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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01571-00

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01571-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01571-00

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01571-00
Accionante: Asociación Sindical Penitenciarios y Carcelario (ASPEC)
Accionado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela para promover iniciativas legislativas o atacar Decretos o Leyes.
Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela – subsidiariedad.
Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la Asociación Sindical
Penitenciarios y Carcelario (ASPEC), a través de Jorge Andrés Arias Camacho, Óscar
Martínez Claros, Carlos Norberto Roya Sierra, Giovanny Muñoz Hinestroza,
Mauricio Quiceno Castaño, Alexander Lázaro Sepúlveda y Víctor Aldana Aragonés,
en calidad de miembros,2 en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), de la Nación, Ministerio
de Justicia y del Derecho y del Congreso de la República.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 17 de marzo de 20253 la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital,
dignidad humana, trabajo e igualdad visto desde el principio “a trabajo igual, salario
igual”, los que considera vulnerados por las autoridades accionadas, ya que los
empleos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC no están ajustados a
derecho, comoquiera que desde el año 1994 a la fecha no se ha regulado su
régimen salarial y prestacional de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución
Política y el numeral 6 del artículo 172 de la Ley 65 de 1993, en concordancia con

1
Índice 2 de la plataforma SAMAI, certificado 2654D69F8A0728D1 646CEC40D7258AAB 788348E72BFF3056
F6B1BE9E51AD4AAD.
2
Se observa que la calidad de miembros principales y suplentes se encuentra en la certificación emitida el 4 de julio de 2023
por la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo, índice 2 de SAMAI, certificado
6969A993B0158CA5 7E7A165D07093805 43DBBBAF1C1B0A35 77BB4AB78DF610F4, folio 4.
3
Índice 3 de SAMAI, certificado E7C7F62C20E1AF90 81602EE7B56D72A8 564951AB455FB212 96856CB1DC32DB2D.

2

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Accionante: Asociación Sindical Penitenciarios y Carcelario (ASPEC)
Accionado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

la Ley 4 de 1992. Por consiguiente y, de cara al contenido normativo vigente, existe
disparidad entre la realidad salarial y las responsabilidades inherentes a los cargos.

2. Hechos

2.1. La parte accionante manifiesta que, en atención a que la actividad del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia del INPEC es clasificada como de alto riesgo, se evidencian
constantes amenazas y ataques sistemáticos contra el personal penitenciario, en
especial, por parte de grupos armados al margen de la ley. Asimismo, al analizar
las condiciones en las que laboran los funcionarios del INPEC, se advierte que su
labor requiere una alta dosis de atención, responsabilidad y capacidad para
enfrentar situaciones de crisis y emergencia, lo que implica un esfuerzo mental y
físico considerable y una disminución en la expectativa de su vida saludable.

2.2. El accionante afirma que el salario que percibe un funcionario del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia es retribución del servicio que se presta al INPEC, representado
en el principio “a trabajo igual salario igual”. No obstante, el régimen salarial actual
evidencia su mala remuneración.

2.3. Las normas vigentes que regulan el empleo público denominado dragoneante
están contenidas en los Decretos 260 y 2741 de 2000, 770 de 2005, 2489 de 2006,
1785 de 2014 y 1083 de 2015.

2.4. La Defensoría del Pueblo considera que los ataques contra funcionarios del
INPEC constituyen una clara infracción contra el Derecho Internacional Humanitario.

Por su parte, medios de comunicación han reportado amenazas contra la integridad
física de aquellos, así como contra las instalaciones de la entidad.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora considera que se vulneraron los derechos fundamentales invocados,
por las siguientes razones:

3.1. Los salarios de los empleos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC no
están ajustados a derecho, razón por la cual la presente acción es el mecanismo
idóneo para salvaguardar prerrogativas de un colectivo que desde el año de 1994 a

3

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la fecha no ha tenido una correcta regulación en su régimen salarial y prestacional,
de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Política y en
el numeral 6 del artículo 172 de la Ley 65 de 1993, en concordancia con la Ley 4 de
1992.

En ese sentido, a un funcionario del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, por ejercer la
actividad en los centros de reclusión del país se le disminuye la expectativa de vida
saludable, sin embargo, el gobierno Nacional, al no adecuarle su salario, afecta su
derecho a la seguridad social.

