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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03186-00

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03186-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor Jean Marc Crépy Grazi para solicitar en este asunto la protección de sus derechos fundamentales, así como para reclamar el amparo de los derechos de Henry Crépy Chabot, Marie Francoise Crépy Saab y Anne Marie Crépy Grazi, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Corte Constitucional, la Superintendencia de Notariado y Registro y el municipio de Chía, de acuerdo con las razones expuestas. TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por las razones expuestas. CUARTO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo formulada por la señora Anne Marie Crépy Grazi, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03186-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

31 de agosto de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 03186 00
Accionante: Jean Marc Crépy Grazi y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03186 00
Demandante: JEAN MARC CRÉPY GRAZI Y OTRA
Demandados: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA
JUDICIAL – SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO – ALCALDÍA DE CHÍA – SECRETARÍA DE
HACIENDA DE CHÍA Y OTROS

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando quien la
interpone no es el titular de los derechos cuya
protección reclama, y cuando, quien sí está legitimado
no ha hecho uso de los mecanismos ordinarios
establecidos en la ley para la defensa de sus derechos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Jean Marc Crépy
Grazi y otra contra el Nación - Fiscalía General de la Nación y otros.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Jean Marc Crépy Grazi, quien manifiesta actuar en nombre
propio y “como gestor de oficio de [su] núcleo familiar”, integrado por su
padre, Henry Crépy Chabot, su hija, Marie Francoise Crépy Saab, y su
hermana, Anne Marie Crépy Grazi, solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y los “derechos humanos fundamentales
universales”, que estima vulnerados por el Gobierno Nacional, la Fiscalía
General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro, la
Corte Constitucional, la Alcaldía de Chía (Cundinamarca), la Secretaría de
Hacienda de Chía, la Notaría 39 del Círculo de Bogotá, la Notaría 25 del

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Accionante: Jean Marc Crépy Grazi y otra

Círculo de Bogotá, la Empresa de Servicios Públicos de Chía (Emserchía
E.S.P.), y por los señores Germán Alfredo Borda Díaz, Martha Inés Arango
Vergara, Diana María Borda Arango y Tomás Borda Arango, como
consecuencia de las irregularidades que, según alega, se presentaron con
ocasión de la compraventa de dos bienes inmuebles.

1.2. En el escrito de tutela y en los demás extensos memoriales
presentados por el señor Jean Marc Crépy Grazi1, este alega que el 31 de
mayo de 2010, en la Notaria 39 del Círculo de Bogotá, i) él, actuando en
nombre propio y en representación de su hija Marie Francoise Crépy Saab,
ii) su padre, Henry Crépy Chabot y iii) su hermana, Anne Marie Crépy
Grazi, celebraron una “permuta inmobiliaria mano a mano” con los
señores Germán Alfredo Borda Díaz, Martha Inés Arango Vergara, Diana
María Borda Arango y Tomás Borda Arango, en la que los primeros,
mediante escritura pública 1610 de esa fecha, transferían a los segundos
el apartamento 601 del edificio Guadal Country, ubicado en el barrio La
Carolina de la ciudad de Bogotá, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria 50N-20123616, y a cambio, los segundos, mediante la
escritura pública 1611, les transferían a los primeros la casa D del
conjunto residencial Rincón del Bosque, parcelación Bosque de Chía,
vereda Bojacá de ese municipio, identificada con el folio de matrícula
inmobiliaria 50N-700332.

1.2.1. Según el demandante, la casa que les fue entregada no es la que
aparece descrita en el certificado de libertad y tradición 50N-700332, ni
en la escritura pública 1660 de diciembre 17 de 1982, otorgada en la
Notaría 25 del Círculo de Bogotá, en la que se consignó el reglamento de
propiedad horizontal del conjunto residencial, ni en la escritura pública
1611 del 31 de mayo de 2010, mediante la cual se las vendieron.

Alegó que, desde el momento en que se protocolizó la urbanización (sic)
se presentó una irregularidad respecto de la vivienda D —aunque no

1
Se advierte que con posterioridad a la presentación de esta acción de tutela el 14 de junio de 2023 y hasta
el 24 de agosto de 2023 el demandante presentó al despacho del Magistrado sustanciador un total de 204
memoriales.

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expone con claridad en qué consistió tal anomalía—, lo que habría
generado que, entre los años 1982 y 2023, ninguna persona haya tenido
la propiedad legítima sobre ésta, y, por lo tanto, todas las operaciones
inmobiliarias que se hubieren realizado durante ese lapso son
fraudulentas y falsas, además de involucrar la comisión de delitos.

En tal sentido, señaló que los señores Germán Alfredo Borda Díaz, Martha
Inés Arango Vergara, Diana María Borda Arango y Tomás Borda Arango,
vendedores de la casa, son urbanizadores ilegales y estafadores
inmobiliarios, pues nunca fueron titulares del derecho real de dominio
sobre el bien que se comprometieron a transferirles en el negocio.

