Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00397-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00397-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00397-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
1 de marzo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00397-00
Accionante: Raúl Emilio Zapata Restrepo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-00397-00
Accionante: Raúl Emilio Zapata Restrepo
Accionado: Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela
Subtema 1: elección del cargo de Fiscal General de la Nación
Subtema 2: Derechos fundamentales tutelables
Subtema 3: Legitimación en la causa por activa – agencia oficiosa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela que presentó Raúl Emilio
Zapata Restrepo en contra de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de la tutela
Raúl Emilio Zapata Restrepo, en nombre propio y en su “calidad de ciudadano
colombiano”, presentó escrito en el que solicitó el amparo de su derecho
fundamental y el “de todos los colombianos” al debido proceso, que consideró
vulnerado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en
que esta autoridad no ha elegido Fiscal General de la Nación de la terna enviada
por el presidente de la República.
1.2. Hechos probados
1.2.1. El presidente de la República de Colombia presentó ante la Corte Suprema
de Justicia, el 2 de agosto de 2023, terna para el cargo de Fiscal General de la
Nación. Posteriormente, el 26 de septiembre siguiente, el primer mandatario informó
al alto tribunal su decisión de conformar una nueva terna para la referida elección,
compuesta por las abogadas Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago
Ruiz y Amelia Pérez Parra.
1.2.2. Por su parte, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia emitió el Acuerdo
núm. 21141 el 31 de octubre de 2023, en el que: i) decidió adelantar el proceso para
la elección del Fiscal General de la Nación, con las personas ternadas por el
presidente de la República el 26 de septiembre del mismo año, de conformidad con
los principios de transparencia, eficacia, eficiencia y moralidad administrativa; ii)
declaró que estas acreditaron el cumplimiento de los requisitos constitucionales y
legales para el ejercicio del cargo; y, iii) estableció como etapas del proceso,
primero, la publicación en su página web de las hojas de vida de las candidatas para
que la ciudadanía participara y remitiera cualquier inquietud o comentario; segundo,
1 Por el cual se declara el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, se fijan los
lineamientos y cronograma para la elección del fiscal general de la nación periodo 2024-2028.
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una audiencia pública para escuchar durante 10 minutos a cada una de las
aspirantes, y, tercero, realizar la elección.
Además, fijó el siguiente cronograma:
El anterior acuerdo fue modificado por la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, mediante Acuerdo núm. 2117 del 9 de noviembre de 2023, en el sentido de
que, en la etapa de audiencia pública, cada una de las ternadas sería escuchada
durante 20 minutos.
Finalmente, la etapa de elección ha sido programada para las sesiones de la Sala
Plena llevadas a cabo los días 7 de diciembre de 2023, 25 de enero de 2024 y 8 y
22 de febrero siguiente, no obstante, el Alto Tribunal no ha elegido a alguna de las
ternadas para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación.
1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela
Raúl Emilio Zapata Restrepo presentó escrito de tutela en el que pidió al juez
constitucional que ampare su derecho fundamental y el de todo el pueblo
colombiano al debido proceso, y, en consecuencia, “apremie” a la Corte Suprema
de Justicia para que proceda a nombrar, a la mayor brevedad posible, en el cargo
de Fiscal General de la Nación.
Como fundamento de sus pretensiones, el tutelante argumentó que los magistrados
que integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, sin justificación alguna,
están dilatando la designación del Fiscal General de la Nación, pese a que
reconocieron que las ternadas cumplieron con los requisitos constitucionales y
legales para el cargo; que están lejos de ser “brillantes personajes” como los que
pertenecieron a la Corporación hace veinte o treinta años, que se caracterizaban
por su capacidad, responsabilidad y honestidad; y que, de acuerdo con “múltiples
publicaciones”, “tienen parientes y amigos” vinculados en varios entes de control
como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, lo que ha sido denominado como
“puerta giratoria”, que, de ser cierto, debería ser motivo para que se declararan
impedidos y fueran reemplazados por conjueces.
Adujo que todos los colombianos están siendo afectados porque el fiscal Francisco
Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera no han cumplido con sus funciones, solo
investigan a quienes estiman que son simpatizantes del gobierno, y archivan
investigaciones de forma irresponsable a favor de sus amigos.
Consideró que la Corte Suprema de Justicia incurre en un exabrupto, una
irregularidad y en una vía de hecho con el retraso del nombramiento,
comportamiento que “raya” con el delito de prevaricato por acción u omisión, pues
por ningún motivo la elección puede conllevar mora; y es una institución que debe
ser ejemplo para la ciudadanía en general y para todos los funcionarios públicos.
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Señaló la corrupción como un mal que agobia al pueblo colombiano que no puede
seguir soportando, y que la justicia atraviesa por una inocultable crisis.