3.2. El gobierno Nacional a través de múltiples decretos ha modificado los grados
salariales del empleo de dragoneante, pero no los requisitos mínimos del grado ni
ha realizado el ajuste conforme con lo establecido en el artículo 119 del Decreto 407
de 1994.

Al efectuar una comparación con el empleo de guardián de la Dirección Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá, se observa que se le exige tener
el título de bachiller, identificándolo con el grado 15 y un salario de $2.806.193, sin
embargo, ello no coincide con lo dispuesto en el Decreto 367 de 2014, ya que el
grado salarial debería ser 17, con un salario de $3.001.419, en razón al requisito de
estudio.

Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en los decretos emitidos por el gobierno
Nacional, el empleo de dragoneante del INPEC no se encuentra bien remunerado
frente a lo devengado por el de guardián, aunado a que a ambos cargos se les exige
un requisito mínimo que no está acorde con el grado salarial asignado.

El empleo de oficial es, también, objeto de diferencias salariales.

3.3. La desigualdad salarial en el INPEC no es solo un problema laboral, sino una
violación estructural de los derechos humanos, del derecho internacional
humanitario y de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho. En
este contexto, la existencia de escalas salariales refleja criterios arbitrarios y
desvirtúa la observancia de los principios de equidad y proporcionalidad que deben
regir en las relaciones laborales.

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Asimismo, un salario por debajo de lo estipulado atenta contra la dignidad humana,
la cual no puede ser negociada ni disminuida por consideraciones presupuestales.

3.4. La actividad ejercida por los funcionarios del INPEC es clasificada como de alto
riesgo y las funciones desempeñadas son más exigentes y peligrosas que otras
actividades que requieren el mismo nivel educativo y, pese a ello, no se ha dado
aplicación al principio de “a trabajo igual, salario igual”.

Además, existen constantes amenazas y ataques sistemáticos contra el personal
penitenciario, en especial por parte de grupos armados al margen de la ley.

3.5. El DAFP no ha brindado la asesoría y asistencia técnica en materia de gestión
administrativa, desempeño institucional y calidad ante la falta de seguridad jurídica
en materia laboral de los servidores del INPEC.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“1. Solicitamos muy respetuosamente al despacho se tutele los derechos fundamentales
a la vida, al mínimo vital, a la igualdad, como derecho fundamental y como principio
constitucional a la dignidad humana, al trabajo (condiciones dignas y seguras, trabajo
igual salario igual) que han sido vulnerados en perjuicio de los funcionarios del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia del INPEC por parte de los Accionados ya sea por acción o por
omisión.

2.Solicitamos muy respetuosamente al despacho que se conceda esta tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable mientras los afectados
(funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia) acceden a otros recursos judiciales
para obtener una reparación integral.

Si bien existen otros recursos judiciales disponibles, estos no son idóneos ni eficaces
para proteger de manera oportuna los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital,
a la dignidad humana y al principio de 'igual trabajo, igual salario' de los funcionarios del
INPEC. La urgencia de la situación, evidenciada en las constantes amenazas y ataques
sistemáticos contra el personal penitenciario, requiere una intervención inmediata que
los mecanismos ordinarios no pueden garantizar. La acción de tutela se presenta como
un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable mientras los afectados
acuden a otros recursos judiciales en busca de una reparación integral, como las
acciones contencioso-administrativas o las reclamaciones ante la jurisdicción ordinaria
laboral.

3.Solicitamos muy respetuosamente al despacho ordene al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a las entidades accionadas de acuerdo con sus
competencias realizar todas las acciones pertinentes para ajustar los salarios de los
funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia al grado salarial 15, en cumplimiento

5

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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

del requisito educativo exigido (título de bachiller) y conforme a las disposiciones legales
y constitucionales aplicables.

4.Solicitamos muy respetuosamente al despacho que, debido a la actividad
desempeñada por los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia como una
actividad laboral de alto riesgo, en aplicación del artículo 48 Parágrafo Transitorio 5 de
la Constitución Política de Colombia, artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto
2090 de 2003, se garanticen las prestaciones sociales y laborales correspondientes.

5.Solicitamos muy respetuosamente al despacho ordenar a las Accionadas que
implementen medidas urgentes y eficaces para proteger la vida e integridad física de los
funcionarios del INPEC, incluyendo protección frente a amenazas por parte de grupos
armados ilegales, así como acciones para prevenir ataques sistemáticos contra ellos.