Según el actor, el referido conjunto residencial fue construido de manera
fraudulenta, mediante “una execrable maquinaria criminal delictiva en
materia de estafa inmobiliaria y de urbanización ilegal y de innumerables
fraudes administrativos, urbanísticos, judiciales y procesales”, en la que
han participado más de ciento cincuenta (150) funcionarios de diferentes
entidades y más de cuarenta y cinco (45) fiscales.

1.2.2. Informa que por los hechos materia de la acción de tutela ha
promovido, entre otros, los siguientes procesos2: (i) proceso civil con
radicado 11001-31-03-021-2011-00238-00, resuelto por Juzgado 35 Civil
del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 26 de septiembre de 2016, que
constituye una cosa juzgada fraudulenta; (ii) proceso penal con radicado
25175-60-00-390-2011-80337, en el que se declaró la preclusión, a su
juicio, también mediante una cosa juzgada fraudulenta; (iii) proceso penal
con noticia criminal 11001-60-00-049-2016-06930; (iv) acción de tutela
con radicado 25000-23-42-000-2015-02048-01; (v) proceso penal con
noticia criminal 11001-60-00-050-2016-32300; (v) proceso penal con
noticia criminal 11001-60-00-049-2016-04249; (vi) acción de tutela con
radicado 11001-22-04-000-2019-00205-00; (vii) acción de reparación
directa que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Tercera - Subsección B, bajo el radicado 25000-23-36-000-2022-

2
El demandante no indicó las partes ni el estado de cada uno de los trámites.

3
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00118-00; (viii) un trámite que lleva el Fiscal 11 Delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, número de expediente 11001-60-00-102-2022-
00377, y (ix) una denuncia instaurada ante la Comisión Legal de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso
de la República de Colombia, con número de expediente 5646.

1.2.3. En suma, considera que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 90 de la Constitución Política, el Estado colombiano tiene que
responder patrimonialmente por el daño que él y sus familiares han
sufrido con ocasión del referido negocio y de los actos de corrupción que
se han perpetrado en torno a éste.

1.3. Luego de ser notificada del auto admisorio de la tutela, la señora
Anne Marie Crépy Grazi presentó memorial el 31 de julio de 20233, en
el que expuso los hechos que, en su consideración, han generado
vulneración de sus derechos fundamentales, y propuso sus propias
pretensiones.

1.3.1. En concreto, manifestó que la descripción arquitectónica registrada
en el certificado de libertad y tradición y en la escritura pública 1611 del
31 de mayo de 2010 no corresponde al inmueble que les fue entregado,
por una importante diferencia de metraje, áreas y espacios, en particular,
porque el jardín privado de 1.100 metros cuadrados que les fue vendido
como propio resultó ser un área común de la urbanización, de acuerdo
con el reglamento de propiedad horizontal.

1.3.2. Expuso que las víctimas promovieron un proceso civil que cursó
ante el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá bajo el radicado 11001-
31-03-021-2011-00238-00, aunque no indicó quiénes fueron las partes
ni cuáles fueron las pretensiones que allí se ventilaron. Empero, sí señaló
que en ese trámite resultaron lesionados sus derechos fundamentales
porque (i) el juzgado no permitió que se practicara el peritaje

3
Índice 93 de la tutela en el sistema SAMAI, visible en el enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202303186001
100103

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especializado que se solicitó en la demanda, única prueba idónea para
demostrar las inconsistencias técnicas entre la documentación legal de la
casa y la planta física que les fue entregada, (ii) durante el trámite del
proceso, la argumentación de la contraparte consistió en desviar la
atención probatoria, alegando que la venta correspondió a un cuerpo
cierto, lo cual es un tecnicismo jurídico encaminado a desconocer las
grandes diferencias entre el inmueble vendido y el entregado, (iii) el
juzgado les vulneró a ella y al señor Henry Crépy Chabot el derecho a
declarar, pues el día fijado para su interrogatorio de parte, la contraparte
desistió de la prueba, y (iv) el abogado que los representó en ese juicio
no apeló la sentencia del 26 de septiembre de 2016, que decidió el asunto
en primera instancia.

1.3.3. Señaló que, en el año 2015, los vendedores de la casa, mediante
escritura pública 2932 del 11 de diciembre de 2015, elevada ante la
Notaría 25 del Círculo de Bogotá, “actualizaron” la escritura del
reglamento de propiedad horizontal de la urbanización, “redistribuyendo
áreas comunes a áreas privadas”. Es decir, que buscaron “legalizar” las
áreas comunes del conjunto, “no permitiendo una revisión objetiva del
fallo del juez 35 civil de circuito de Bogotá, tantas veces solicitada en
derecho por mi hermano”.

