrativo Oral del Circuito de Medellín”.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. La parte tutelante alega que la sentencia del 29 de junio de 2023 se profirió sin
motivación, violando directamente la constitución e incurriendo en la configuración
de varios defectos, tanto sustantivos como fácticos.
7. En relación con los defectos sustantivos, en síntesis, se indicaron los siguientes:
i) se citan normas frente al carácter público de las cesiones urbanísticas cuando la
discusión giraba en torno a la compensación de estas en dinero; ii) se acepta que
el Acuerdo 046 de 2006 es el aplicable al caso de estudio, pero se citan artículos de
esta norma que no tienen relación con la controversia, así como otras disposiciones
del Acuerdo 048 de 2014 y de los acuerdos 01 y 883 de 2015; iii) Se transcriben
apartes de los decretos 1152 y 883 de 2015, sin tener en cuenta que estos no
pueden aplicarse de forma retroactiva para resolver la controversia; iv) se reseñan
de manera incompleta normas relacionadas con la competencia funcional para
expedir las decisiones cuestionadas y se interpreta de forma erróneamente el
artículo 617 del Acuerdo 048 de 2014 y el artículo 37 de la Ley 388 de 1997 que se
refieren al tema; v) no se analiza adecuadamente el cargo por la violación del debido
proceso y del derecho de audiencia y de defensa; vi) se interpreta de manera
errónea el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 y se omite aplicar el artículo 165 del
CGP, en relación con los medios de prueba.
8. En cuanto a los defectos fácticos se señalaron los siguientes: i) no se incluye en
la relación de pruebas todos los documentos obrantes en el expediente, entre estos,
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Accionante: Nelson Muñoz Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
el Decreto 1760 de 2016; ii) se valoran las pruebas parcialmente y de forma indebida
y arbitraria, especialmente el acta de visita del 13 de noviembre de 2015 y el informe
OU-K 904, que erróneamente se asimila al avalúo respecto de las obligaciones
urbanísticas a cargo del demandante; y iii) se tienen como probados hechos no
acreditados.
9. Finalmente, se expuso que la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia con su decisión transgredió directamente la constitución, en particular
los artículos 13 y 230 al aplicar retroactiva una norma para resolver el caso objeto
de estudio.
Trámite en primera instancia
10. Mediante auto del 22 de enero de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad como accionados y al municipio
de Medellín, al Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Medellín y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado como terceros interesados en las resultas
del proceso.
Intervenciones
11. El Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Medellín solicitó que se
negaran las pretensiones del accionante, toda vez que este no cumplió con los
requisitos generales ni especiales para la procedencia de la acción constitucional y,
además, indicó que en el trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho no se vulneraron los derechos fundamentales invocados en la acción de
tutela y el procedimiento se rigió por las normas previstas en el CPACA, sin que
lograra probar la ilegalidad de los actos cuestionados.
12. El municipio de Medellín señaló que se debían negar las pretensiones
elevadas por considerar que era improcedente el amparo solicitado, al no cumplirse
con el requisito de la inmediatez, dado que la acción constitucional se ejerció luego
de pasados más de siete meses desde la expedición de la providencia cuestionada;
además, indicó que lo que realmente quería el demandante era reabrir el debate
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00207-01
Accionante: Nelson Muñoz Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
jurídico, utilizando la tutela como una tercera instancia, sin que exista una
vulneración de derechos fundamentales, al no haberse presentado irregularidades
procesales ni defectos fácticos o sustantivos en la sentencia proferida en segunda
instancia.
13. La Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, destacó
que la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales era
excepcional y que, en este caso, la decisión cuestionada se había proferido con
observancia del debido proceso, con competencia para decidir el asunto y según la
normativa vigente, sin que se evidenciaran defectos orgánicos, procedimentales,
fácticos o materiales, ni una carencia de motivación, desconocimiento del
precedente o violando de forma directa de la constitución.
14. De igual manera, señaló que no habían prosperado los cargos de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, porque no se logró establecer que los
actos cuestionados hubiesen sido expedidos con falta de competencia o que en su
trámite se violara el debido proceso o que carecieran de fundamento normativo.
15. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
La sentencia de primera instancia
16. Mediante sentencia del 22 de febrero de 2024, la Sección Quinta del Consejo
de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de inmediatez. Consideró que la solicitud de amparo fue
radicada el 16 de enero de 2024 y la providencia cuestionada quedó ejecutoriada el
10 de julio de 2023, por lo que, el término que tenía la parte actora para interponer
el mecanismo constitucional venció el 10 de enero de 2024. Así las cosas,
transcurrieron más de 6 meses, lapso que para la Sección no resultaba razonable.
