Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05485-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05485-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05485-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
6 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05485-01
Demandante: Jean Marc Crépy Grazi
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05485-01
Demandante: JEAN MARC CRÉPY GRAZI
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“A” Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Duplicidad de acciones en los
términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Juan Marc Crépy Grazi, contra la sentencia de 25 de
noviembre de 2024, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela por encontrar
incumplidos el requisito de inmediatez y las causales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones proferidas en otro trámite tutelar.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 4 de octubre de 2024, el señor Jean Marc Crépy Grazi instauró acción de tutela
contra la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
salid, vida digna, la honra y “al patrimonio y propiedad”.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1.- ORDENAR A LA NOTARÍA 39 DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y a la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO ANULAR LASDOS ECRITURAS PÚBLICAS N°1610 y N°1611 de
FECHAS 31 de MAYO de 2010 OTORGADAS en la NOTARIA 39 del CÍRCULONOTARIAL DE
BOGOTA…POR TENER CAUSA ILÍCITA y OBJETOILÍCITO.
2.- ORDENAR A LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ANULAR LAS
ANOTACIONES N°7 y N°8 y N°9 DEL CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD CON FOLIO
DEMATRÍCULA INMOBILIARIA N°50N-20123616, con el fin de RESTITUIR ESTE BIEN INMUEBLE
a mi PADRE Sr. HENRI CRÉPYCHABOT.
3.- ORDENAR A LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO YREGISTRO ANULAR LAS
ANOTACIONES N°11 y N°12 del CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD CON FOLIO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA N°50N-700332, TODA VEZ DE QUE,DESDE EL AÑO 1982 hasta el
AÑO 2020…TODAS LAS ANOTACIONES DENTRO DE ESTE MISMO CERTIFICADO
DETRADICIÓN Y LIBERTAD CON FOLIO DE MATRÍCULAI NMOBILIARIA N°50N-700332… HAN
SIDO, SIGUEN y SEGUIRÁN SIEMPRE SIENDO TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE BIENI
NMUEBLE INEXISTENTE…NUNCA CONSTRUIDO y NUNCA EDICADO, y por ende, SON
VIOLACIONES DEL Decreto-ley 960 de1970, además de SER FALSEDADES EN
DOCUMENTOSPÚBLICOS A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADOY REGISTRO.
4.- ORDENAR A LA NOTARÍA 39 DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y a la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO OTORGAR NUEVA ESCRITURA PÚBLICA PARA QUE el BIEN
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Demandante: Jean Marc Crépy Grazi
INMUEBLE DELCERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD CON FOLIO DEMATRÍCULA
INMOBILIARIA N°50N-20123616, ESTÉ A NOMBRE DE MI PADRE Sr. HENRI CRÉPY CHABOT. 5.- ORDENAR A mis (…) DEMANDADOS y DENUNCIADOS y VICTIMARIOS ESTAFADORES
Inmobiliarios y URBANIZADORES ilegales… Germán Alfredo Borda Díaz (…), su mujer Martha Inés
Arango Vergara (…) ,sus dos hijos (…)…RESTITUIR A MI PADRE Sr. HENRI CRÉPY CHABOT a
través del DENUNCIANTE y VÍCTIMA JEAN MARC CRÉPY GRAZI, el BIEN INMUEBLE del
CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA N°50N-
20123616. 6.- ORDENAR a mis (…) e infames DEMANDADOS y DENUNCIADOS y VICTIMARIOS
ESTAFADORES Inmobiliarios y URBANIZADORES ilegales… Germán Alfredo Borda Díaz (…), su
mujer Martha Inés Arango Vergara (…),sus dos hijos Diana María Borda Arango (…) y Tomas Borda
Arango (…) …PAGAR AL DENUNCIANTE y VÍCTIMA JEAN MARC CRÉPY GRAZI, la SUMA DE
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.850.000.000°°) por
concepto de DAÑOS Y PERJUICIOS CONFORME A SER LOS PERMUTANTES TOTALMENTE
DELICTIVAMENTE INCUMPLIDOS Y POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES A
TRAVÉS DE DELITO DE ESTAFA INMOBILIARIA Y EN CONCIERTOS PARA DELINQUIR EN
DELITO DE URBANIZACIÓN ILEGAL, ADEMÁS DE RESTITUIR EL BIEN INMUEBLE INDICADO EN
EL ACÁ NUMERAL CINCO (5). 7.- ORDENAR AL ALCALDE CHÍA DEMOLER LAS TRES CASAS ILEGALES D, E y F del CONJUNTO
RESIDENCIAL RINCÓN DEL BOSQUE, por haber sido EDIFICADAS DE MANERA
ILEGALVIOLANDO LA UN-012/81/82 y la ON-243/82 y Haber VIOLADO LA ESCRITURA PÚBLICA