Indicó que la autoridad accionada había incurrido en una situación similar a la actual
cuando Guillermo Ignacio Mendoza Diago estuvo como Fiscal General de la Nación
encargado durante un largo tiempo, situaciones que quebrantan los mandatos
contenidos en el artículo 249 Superior y 7 de la Ley 270 de 1996. Expresó que la
elección no puede quedar al capricho e intereses de los magistrados, y que debe
ser oportuna e inmediata.
Cuestionó la comisión de acusaciones, que estimó debería ser integrada por
docentes universitarios o profesores con especialización en derecho penal y no por
“congresistas corruptos y clientelistas”, ya que ha creado un “camino de impunidad”
para funcionarios que deberían dar ejemplo.
Citó la sentencia T-599 de 2015 que abordó la vía de hecho administrativa y reiteró
que en el presente asunto se presentó porque la Corte Suprema de Justicia está
retrasando injustificadamente el nombramiento del Fiscal General de la Nación,
designación que, afirmó, subsanaría la “terrible falla” que tiene la administración de
justicia y el alto nivel de impunidad resultado de la inactividad de la entidad
investigadora que vulnera los derechos fundamentales a la vida, a la no
desaparición forzada y a la libertad.
Sostuvo que la “mala fe” de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es tan
notoria e indiscutible, demostrativa de “oscuros intereses”, que en la Sala Plena
realizada el 25 de enero de 2024, todos los asistentes votaron en blanco, actitud
que es una “burla para el pueblo colombiano” y una “falta de respeto” con las
aspirantes ternadas, y constituye una señal de rechazo y de poco respaldo al actual
gobierno que ha tratado de “enderezar” el camino “torcido que” por muchos años ha
aquejado al país.
Por último, afirmó que acudió al ejercicio de la acción de tutela, porque la autoridad
accionada no cumplió con su obligación constitucional de elegir Fiscal General de
la Nación en las sesiones del 7 de diciembre de 2023 y el 25 de enero de 2024, ni
tiene la intención de hacerlo.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones
1.4.1. El despacho del magistrado ponente, en auto del 31 de enero de 20242,
admitió la acción, vinculó como terceras con interés, a Amalia Pérez Parra, Luz
Adriana Camargo y Ángela María Buitrago integrantes de la terna para el cargo de
Fiscal General de la Nación, negó las pruebas pedidas3, suspendió los términos del
trámite constitucional y ordenó notificar a los sujetos procesales.
2 Ver documento contenido en el índice 4 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. 872C346DE1CFAA2E D979E8940C1F2677 5EB253FB84D199BF 25F2EF0E8AA48860.
3 Auto del 31 de enero de 2024:
“[…]
En el escrito de tutela, el señor Zapata Restrepo pidió que se decretaran como pruebas, “copias de
las actas de las sesiones” llevadas a cabo por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia los días
7 de diciembre de 2023 y 25 de enero de 2024, en las que consten los resultados de las votaciones
realizadas en dichas oportunidades para la elección de fiscal general de la Nación.
Al respecto, es preciso indicar que el suscrito magistrado encuentra que las pruebas solicitadas
resultan inútiles, por cuanto lo que se pretende probar, esto es, la no elección del fiscal general de
la Nación, es un hecho notorio, ya que es de público conocimiento que hasta este momento la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia no ha proveído el mencionado cargo.
De otra parte, el accionante solicitó que se decretara como prueba “certificaciones juradas de los
[magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia] para que expongan las razones por
las cuales sufragaron «en blanco»”.
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1.4.2. El presidente de la Corte Suprema de Justicia contestó que, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 y el Reglamento General de la Corporación, se
expidió el Acuerdo núm. 2114 del 31 de octubre 2023 en el que se declaró cumplidos
los requisitos constitucionales de las personas ternadas y fijó los lineamientos y
cronogramas para la elección4.
Manifestó que las etapas programadas han sido cumplidas a cabalidad y que
actualmente se encuentra en la fase de elección, cuyo sistema de votación está
previsto en el reglamento interno de la Corte. Denotó que, en desarrollo de los
postulados de transparencia y publicidad, cualquier persona puede acceder a la
anterior información a través de su página oficial.
Argumentó que en el escrito de amparo no se precisó de qué forma resulta
quebrantado el derecho fundamental al debido proceso, pues el actor no está
involucrado de forma directa en la elección a Fiscal General de la Nación, motivo
por el que no es posible asumir la vulneración de dicha garantía constitucional.
Finalmente, con fundamento en lo expuesto y en ejercicio de los principios de
autonomía e independencia judicial, solicitó que se declare la improcedencia del
trámite de tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591
de 1991, y lo previsto en el reglamento interno de la Corporación.
2.2. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
El artículo 86 Superior prevé la doble connotación de la acción de tutela, por un
lado, como un derecho, y, por otro lado, como un mecanismo preferente y sumario
que tiene toda persona para evitar, de manera inmediata y por sí o por quien actúe
en su nombre, la vulneración o amenaza de derechos constitucionales
fundamentales, es decir, que su naturaleza es restitutoria o preventiva. Fue
reglamentada en el Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela”
(La Sala destaca).
