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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00245-01

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00245-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00245-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

19 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00245-01

Accionante: DIEGO FERNANDO OSPINA BÁEZ Y OTROS

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)

Temas: SUBSIDIARIEDAD – No se cumple con el requisito por no haber hecho uso
de los medios de defensa contemplados en el ordenamiento jurídico.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 15 de febrero de 2024, mediante la cual la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia1.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 19 de enero de 2024 los señores Diego Fernando Ospina Báez, Katerine
Orejuela Arcia, Luis Felipe Guzmán Cardona, Luis Alejandro Alfonso Rodríguez,
Indira Alexandra Bejarano Ramírez, Fernando Augusto Álvarez Góngora, Janney
Mosquera Murillo, Jonny Alexander Castañeda Manrique, María Nohora Sierra
Ariza, Roberto Alfonso Monge Sánchez, María Yinette Salamanca Sánchez, Ángela
Marcela Rodríguez Martínez, Adriana Ricaurte Aldana, Nubia Johana Serrano
Ospina, Rubiela Díaz Rodríguez, Diana María Eraso Vallejo, Sandra Amalia

1 Que ingresó para fallo el 15 de marzo de 2024.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00245-01
Accionante: Diego Fernando Ospina Báez y otros
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Jaramillo Charry, Claudia Ceballos Bahamón, Oscar Felipe Burgos Rebolledo,
Myriam Marcela Rojas González, Luis Fernando Amaris Yepes Yeimy Lorena Torres
Vargas, Elder Herney Villar Castro, Alba Luz del Rocío Ríos Sánchez, María Cristina
Gutiérrez Moreno, Hugo Fetecua Avendaño, Mery Yaned Rodríguez Sánchez,
María Claudia Alvarado Ostos, Diana Paola López Lache, Linda Milena Torres
Castro, Ana Belén Fonseca Oyela, Eliana María Orellana Tovar, María Marlene
González Dosa, Gloria Inés Aguilar Gómez, Marjorie Andreina Alfonso Rivera,
Katherine Ramírez Castellanos, Germán Enrique Chibuque Ruiz y Johanna Paola
Badillo de la Hoz, quienes actúan en nombre propio, presentaron acción de tutela
en contra de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo para la
Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del
Trabajo por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y
trabajo en condiciones dignas, en razón de la expedición del Decreto 2186 de 2023.

Hechos relevantes

2. Los accionantes señalan que se desempeñan como servidores públicos del
Ministerio de Justicia y del Derecho con vinculación vigente y ocupan los cargos de
los niveles asistencial, técnico y profesional.

3. El 18 de diciembre de 2023 la Presidencia de la República expidió el Decreto
2186 por medio del cual modificó el artículo 1.º del Decreto 1175 de 2021, que creó
para los servidores públicos del Ministerio del Trabajo de los niveles asistencial,
técnico, profesional y asesor, una bonificación especial de compensación anual
equivalente al 50 % de la asignación básica mensual, que corresponda al servidor
en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, la cual se pagará los primeros
quince días del mes de septiembre.

4. El Decreto 2186 del 18 de diciembre de 2023, contempla como modificación, “que
para la vigencia 2023 la Bonificación Especial de Compensación tendrá un único
pago equivalente al 25% de la asignación básica mensual que devenguen los
servidores públicos en la planta de personal a 30 de noviembre de 2023 que ocupen
empleos de los niveles Asistencial, Técnico, Profesional y Asesor (estos últimos que
pertenezcan a carrera administrativa) y que hayan laborado por el periodo
comprendido entre el 12 de julio y el 31 de diciembre de 2023 o proporcional al

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00245-01
Accionante: Diego Fernando Ospina Báez y otros
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

tiempo efectivamente laborado durante este periodo, ésta será pagada antes del 31
de diciembre de 2023.”

Pretensiones

5. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo
en condiciones justas.

SEGUNDO: Ordenar al señor Presidente de la República Gustavo Petro
Urrego, tener en cuenta los criterios que orientan el derecho a la igualdad y
el principio a trabajo igual salario igual, en beneficio de los servidores
públicos del Ministerio de Justicia y del Derecho, pertenecientes a los
empleos de los niveles Asistencial, Técnico, Profesional y Asesor (estos
últimos que pertenezcan a carrera administrativa) en relación con lo
establecido por el Decreto 2186 del 18 de diciembre de 2023.