N°1660 de 1982 OTORGADA en la Notaría 25 del Círculo Notarial de Bogotá…conforme a lo
EXPUESTO en la LEY 388 de 1997 y en el DECRETO 1052 de 1998 y COMPLEMENTARIOS. 8.- ORDENAR A LA NOTARIA 25 del CIRCULO NOTARIAL DEBOGOTA ANULAR LA FALSA
ESCRITURA PÚBLICA N°2932 del año 2015 otorgada de manera ILÍCITA en esta misma NOTARIA
25 del CIRCULO NOTARIAL DE BOGOTA, Tal como BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO lo sabe la
propia NOTARIA WILLMA ZAFRA TURBAY, quien se lo ha confesado al DENUNCIANTE y VÍCTIMA
JEAN MARC CRÉPY GRAZI. 9.- ORDENAR A LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ANULAR TODAS LAS
ANOTACIONES DONDE APAREZCA LA ESCRITURA PÚBLICA FALSA Y DELICTIVA N°2932 en los
FOLIOS DE MATRÍCULAS INMOBILIARIAS N°50N-700330, N°50N-700331, N°50N-700332, N°50N-
700333, N°50N-700334, y N°50N-700335…POR SER ANOTACIONES FALSAS CONTENTIVASDE
FALSEDADES EN DOCUMENTOS PÚBLICOS. 10.- ORDENAR a la CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA RESPONDER PECUNIARIAMENTE
Y PENALMENTE AL DENUNCIANTE y VICTIMA JEAN MARC CRÉPY GRAZI por HABER VIOLADO
MI DEBIDO PROCESO DENTRO DE LA REVISIÓN DEL FALLO DELICTIVO DE LA CORRUPTA
DENUNCIADA Y VICTIMARIA MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEBOGOTA SALA
PENAL MARTHA PATRICIA TRUJILLO QUIROGA QUIEN DELINQUIÓ DENTRO DE MI ACCIÓN DE
TUTELA N°11001220400020190020500…HAN DELINQUIDO para ENCUBRIRA TODOS MIS Más
de NOVENTA (90) FUNCIONARIOS PÚBLICOS CORRUPTOS DENUNCIADOS Y VICTIMARIOS. 11.- ORDENAR A LA ALCALDIA MUNCIPAL DE CHIA PAGAR AL DENUNCIANTE Y VÍCTIMA JEAN
MARC CRÉPY GRAZI la SUMA DE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.250.000.000°°) por concepto de los GRAVES DAÑOS Y PERJUICIOS causados por los
FUNCIONARIOS PÚBLICOS CORRUPTOS DELINCUENTES URBANIZADORES ILEGALES dentro
del CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DEL BOSQUE. 12.- ORDENAR A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN INDEMNIZAR AL DENUNCIANTE Y
VICTIMA JEAN MARC CRÉPY GRAZI todos los GRAVISIMOS DAÑOS u PERJUICIOS CAUSADOS
por parte de sus más de TREINTA (30) FISCALES CORRUPTOS EN CONCIERTOS PARA
DELINQUIR EN DESACATOS JUDICIALES DESDE EL 17 DE MARZO de 2015, Y POR TODOS SUS
DELITOS PERPETRADOS DENTRO TODOS LOS PROCESOS PENALES DEL DENUNCIANTE Y
VÍCTIMA JEAN MARC CRÉPY GRAZI.
13.- ORDENAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE CHIA REEMBOLSAR AL
DENUNCIANTE Y VÍCTIMA JEAN MARC CRÉPY GRAZI todos los DINEROS pertinentes a COBROS
DE IMPUESTOS PREDIALES FRAUDULENTOS DEL BIEN INMUEBLE CON CERTIFICADO DE
TRADICIÓN Y LIBERTAD CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA N°50N-700332, DESDE EL
AÑO 2010 HASTA HOY 16 DE DICIEMBRE de 2020 CON INTERESES DE MORA que SUMAN
VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($23.250.000°°)
14.- ORDENAR A EMSERCHIA REEMBOLSAR AL DENUNCIANTE Y VÍCTIMA JEAN MARC CRÉPY
GRAZI todos los DINEROS pertinentes a COBROS DE IMPUESTOS PREDIALES FRAUDULENTOS
DEL BIEN INMUEBLE CON CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD CON FOLIO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA N°50N-700332, DESDE EL AÑO 2010 HASTA HOY 16 DE DICIEMBRE
de 2020 CON INTERESES DE MORA que SUMAN TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE
($36.000.000°°)
15.- ORDENAR A LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO INDEMNIZAR AL
DENUNCIANTE Y VÍCTIMA JEANMARC CRÉPY GRAZI por los GRAVES DAÑOS y PERJUICIOS
CAUSADOS por más de DIEZ AÑOS. 16.- ORDENAR AL GOBIERNO NACIONAL PAGAR AL DENUNCIANTE Y VÍCTIMA JEAN MARC
CRÉPY GRAZI, SUMA DE DINEROS PROPORCIONALES A TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
CAUSADOS POR PARTE DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ILEGALES E ILÍCITOS
perpetrados por parte de sus más de NOVENTA (150) FUNCIONARIOS PÚBLICOS CORRUPTOS
INDICADORES DE DELITOS, entre quienes hay FISCALES, ABOGADOS, JUECES,
MAGISTRADOS, PROCURADORES y DEMÁS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CORRUPTOS
DELINCUENTES DENUNCIADOS Y VICTIMARIOS EN CHÍA Y ZIPAQUIRÁ Y UBATÉ Y CHOCONTÁ
Y EN EL IGAC Y EN LAOFICINA DE URBANISMO Y PLANEACIÓN DE CHIA Y EN
LASUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. ($96.000.000.000°°)”. 2
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Demandante: Jean Marc Crépy Grazi
2. Hechos
De la lectura del escrito de tutela y los memoriales presentados por el demandante,