17. De igual forma, en la primera instancia no se encontró una explicación válida
para que el ejercicio de la acción de tutela se hubiese hecho por fuera del tiempo
proporcional y razonable adoptado por la Corporación, pues el tutelante no expuso
ninguna justificación que lo eximiera del conteo del requisito de la inmediatez, ni se
configuró alguna de las causales referidas por la Corte Constitucional.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00207-01
Accionante: Nelson Muñoz Agudelo
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
La impugnación
18. La parte apoderada de la parte actora argumentó que excedió el término de los
seis meses previsto como plazo razonable para presentar la acción de tutela porque
el estudio y la exposición de los diferentes temas y normas abordadas implicaron
un análisis y dedicación especial para su exposición clara y suficiente y, además,
porque “las variadas y constantes irregularidades y omisiones vistas en la sentencia
objeto de la presente Acción de Tutela, que son evidentes y notorias, implican que
necesariamente deba estudiarse de fondo y en detalle los asuntos que apoyan dicha
acción”, lo que, a su juicio, amerita la flexibilización de ese término para presentar
la demanda y advirtió que existen precedentes jurisprudenciales al respecto, de
forma particular, en la Corte Suprema de Justicia.
19. Señaló que, sin pretender abusar del término racional de seis meses, invocaba
los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política que garantizan la primacía
del derecho sustantivo, el acceso a la administración de justicia y privilegian el
imperio de la ley.
20. Adicionalmente, manifestó que con la acción de tutela no se “pretende reabrir el
debate procesal sumiendo este trámite de amparo constitucional como una tercera
instancia” y reiteró las irregularidades y omisiones que, según su concepto, vulneran
sus derechos fundamentales.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
21. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de inmediatez.
22. La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00207-01
Accionante: Nelson Muñoz Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela3.
23. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia
judicial se ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el requisito de la
inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según sea el
caso4.
24. Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6
meses se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona,
por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible
vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los
defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
25. En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses
desde la ejecutoria de la decisión en los casos que se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto
los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener
incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento5.
26. En el presente asunto, el señor Nelson Muñoz Agudelo solicita que se deje sin
efecto la decisión adoptada el 29 de junio de 2023 por la Sala Sexta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó la sentencia del 23 de agosto de
2018, por medio de la cual el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Medellín
negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
27. La Sala estima que el plazo de 6 meses –considerado como razonable para
presentar la demanda de tutela– empezó a correr a partir de la fecha en que se
3 Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ).
5 En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00207-01
Accionante: Nelson Muñoz Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
notificó la providencia dictada por la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, es decir, el 5 de julio de 20236. Por lo que era a partir
de esa fecha que la accionante contaba con seis meses para presentar la demanda
de tutela, pero solo lo hizo hasta el 16 de enero de 20247.
28. De igual forma, si se toma en consideración que el plazo de 6 meses venció el
5 de enero de 2024 y en ese momento la corporación se encontraba en vacancia
judicial, esta terminó el 10 de enero de 2024, por lo que la acción de tutela debió
instaurarse a más tardar el 11 de enero de la misma anualidad, pero la abogada de
la parte actora solo lo hizo 5 días después.
29. En relación con los argumentos presentados en la impugnación, la Sala
considera que estos no configuran una situación que justifique la presentación del
amparo de los derechos fundamentales del actor por fuera del plazo razonable de
6 meses y que, incluso, las manifestaciones en relación con la dificultad del estudio
normativo y del análisis de los supuestos yerros en los que se incurrió en la
sentencia cuestionada, contrarían la naturaleza misma de la procedencia restrictiva
de la tutela contra providencias judiciales, en la medida de que los errores
advertidos deben ser evidentes y abiertamente contrarios a la ley y a la constitución.
30. Así mismo, se resalta que con la aplicación del término razonable de 6 meses
para la presentación de la acción de tutela, previsto por esta Corporación de manera
unificada, tampoco se transgreden las normas constitucionales invocadas por la
abogada del accionante, en la medida que resulta necesario reconocer que la tutela
es un medio excepcional para la protección de los derechos fundamentales, por lo
que no resulta desproporcionado exigir que se ejerza en un tiempo prudencial, con
el fin de garantizar otros principios como el de seguridad jurídica y el de cosa
juzgada y, con ello, también proteger los derechos de terceros que se puedan ver
afectados.
6 Índice 016 de SAMAI, envió de notificación, radicado núm. 05001-33-33-018-2017-00507-01. Se evidencia que el correo
electrónico de notificación de la providencia se envió el 30 de junio de 2023, por lo que, de conformidad con el auto de
unificación de jurisprudencia, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 29 de
noviembre de 2022, radicado núm. 68001-23-33-000-2013-00735-02, los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje
transcurrieron el 4 y 5 de julio de 2023.
7 Índice 02 de SAMAI, radicado núm. 11001-03-15-000-2024-00207-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00207-01
Accionante: Nelson Muñoz Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
31. De conformidad con lo anterior, la Subsección confirmará la decisión de primera
instancia que rechazó por improcedente la petición de amparo por el incumplimiento
del requisito de la inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de febrero de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF.
9
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