2.2.1. De los parámetros fijados por el constituyente primario, se desprenden
elementos relevantes para la comprensión y ejercicio de este mecanismo. Un pilar
esencial, es que los derechos objeto de este medio de control, en un inicio, fueron
Pues bien, el artículo 6 del Acuerdo núm. 006 de 2002 [Reglamento General de la Corte Suprema
de Justicia] prevé que “La votación para elegir funcionarios y escoger candidatos a ternas o para
integrarlas, será secreta […]”. En ese orden, si el voto para la elección del fiscal general de la Nación
es secreto, es ilegal decretar la prueba que busca conocer las razones por las que cada magistrado
decidió el sentido de su voto, pues de hacerlo, se desconocería el carácter reservado de este
[…]”.
4 Ver documento contenido en el índice 9 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. 62EB778DE771E2F1 D3AB1B4F9BA3D280 A7DD90835ED2392D 704AF3C139BA4C4B.
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catalogados como los de rango constitucional y de índole fundamental. Sin
embargo, el artículo 2 del Decreto 2591 de 1991, dispuso:
“Derechos protegidos por la tutela. La acción de tutela garantiza los derechos
constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiera a un
derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero
cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le
dará prelación en la revisión a esta decisión”.
Así, un análisis sistemático y axiológico del marco jurídico colombiano, ha permitido
entender que el constituyente no definió un listado único o taxativo de derechos a
proteger con esta acción, pues del artículo 2 ibidem se desprende la existencia de
decisiones de tutela sobre derechos no relacionados expresamente en la
constitución pero que, por su naturaleza, está justificado su amparo, lo que reconoce
un catálogo abierto de estos.
Ahora bien, la noción de derecho fundamental ha tenido fuente, por un lado, en su
relación con el concepto de dignidad humana y su materialización; por otro lado,
desde una mirada positivista, del texto constitucional; y, finalmente, como resultado
de la teoría de la conexidad.
Sin embargo, para la Corte Constitucional, el concepto de derechos fundamentales
deviene de su relación con la dignidad humana, y exige al juez constitucional evaluar
la existencia de un consenso sobre el derecho, ya sea dogmático, legislativo,
constitucional o de derecho internacional de los derechos humanos, y valorarlo en
concreto. En todo caso, la fundamentabilidad de un derecho para que sea
amparable dependerá de la posibilidad de traducirlo en subjetivo5. Sobre este último
punto, el Alto Tribunal indicó:
“La posibilidad de “traducción” en derechos subjetivos es un asunto que debe
analizarse en cada caso y hace referencia a la posibilidad de determinar la existencia
de una posición jurídica subjetiva de carácter iusfundamental en el evento enjuiciado
o de establecer si están plenamente definidos el titular, el obligado y el contenido o
faceta del derecho solicitado por vía de tutela, a partir de los citados consensos”6
(La Sala destaca).
Por ende, si bien los derechos fundamentales podrían llegar a ser indeterminables
desde una construcción teórica, lo cierto es que, en lo atinente a la acción
constitucional, son tutelables aquellos que, siendo fundamentales, puedan ser
asignados a un titular, dimensionado su contenido y alcance, y se pueda identificar
a un responsable u obligado de su satisfacción.
2.2.2. Otro asunto de cardinal importancia, radica en qué casos concernientes a la
vulneración de derechos fundamentales, puede conocer el juez a través del medio
de control constitucional de tutela. Al respecto, y como parámetro que permite
delimitar este tema, es preciso tener en cuenta que el artículo 36 ibidem prevé:
“EFECTOS DE LA REVISION. Las sentencias en que se revise una decisión de
tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas
inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará
la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para
adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta”.
Además, que la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia,
establece en los artículos 43 y 48:
5 Sentencia T-095 de 2016.
6 Sentencia T-235 de 2011.
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“Artículo 43. estructura de la jurisdicción constitucional.
[…]
También ejercen jurisdicción constitucional, excepcionalmente, para cada caso
concreto, los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de tutela o
resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechos
constitucionales” (La Sala resalta).
[…]
Artículo 48. alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional.
[…]
“2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen
carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye
criterio auxiliar para la actividad de los jueces”.
Por lo tanto, el juez de tutela no aborda juicios de normas en abstracto o basados
en hechos eventuales o potenciales, como, por ejemplo, lo realiza la Corte
Constitucional por demandas de inconstitucionalidad o el Consejo de Estado por
conducto de los medios de control de nulidad simple o por inconstitucionalidad.
En términos prácticos, le asiste al juez de tutela estudiar hechos específicos
ocurridos a una persona individualizable y determinable, que impactan en sus
derechos fundamentales y que justifica que se le ordene a una autoridad concreta
el amparo de estos.