Sin embargo, no indicó en qué radicaba la ilegalidad de la referida
escritura, ni quién o de qué manera se impidió la revisión del fallo dictado
en el proceso civil, máxime cuando ya había señalado que su apoderado
no instauró el recurso de apelación contra la sentencia del 26 de
septiembre de 2016.

1.3.4. Señaló que en el año 2011 instauraron la denuncia penal con
radicado 25175-60-00-390-2011-80337, en cuyo trámite, durante los
años 2013 y 2014, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía
desarrolló dos (2) programas metodológicos, con base en los cuales, el
15 septiembre de 2015, el Juez Primero Penal de Circuito de Zipaquirá

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ordenó acusar4 a los denunciados Germán Alfredo Borda Díaz, Martha
Inés Arango Vergara, Diana María Borda Arango y Tomás Borda Arango
por los delitos de urbanización ilegal y estafa inmobiliaria. Empero, alegó
que estas pruebas finalmente no fueron tenidas en cuenta, por lo que se
produjo una decisión fraudulenta.

Finalmente, enfatizó que lo que pretende con esta acción de tutela es que
se anulen las actuaciones fraudulentas que se han llevado a cabo y que,
como consecuencia de esto, se le reconozca la indemnización por el
detrimento que ha sufrido en su patrimonio.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La presidenta de la Corte Constitucional manifestó que esa
corporación carece de legitimación en la causa por pasiva en este asunto,
pues no es la autoridad competente para tramitar o resolver las
pretensiones formuladas por el accionante y porque no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la parte actora.

Además, informó que, consultado el sistema de información de la Corte,
no se encontró ningún expediente de tutela a nombre del actor.

2.2. La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República alegó que la entidad no tiene ninguna relación con los
hechos relatados en la demanda y que, particularmente, no tiene
injerencia en las decisiones de la Fiscalía General de la Nación ni de los
jueces de la República, por lo que solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

No obstante, sostuvo que la acción de tutela es improcedente porque la
parte actora puede presentar ante las entidades involucradas una queja
contra cada uno de los funcionarios que, a su juicio, ha incurrido en
actuaciones indebidas. Además, porque, para reclamar la indemnización
de perjuicios, tiene a su alcance el medio de control de reparación directa.

4
Así lo relató la interviniente, quien no aportó prueba documental que soporte esta afirmación.

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2.3. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de
Notariado y Registro alegó que la acción de tutela es improcedente
porque las pretensiones que se formulan deben desatarse en un juicio de
responsabilidad patrimonial. De hecho, el actor interpuso la demanda de
reparación directa con radicado 25000-23-36-000-2022-00118-00, que
cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Sostuvo también que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
porque los hechos que dieron lugar a su interposición datan del año 2010.

Además, manifestó que la Superintendencia de Notariado y Registro es
ajena a la vulneración de derechos fundamentales que se invocan en la
demanda, pues el motivo del reproche se origina en un negocio privado
que se celebró entre personas ajenas a la entidad, razón por la cual esta
carece de legitimación en la causa por pasiva.

2.4. La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de
la Fiscalía General de la Nación advirtió que esta accion de tutela es
improcedente porque se limita a proferir insultos sin ningún desarrollo
jurídico sobre los derechos fundamentales que pretende hacer valer.

Señaló que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos genéricos
ni específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
en particular, porque en el fondo las pretensiones tienen contenido
meramente indemnizatorio.

2.5. La Fiscal 377 Seccional de la Unidad de Administración Pública
alegó que, según lo consignado en su sistema de información, a ese
despacho le fue asignada una denuncia penal instaurada el 4 de enero de
2023 por Jean Marc Crépy Grazi, identificada con el radicado 11001-60-
00-050-2022-87735, por el delito de prevaricato por omisión, la cual se
encuentra en etapa de indagación y a la fecha se han emitido diferentes
órdenes a Policía Judicial con el fin de verificar los hechos denunciados, y
particularmente, mediante orden 8672786 de 4 de enero de 2023, se citó
al actor a entrevista.

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Con base en lo anterior, solicitó que se denieguen las pretensiones de la
tutela, pues ha adelantado las acciones de su competencia.

2.6. Por otro lado, la Fiscal Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito con funciones de Jefe de Unidad manifestó que el proceso
penal con radicado 11001-60-00-049-2016-06930 está inactivo con
orden de archivo del 17 de noviembre de 2017, proferida por la extinta
Fiscalía 144 Seccional.

Precisó que el señor Crépy Grazi presentó varias solicitudes de
desarchivo, las cuales fueron respondidas por el Fiscal Jefe de Unidad
mediante oficio 001 del 8 de enero de 2019, que señaló que no había
lugar a acceder a lo pedido porque no se cumplían los presupuestos del
artículo 79 de la Ley 906 de 2004.

Por último, señaló que, en cuanto a las pretensiones indemnizatorias de
la tutela, los demandantes deben acudir a otras instancias judiciales.