se observan como hechos relevantes los siguientes:
El 31 de mayo de 2010, en la Notaría 39 del Círculo de Bogotá, el demandante junto
con unos familiares celebraron una “permuta inmobiliaria mano a mano” con los
señores Germán Alfredo Borda Díaz, Martha Inés Arango Vergara, Diana María
Borda Arango y Tomás Borda Arango, en la que los primeros, mediante escritura
pública No. 1610 de 31 de mayo de 2010, transferían a los segundos el apartamento
601 del edificio Guadal Country, ubicado en el barrio La Carolina de la ciudad de
Bogotá, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20123616, y a
cambio, los segundos, mediante la escritura pública No. 1611, les transferían a los
primeros la casa D del conjunto residencial Rincón del Bosque, parcelación Bosque
de Chía, vereda Bojacá de ese municipio, identificada con el folio de matrícula
inmobiliaria 50N-700332.
La casa que les fue entregada al demandante no era la que estaba descrita en el
certificado de libertad y tradición No. 50N-700332, ni en la escritura pública No. 1660
de 17 de diciembre de 1982, otorgada en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá.
El demandante relató que desde el momento en que se protocolizó la urbanización
donde se encontraba la casa se presentó una irregularidad, lo que habría generado
que, entre los años 1982 a 2023, ninguna persona haya tenido la propiedad legítima
sobre ésta y, por lo tanto, todas las operaciones inmobiliarias que se hubieren
realizado durante ese lapso son fraudulentas y falsas, además de involucrar la
comisión de delitos.
El accionante afirmó que el conjunto residencial fue construido de manera
fraudulenta, en la que han participado más de ciento cincuenta (150) funcionarios
de diferentes entidades y más de cuarenta y cinco (45) fiscales.
El demandante, con el fin de obtener un resarcimiento por los daños causados como
consecuencia de la adquisición de la casa D del conjunto residencial Rincón del
Bosque, parcelación Bosque de Chía, vereda Bojacá, manifestó que adelantó las
siguientes acciones:
• Proceso civil con radicado No. 11001-31-03-021-2011-00238-00, resuelto
por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, mediante fallo de
26 de septiembre de 2016.
• Proceso penal con radicado No. 25175-60-00-390-2011-80337, en el que se
declaró la preclusión.
• Proceso penal con noticia criminal No. 11001-60-00-049-2016-06930.
• Acción de tutela con radicado No. 25000-23-42-000-2015-02048-01, resuelta
por la Sección Primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, en la que se negaron las
pretensiones.
• Proceso penal con noticia criminal No. 11001-60-00-050-2016-32300.
• Proceso penal con noticia criminal No. 11001-60-00-049-2016-04249.
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Demandante: Jean Marc Crépy Grazi
• Acción de tutela con radicado No. 11001-22-04-000-2019-00205-00, que
resolvió desfavorablemente el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Penal.
• Proceso de reparación directa que cursó ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, bajo el radicado No.
25000-23-36-000-2022-00118-00, en el que se rechazó la demanda por no
subsanar los vicios de formales.
• Un trámite que lleva el Fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia
No. 11001-60-00-102-2022-00377.
• Denuncia instaurada ante la Comisión Legal de Investigación Acusación de
la Cámara de Representantes del Congreso de la República, rad. expediente
No. 5646
• Acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2023-03186-01,
resuelta, en sus dos instancias, por la Sección Primera y Sección, Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado, en el sentido de declarar la
improcedencia de la acción de tutela.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de
la Constitución Política, el Estado colombiano tiene que responder patrimonialmente
por el daño que ha sufrido junto con sus familiares con ocasión del referido negocio
y de los actos de corrupción que se han perpetrado en torno a éste.
Afirmó que la descripción arquitectónica registrada en el certificado tradición y
libertad y en la escritura pública No. 1611 de 31 de mayo de 2010 no corresponde
al inmueble que les fue entregado, por una importante diferencia de metraje, áreas
y espacios, en particular, porque el jardín privado de 1.100 metros cuadrados que
les fue vendido como propio resultó ser un área común de la urbanización.