6.Solicitamos muy respetuosamente al despacho se declare la vulneración del principio
constitucional "igual trabajo, igual salario" por parte del INPEC y las entidades
accionadas, ordenando su cumplimiento estricto para garantizar igualdad en las
condiciones laborales.

7.Solicitamos muy respetuosamente al despacho ordenar que las entidades accionadas
cumplan con los tratados internacionales ratificados por Colombia, como la Declaración
Universal de Derechos Humanos (artículos 23 y 24) y los Convenios Internacionales OIT
Convenio 100 y 111, que garantizan condiciones dignas de trabajo y el principio "igual
salario por trabajo igual".

8.Solicitamos muy respetuosamente al despacho ordenar al Congreso de la República
que legisle sobre condiciones laborales específicas para los funcionarios penitenciarios,
asegurando garantías plenas en materia salarial y seguridad laboral ya que el Decreto
407 y el Decreto 446 de 1994 no reglamento estas situaciones.”4

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 20 de marzo de 2025 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó a la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de
Valledupar (CPAMS)5, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia de Bogotá D.C., a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres6, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Contraloría
General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Unión de
Trabajadores Penitenciarios (UTP), al Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios
y a la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y
Carcelaria (FECOSPEC). También dispuso la notificación a las partes y a los
vinculados.

4
Índice 2 de la plataforma SAMAI, certificado 2654D69F8A0728D1 646CEC40D7258AAB 788348E72BFF3056
F6B1BE9E51AD4AAD, folios 64 y 65.
5
Nombre tomado de la página web oficial del INPEC, véase en: https://www.inpec.gov.co/establecimientos-
penitenciarios/regional-norte/carcel-penitenciaria-de-valledupar
6
Nombre tomado de la página web oficial https://bogota.gov.co/servicios/puntos-de-atencion/carcel-distrital-de-varones-y-
anexo-de-mujeres

6

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5.2. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Dirección Distrital de Gestión
Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital,7 solicitó su desvinculación porque se
configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues le corresponde a la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia asumir la defensa de la
presente acción de tutela, de conformidad con los artículos 120 y 126 del Decreto
Distrital 479 de 2024.

5.3. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia8 rindió informe, para
lo cual solicitó declarar improcedente la acción de tutela, comoquiera que la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres es una dependencia de la Subsecretaría
de Acceso a la Justicia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia, conforme al Decreto Distrital 413 de 2016. Su operación y funcionamiento
se financian con recursos del Distrito Capital, sin que exista subordinación
administrativa, funcional o presupuestal respecto del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario.

Asimismo, aseveró que el artículo 287 de la Constitución Política establece la
autonomía de las entidades territoriales para gestionar sus intereses, lo cual incluye
la potestad de regular su estructura administrativa y régimen salarial en los términos
definidos por el ordenamiento jurídico. Por su parte, sostuvo que la comparación
entre los cargos de dragoneante del orden nacional, regulado por el Decreto 407 de
1994, y el empleo público de guardián del orden distrital, regulado por el Decreto
Distrital 367 de 2014, es inadecuada e improcedente, pues desconoce que los
regímenes salariales y presupuestales del orden nacional y territorial son
autónomos y responden a competencias diferenciadas.

Finalmente, manifiesta que la acción de tutela es improcedente, pues no cumple
con el requisito de subsidiariedad, ya que no puede utilizarse para modificar políticas
públicas salariales ni para desplazar la competencia que corresponde al Congreso
de la República, al gobierno Nacional y a las autoridades competentes en materia
de función pública. Solicitó su desvinculación.

5.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho9 se refirió a los hechos que consideró
relevantes y aseveró que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.

7
Índice 9 de SAMAI, certificado A98B456FB08327D4 C0B679DEEB775D42 7D08E3CD94DD93B3 4B77356F7D1DD526.
8
Índice 10 de SAMAI, certificado 53D904B9AB9A3510 1681211C4A73E2B1 F5AF8B06040B209C B7D186017C940439.
9
Índice 12 de SAMAI, certificado CDC92554DD89095B D8D9709D17C06922 880A8F84A7021CBD F522F3DBF09C7A66.