2.7. El Secretario de Hacienda del municipio de Chía señaló que el
predio identificado con matrícula inmobiliaria 50N-700332 registra como
propietarias a Anne Marie Crépy Grazi y Marie Francoise Crépy Saab,
razón por la cual el señor Jean Marc Crépy Grazi carece de legitimación
en la causa por activa en el asunto.

Agregó que la acción de tutela no es el medio procesal idóneo para
formular pretensiones de tipo indemnizatorio.

Por último, alegó que en este caso no se cumple con el presupuesto de
inmediatez, como consecuencia del amplio lapso transcurrido para la
interposición de la demanda, sin que exista ninguna circunstancia que lo
justifique.

2.8. El gerente de Emserchía E.S.P. alegó que la tutela es improcedente
porque los demandantes pretenden emplear este mecanismo excepcional

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de protección como si se tratara de una acción ordinaria contenciosa en
la que se pudieran ventilar pretensiones económicas y reivindicatorias.

Además, advirtió que el señor Crépy Grazi ya había interpuesto otras
acciones de tutela para hacer efectivos a toda costa sus intereses
personales. En concreto, mencionó la tutela con radicado 11001-33-36-
034-2021-00009-01, tramitada en primera instancia por el Juzgado 34
Administrativo Oral de Bogotá y en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia, solicitó que la solicitud
de amparo sea rechazada por temeridad.

2.9. El Notario 25 del Círculo de Bogotá (encargado) manifestó que la
presente acción de tutela es temeraria, pues el señor Jean Marc Crépy
Grazi ya ha interpuesto otras demandas por los mismos hechos. En
particular, adjuntó copia de algunas actuaciones surtidas en la tutela con
radicado 11001-33-36-034-2021-00009-02.

Señaló que el señor Jean Marc Crépy Grazi falta a la verdad cuando en la
8ª pretensión de la tutela manifestó que la Notaria 25 le había confesado
algo en relación con la escritura pública 2932 del 11 de diciembre de
2015. Además, alegó que el actor no debería emplear términos
irrespetuosos en la demanda ni tachar de corrupto a cada funcionario que
decide en sentido contrario a sus intereses.

Advirtió que el señor Crépy Grazi no está legitimado para instaurar la
acción de tutela pues, de acuerdo con el folio de matrícula inmobiliaria
50N-700332, él no es el titular del derecho real de dominio sobre la
vivienda D del conjunto residencial Rincón del Bosque, si se tiene en
cuenta que en la anotación 11 aparecen como compradoras las señoras
Anne Marie Crépy Grazi y Marie Francoise Crépy Saab.

2.10. La Notaría 39 del Círculo de Bogotá expuso que el señor Jean
Marc Crépy Grazi ha sido atendido en la Notaría, donde se le ha explicado
que ésta no puede anular de oficio una escritura pública, y que esto solo

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es posible mediante otra escritura o por orden judicial, de acuerdo con lo
ordenado por los artículos 45, 46 y 47 del Decreto 960 de 1970.

2.11. Los señores Germán Alfredo Borda Díaz, Martha Inés Arango
Vergara, Diana María Borda Arango y Tomas Borda Arango
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección
el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. Mediante escritura pública escritura pública 1610 de mayo 31 de
2010, elevada ante la Notaria 39 del Círculo de Bogotá, el señor Henry
Crépy Chabot, como vendedor, y señores Diana María Borda Arango y
Tomás Borda Arango, como compradores, celebraron contrato de
compraventa sobre el apartamento 601 del edificio Guadal Country,
ubicado en el barrio La Carolina de la ciudad de Bogotá. Al mismo tiempo,
mediante la escritura pública 1611, el señor Tomás Borda Arango, como
vendedor, y Anne Marie Crépy Grazi y Marie Francoise Crépy Saab, como
compradoras, celebraron contrato de compraventa sobre la casa D del
conjunto residencial Rincón del Bosque, parcelación Bosque de Chía,
vereda Bojacá de ese municipio, identificada con el folio de matrícula
inmobiliaria 50N-700332.

3.2.2. Al considerar que la casa que les fue entregada no tenía el área ni
todos los espacios que les fueron ofrecidos y que acordaron recibir, los

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aquí demandantes5 instauraron acción civil contra el vendedor del
inmueble, asunto que les fue resuelto de manera desfavorable por el
Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, pese a lo cual el apoderado de
parte actora no interpuso el recurso de apelación6.

3.2.3. Además, por tales hechos, los aquí demandantes interpusieron
varias denuncias penales y acciones de tutela. En particular, presentaron
una demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B, que fue distinguida con
el radicado 25000-23-36-000-2022-00118-00, y una acción de tutela que
cursó en primera instancia ante el Juzgado 34 Administrativo Oral de
Bogotá y en segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, bajo la radicación 11001-33-36-034-2021-00009-02.

