Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00345-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00345-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00345-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C. veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00345-00
Accionante: Josefina Rueda Gómez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda –
Subsección F
Temas: Acción de tutela contra sentencia proferida en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que negó pretensión de indemnización sustitutiva
considerando que se trata de una doble asignación del tesoro, prohibida por el
ordenamiento.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Josefina Rueda
Gómez en nombre propio, a fin de que se protejan sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, debido proceso, igualdad y otros, que
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda – Subsección F, con ocasión de la expedición de la sentencia 18 de
octubre de 2023 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-021-2020-00024-01
ANTECEDENTES
HECHOS
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Narró la actora que se vinculó como empleada al Personal Civil del Ejército de
Colombia, el 30 de junio de 1988, como médico con funciones asistenciales de 8
horas diarias, inicialmente bajo el Decreto-ley 2247 de 1984 y posteriormente por el
Decreto 1214 de 1990, régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la
Policía Nacional, donde NO realizaba aportes a pensión por ser un régimen
especial.
Que posteriormente, el 10 de octubre de 1995 se posesionó en cargo de carrera
administrativa, como médico general 4 horas en el servicio de urgencias del Hospital
de Bosa II Nivel, realizando aportes a pensión desde noviembre de 1995 y, por estar
vinculada al régimen especial o de excepción de las Fuerzas Militares de Colombia,
aportes a salud al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA).
Que el 16 de noviembre de 2006 consultó al Ministerio de Salud y Protección Social
en torno a mi situación por encontrare en dos regímenes pensionales excluyentes y
se le informó que solo podría disfrutar de la pensión que concede el Ejército
Nacional y que al llegar a los 57 años podría solicitar la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez contemplada en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y en el
mismo sentido le fue resuelta nueva consulta realizada el 25 de junio de 2010.
Que por Resolución 3727 del 15 de octubre de 2010 del Ministerio de Defensa
Nacional, se le reconoció y ordenó pagar una Pensión de Jubilación, de edad por
haber laborado en forma continua por más de 20 años.
Que solicitó su retiro del Hospital de Bosa a partir del 31 de diciembre de 2011 y al
cumplir los 57 años de edad, pidió el 21 de agosto de 2018 a COLPENSIONES, el
reconocimiento de la Indemnización Sustitutiva de la Pensión de vejez por los
aportes a pensión realizados por más de 16 años.
Que ante la respuesta negativa de la entidad y agotados los recursos
administrativos, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
COLPENSIONES la cual correspondió en primera instancia al Juzgado 21 del
Circuito de Bogotá, con RADICADO: 110013335021202000024-00, Autoridad
judicial que declaró probada la excepción de caducidad de la acción.
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Que apelada la decisión, correspondió en segunda instancia al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección F, Autoridad que
mediante sentencia del 18 de octubre de 2023, revocó la sentencia de primera
instancia en cuanto declaró la caducidad y negó las pretensiones con fundamento
en el artículo 128 de la constitución Política prohíbe recibir más de una asignación
que provenga del Tesoro Público, norma que ha sido reglamentada por el artículo
19 de la Ley 4 de 1992.
Citó, entre otros fundamentos, el Decreto 4640 de 2005, la sentencia T-456/14 y
expresó que en su labor como médico de 4 horas en el servicio de urgencias del
Hospital de Bosa II Nivel, realizaba aportes a pensión en el régimen de prima media,
como lo dispone la Ley 797 de 2003, artículo 2° ya, que por ser parte de un régimen
especial, sus aportes a seguridad social, como salud y pensión no podían ser
direccionados al Ministerio de Defensa.
Indicó que la providencia incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente, señalando que este se presenta cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance.
Citó la sentencia C-1143/04 en cuanto indicó que “la Ley 100 de 1993 estableció
en el artículo 279 unas excepciones al sistema integral de seguridad social y, en
ese sentido expresó en la citada disposición: "[E]l sistema integral de seguridad
social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas
militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente
ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas…".
Citó además, las sentencias T-164/17 y T.080/10 que se refiere a los fundamentos
de la indemnización sustitutiva de la pensión y adicionalmente afirmó que es adulta
mayor de 62 años de edad, madre cabeza de familia, con serios quebrantos de
salud por los cuales se le dificultan la movilidad, se encuentra en manejo por
oncología, pendiente de una histerectomía y tiene un hijo con discapacidad mental
del 72,2% desde su nacimiento; por lo que la pensión que recibe el Ministerio de
Defensa es insuficiente para cubrir sus necesidades y las de su hijo. Que la
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indemnización sustitutiva a la que considera tiene derecho, les permitirá tener un
mínimo vital y una vida digna.
Terminó diciendo que laboró como médico general en dos instituciones del Estado
simultáneamente porque así lo permite la ley, realizando los aportes a seguridad
social a Colpensiones por más de 16 años e insiste en su derecho a la prestación.
PRETENSIONES
La accionante solicitó dejar sin efectos la sentencia de 18 de octubre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda –
Subsección F, dentro del proceso con radicado 110013335021202000024-01, y en
consecuencia, ordenar a la autoridad judicial accionada que, en un lapso no mayor
a veinte (20) días, profiera una providencia de reemplazo en la que se garanticen
los derechos fundamentales de la actora.