Por lo anterior, es que, precisamente, los efectos de las sentencias emitidas en un
trámite de la tutela, son, en principio, inter partes y no inter comunis, pares o erga
omnes. Esto significa que las decisiones del juez constitucional no tienen un alcance
“general, impersonal y abstracto, sino particular y concreto”7. En términos de la
Corte Constitucional, “solo se surten consecuencias jurídicas sobre la decisión
adoptada por la autoridad judicial de quienes sean partes, o hubiesen sido
vinculados como terceros con interés”8. Según el Alto Tribunal:
“De este modo, es claro que, por disposición legal, la decisión y órdenes contenidas
en la parte resolutiva de las sentencias de tutela siempre tienen efectos “inter
partes”. Sólo en casos excepcionales es posible hacerlos extensivos a otros sujetos,
por vía del establecimiento de los efectos “inter comunis” o “inter pares”. El uso de
estos “dispositivos amplificadores” es una competencia reservada a las autoridades
judiciales que adoptan las providencias. Particularmente, como se vio, la
jurisprudencia vigente ha establecido que la determinación y aplicación de estas
figuras están autorizadas únicamente a la Corte Constitucional”9.
En ese sentido, el concepto de derecho fundamental amparable y los efectos que
tienen las decisiones de tutela, define esta acción como un mecanismo creado para
discutir ante un juez constitucional, asuntos concretos en los que se ven
involucrados un titular de derechos y un sujeto pasivo, ya que el objeto es establecer
si estas garantías son vulneradas, amenazadas o desconocidas en circunstancias
específicas y reales por la acción u omisión de las autoridades o de un particular.
2.2.3. De acuerdo con lo expuesto, una cuestión esencial para comprender el
alcance de los efectos de los fallos que protegen derechos fundamentales, está en
la noción de legitimación en la causa por activa. Sobre este punto, el artículo 86
Superior prevé que la titularidad de la acción se encuentra en “toda persona”, y el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que podrá ser ejercida de manera directa, ya
sea por sí misma, mediante representante o por apoderado, o indirecta, a través de
agente oficioso o por el defensor del pueblo “cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa”.
7 Sentencia T-583 de 2006.
8 Sentencia T-081 de 2021.
9 Sentencia SU-349 de 2019.
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La agencia oficiosa se funda en los principios de eficacia de los derechos
fundamentales, de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y de
solidaridad, tiene como requisitos para su procedencia excepcional: i) la
manifestación o inferencia de que el agente actúa en tal condición; y, ii) la
imposibilidad del agenciado de acudir de manera directa ante la administración de
justicia.
Respecto del segundo requisito, el juez de tutela debe ser flexible al momento de
analizar la prueba de la imposibilidad, lo que implica que existe libertad probatoria,
que la imposibilidad puede inferirse de los hechos narrados, y que la autoridad
judicial debe desplegar sus atribuciones constitucionales para establecer la certeza
de las afirmaciones en relación con la capacidad del titular para defender sus
derechos10.
En consecuencia, la materialización de los efectos inter partes de los fallos de tutela,
depende de que los derechos invocados sean fundamentales y amparables, lo que,
a su vez, exige la individualización de su titular como requisito necesario para
establecer la legitimación en la causa por activa.
2.2.4. En todo caso, al margen de que estén cumplidos los anteriores requisitos, la
procedencia de la acción de tutela está condicionada a que no exista otro medio de
defensa judicial, condicionamiento que, de acuerdo con la Corte Constitucional, no
responde a la sola existencia en abstracto de otro medio, sino que corresponde al
juez constitucional estudiar si el mismo es idóneo y eficaz para la protección de las
garantías iusfundamentales en cada caso concreto.
2.3. En el caso concreto, Raúl Emilio Zapata Restrepo, en nombre propio y en su
“calidad de ciudadano colombiano”, presentó escrito en el que solicitó el amparo de
su derecho fundamental y el “de todo el pueblo colombiano” al debido proceso,
que consideró vulnerado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con
ocasión de que esta autoridad no ha elegido Fiscal General de la Nación de la
terna enviada por el presidente de la República.
Para determinar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la tutela en el
asunto bajo estudio, la Sala abordará, primero, el contenido y alcance del derecho
fundamental al debido proceso, y, luego, las normas que regulan el procedimiento
de elección del Fiscal General de la Nación.
2.3.1. Derecho fundamental al debido proceso
En el artículo 29 de la Constitución Política, el constituyente estableció que el debido
proceso regirá en “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, y al
desarrollarlo, expuso algunas precisiones atinentes a las normas aplicables a un
caso concreto, al juez natural, a la presunción de inocencia, al derecho de defensa,
entre otros asuntos. Empero, este postulado posee una estructura compleja
compuesta de una interrelación de garantías que deben ser observadas, tanto en
procedimientos administrativos como judiciales11.
