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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01210-00

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01210-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA de la señora Ruth Mendoza Gómez para interponer la acción de tutela en representación de su fallecido esposo, el señor José Leonardo Aguirre Téllez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01210-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

6 de junio de 2024

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01210 00
Demandante: Ruth Mendoza Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 01210 00
Accionante: Ruth Mendoza Gómez
Accionado: Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Procuraduría General de la Nación, Departamento del Valle del Cauca, Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la Subsección “A” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y el abogado Tomas A. Fajardo Hernández
Tesis: Se debe declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la cónyuge
que pretende representar los intereses de su esposo fallecido.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Ruth Mendoza Gómez
en contra de los Ministerios del Trabajo y Hacienda y Crédito Público, la
Procuraduría General de la Nación, el Departamento del Valle del Cauca, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la Subsección “A” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y el abogado Tomas A. Fajardo Hernández 1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La accionante, en nombre de su difunto esposo, el señor José Leonardo
Aguirre Téllez, interpuso acción de tutela en contra de los Ministerios de Trabajo y
de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación, el
Departamento del Valle del Cauca, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el abogado Tomas
A. Fajardo Hernández, invocando la protección de sus derechos a la dignidad humana,
a las “Garantías y efectividades de los deberes y principios consagrados en la

1 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Demandante: Ruth Mendoza Gómez

Constitución”, “la constitución es norma de normas, la Primacía de los derechos
inalienables”, a la igualdad, a la seguridad jurídica, al derecho de petición, al trabajo,
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al derecho de petición, al
mínimo vital y móvil en conexidad con el derecho a la seguridad social, y a la
“responsabilidad del estado”.

Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

“Solicito del señor juez, se proteja mis derechos fundamentales de:

Dignidad humana, Art,1 Garantía y efectividad de los deberes y principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, Art, 2 La constitución es
norma de normas, Art, 4 Primacía de los derechos inalienables, Art, 5, leyes y
sentencias concordantes.

Derecho fundamental a la igualdad Art, 13 C.N Seguridad jurídica.

(…)

Derecho de petición, Art 23, leyes y sentencias concordantes. por cuanto el
derecho de petición al Ministerio del Trabajo y seguridad social, nunca nos ha
respondido, (envió copia de petición).

(…)

Derecho al trabajo, Art,25, leyes y sentencias concordantes Derecho al debido
proceso, Art, 29, en conexidad con el Art, 229, leyes y sentencias concordantes.

Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones
que consagre la ley, Art, 31 Derecho al mínimo vital y móvil, Art.53 en conexidad
con el derecho a la seguridad social, Art, 48, Seguridad jurídica, Art, 83, C.N
Responsabilidad del Estado, Art, 90 C.N.

Consagrados en los artículos enumerados anteriormente en la Constitución
Política de Colombia y en las leyes e innumerables sentencias promulgadas por
las altas cortes.

Por todas las razones anteriores, solicito del señor juez se tengan en cuenta
para el resarcimiento de mis derechos y que, de acuerdo a la constitución y la
ley, sea indemnizatoria a lo que corresponda por el tiempo que han sido violados
mis derechos fundamentales, durante 23 años.”2.

1.2. Como fundamento de las anteriores solicitudes, mencionó que mediante la
Ordenanza nro. 097 del 5 de noviembre de 1999 se le otorgó al gobernador del Valle
del Cauca la facultad de realizar una reforma administrativa, que incluía la supresión
de cargos. Como consecuencia de esto, fue despedido su esposo José Leonardo

2 Ibídem.

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Aguirre Tellez, quien llevaba laborando aproximadamente diez (10) años en ese ente
departamental.

Señaló que se había presentado una solicitud en ejercicio del derecho de petición ante
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a nombre del señor Jair Valencia Gaspar,
solicitando el documento que autorizó la reforma administrativa en la Gobernación del
Valle del Cauca en el año 2000, así como el seguimiento realizado antes y después
de dicho procedimiento. Al respecto, obtuvieron una respuesta diez (10) días después,
en la que se informaba que la solicitud había sido remitida a otra oficina de dicha
entidad. En todo caso, no recibieron ninguna respuesta adicional.