3.2.4. De acuerdo con lo relatado por la señora Anne Marie Crépy Grazi
al contestar la tutela, el señor Henry Crépy Chabot falleció y la señora
Marie Francoise Crépy Saab es mayor de edad, es médica de profesión y
vive fuera del país.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. De la legitimación en la causa en la acción de tutela

3.3.1.1. El inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política prevé
el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando éstos resulten amenazados o vulnerados.

A su turno, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer acción de tutela por sí misma, por representante, o a través
de un agente oficioso, cuando el titular de los derechos vulnerados o
amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

5
Sin embargo, se aclara que al expediente no fue allegado el proceso adelantado ante la jurisdicción ordinaria
civil, por lo que no se tiene certeza sobre quiénes obraron como demandantes y demandados.
6
De acuerdo con lo manifestado por la señora Anne Marie Crépy Grazi en su escrito de intervención.

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En ese orden de ideas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
cuando una persona actúa por sí misma o pretende representar a otra en
procura de proteger sus derechos fundamentales, la legitimación en la
causa por activa está determinada por la titularidad de los derechos
fundamentales que se invocan en la acción de tutela, y en caso de
representación, por la presentación de los documentos que la acrediten.

3.3.1.2. En este caso, el señor Jean Marc Crépy Grazi, quien manifiesta
actuar en nombre propio y “como gestor de oficio de [su] núcleo familiar”,
integrado por su padre, Henry Crépy Chabot, su hija, Marie Francoise
Crépy Saab, y su hermana, Anne Marie Crépy Grazi, reclama la protección
de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasión de
la estafa que aduce haber sufrido en la celebración de un contrato de
“permuta inmobiliaria”, y de las actuaciones, a su juicio irregulares, en
que habrían incurrido funcionarios de diversas autoridades contra las
cuales ha promovido acciones o ante las cuales adelantado trámites
orientados a lograr la corrección de la anomalía presentada en el referido
negocio y a obtener la indemnización a que cree tener derecho.

3.3.1.2.1. La Sala advierte que, con la contestación de la acción de
tutela7, la Notaría 39 del Círculo de Bogotá allegó las siguientes pruebas
documentales: (i) la escritura pública 1610 del 31 de mayo de 2010,
mediante la cual el señor Henry Crépy Chabot, como vendedor, y los
señores Diana María Borda Arango y Tomás Borda Arango, como
compradores, celebraron contrato de compraventa sobre el apartamento
601 del edificio Guadal Country, ubicado en el barrio La Carolina de la
ciudad de Bogotá, (ii) la escritura pública 1611 del 31 de mayo de 2010,
mediante la cual el señor Tomás Borda Arango, como vendedor, y Anne
Marie Crépy Grazi y Marie Francoise Crépy Saab, como compradoras,
celebraron contrato de compraventa sobre la casa D del conjunto
residencial Rincón del Bosque, parcelación Bosque de Chía de ese
municipio, identificada con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-700332,

7
Índice 68 del proceso en el sistema SAMAI, visible en el enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202303186001
100103

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y (iii) el certificado de tradición y libertad correspondiente al folio de
matrícula inmobiliaria 50N-700332, que identifica el inmueble como “PISO
1 VIVIENDA ‘D’ CONJUNTO RESIDENCIAL RINCÓN DEL BOSQUE” y en la
anotación número 11, efectuada el 8 de junio de 2010, da cuenta del
registro de la escritura pública 1611 del 31 de mayo de 2010,
correspondiente al contrato de compraventa celebrado entre el señor
Tomás Borda Arango, como vendedor, y Anne Marie Crépy Grazi y Marie
Francoise Crépy Saab, como compradoras.

Lo anterior quiere decir que, en el negocio que el señor Jean Marc Crépy
Grazi denomina “permuta inmobiliaria”, que en realidad fueron las
compraventas separadas de dos bienes inmuebles, él no participó en
ninguna de éstas ni como vendedor ni como comprador, y por tanto en
virtud de tal negocio no adquirió la propiedad sobre la casa D del conjunto
residencial Rincón del Bosque, bien en torno al cual gira el debate
propuesto en la acción de tutela.

Adicionalmente, se observa que el accionante manifiesta que, con ocasión
del perjuicio sufrido en el anterior negocio, promovió varias denuncias
penales, una demanda ante la jurisdicción ordinaria civil y una acción de
tutela, procesos en los cuales, según alega, se presentaron
irregularidades. Sin embargo, no allegó ninguna prueba de la existencia
de esos trámites, ni señaló quiénes obraban en éstos como partes
demandantes o denunciantes y demandadas o denunciadas.