De este modo, el debido proceso tiene una doble connotación porque, como
derecho, es un mecanismo de protección de la autonomía y libertad del ciudadano,
y, como principio inherente al Estado de Derecho, representa un límite al Estado
que tiene como características el ejercicio de funciones dentro de los parámetros
normativos previamente establecidos y la erradicación de la arbitrariedad.
10 Ver sentencias T-729 de 2017 y T-720 de 2016.
11 Sentencia C-034 de 2014.
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En el ámbito de las actuaciones administrativas, el debido proceso concierne al
comportamiento que deben seguir las autoridades públicas para garantizar los
derechos de las personas que puedan verse afectadas por las decisiones que crean,
modifican o extinguen un derecho, o imponen una obligación. En otras palabras, es
el conjunto de condiciones que la Ley le asigna a la administración y se materializa
con el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de las autoridades.
En esta dimensión, la Corte Constitucional ha establecido que hace parte del debido
proceso administrativo el derecho a: “(i) ser oído durante toda la actuación; (ii) la
notificación oportuna y de conformidad con la ley; (iii) que la actuación se surta sin
dilaciones injustificadas; (iv) que se permita la participación en la actuación desde
su inicio hasta su culminación; (v) que la actuación se adelante por la autoridad
competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el
ordenamiento jurídico; (vi) gozar de la presunción de inocencia; (vii) el ejercicio del
derecho de defensa y contradicción; (viii) solicitar, aportar y controvertir pruebas;
(ix) impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas con
violación al debido proceso”12.
Como finalidades del debido proceso administrativo, el Alto Tribunal delimitó las
siguientes: “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii)
garantizar la validez de sus propias actuaciones y (iii) resguardar el derecho a la
seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”13.
Para asegurar estas finalidades, la Corte Constitucional definió como reglas14, que:
i) las actuaciones respeten los principios de igualdad, de moralidad, de eficacia, de
economía, de celeridad, de imparcialidad y de publicidad, contenidos en el inciso
primero del artículo 209 Constitucional15 y conceptualizados en el artículo 3 del
CPACA16 ; ii) ninguna actuación de los servidores públicos debe ser el resultado de
12 Sentencia T-105 de 2023.
13 Sentencia T-465 de 2009, reiterado, entre otras, en la sentencia T-051 de 2016.
14 SU-213 de 2021.
15 “Articulo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que
se ejercerá en los términos que señale la ley”.
16 “Artículo 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la
ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de
las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.
2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas
e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto
de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la
finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas
sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general,
cualquier clase de motivación subjetiva.
4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento
leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.
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la arbitrariedad sino de los procedimientos establecidos en la ley, de forma tal que
obedezcan a sus funciones y que lo hagan como determina el ordenamiento jurídico;
y, iii) que las pruebas sean apreciadas conforme a los principios de legalidad y
razonabilidad y con primacía del derecho sustancial sobre las formas.
Finalmente, las irregularidades en el procedimiento adelantado sin el pleno de las
formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, solo vulneran el derecho al
debido proceso administrativo si tienen la capacidad de alterar el proceso, de
manera grave, al punto de tornarlo injusto o de privar o limitar el derecho de
defensa17.
Por otro lado, el derecho al debido proceso judicial comprende, en términos
generales, las mismas apreciaciones que le dotan contenido en su desarrollo en las
actuaciones administrativas, entendido como aquel plexo de garantías con que
cuentan las personas que, al mismo tiempo, imponen un límite al poder del Estado.
Sin embargo, en concreto, consiste en la observancia de las obligaciones y cargas
procesales que el legislador asigna a quienes acuden a la administración de justicia,
con fundamento, entre otros, en los mandatos contenidos en los artículos 95, inciso
718, y 23019 Constitucionales20.
5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados
a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.
6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de
los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de
deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la
Constitución, las leyes y los reglamentos
8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por
consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.
9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados,
en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y
resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley,
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de
conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la
publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.
10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de
otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus
derechos a los particulares.
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material
objeto de la actuación administrativa.
12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos,
e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas.
17 Sentencia T-267 de 2000.
18 ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional.
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
[…]
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;”
19 “Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial”.
20 Sentencia T-356 de 2022.
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2.3.2. La Fiscalía General de la Nación y las normas que regula la elección de su
representante
La Fiscalía General de la Nación fue creada con la Constitución Política de Colombia
de 1991 que, en el Capítulo 6 del Título VIII “De la Rama Judicial”, entre otros
asuntos, estableció su integración y sus principales funciones. Hace parte de la
Rama Judicial y cuenta con autonomía administrativa y presupuestal21. En un
principio, su estructura orgánica fue definida en el Decreto 2699 de 199122, norma
que fue derogada por la Ley 938 de 200423 que, a su vez, fue derogada, en lo
referente, por el Decreto 16 de 201424. La entidad empezó a operar el 1 de julio de
1992 y quedó integrada por el Fiscal General de la Nación, los fiscales delegados y
los demás funcionarios que determina la Ley25.