Señaló que, en el año 2015, los vendedores de la casa mediante escritura pública
No. 2932 de 11 de diciembre de 2015, elevada ante la Notaría 25 del Círculo de
Bogotá, “actualizaron” la escritura del reglamento de propiedad horizontal de la
urbanización, “redistribuyendo áreas comunes a áreas privadas”. Es decir, que
buscaron “legalizar” las áreas comunes del conjunto, “no permitiendo una revisión
objetiva del fallo del juez 35 civil de circuito de Bogotá, tantas veces solicitada en
derecho por mi hermano”.
Finalmente, enfatizó que lo que pretende con esta acción de tutela es que se anulen
las actuaciones fraudulentas que se han llevado a cabo y que, como consecuencia
de esto, se le reconozca la indemnización por el detrimento que ha sufrido en su
patrimonio y que se acceda a las 16 pretensiones planteadas en la solicitud.
4. Trámite procesal
Mediante auto de 4 de octubre de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia remitió la acción de tutela al Consejo de Estado, al considerar
que los reparos del demandante se circunscriben a las providencias proferidas por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado en el medio de
control de reparación directa con radicado No. 25000-23-36-000-2022-00118-00.
Luego, una vez recibido el expediente de tutela y que se realizara el
correspondiente reparto, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
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Demandante: Jean Marc Crépy Grazi
Estado, en auto de 15 de octubre de 2024, requirió al demandante, con el fin de
que precisara los hechos y omisiones en que fundamenta sus pretensiones y las
autoridades involucradas.
Por medio de auto de 24 de octubre de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a la parte demandante y a las autoridades judiciales demandadas.
Igualmente, vinculó como terceros con interés a la Sección Primera y Sección
Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, a la Fiscalía General de la Nación,
a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Corte Suprema de Justicia, a la
Alcaldía Municipal de Chía, a la Secretaría de Hacienda de Chía, a las Notarías 39
y 25 del Círculo de Bogotá, a Emserchía E.S.P, al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, a la Fiscalía delegada ante los Jueces Penales del
Circuito con funciones de Jefe de Unidad, a la Fiscalía 377 Seccional – Unidad de
Administración Pública, a los señores Germán Alfredo Borda Díaz y Tomás Borda
Arango y a las señoras Martha Inés Arango Vergara, Diana María Borda Arango,
Anne Marie Crépy Grazi, Marie Francoise Crépy Saab y Carmen Liliana Acosta
Cardozo.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Sección Primera del Consejo de Estado
El ponente de la decisión de tutela proferida en la acción de tutela con radicado No.
11001-03-15-000-2023-03186-00, señaló cada una de las actuaciones que se
adelantaron en primera instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado y
las de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, al resolver la
impugnación del demandante.
5.2. Respuesta de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado
El magistrado que resolvió el recurso de queja1 propuesto por el accionante en el
curso del proceso de reparación directa con radicado No. 25000-23-36-000-2022-
00118-00, pidió que se negaran las pretensiones de la solicitud de amparo, toda vez
que no cumple con los requisitos generales ni especiales de procedibilidad, más
aún cuando no identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración ni los derechos vulnerados, y la tutela fue ejercida más de 6 meses
después de notificado el auto de 1° de agosto de 2023.
5.3. Respuesta de la Corte Suprema de Justicia
El presidente de la corporación pidió que se negaran las pretensiones de la acción
de tutela, en tanto considera evidente la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
5.4. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “B”
El magistrado sustanciador del proceso de reparación directa con radicado No.
25000-23-36-000-2022-00118-00 solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela, toda vez que no se cumplió con la carga argumentativa para
controvertir las actuaciones que se surtieron en el mencionado proceso.
1
Contra el auto que rechazó el recurso de apelación contra el proveído de 17 de febrero de 2023, que rechazó la demanda
por falta de subsanación.
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Demandante: Jean Marc Crépy Grazi
Informó que la demanda de reparación directa se rechazó mediante auto de 17 de
febrero de 2023, previa inadmisión, pues no subsanó lo relacionado con la
designación de un apoderado, la determinación de la parte demandada, la
aclaración de las pretensiones, que estableciera al monto con el fin de establecer la
tasación, acreditación del envío de la demandada a las entidades demandadas, las
direcciones de notificación y el agotamiento del requisito de la conciliación
prejudicial.
Agregó que el accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado.
Luego, interpuso recurso de súplica, pero se adecuó y se concedió como queja ante
el Consejo de Estado, corporación que en auto de 1 de agosto de 2023, decidió no
dar trámite, toda vez que el medio de control de reparación directa no es uno de los
asuntos en los que sea posible actuar sin apoderado.