Advirtió que, en el año 2005, el abogado Tomás Fajardo convocó a las personas que
habían sido retiradas de sus cargos por la Gobernación del Valle del Cauca, entre ellas
a su esposo José Leonardo Aguirre Téllez, para que presentaran una acción de
nulidad simple en contra de los actos de la reforma administrativa. Mediante sentencia
del 22 de mayo de 2014, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado
declaró la nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000 que reformaron la
planta de personal y la escala salarial de la Gobernación del Valle del Cauca.

Afirmó que, como consecuencia de la anterior decisión, presentaron petición ante el
Departamento del Valle del Cauca exigiendo el reintegro y el pago de las
indemnizaciones correspondientes.

Indicó que el abogado Tomás Fajardo Hernández los citó nuevamente para presentar
una acción de grupo en contra de la mencionada entidad departamental, para obtener
una indemnización por los despidos masivos resultantes de la reforma a la planta de
personal.

Informó que el 16 de agosto de 2016 la demanda se repartió al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, con el número de radicado 76001 23 33 009 2016 01240 00, en
la que, mediante auto del 26 de febrero de 2018, se rechazó por haber operado la
caducidad de la acción. Luego, con providencia del 31 de enero de 2019, la Sección
Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado confirmó dicha decisión, tras
considerar que desde que se declaró la nulidad de los actos de la reforma
administrativa, tenían un plazo de cuatro (4) meses para instaurar la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Ruth Mendoza Gómez

Mencionó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el derecho al
debido proceso, debido a que transcurrieron quinientos veinticinco (525) días para
proferir el auto que rechazó la demanda grupal.

Adujo que se enviaron peticiones al Magistrado del citado Tribunal, Oscar Silvio
Narváez Daza, con copia al Consejo Superior de la Judicatura, en las que se solicitó
información sobre el historial de las actuaciones de la acción de grupo y al abogado
Tomás Fajardo para que les explicara la decisión del Tribunal de rechazar la acción
de grupo.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Mediante providencia del 12 de abril del año en curso3, el Consejero Fernando
Alexei Pardo Flórez remitió el expediente de la referencia para que fuera estudiada la
acumulación con el proceso 2023 07387.

2.2. El proceso de la referencia fue admitido mediante proveído del 19 de abril de
2024. Particularmente, en dicha decisión se ordenó notificar a los Ministerios de
Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la Nación, al
Departamento del Valle del Cauca, a los Magistrados del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, a los Consejeros de la Sección Tercera del Consejo de Estado y al
abogado Tomas A. Fajardo Hernández4.

2.3. La Procuraduría General de la Nación pidió su desvinculación de la acción de
la referencia argumentando falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.4. El Departamento del Valle del Cauca indicó que existía falta de legitimación por
activa, debido a que la solicitud de amparo presentada por la señora Ruth Mendoza
Gómez tiene como fundamento la relación legal y reglamentaria que surgió entre su
esposo fallecido y dicha entidad, por lo que ella no contaba con la capacidad para
formular las pretensiones de amparo, puesto que no era la titular de los derechos
invocados.

3 Visible a índide 16 ibídem.
4 Visible al índice 4 del Sistema de Gestión SAMAI.

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Asimismo, señaló que no se cumplió con el requisito de inmediatez y que no se
evidenciaba la configuración de un perjuicio irremediable, razones que debían
conducir a declarar improcedente el reclamo constitucional.

2.5. El Consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, integrante de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, advirtió que no había intervenido en la
aprobación de la sentencia impugnada en la presente acción de tutela, puesto que la
ponente de la providencia había sido la exmagistrada Marta Nubia Velásquez Rico.
Por lo que se limitaba acatar lo que se decidiera en el proceso.

2.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca allegó las piezas procesales
de la acción de grupo identificada con núm. 76001-23-33-009-2016-01240-00/01, la
respuesta a las peticiones presentadas y una certificación donde realizó un recuento
de las actuaciones realizadas dentro de la mencionada acción.

2.7. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la tutela manifestando
que de los hechos relacionados no se lograba evidenciar que alguno de ellos se
refiriera a competencias de esa cartera ministerial, por lo que consideró necesaria
su desvinculación del presente trámite al no encontrarse legitimado en la causa por
pasiva.