ACTUACIÓN PROCESAL
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 26 de enero de 2024, mediante
proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y como tercero interesado en las resultas de este
proceso, a la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
Dio respuesta a la demanda, la magistrada ponente de la decisión cuestionada,
manifestando oposición a las pretensiones, bajo la consideración de que la
sentencia proferida el 18 de octubre de 2023, se ajustó a los lineamientos fijados
por las Altas Cortes, por lo que no se configura un defecto sustantivo.
Afirma que en el fallo objeto de la acción de tutela se analizó el contenido del artículo
19 de la Ley 4 de 1992, que prohíbe percibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público; lo anterior, en atención a que la accionante tenía reconocida la
pensión de jubilación y en ese escenario, se tuvo en cuenta el pronunciamiento de
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la Corte Constitucional sentencia C- 133 de 1993, en la que se define que se debe
entender por “asignación”, estableciendo que "comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc.”
Que “luego de exponer la incompatibilidad general, se analizó la norma específica
que aplica a la indemnización sustitutiva” y resaltó que el Consejo de Estado en
sentencia del 22 de julio de 20211, se pronunció en relación con un caso en el cual,
el demandante “ya era beneficiario de una pensión de jubilación –aquella reconocida
por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia– lo que impide que
se acceda a la pretensión tendiente a otorgarle la indemnización sustitutiva.
Resaltó que la condición de salud de la accionante y de su hijo no fue expuesta en
el proceso ordinario y que en gracia de discusión, tal condición no permite soslayar
la incompatibilidad expresa entre indemnización y pensión de vejez, prevista en el
artículo 6 de la Decreto 1730 de 2001; máxime que al devengar pensión desde el
año 2010, tiene garantizado su derecho a la salud y el mínimo vital; por lo que esa
Sala concluyó que no asiste derecho a la demandante al reconocimiento de la
indemnización sustitutiva.
POSICIÓN DEL VINCULADO
Colpensiones por conducto de la Directora de Acciones Constitucionales, allegó
intervención, en la cual solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por
cuanto no se ha materializado ningún vicio, defecto o vulneración de derechos
fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca e indicó que
no procede la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra
legislación ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir
lo allí determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia.
Se refirió a la protección del patrimonio público y solicitó declarar improcedente el
amparo, considerando que no se presenta un perjuicio irremediable y el asunto
carece de relevancia en términos de derechos fundamentales.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de julio de 2021 rad. 25000-23-42-000-
2016-04519-01(3168-19) actor: Álvaro Cristóbal García Sarmiento.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, II) caso
concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera
independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la
anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
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derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
La acción de tutela se dirige contra la decisión que negó el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva a la accionante, considerando que no tiene derecho por
ser beneficiaria de una pensión del ejército Nacional y su pago constituiría una doble
asignación del tesoro público, incurriendo en la prohibición normativa.
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Lo primero es verificar los requisitos generales de procedencia de la tutela en
relación con la sentencia de 18 de octubre de 2023 que puso fin al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 110013335021202000024-01
y se encuentra: 1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en
la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se
vulneraron los derechos invocados, por un presunto error sustantivo de la
providencia, sin que pueda afirmarse que se trata de un asunto de mera legalidad o
que lo pretendido sea una tercera instancia; 2) Se agotaron todos los recursos
procedentes en tanto la acción se dirige contra una sentencia de segunda instancia
a la cual no le caben otros recursos; 3) la acción se presentó dentro de los seis
meses siguientes a la ejecutoria de aquella; 4) no se alegó una irregularidad
procesal; 5) no se trata de una sentencia de tutela.
En cuanto a la identificación de los hechos que generan la vulneración, la accionante
alega que el Tribunal incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente,
señalando que este se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance; sin embargo, no explica cuál es la ley o la norma
que se le debió aplicar o que se aplicó de manera equivocada y en contravía de sus
derechos.
Pese a que cita varias sentencias relacionadas con la regulación del derecho a la
sustitución pensional y también la sentencia C1143 de 04, en la cual la Corte
Constitucional se refiere a las excepciones al sistema integral de seguridad social
establecidas en el artículo 279 de la ley 100 y específicamente las excepciones
relativas a las fuerzas militares y de la Policía Nacional y al personal regido por el
Decreto-Ley 1214 de 1990; no indica cuál o cuáles fueron las reglas aplicables a su
caso, con base en las cuales debía llegarse a una decisión contraria y cuyo
desconocimiento generó la vulneración de sus derechos fundamentales.
De lo expresado concluye esta Subsección, que no se cumplen los presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela en relación con la sentencia
cuestionada, pues no se especificó en qué consistió el error que se le endilga y
adicionalmente, del examen del expediente ordinario, se observa que el Tribunal
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motivó la sentencia atendiendo a los fundamentos expuestos por la demandante,
los cuales se limitaron a insistir en que le asistía el derecho, sin discutir la motivación
del acto administrativo que se lo negó y de esta misma manera enfocó la discusión
al interior de esta acción constitucional.
Conforme a lo anterior, se evidencia que la acción de tutela de la referencia no
superó los requisitos de procedibilidad, específicamente el que exige que el
solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración
y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del
proceso en donde se dictó la sentencia atacada; circunstancia que genera la
improcedencia de la tutela solicitada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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