Para terminar, resaltó que el accionante ha radicado multiplicidad de memoriales,
en los que solicita se hagan efectivas sus 16 pretensiones de forma inmediata,
además que en el sistema de Gestión Judicial Samai aparecen alrededor de 9
acciones de tutela adelantadas por el mismo señor Jean Marc Crépy Grazi
5.5. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
La coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial solicitó que se
desvinculara la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no
puede intervenir en las decisiones que se dicten en la Rama Judicial. Asimismo,
pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela y que se negaran las
pretensiones, ante la inexistencia de una acción u omisión imputable al DAPRE que
vulneren los derechos fundamentales invocados por el demandante.
5.6. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
5.6.1. La profesional de la Dirección de Asuntos Jurídicos pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela y que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva del ente acusador.
Afirmó que el demandante no agotó todos los mecanismos de defensa en el curso
del proceso de reparación directa y tampoco demostró la configuración de un
perjuicio irremediable que permita la precedencia de la acción de tutela de manera
transitoria.
Finalmente, manifestó que el accionante no solo cuestiona el proveído en el medio
de control de reparación directa con radicado No. 25000-23-36-000-2022-00118, sin
precisar la manera en cómo se le han trasgredido los derechos fundamentales, sino
que también cuestiona el fallo de tutela proferido en el radicado No. 11001-03-15-
000-2023-03186-01, emitido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, contra
el cual no procede otra acción de tutela por no cumplir requisitos de procedencia,
que en el particular refiere a que la decisión sea producto de una situación de fraude,
o por lo menos, el actor no demostró que este criterio se materialice habilitando el
mecanismo de amparo.
5.6.2. El fiscal 388 con Funciones de Jefe del Equipo de Delitos contra la Fe Pública
y Orden Económico pidió que se desvincule de la acción de tutela, en razón a que
ya se le había dado respuesta desfavorable a la solicitud de desarchivo de la noticia
criminal No. 110016000049201606930.
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Demandante: Jean Marc Crépy Grazi
5.7. Respuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó que se desvinculara de la acción de
tutela, porque se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, además
que no se demostró que la entidad vulnerara los derechos fundamentales del
accionante.
5.8. Respuesta de la Notaría Treinta y Nueve del Círculo de Bogotá
El notario informó que, de acuerdo con los hechos narrados por el demandante, no
se observa la vulneración de los derechos fundamentales al actor, en tanto que al
señor Crépy Grazi se le ha dado respuesta a sus solicitudes. De hecho, agregó que
se le explicó que no era posible anular, cancelar o dejar sin efecto las escrituras
públicas de los predios motivo de conflicto, pues para eso debe mediar una decisión
judicial u otra escritura pública suscritas por las personas que intervinieron en el
negocio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 45, 46 y 47 del Decreto 970
de 1970.
5.9. Respuesta de la Secretaría de Hacienda Municipal de Chía
El secretario de hacienda solicitó que se desvinculara la entidad por falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que fue el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca quien rechazó la demanda de reparación directa que presentó el
accionante. Por consiguiente, no existe relación entre el actuar de la secretaría y la
supuesta vulneración de derechos fundamentales alegada por el demandante.
5.10. Respuesta del municipio de Chía
El apoderado de la entidad territorial pidió que “se DESVINCULE DE LA PRESENTE
ACCIÓN DE TUTELA por FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA
a la Alcaldía de Chía, y en términos generales se declare la improcedencia de la
presente acción por el no cumplimento de los requisitos de la sentencia SU 128 de
2021 de la Corte Constitucional, frente a las acciones de tutela contra providencia
judicial conforme al escrito adjunto de contestación de la presente acción”.
5.11. La Notaria Veinticinco del Círculo de Bogotá, Emserchía E.S.P, los
señores Germán Alfredo Borda Díaz y Tomás Borda Arango y las señoras
Martha Inés Arango Vergara, Diana María Borda Arango, Anne Marie Crépy
Grazi, Marie Francoise Crépy Saab y Carmen Liliana Acosta Cardozo, a pesar
de que se les notificó en debida forme el auto admisorio, guardaron silencio
6. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, mediante sentencia de 25
de noviembre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por encontrar
incumplidos los requisitos de la inmediatez y los requisitos especiales para la
procedencia de la solicitud de amparo cuando se reprocha una providencia dictada
en otro trámite de tutela.
Afirmó que, en lo relacionado con el proceso de reparación directa con radicado No.
25000-23-36-000-2022-00118-00, la última providencia que se dictó fue el auto de
15 de enero de 2024 (notificada el 16 de enero de 2024), mediante el cual se ordena
el archivo del proceso. Por consiguiente, la acción de tutela no cumple el requisito
de la inmediatez, en tanto se presentó el 4 de octubre de 2024, es decir, 8 meses
después del proveído antes mencionado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05485-01
Demandante: Jean Marc Crépy Grazi
Agregó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para resolver el
extenso listado de reclamos relacionados con la anulación de dos escrituras
públicas y sus correspondientes anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria,
la restitución de bienes, la imposición de sanciones contra servidores públicos, pago
de perjuicios, la demolición de predios, entre otras cosas, que son de naturaleza
litigiosa, económica y penal.