En cuanto al Fiscal General de la Nación, de acuerdo con el artículo 249 Superior y
29 de la Ley 270 de 1996, será elegido por la Corte Suprema de Justicia para un
periodo personal de cuatro años26, de terna enviada por el presidente de la
República que deberá estar integrada, por lo menos con una mujer27 y por personas
Las garantías del derecho al debido proceso judicial son:
“a. El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante
los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones
ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.
b. El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud
legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de
los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley.
c. El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados
para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y
a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un
abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad
de todas las demás personas que intervienen en el proceso.
d. El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que
el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables.
e. El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.
f. El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán
decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin
designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas
21 Artículos 249 Constitucional y 28 de la Ley 270 de 1996.
22 “Por el cual se expide el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación”.
23 “Por el cual se expide el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación”.
24 “Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la
Nación”.
25 Artículo 249 Constitucional.
26 Sentencia C-166 de 2014, haciendo referencia al estudio realizado en la sentencia C-037 de 1996:
“Uno de los aspectos en que se centró el control de constitucionalidad efectuado por la Corte fue en
lo relativo al inciso tercero, el cual determinaba que ante la falta absoluta del Fiscal General antes
de la terminación del periodo, el remplazo designado para el efecto ejercería el cargo hasta finalizar
el periodo original, lo que tornaría dicho periodo en institucional.[12] Los intervinientes en el proceso
pusieron de presente que esa regla estatutaria era contraria al artículo 249 C.P., el cual establece
que el Fiscal General será elegido por un periodo de cuatro años.
La Corte aceptó ese argumento y concluyó que de la mencionada norma constitucional se colegía
necesariamente que el periodo del Fiscal General era de naturaleza individual, sin que tuviera que
ser coincidente con el de otras autoridades del Estado, como el presidente de la República. Por lo
tanto, dicho periodo resultaba análogo al de los magistrados de las altas cortes, el cual tiene un
indiscutible carácter individual. Adicionalmente, la inexequibilidad de una norma de ese carácter se
justificaría en que la ausencia de un periodo individual afectaría la autonomía e independencia que
la Carta adscribe a la administración de justicia. De otro lado, si bien el artículo 253 C.P. confiere al
legislador la determinación de, entre otros asuntos, el régimen de ingreso mediante carrera y retiro
del servicio de la Fiscalía General, esta competencia no cobija la definición del periodo del Fiscal
General, pues ese asunto fue regulado directamente por la Constitución”.
27 Ley 581 de 2000.
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que cumplan los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de esa
Corporación judicial28.
Dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación, se encuentra
el despacho del Vicefiscal, quien tiene como funciones las contenidas en el artículo
15 del Decreto 16 de 2014, en particular, la concerniente a:
“Reemplazar al Fiscal General de la Nación en sus ausencias temporales o
definitivas.
En las ausencias temporales no se requerirá designación especial, si se trata de una
ausencia definitiva, incluido el vencimiento del periodo, ejercerá el cargo hasta
cuando el titular tome posesión del mismo”.
En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 10 del Acuerdo núm. 2175
de 202329 de la Corte Suprema de Justicia dispone que la Sala Plena de dicha
Corporación judicial tiene dentro de sus funciones elegir Fiscal General de la
Nación, “previo estudio de los candidatos” que terne el presidente de la República.
Para tal fin, “podrá celebrar audiencias donde se escucharán los planteamientos
programáticos de los integrantes de la misma”.
Ahora bien, según los artículos 3, 4 y 8 ibidem, la Sala Plena tendrá reuniones
ordinarias los jueves cada quince días y extraordinariamente cuando el presidente
de la Corte o al menos 7 magistrados lo soliciten; de manera presencial, en la sede
oficial de la capital o en el sitio que la mayoría acuerde por temas de seguridad o
conveniencia, o virtualmente a través de tecnologías de la información y las
comunicaciones que garanticen la reserva y seguridad de las sesiones.
Respecto del quorum, la Sala Plena requerirá la mayoría de los miembros activos
de la Corporación para deliberar y decidir, salvo para elegir presidente y
vicepresidente, magistrados, Fiscal General de la Nación y ternas para magistrados,
Procurador General de la Nación y Auditor General de la República, ya que en estos
eventos será obligatorio el voto favorable de 2/3 partes de los magistrados en
ejercicio. Las votaciones para elegir funcionarios y escoger candidatos a ternas o
integrarlas serán secretas (artículos 5 y 6 ibidem).