Ahora, si bien la Fiscal 377 Seccional de la Unidad de Administración
Pública manifestó que en ese despacho cursaba una denuncia penal
instaurada el 4 de enero de 2023 por Jean Marc Crépy Grazi, y la Fiscal
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito con funciones de Jefe de
Unidad manifestó que en su despacho cursa un proceso penal promovido
por el actor, lo cierto es que este no mencionó ninguna anomalía que en
concreto se hubiere presentado en relación con esos dos trámites, es
decir, que no es de estos de los que él pretende desprender en este asunto
la vulneración de sus derechos fundamentales.

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En suma, la Sala estima que el señor Jean Marc Crépy Grazi carece de
legitimación en la causa por activa en este asunto porque, por un lado,
no participó en el negocio ni adquirió la propiedad del inmueble en relación
con el cual se suscitaron las supuestas irregularidades por parte de los
vendedores y de aproximadamente ciento cincuenta (150) funcionarios y,
por otro lado, porque no demostró haber instaurado las acciones judiciales
en las que, según afirma, se presentaron actos de corrupción.

3.3.1.2.2. En lo relacionado con los derechos de Anne Marie Crépy Grazi,
que el señor Jean Marc Crépy Grazi dice agenciar, se advierte que ella
intervino en la acción de tutela mediante memorial radicado el 31 de julio
de 2023, en el que presentó argumentos sobre la violación de sus
derechos fundamentales y formuló sus propias pretensiones.

Por tanto, como ella sí participó en el negocio y de hecho adquirió la
propiedad del bien objeto de la controversia, la Sala considera que sí tiene
legitimación en la causa para pedir de manera directa en este caso el
amparo tutelar. En consecuencia, esta Sala se pronunciará sobre lo que
en esta acción ha solicitado directamente la referida señora.

3.3.1.2.3. Por otro lado, de acuerdo con lo manifestado por la señora
Anne Marie Crépy Grazi, la Sala advierte que el señor Henry Crépy Chabot
falleció, aunque no indicó en qué fecha8.

Al respecto, de acuerdo con el criterio expuesto por la Corte Constitucional
en el fallo T-249 de 19989, los derechos fundamentales, dado su carácter
personalísimo —pues están ligados intrínsecamente a la individualidad del
ser humano—, no son susceptibles de ser transmitidos por causa de
muerte, pues son esencialmente extrapatrimoniales. Es más, de acuerdo
con lo expresado por la Corte: “el fallecimiento de la persona hace

8
En su memorial, la señora Crépy Grazi se refiere a él como “mi padre Henri Crépy Chabot - q.e.p.d.”.
9
En esa oportunidad la Corte manifestó: “(…) por su naturaleza y finalidad, pertenecen a la categoría de los
derechos extrapatrimoniales, en el sentido de que no integran el patrimonio económico de su titular al no ser
cuantificables en dinero, sino que forman parte de los estrictamente personales, quedando intrínsecamente
ligados a la persona por su esencia humana sin poder escindirse de ella, y constituyen el sustento mismo de
su desarrollo, ya que, se reitera, reúnen las características de inalienables, inherentes y esenciales al ser
humano”. M.P. Hernando Herrera Vergara.

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improcedente el amparo de los derechos por la vía tutelar, en relación con
los derechos fundamentales que por su naturaleza son esenciales e
inherentes a su condición humana”. Entonces, tampoco es viable acudir
en esta acción como sucesor del titular de un derecho fundamental.

Además, debe tenerse en cuenta que, según la jurisprudencia de esa
misma corporación, los derechos fundamentales de una persona fallecida
solo son protegibles por vía de tutela en hipótesis muy precisas, esto es,
cuando, después del deceso, medios de comunicación u otras personas
emiten opiniones subjetivas o divulgan información que resulta
claramente lesiva de la imagen de dicha persona 10, situación que dista
mucho de la controversia planteada en el sub lite.

3.3.1.2.4. En este orden, también de acuerdo con lo señalado por Anne
Marie Crépy Grazi, se advierte que la señora Marie Francoise Crépy Saab
es mayor de edad, es médica de profesión y vive fuera del país. Por lo
tanto, no podría considerarse que el señor Jean Marc Crépy Grazi esté
actuando como su representante en defensa de sus intereses, máxime
cuando ni siquiera demostró la relación de parentesco que aduce tener.
Tampoco puede considerarse que él sea su agente oficioso, pues no solo
no invocó tal calidad, sino que tampoco manifestó que ella no esté en
condiciones de promover su propia defensa.

En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por
activa del señor Jean Marc Crépy Grazi, para solicitar en este asunto la
protección de sus derechos fundamentales, así como para reclamar el
amparo de los derechos de Henry Crépy Chabot, de Marie Francoise Crépy
Saab y de Anne Marie Crépy Grazi.

3.3.1.3. De otra parte, la Sala declarará probada la falta de legitimación
en la causa por pasiva alegada por el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, pues los demandantes no expusieron y esta

10
Cfr. en este sentido, entre otras, las sentencias T-478 de 2015 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-007 de
2020 (M. P. José Fernando Reyes Cuartas), de sentido coincidente en lo atinente a la posibilidad de reclamar
la protección de derechos fundamentales de personas fallecidas.