Finalmente, mencionó que, en lo relacionado con las actuaciones adelantadas en la
acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2023-03186-01, no cumplió con
los requisitos de procedencia desarrollados por la jurisprudencia constitucional,
como lo son que no se comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada, cumplir con la carga de probar que la providencia fue producto de una
situación fraudulenta y que no exista otro mecanismo legal para resolver tal
situación.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, a través de escrito
en el que sostiene que el a quo le negó su derecho a una “AUDIENCIA PÚBLICA”.
Señaló que la sentencia impugnada vulnera el artículo 86 de la Constitución Política,
además que con dicha decisión lo que hace “es precisamente ENCUBRIR A
TODOS LOS ESTAFADORES INMOBILIARIOS Y URBANIZADORES ILEGALES
involucrados dentro de mi acá EXP.:1100103150002024054800 y Hoy 28
Noviembre 2024 EXHORTO al Sr FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ a que se
sirva HACER REVISAR Y REVOCAR SU SENTENCIA DE FECHA 25 NOVIEMBRE
2024 DENTRO DE MI ACCIÓN DE TUTELA EXP.:11001031500020240548500
ANTE El Honorable Magistrado Dr DIEGO CORREDOR BELTRÁN Presidente de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia CON EL FIN DE HACER
CUMPLIR MIS 16 PETITORIOS”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la salud, vida digna, la honra y “al patrimonio y propiedad”.
3. Improcedencia de la acción de tutela por duplicidad de acciones o por
conducta temeraria
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 “cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05485-01
Demandante: Jean Marc Crépy Grazi
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán
o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”.
En armonía con el anterior precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo
de protección constitucional, efectúe el juramento de no haber presentado otra
petición idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de seguridad
jurídica que resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la República, así
como mantener los efectos de la cosa juzgada que implica “que las partes no
puedan discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas fueron resueltas, toda vez
que dicho principio concede a las sentencias el carácter de inmutables, definitivas,
vinculantes y coercitivas”.
De acuerdo con ello, para verificar la duplicidad de acciones de tutela corresponde
al juez constitucional establecer los siguientes elementos: identidad de partes, de
hechos, de pretensiones y la ausencia de justificación en la presentación de la
nueva demanda.
En esa línea, la Corte Constitucional se ha referido a las consecuencias que se
derivan del hecho de presentar acciones de tutela idénticas, ya sea de forma
simultánea o sucesiva, en el sentido que corresponde al juez de tutela declarar la
improcedencia sin que pueda efectuarse un estudio de fondo, pues en esos casos
“la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de
derechos fundamentales para convertirse, en una vía de actuación deshonesta
frente al Estado, o bien en una acción que socave los mínimos de seguridad exigidos
a un ordenamiento que pretende dar fin a los conflictos sociales y a las decisiones”.
Sobre este aspecto, resulta importante señalar que la improcedencia por duplicidad
de acciones de tutela se distingue de la de una acción temeraria, porque en el
primero escenario no existe mala fe por parte de quien acude al mecanismo de
protección constitucional en forma sucesiva o simultánea.
En esa línea, la Corte Constitucional en sentencia T-057 de 20152, se refirió a los
eventos en los que aun existiendo duplicidad de acciones de tutela no hay lugar a
imponer sanción al actor. Al respecto, expresó:
“No basta que exista duplicidad de demandas de tutela para determinar que efectivamente se actuó con
temeridad. Es necesario, tal y como lo ha previsto la jurisprudencia constitucional, distinguir aquellos
eventos en los que pese a que se configura la temeridad, no es preciso imponer sanción al accionante,
en tanto “el ejercicio de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado
de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por
la necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente es la declaratoria
de “improcedencia” de las acciones de tutela indebidamente interpuestas, la actuación no se considera
“temeraria” y, por lo mismo, no conduce a la imposición de sanción alguna en contra del demandante”.
Con todo, en cada caso concreto se debe establecer con base en las pruebas
aportadas, si la actuación fue temeraria o se presentó duplicidad de acciones.
4. Estudio y solución del caso concreto
La Sala considera que se debe confirmar la improcedencia de la acción de tutela
que se declaró en la sentencia impugnada, pero por configurarse la duplicidad de
acciones y la cosa juzgada constitucional, pues la solicitud presentada comparte
identidad procesal con la cuestionada -rad. 11001-03-15-000-2023-03186-01-.