2.8. El Ministerio del Trabajo indicó que dio respuesta a la petición comentada en
la acción de tutela. Posteriormente, hizo una descripción de sus competencias y
alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.9. El abogado Tomás Fajardo Hernández guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20215, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la

5 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

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Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

3.2. Hechos relevantes

3.2.1. El 16 de junio de 2016, José Leonardo Aguirre Téllez (Q.E.P.D.), esposo de
la señora Ruth Mendoza Gómez, junto con las demás personas que fueron
desvinculadas de la Gobernación del Valle del Cauca como consecuencia de la
reforma administrativa, instauraron acción de grupo con la finalidad de que se les
indemnizaran los perjuicios que se les ocasionaron con los actos administrativos
mediante los cuales se modificó la planta de personal de la mencionada entidad
territorial.

3.2.2. Mediante proveído de 26 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca rechazó la demanda al concluir que en la acción impetrada por los
accionantes operó el fenómeno de la caducidad.

3.2.3. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación. Por medio de auto
del 31 de enero de 2019, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado confirmó la providencia impugnada.

3.2.4. La accionante, en representación de su fallecido esposo, el señor José
Leonardo Aguirre Téllez, instauró solicitud de amparo en contra de los Ministerios
de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación,
el Departamento del Valle del Cauca, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el abogado Tomas
A. Fajardo Hernández. En concepto de la parte actora, la vulneración de los
derechos fundamentales se generó, por una parte, por la tardanza del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en proferir el auto del 26 de febrero de 2018 y,
por otra, por la falta de respuesta oportuna y de fondo a las peticiones que presentó
ante los demás accionados.

(…)
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada. (…)”

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Demandante: Ruth Mendoza Gómez

3.3. De la falta de legitimación en la causa por activa

3.3.1. De entrada, resulta necesario precisar si la señora Ruth Mendoza Gómez,
quien actúa en calidad de esposa del fallecido señor José Leonardo Aguirre Téllez,
cuenta con la capacidad para interponer la presente acción de tutela.

Cabe resaltar que la accionante acompañó el escrito de demanda con las copias de
la partida de matrimonio del 19 de diciembre de 1992 y el Registro Civil de Defunción
del señor José Leonardo Aguirre Téllez del 24 de agosto de 2021, con el fin de
acreditar su condición de cónyuge.

3.3.2. Pues bien, el inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política prevé
el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 19916 establece que las acciones
de tutela se pueden promover i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
mediante apoderado, y ii) a través de la figura de la agencia oficiosa, caso en el cual
se debe manifestar expresamente tal circunstancia; además de demostrar las
razones por las cuales el agenciado no está en capacidad de ejercer su propia
defensa.

Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencia T-249 de 1998, con ponencia del
Magistrado Hernando Herrera Vergara, se refirió sobre la procedencia de las
acciones de tutela promovidas por sujetos que actúan en representación de una
persona fallecida; veamos:

6 “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y

lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”

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“Los conceptos antes mencionados fueron objeto de precisión por esta
Corporación, en el entendido de que inalienable constituye aquello “que no se
puede enajenar, ceder ni transferir"; inherente: "que constituye un modo de ser
intrínseco a este sujeto"; y esencial: "aquello por lo que un ser es lo que es, lo
permanente e invariable de un ser”.

Así pues, dadas esas características de los derechos fundamentales
constitucionales es que la protección constitucional especial de la tutela se
dirige a solventar en forma inmediata y directa la situación de hecho que, por la
actuación u omisión de las autoridades o en ciertos casos de un particular,
genere una vulneración o amenaza de los mismos, a fin de permitir su ejercicio
y restablecer el goce, en cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado
social de derecho, como es el de “...garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución” (C.P., art. 2).

Precisamente, la connotación esencial e inherente respecto del titular de los
derechos fundamentales determina que sean las personas, naturales o
jurídicas, éstas últimas en ciertos casos, las únicas que, en consecuencia, se
encuentran investidas de la potestad para ejercer dicha acción, por sí mismas,
con el fin de obtener su defensa y salvaguarda constitucional ante una posible
lesión o vulneración, o, excepcionalmente, por quien actúe en su nombre, bien
sea a través de representante o mediante la gestión de un agente oficioso de
derechos ajenos, cuando quiera que el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa (C.P., art. 86 y D. 2591/91, art. 10).