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Sala no encuentra ninguna situación concreta por la que las actuaciones
de esa entidad tuvieran incidencia frente a los hechos planteados en la
solicitud de amparo como causantes de la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora.

En cambio, se declarará no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la Corte Constitucional, la Superintendencia de
Notariado y Registro y el municipio de Chía, pues en este caso se discute
si esa alta corte vulneró los derechos fundamentales de los demandantes
en el trámite de revisión de una acción de tutela, así como si era
pertinente ordenar a la superintendencia accionada efectuar la
cancelación de las anotaciones realizadas en los certificados de tradición
y libertad de los inmuebles objeto del negocio que originó la controversia,
y si debía ordenarse al municipio demoler un inmueble y devolver los
valores pagados por concepto de impuesto predial.

3.3.2. Por otra parte, es pertinente destacar que, en atención a lo
informado por Emserchía E.S.P. y por el Notario 25 del Círculo de Bogotá
(encargado) en la contestación de la demanda, la Sala verificó en el
sistema Samai11 que el señor Jean Marc Crépy Grazi ya había presentado
otra acción de tutela12 que cursó ante el Juzgado 34 Administrativo de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta -
Subsección A, bajo el radicado 11001-33-36-034-2021-00009-02, y fue
resuelta en segunda instancia mediante sentencia del 27 de mayo de
2021. En esa oportunidad el actor presentó idénticas pretensiones a las
formuladas en la presente acción de tutela.

Así mismo, se observa que la Secretaría de Hacienda del municipio de
Chía aportó copia del fallo de marzo 4 de 2019, por el cual el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Penal, bajo la radicación
11001-22-04-000-2019-00205-00, resolvió otra acción de tutela
interpuesta por Jean Marc Crépy Grazi contra varios despachos de la

11
Visible en el enlace:
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500023
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Instaurada el 16 de diciembre de 2020.

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Fiscalía General de la Nación y otras autoridades, oportunidad en la cual
se presentaron pretensiones similares, pero no iguales a las del sub lite13.

Sin embargo, se advierte que en esas dos acciones de tutela no se presentó
como demandante la señora Anne Marie Crépy Grazi, respecto de quien,
como se vio, sí se cumple el requisito de legitimación en la causa en este
asunto para actuar en representación de sus propios derechos
fundamentales. Por lo tanto, la Sala procederá a analizar, en lo que a ella
atañe, los demás presupuestos de procedibilidad.

3.3.3. Análisis de la procedibilidad de las pretensiones formuladas
por la señora Anne Marie Crépy Grazi

La señora Anne Marie Crépy Grazi intervino en este asunto en defensa de
sus derechos y presentó un acápite de pretensiones que, en síntesis,
consisten en que: (i) se retomen los programas metodológicos que había
adelantado el CTI y que éstos sean valorados por las autoridades de la
justicia penal en conjunto con los documentos del negocio inmobiliario del
31 de mayo de 2010, para que sean anuladas las escrituras públicas
mediante las cuales éste fue llevado a cabo, y (ii) se le reconozca una
indemnización por el detrimento que ha sufrido sobre su patrimonio y por
el encubrimiento sistemático y reiterativo de los delitos que se han
consumado en torno al negocio.

3.3.3.1. En cuanto a la primera pretensión, la Sala advierte que la
demandante no identifica en concreto ninguna decisión adoptada por la
Fiscalía General de la Nación ni por la jurisdicción ordinaria penal, razón
por la cual no podría considerarse que la presente acción de tutela se
dirige contra providencia judicial.

En todo caso, más allá de simplemente mencionar unas pruebas que a su
juicio debieron ser tenidas en cuenta, respecto de las cuales pide que se
ordene que sean valoradas nuevamente de manera conjunta, la actora no
expone cuáles fueron las supuestas irregularidades en las que, a su juicio,

13
De acuerdo con el resumen realizado por el tribunal.

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incurrieron esas autoridades, ni ofrece ningún elemento de juicio a partir
del cual el juez de tutela pueda hacer algún análisis particular.

Por lo tanto, la sala no puede llegar a una conclusión distinta a que la
demandante simplemente pretende emplear la acción de tutela para
revivir procesos penales ya agotados y obtener una decisión diferente a
la que allí adoptaron las autoridades competentes, finalidad para la cual
este medio excepcional de protección se torna improcedente.

Además, la Sala advierte que, para solicitar la anulación de las escrituras
públicas y de las anotaciones en los certificados de tradición y libertad,
de acuerdo con el artículo 368 del Código General del Proceso (CGP), la
demandante tuvo a su alcance el proceso verbal ante la jurisdicción
ordinaria civil.