TERCERO. Ordenar al señor Presidente de la República expedir el Decreto
correspondiente que reconozca el derecho a la igualdad y el principio a
trabajo igual salario igual, en los parámetros que señala el Decreto 2186 del
18 de diciembre de 2023.

CUARTO. Ordenar al Departamento Administrativo de la Función Pública
DAFP, adelantar los estudios técnicos que permitan al señor Presidente de
la República la expedición del decreto que garantice el derecho fundamental
de igualdad y principio de a igual trabajo igual salario de los servidores
públicos del Ministerio de Justicia y del Derecho anteriormente
mencionados.

Quinto.Ordenar (sic) al Ministro de Hacienda y Crédito Público realizar las
apropiaciones presupuestales y su inclusión en el presupuesto del Ministerio
de Justicia y del Derecho para el reconocimiento de las bonificaciones de
que trata el Decreto 2186 de 2023, a partir de la ejecutoria del fallo de esta
Acción de Tutela o en su defecto partir de la vigencia del año 2025”.

Fundamentos de la demanda de tutela

6. La parte accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales a la
igualdad y trabajo en condiciones dignas, porque considera que se les dio un trato
desigual, en su calidad de servidores públicos del Ministerio de Justicia y del
Derecho, toda vez que el decreto mencionado “no señala los elementos objetivos
que permitan justificar que la mejora salarial únicamente es aplicable para los

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00245-01
Accionante: Diego Fernando Ospina Báez y otros
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

funcionarios del Ministerio de Trabajo y, que por lo tanto, dicha diferenciación es
discriminatoria”.

Trámite en primera instancia

7. Mediante auto del 25 de enero de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a la
Presidencia de la República, al Departamento Administrativo de la Función Pública
y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como accionados.

Intervenciones

8. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó
que se nieguen las pretensiones de la presente acción de amparo porque no existe
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, ni se evidencia
ninguna actuación u omisión infractora por parte de dicha entidad.

9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó que se rechace por
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad. Sostuvo que la parte accionante cuenta con mecanismos ordinarios
e idóneos para atacar el decreto acusado, razón por la cual deben acudir a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para solicitar lo pretendido.

10. Las demás partes guardaron silencio.

La sentencia de primera instancia

11. Mediante sentencia del 15 de febrero de 2024, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

12. Indicó que el ordenamiento jurídico establece otros medios judiciales ordinarios
y apropiados para resolver la controversia planteada, así que “si lo que los
accionantes estiman es que el Decreto 2186 de 2023 vulnera el derecho a la
igualdad y al trabajo en condiciones dignas” establecidos en los artículos 13 y 25 de

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00245-01
Accionante: Diego Fernando Ospina Báez y otros
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

la Constitución Política por generar un desequilibrio entre los funcionarios del sector
público, lo procedente es que dicho acto administrativo sea controvertido a través
de los medios de control establecidos en los artículos 135 y 137 del CPACA ante
un juez de lo contencioso administrativo.

13. Reiteró que la procedencia de la acción de tutela es de carácter excepcional y
debe sustentarse con base en unas causales específicas de procedibilidad que
fueron fijadas por la jurisprudencia. Así, al ser la tutela un mecanismo subsidiario y
al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio irremediable, la misma
no resulta procedente.