2
M.P. (E) Martha Victoria Sáchica Méndez. Ver también, sentencia T-1103 de 2005, M. P. Jaime Araujo
Rentería.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05485-01
Demandante: Jean Marc Crépy Grazi
Por lo anterior, con el fin de demostrar que en el presente asunto se configuró la
duplicidad de acciones, se expone lo siguiente:
Al verificar los diferentes escritos radicados por el demandante y las contestaciones
de la acción de tutela, se pudo constatar que en esta oportunidad concurren los tres
elementos previstos en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es decir, se trata
de las mismas partes, hechos y pretensiones, lo que se observa de manera clara a
continuación:
Radicado 11001-03-15-000-2023-03186-01 11001-03-15-000-2024-05485-01
Accionante Jean Marc Crépy Grazi Jean Marc Crépy Grazi
Accionados Fiscalía General de la Nación – Rama Sección Segunda, Subsección “A” del
Judicial – Superintendencia de Consejo de Estado, el Tribunal
Notariado y Registro – Alcaldía de Administrativo de Cundinamarca,
Chía – Secretaría de Hacienda de Fiscalía General de la Nación – Rama
Chía y otros Judicial – Superintendencia de
Notariado y Registro – Alcaldía de
Chía – Secretaría de Hacienda de
Chía y otros
Hechos Las diferentes actuaciones que Todos los relacionados con la
adelantó, con el fin de resarcir los compra-venta de casa que les fue
supuestos perjuicios que le causó la entregada al demandante y que, en su
compra-venta de casa en un conjunto sentir, no era la que estaba descrita
en el municipio de Chía y que, en su en el certificado de libertad y tradición
sentir, no era la que estaba descrita en 50N-700332, ni en la escritura pública
el certificado de libertad y tradición No. 1660 de 17 de diciembre de 1982,
50N-700332, ni en la escritura pública otorgada en la Notaría 25 del Círculo
No. 1660 de 17 de diciembre de 1982, de Bogotá, ni en la escritura pública
otorgada en la Notaría 25 del Círculo 1611 del 31 de mayo de 2010.
de Bogotá, ni en la escritura pública
No. 1611 del 31 de mayo de 2010. La Sección Segunda, Subsección “A”
del Consejo de Estado el accionante
Igualmente, menciona lo relacionado la menciona en razón al fallo de tutela
con el medio de control de reparación de 16 de noviembre de 2023 en la
directa con radicado No. 25000-23-36- tutela con radicado No. 11001-03-15-
000-2022-00118-00, que se adelantó 000-2023-03186-01.
ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Pretensiones Las mismas 16 pretensiones que se Las que aparecen entre los folios 1 a
presentaron en el escrito de tutela con 3 de la sentencia.
radicado No. 11001-03-15-000-2024-
05485-01
De lo anteriormente expuesto, la Sala evidencia que el actor en una reciente ocasión
promovió otra acción de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, en
la que persigue el resarcimiento de los perjuicios que, supuestamente, se causaron
durante el trámite de la compraventa de un inmueble ubicado en el municipio de
Chía, lo que permite concluir que se cumplen los requisitos previstos en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991.
Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias T-254 de 2023 y SU-027 de
2021, recordó que el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece la figura
de la temeridad, la cual se configura cuando una misma acción de tutela es
presentada varias veces por la misma persona o por su representante ante
diferentes jueces o tribunales, sin motivo expresamente justificado3. Sin embargo,
3
“1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de tutela presentadas de manera simultánea o
sucesiva tengan una triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma
solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una actuación
temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de presentarse una
solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo
10
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05485-01
Demandante: Jean Marc Crépy Grazi
también precisó que la mala fe es el elemento esencial para diferenciar la temeridad
de la duplicidad de acciones, “de modo que no toda duplicidad de acciones
semejantes da lugar a la imposición de sanciones”.
Ahora bien, la Sala evidencia que en esta oportunidad se presentó duplicidad de
acciones de tutela, no una actuación temeraria. Ello, en tanto no se advierte mala
fe del señor Jean Marc Crépy Grazi, quien actúa en nombre propio y,
adicionalmente, en sus diferentes y extensos escritos mencionó la acción de tutela
con radicado No. 11001-03-15-000-2023-03186-01.
Al respecto, la Corte Constitucional4 ha reiterado que “cuando a pesar de existir
dicha duplicidad, el ejercicio simultáneo de la acción se funda i) en la ignorancia del
accionante, ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o iii) por
el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones
en que los individuos obran por medio insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente es la declaratoria de
improcedencia de las acciones de tutela indebidamente interpuestas, la actuación
no se considera temeraria y, por lo mismo, no conduce a la imposición de sanción
alguna en contra del tutelante”.
Por otra parte, en relación con el cargo relativo a la supuesta vulneración de su
derecho a una audiencia pública por parte de la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado, se advierte que en el auto admisorio se requirió a la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que allegaran los expedientes de tutela con radicado No.
11001-03-15-000-2023-03186-01 y el del medio de control de reparación directa No.