En relación con el tema abordado, la Sección Quinta del Consejo de Estado30
explicó que el constituyente, con la finalidad de contribuir en la defensa de frenos y
contrapesos, impuso para la designación del Fiscal General de la Nación un
procedimiento administrativo y conjunto entre, por un lado, el presidente de la
República –que identifica a candidatos que reúnan los requisitos exigidos para tal
fin, conforma la terna y la remite–, y la Corte Suprema de Justicia –que podrá
escuchar los planteamientos programáticos de los aspirantes para luego elegir–. En
esa oportunidad, expresó:
“En otros términos, la máxima instancia jurisdiccional de lo contencioso
administrativo estimó que el equilibrio de poderes que debía caracterizar la relación
institucional entre estas dos autoridades públicas, se encontraba salvaguardada por
un trámite eleccionario particular que, al amparo de la colaboración armónica de
los poderes31, garantizaría el correcto funcionamiento del aparato estatal, incluso
en los eventos en los que los periodos presidenciales y aquellos del fiscal concurrían
28 Ver artículo 232 Constitucional.
29 “Por el cual se recodifica y actualiza el Reglamento General de la Corporación”.
30 Sentencia del 18 de febrero de 2021, expediente radicado núm. 11001-03-28-000-2020-00058-00.
31 Artículo 113 Constitucional:
“Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.
Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.
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en el tiempo, a través de la Corte Suprema de Justicia, como órgano autónomo e
independiente en el marco del procedimiento de designación del regente de la
Fiscalía”.
Finalmente, el presidente de la República emitió el Decreto 450 de 2016 a través
del cual estableció el trámite para la integración de la terna de candidatos a Fiscal
General de la Nación, no obstante, esta norma fue revocada con el Decreto 1163
de 2019.
En conclusión, del marco jurídico constitucional y legal expuesto, es posible afirmar
que el procedimiento para la elección del Fiscal General de la Nación, solo establece
que: i) es el presidente de la República el que formula la respectiva terna bajo una
facultad discrecional; ii) los candidatos deben cumplir con los mismos requisitos
exigidos para magistrado de la Corte Suprema de Justicia; y, iii) es esta última
Corporación quien debe votar y elegir a la persona que ocupará el cargo por un
periodo de 4 años, periodo que es de naturaleza personal.
En todo caso, la elección del Fiscal General de la Nación, al ser un procedimiento
administrativo que corresponde agotar a autoridades de distintas ramas del poder
público, está sometida al debido proceso, entendido este como un límite del Estado
que impone que sus actuaciones observen los principios de igualdad, de moralidad,
de eficacia, de economía, de celeridad, de imparcialidad y de publicidad, contenidos
en el inciso primero del artículo 209 Constitucional y conceptualizados en el artículo
3 del CPACA.
2.4. En el presente asunto, Raúl Emilio Zapata Restrepo, en nombre propio y en su
“calidad de ciudadano colombiano”, presentó escrito en el que solicitó el amparo de
su derecho fundamental y el “de todos los colombianos” al debido proceso, que
consideró vulnerado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en atención
a que esta autoridad no ha elegido Fiscal General de la Nación de la terna enviada
por el presidente de la República.
Como fundamentos del escrito de tutela, acusó a la Corte Suprema de Justicia de
dilatar de manera injustificada, caprichosa y reiterada la referida elección, y de
incurrir en una vía de hecho y en un posible prevaricato. También cuestionó las
capacidades y la imparcialidad de los magistrados que integran la Sala Plena por
conflictos de intereses, así como el desempeño de las funciones del ex fiscal
Francisco Barbosa y la actual fiscal encargada Martha Mancera. Entre otros cargos,
recriminó la corrupción que tiene el país y adujo que la justicia atraviesa por una
crisis.
Pues bien, corresponde a la Sala determinar si el señor Zapata Restrepo tiene
legitimación en la causa por activa en el presente trámite constitucional, al tener en
cuenta que accionó la administración de justicia a través del mecanismo
constitucional de tutela, que el derecho que invocó es el debido proceso, y que el
escenario en el que afirmó, fue vulnerado, es el procedimiento de elección del Fiscal
General de la Nación. Solo si existen esa legitimación, se continuará con el estudio
de los requisitos de procedencia de subsidiariedad e inmediatez, y, finalmente, a
emitir un pronunciamiento de fondo sobre los cargos de inconformidad.
2.4.1. El primer escenario por analizar, es que el tutelante sostuvo actuar en nombre
propio, y, además, como “ciudadano colombiano”, para que el juez constitucional
ampare su derecho fundamental al debido proceso, y a todo “el pueblo colombiano”,
pues estimó que el comportamiento de la autoridad accionada afecta a “todos los
ciudadanos colombianos” y porque los “colombianos” no deben continuar
soportando la corrupción. Estas afirmaciones implican que el accionante pretende
agenciar derechos de terceros.
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En ese orden, resulta oportuno denotar que, a pesar de que es incuestionable que
una de las connotaciones del debido proceso es ser, en estricto sentido, un derecho
fundamental, lo cierto es que no es tutelable en los términos formulados en el escrito
de amparo, porque no es posible identificar en “todos los ciudadanos colombianos”
un titular del derecho y dimensionar su contenido y alcance, es decir, no es posible
hacerlo subjetivo.