La impugnación

14. Los accionantes señalan que no pueden hacer uso de tales medios de control,
ya que no buscan sacar del ordenamiento jurídico el Decreto 2186 de 2023, teniendo
en cuenta que se ha estructurado bajo parámetros de legalidad y legitimidad, y su
expulsión del ordenamiento jurídico ocasiona daño a sus destinatarios. De ahí que
las pretensiones no se encuentran dirigidas a declarar la nulidad de este acto
administrativo, lo que buscan “es que los beneficios prestacionales otorgados a los
servidores del Ministerio del Trabajo sean reconocidos a los accionantes servidores
públicos del Ministerio de Justicia y del Derecho”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Cuestión previa

15. En el asunto de la referencia se advierte que la acción de tutela está dirigida en
contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, casos en los cuales el
magistrado sustanciador de la presente decisión ha manifestado encontrarse
incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1 ° del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, por cuanto su cuñada Diana Bravo se desempeña
actualmente como jefe de control de interno de la entidad.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00245-01
Accionante: Diego Fernando Ospina Báez y otros
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

16. Esta Subsección2, sin embargo, ha declarado infundada dicha manifestación en
razón a que considera que los hechos que dan sustento a la solicitud de amparo no
se relacionan con el ámbito de competencias de los cargos indicados, y tampoco se
informa cómo es que los mismos pueden afectar los derechos e intereses de los
parientes del suscrito consejero ponente, al punto que éste vea comprometido su
buen juicio o imparcialidad.

17. Por tal razón, atendiendo la posición asumida en la prenotada providencia y con
el propósito de no restar celeridad y eficacia a la acción de tutela, el magistrado
ponente en este caso no manifestará impedimento y continuará con el estudio de
fondo de la acción de tutela en cuestión.

Análisis del caso

18. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.

19. Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política3,
así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 19914 precisan el carácter subsidiario de
la acción de tutela, por cuanto ésta sólo es procedente cuando no se dispone de
otro medio de defensa judicial.

20. En el presente caso la parte accionante solicita la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas, presuntamente
vulnerados con la expedición del Decreto 2186 del 18 de diciembre de 2023, el cual
estableció una bonificación especial por compensación para los servidores públicos

2 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Providencia del 10 de abril de 2024.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01210-00.
3 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
“(…).
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (se destaca).
4 “ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” (se destaca).
6

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00245-01
Accionante: Diego Fernando Ospina Báez y otros
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

del Ministerio del Trabajo y excluyó, sin razón alguna, a los del Ministerio de Justicia
y del Derecho. Por tanto, piden que se ordene a la Presidencia de la República la
expedición del decreto que les reconozca dicha bonificación.

21. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, la Sala encuentra
que la parte accionante no hizo uso de los medios de defensa idóneos y efectivos
para obtener las pretensiones que plantea en el asunto bajo estudio, esto, por
cuanto dispone los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y nulidad
simple, establecidos en los artículos 135 y 137 del CPACA, los cuales pueden
plantearse ante un juez de lo contencioso administrativo.

22. Al respecto, de acuerdo con lo señalado en la impugnación, si consideran que
el Decreto 2186 de 2023 vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y al
trabajo y genera un desequilibrio entre los funcionarios del sector público, pueden
solicitar que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por
el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los
términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa
de la Constitución, tal como lo contempla el CPACA.

23. En ese orden de ideas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de
la acción consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito
de respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y
el principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

24. En el escrito de impugnación, la parte actora aclaró que con el ejercicio de la
acción constitucional no pretenden excluir del ordenamiento jurídico el Decreto 2186
de 2023, sino que pretenden extender “los beneficios prestacionales otorgados a
los servidores del Ministerio del Trabajo (...) a los accionantes servidores públicos
del Ministerio de Justicia y del Derecho”.

25. Frente a lo anterior, la Sala estima que la acción de tutela tampoco es el
escenario idóneo para extender los efectos del acto administrativo a los servidores

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00245-01
Accionante: Diego Fernando Ospina Báez y otros
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

públicos del Ministerio y de Justicia y del Derecho, ya que dichos funcionarios a
través del ejercicio del medio de control subjetivo de nulidad, previa reclamación
administrativa, pueden obtener un pronunciamiento favorable respecto a dicha
solicitud con el consecuente restablecimiento de las garantías laborales
conculcadas.

26. A todo lo anterior, agréguese que en el proceso no aparece prueba siquiera
sumaria de un presunto perjuicio irremediable que haga imperativa la intervención
del juez de tutela.

27. Señalado lo anterior, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, esta
Sala confirmará la sentencia objeto de impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00245-01
Accionante: Diego Fernando Ospina Báez y otros
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
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VF

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