25000-23-36-000-2022-00118-00, y además se tuvieron como pruebas las
arrimadas al trámite constitucional, sin que se mencionara la solicitud de audiencia
pública. Sin embargo, la parte actora no presentó reproche alguno a pesar de que
posterior a la admisión allegó varios memoriales. Por consiguiente, el alegato del
accionante se torna improcedente.
De igual modo, se evidencia que el expediente de la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2023-03186-01 fue remitido a la Corte Constitucional, donde se
radicó con el No. T-10132278 para su eventual revisión y mediante auto de 24 de
mayo de 20245 fue excluido de dicho trámite. Por consiguiente, la Sala observa que
en el caso se configuró la cosa juzgada constitucional material respecto a la solicitud
de amparo antes mencionada, por lo que en el caso no hay lugar a reabrir el debate
sobre lo allí decidido.
En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia SU-1219 de 2001, indicó que,
terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para
insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión, opera el fenómeno de
la cosa juzgada constitucional, mismo que determina que lo allí decidido quede
definitivamente en firme:
“5.1 Admitir que los fallos de tutela definitivamente decididos o excluidos para
revisión sean luego objeto de una nueva acción de tutela, sería como instituir un
recurso adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la revisión
de un proceso de tutela ya concluido, lo cual es contrario a la Constitución (art.
86 C.P.), a la ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a las normas
reglamentarias en la materia (arts. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte
diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las
mismas razones y solicitud”.
4
Sentencias T-184 de 2005, T-298 de 2018 y SU-027 de 2021.
5
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=NumeroUnico&date3=2019-01-
01&date4=2025-03-04&radi=Radicados&palabra=11001031500020230318600&radi=radicados&todos=%25.
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Constitucional). Las Salas de Selección de la Corte Constitucional, salvo sus
facultades legales y reglamentarias, no tienen la facultad de seleccionar lo que
ya ha sido excluido de selección para revisión ni una acción de tutela contra uno
de sus fallos de tutela. Esto por una poderosa razón. Decidido un caso por la
Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y
precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso
de tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del
Reglamento Interno de la Corte Constitucional ), opera el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado
definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la
Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido.
(…)
La ratio decidendi en este caso excluye la acción de tutela contra sentencias de
tutela. El afectado e inconforme con un fallo en esa jurisdicción, puede acudir
ante la Corte Constitucional para solicitar su revisión. En el trámite de
selección y revisión de las sentencias de tutela la Corte Constitucional
analiza y adopta la decisión que pone fin al debate constitucional. Este
procedimiento garantiza que el órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional conozca la totalidad de las sentencias sobre la materia que
se profieren en el país y, mediante su decisión de no seleccionar o de
revisar, defina cuál es la última palabra en cada caso. Así se evita la cadena
de litigios sin fin que se generaría de admitir la procedencia de acciones de
tutela contra sentencias de tutela, pues es previsible que los peticionarios
intentarían ejercerla sin límite en busca del resultado que consideraran más
adecuado a sus intereses lo que significaría dejar en la indefinición la
solicitud de protección de los derechos fundamentales. La Corte
Constitucional, como órgano de cierre de las controversias constitucionales,
pone término al debate constitucional, e impide mantener abierta una disputa
que involucra los derechos fundamentales de la persona, para garantizar así su
protección oportuna y efectiva (artículo 2 C.P.).".
Finalmente, la Sala considera oportuno recordar al demandante que como parte
procesal tiene unos deberes, los cuales se encuentran establecidos en el artículo
786 del Código General del Proceso, sobre todo lo dispuesto en el numeral 4
relacionado con abstenerse de usar expresiones injuriosas7 en sus escritos y
guardar el debido respeto al juez, a sus empleados, a las partes y a los auxiliares
de la justicia.
Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero por configurarse la duplicidad de
acciones y la cosa juzgada constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
6
Artículo 78: Son deberes de las partes y sus apoderados: (…) 4. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos
y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de este, a las partes y a los auxiliares de la justicia.
7
Frases como “ESTAMOS ANTE UN CONSEJO DE ESTADO QUE SIENDO EL PRESUNTO MÁXIMO JUEZ DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN COLOMBIA, SE HA ATREVIDO ESTE CONSEJO DE ESTADO Y SE SIGUE
ATREVENDO A VIOLAR A PLENA LUZ DE LA VERDAD JURÍDICA DELICTIVA A VIOLAR EN TODA SU MAGNITUD LA
LEY 1437 DE 2011 AL ENCUBRIR A TRAVÉS DE REITERATIVOS FRAUDES ADMINISTRATIVOS Y URBANÍSTICOS Y
JUDICIALES Y PROCESALES”. Además, “CONVIRTIÉNDOSE ESTE CONSEJO DE ESTADO DE COLOMBIA EN
CÓMPLICE Y COAUTOR MATERIAL E INTELECTUAL DE ESTOS ACÁ MUY BIEN DETALLADOS FRAUDES
IMPRESCRIPTIBLES”, entre otras.
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FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 25 de noviembre de 2024, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
13
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