Siendo así, en cuanto a la primera pretensión formulada por la señora
Crépy Grazi, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por
falta de subsidiariedad. En efecto, lo que busca la actora es emplear este
mecanismo excepcional de protección para, por un lado, revivir
actuaciones ya agotadas en procesos judiciales ante la Fiscalía General de
la Nación y la jurisdicción ordinaria penal y, por otro, obtener una
declaración para la cual la ley consagra un trámite específico.

3.3.3.2. Por otro lado, en cuanto a la pretendida indemnización por el
detrimento sufrido sobre su patrimonio y por el supuesto encubrimiento
sistemático y reiterativo de los delitos que se habrían perpetrado en torno
al negocio inmobiliario tantas veces mencionado, la Sala debe destacar
que la acción de tutela es un mecanismo excepcional de protección de los
derechos fundamentales que no tiene carácter indemnizatorio.

Para esa finalidad, la actora debe acudir a los medios ordinarios que la ley
consagra, esto es, a las acciones civiles contra los particulares que, según
alega, la estafaron en la compraventa del bien inmueble, y al medio de
control de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso

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administrativo contra las autoridades que incurrieron en las supuestas
irregularidades que reprocha en la solicitud de amparo.

Ahora, la Sala advierte que, en su escrito de intervención, la señora Anne
Marie Crépy Grazi hizo alusión a un proceso que cursó ante el Juzgado 35
Civil del Circuito de Bogotá, aunque no especificó de qué clase de proceso
se trató, ni cuáles fueron las pretensiones que allí se ventilaron. Lo que sí
señaló fue que su apoderado no interpuso el recurso de apelación contra
la sentencia del 26 de septiembre de 2016, que lo resolvió en primera
instancia de manera desfavorable a sus intereses.

En la misma línea, el señor Jean Marc Crépy Grazi manifestó haber
instaurado una demanda de reparación directa por los hechos relatados
en la acción de tutela, la cual cursa ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B, bajo el radicado 25000-
23-36-000-2022-00118-00.

La Sala realizó la consulta en el sistema Samai14 y encontró que, en
efecto, bajo esa radicación cursó la demanda de reparación directa
promovida por Jean Marc Crépy Grazi, Henri Crépy Chabot, Anne Marie
Crépy Grazi y Marie Francoise Crépy Saab contra la Fiscalía General de la
Nación y otros, en la que también se discute la responsabilidad por la
estafa inmobiliaria de la que afirman haber sido víctimas.

Sin embargo, esa demanda fue rechazada a través de auto del 17 de
febrero de 2023, por no haberse subsanado los defectos que se
advirtieron en el proveído del 13 de enero del mismo año, entre otros,
que los demandantes no actuaban por intermedio de apoderado. Luego,
la parte actora interpuso el recurso de apelación contra el rechazo del
medio de control, pero este también les fue rechazado. Entonces
interpusieron el recurso de queja, y, mediante auto del 1º de agosto de

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2023, el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C decidió no
darle trámite, de igual manera porque la parte actora carecía de
representación judicial.

Siendo así, la Sala considera que, o bien la demandante no ha hecho uso
de los mecanismos ordinarios que la ley establece para la defensa de sus
derechos, o ha hecho un uso indebido de éstos, pues no ha instaurado los
recursos de ley contra las decisiones que les resultan desfavorables, como
ocurrió en el proceso civil, o, de entrada, no ha cumplido con los requisitos
normativamente establecidos para su interposición, como en efecto
aconteció con la demanda de reparación directa.

En suma, el juez de tutela no se encuentra habilitado para conceder una
indemnización a la demandante por los perjuicios que alega haber sufrido,
pues esta acción no tiene naturaleza indemnizatoria y no puede ser
empleada como un reemplazo de los medios de defensa ordinarios
establecidos en la ley, los cuales, como se vio, no fueron promovidos o
no se interpusieron de conformidad con las exigencias de ley.

Así las cosas, la Sala encuentra que la acción de tutela de la señora Anne
Marie Crépy Grazi no cumple con el presupuesto de subsidiariedad, por lo
cual es clara su improcedencia, sin necesidad de analizar al detalle los
restantes requisitos generales de procedibilidad.

3.4. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, señor Jean Marc Crépy Grazi carece de
legitimación en la causa para interponer la presente acción de tutela, y las
pretensiones de la señora Anne Marie Crépy Grazi son improcedentes, por
no cumplir con el presupuesto de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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FALLA

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del
señor Jean Marc Crépy Grazi para solicitar en este asunto la protección de
sus derechos fundamentales, así como para reclamar el amparo de los
derechos de Henry Crépy Chabot, Marie Francoise Crépy Saab y Anne
Marie Crépy Grazi, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la Corte Constitucional, la Superintendencia de
Notariado y Registro y el municipio de Chía, de acuerdo con las razones
expuestas.

TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, por las razones expuestas.

CUARTO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo
formulada por la señora Anne Marie Crépy Grazi, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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