Así, cabe recordar que, el concepto de derecho fundamental amparable y los
efectos que tienen las decisiones de tutela, define esta acción como un mecanismo
creado para discutir ante un juez constitucional, asuntos concretos en los que se
ven involucrados un titular de derechos y un sujeto pasivo, ya que el objeto es
establecer si estas garantías son vulneradas, amenazadas o desconocidas en
circunstancias específicas y reales por la acción u omisión de las autoridades o de
un particular.
En concordancia con lo expuesto, la Sala debe añadir que el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 permite agenciar derechos fundamentales cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, sin embargo,
aunque se podría tener por cumplido el requisito de que esté manifiesto o se pueda
inferir la condición de agente, en el presente asunto no está satisfecho el segundo
requisito, pues no está probada la imposibilidad de “todos los colombianos” de
acudir de manera directa a la administración de justicia.
Bajo esa línea, resulta forzoso declarar la improcedencia de la petición de amparo
por falta de legitimación en la causa por activa en relación con la condición de
agente oficioso de Raúl Emilio Zapata Restrepo de “todo el pueblo colombiano”, por
cuanto, por un lado, no es posible tutelar el derecho fundamental al debido proceso
de personas indeterminadas, y, por otro lado, no quedó acreditada la imposibilidad
de los agenciados de ejercer la defensa directa de sus derechos.
2.4.2. El segundo escenario que corresponde abordar a la Sala, concierne a la
legitimación en la causa por activa del señor Zapata Restrepo, quien sostuvo que
su derecho fundamental al debido proceso es vulnerado por la Corte Suprema de
Justicia debido a que esa Corporación judicial no ha dado cumplimiento a su deber
constitucional de elegir Fiscal General de la Nación.
Sobre este punto, es necesario aclarar que los reparos del escrito de amparo no se
desarrollan en el contexto de un proceso judicial sino de un trámite administrativo
electoral, motivo suficiente para descartar que la garantía invocada incumbe al
debido proceso en su dimensión judicial.
De otra parte, como fue explicado en el acápite “2.3.2.” de esta providencia, la
designación del Fiscal General de la Nación es un proceso administrativo
electoral que, por un lado, le corresponde agotar al presidente de la República
mediante la presentación de una terna y a la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia que debe elegir al aspirante para que ejerza el cargo para un periodo de 4
años; y, por otro lado, está sometido al principio del debido proceso que representa
un límite al Estado y que evita la configuración de actuaciones arbitrarias.
Ese proceso está siendo agotado en la actualidad, pues el presidente de la
República remitió el 26 de septiembre de 2023 la terna definitiva compuesta por Luz
Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra; y la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia expidió el Acuerdo núm. 2114 de 2023,
modificado por el Acuerdo núm. 2117 del mismo año, en el que decidió adelantar el
proceso de conformidad con los principios de transparencia, eficacia, eficiencia y
moralidad administrativa, declaró que las candidatas cumplen con los requisitos
exigidos para el ejercicio del cargo y fijó un cronograma, el cual se encuentra en la
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Accionante: Raúl Emilio Zapata Restrepo
fase de elección con votaciones realizadas en sesiones del 7 de diciembre de 2023,
25 de enero de 2024 y 8 y 22 de febrero siguiente.
Pues bien, de lo expuesto, la Sala denota que Raúl Emilio Zapata Restrepo no
interviene de manera directa dentro del proceso administrativo para la elección del
Fiscal General de la Nación, ya que no es quien tiene la facultad de presentar la
terna, no pertenece a la Sala Plena que debe votar y elegir al mencionado
funcionario, y no es alguna de las personas ternadas.
Tampoco quedó acreditado que haya formulado ante la Corte Suprema de Justicia
o cualquier otra autoridad competente los cuestionamientos que tiene con las
competencias, actuaciones y posibles conflictos de intereses de los magistrados,
del exfiscal Francisco Barbosa y de la actual fiscal encargada Martha Mancera.
Por último, el señor Zapata Restrepo no explicó en el escrito de amparo de qué
forma concreta se ve afectado con el hecho de que la Corte Suprema de Justicia no
haya finalizado el proceso administrativo de elección, más aún, al considerar que
las funciones de la entidad no quedan suspendidas y que las competencias directas
de la oficina del Fiscal General de la Nación fueron asumidas por quien fungía como
vicefiscal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 15 del
Decreto 16 de 2014.
En consecuencia, esta Subsección concluye que el tutelante tampoco tiene
legitimación en la causa por activa en la presente acción de tutela para controvertir
el proceso administrativo electoral del Fiscal General de la Nación, pues no es titular
del derecho fundamental al debido proceso administrativo que invocó, motivo por el
cual es necesario declarar la improcedencia de la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Raúl Emilio Zapata Restrepo en contra de la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Salvamento de voto
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
DACJ
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