Así las cosas, el ejercicio de la garantía constitucional de la cual se viene
haciendo alusión para la efectividad de los derechos fundamentales de las
personas, se deriva de la condición de sujetos de derechos y obligaciones, por
la mera circunstancia de la existencia física y dado el derecho al reconocimiento
de una personalidad jurídica (C.P., art. 14); de manera que, “Quien no tenga la
condición de persona - natural o jurídica - propiamente hablando, no es sujeto
de derechos fundamentales, ya que éstos son inherentes a la esencia personal,
o manifiestan las tendencias naturales o fundamentales del sujeto de derecho.”.
Además, esa especie de subjetividad jurídica sólo estará vigente durante el
transcurso de la respectiva vida o existencia jurídica de la respectiva persona.”
(Subrayas de la Sala).

De lo anterior se extrae que los derechos fundamentales, cuya protección inmediata
constituye el único objeto posible de la acción de tutela, son de carácter
personalísimo, por regla general extrapatrimoniales y por lo mismo inalienables e
intransferibles, por lo que no podría siquiera contemplarse la existencia de derechos
fundamentales atribuibles a personas cuya existencia ha terminado, que fueran
agenciados por otros reclamantes. En tal sentido, recordando que, para el caso de
las personas naturales, según lo establece el artículo 94 del Código Civil, “La
existencia de las personas termina con la muerte”, la Sala estima imposible predicar
la afectación de derechos fundamentales de personas fallecidas.

3.3.3. En el presente caso, se advierte que la señora Ruth Mendoza Gómez
pretende ejercer los derechos de su fallecido esposo, el señor José Leonardo

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Aguirre Téllez. Al respecto, resulta oportuno precisar, por un lado, que la actora no
fue parte de la acción de grupo que dio lugar a la presente solicitud de amparo ni
radicó las peticiones que presuntamente no obtuvieron respuesta de fondo y, por
otro, que con la muerte del titular de los derechos cesó la existencia física de aquel
y, en consecuencia, se extinguió su condición de persona en el ordenamiento
jurídico.

Así la cosas, en el presente caso no podría predicarse la legitimación en la causa
por activa de la señora Ruth Mendoza Gómez respecto de los derechos de su
esposo, el señor José Leonardo Aguirre Téllez, debido a su muerte.

En similar sentido, esta Sección en sentencia del 31 de agosto de 2023 manifestó
lo que sigue en un asunto con similares características a las del proceso que ocupa
la atención de la Sala:

“3.3.1.2.3. Por otro lado, de acuerdo con lo manifestado por la señora Anne
Marie Crépy Grazi, la Sala advierte que el señor Henry Crépy Chabot falleció,
aunque no indicó en qué fecha. Al respecto, de acuerdo con el criterio expuesto
por la Corte Constitucional en el fallo T-249 de 1998, los derechos
fundamentales, dado su carácter personalísimo —pues están ligados
intrínsecamente a la individualidad del ser humano—, no son susceptibles de
ser transmitidos por causa de muerte, pues son esencialmente
extrapatrimoniales. Es más, de acuerdo con lo expresado por la Corte: “el
fallecimiento de la persona hace improcedente el amparo de los derechos por
la vía tutelar, en relación con los derechos fundamentales que por su naturaleza
son esenciales e inherentes a su condición humana”. Entonces, tampoco es
viable acudir en esta acción como sucesor del titular de un derecho
fundamental.

Además, debe tenerse en cuenta que, según la jurisprudencia de esa misma
corporación, los derechos fundamentales de una persona fallecida solo son
protegibles por vía de tutela en hipótesis muy precisas, esto es, cuando,
después del deceso, medios de comunicación u otras personas emiten
opiniones subjetivas o divulgan información que resulta claramente lesiva de la
imagen de dicha persona, situación que dista mucho de la controversia
planteada en el sub lite.”7

En ese orden de ideas, se declarará probada la falta de legitimación en la causa por
activa de la señora Ruth Mendoza Gómez para representar los intereses de su
difunto esposo José Leonardo Aguirre Téllez, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 31 de

agosto de 2023. Proceso radicado número 11001 03 15 000 2023 03186 00. Consejero Ponente:
Oswaldo Giraldo López.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01210 00
Demandante: Ruth Mendoza Gómez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA de la señora Ruth Mendoza Gómez para interponer la acción de tutela en
representación de su fallecido esposo, el señor José Leonardo Aguirre Téllez, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los
términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 6 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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