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Igualmente, la acción de tutela es improcedente comoquiera que no cumple con los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues, por un lado, la organización
accionante indica que desde el año 1994 no se ha regulado el régimen salarial y
prestacional del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, es decir, han pasado 31 años sin
que se haya acudido a los medios que prevé el ordenamiento jurídico para la
modificación de la legislación existente; por el otro, la actora puede recurrir ante la
jurisdicción contencioso administrativa mediante la acción de nulidad y/o presentar
proyectos de ley que permitan modificar la normatividad existente.

Finalmente, sostiene que en temas salariales y prestacionales, el INPEC está
amparado por un régimen especial y, en ese sentido, prevalece sobre el general.
En esa medida, el servicio que presta el personal de la referida entidad no puede
compararse con los servicios que prestan otras personas en otras entidades.

5.5. La Procuraduría General de la Nación rindió informe10, afirmó que se configura
la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no se encontró queja o solicitud
interpuesta por la parte actora ante dicha entidad. Finalmente, manifestó que la
acción de tutela es improcedente porque no cumple con el requisito de
subsidiariedad.

5.6. La Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y
Carcelaria (FECOSPEC)11 al contestar la presente acción sostuvo que los integrantes
del INPEC deben recibir una compensación que corresponda con su trabajo, dado
que desempeñan y llevan a cabo la labor de custodia y supervisión de los reclusos
en los centros penitenciarios, según lo consagrado en el Decreto 2090 de 2003. En
consecuencia, debe accederse a las pretensiones de la acción de tutela.

5.7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado12 solicitó su desvinculación
porque se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.8. El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)13 se refirió a los
hechos que consideró relevantes y aseveró que actuó de manera diligente y ceñido
a lo previsto en las normas legales que rigen la materia, aunado a que ha cumplido

10
Índice 13 de SAMAI, certificado ABB2A892889AE924 024D879E6DF39077 6BB7C5DE3DB3E521 851537C1D4AB6368.
11
Índice 14 de SAMAI, certificado CAEABBDA4C482CAA 77A91990A535D765 84D131355D75F9A1 3FFCD866D50F8DEF.
12
Índice 15 de SAMAI, certificado 3EF16648A45D488C E58A1DB829BA3EF7 E327B889A3E30C0E 8CD48AC8BBC72F7F.
13
Índice 16 de SAMAI, certificado 52FC3F4BDE1B28E1 9F821B0FD4AA2177 3B2F93EE8A3886B5 D6B87FDE2D5E569E.

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a cabalidad con sus funciones de asesoría y aprobación de la reforma de la planta
de personal del INPEC. En lo que concierne a la expedición del Decreto 150 de 2020,
el Grupo de Talento Humano del DAFP brindó respuesta referente al tipo de
participación y asesoría que realizó, en los siguientes términos:

“El Departamento Administrativo de la Función Pública y a las demás entidades que
intervienen en la aprobación de la reforma de la planta de personal del INPEC no le
corresponde alterar o modificar de manera inconsulta el alcance de la reforma planteada
por el INPEC, que consistió en una propuesta de creación de 2.800 empleos y que dio
como resultado la expedición del Decreto 150 de 2020. En ningún momento la propuesta
del INPEC fue la de “ajustar los salarios de los funcionarios del cuerpo de custodia y
vigilancia al grado salarial 15” como pretende demostrar la Asociación Sindical
Penitenciarios y Carcelario (ASPEC).

[…] Hay que aclarar que, fue el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),
quien solicitó directamente a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la viabilidad presupuestal para la modificación
de la planta de personal del INPEC, con los perfiles de los empleos requeridos, con base
en el estudio técnico y el proyecto de decreto que se presentó en su momento para dicho
trámite ante esa entidad.

Por lo tanto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, NO hizo incurrir en
error alguno a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público para que emitiera concepto de viabilidad presupuestal, para
la creación de los empleos creados en el Decreto 150 de 2020.”

[…] Finalmente es conveniente señalar que actualmente no existe dentro de la
nomenclatura de empleos (Decreto 2489 de 2006 y sus modificatorios), la denominación
“dragoneante código 4114 grado 15”. Únicamente existe para dicha denominación
(Dragoneante código 4114 el grado 11 y 12). De manera que, para crear un empleo con
un grado superior en la misma denominación de empleo, se requeriría necesariamente
la creación de dicho grado salarial en la nomenclatura a través de la expedición de un
decreto del Gobierno Nacional. Circunstancia que solo es posible, cuando el
Gobierno Nacional así lo determine.”14 (Resaltado y subrayado original del texto).

Igualmente, la acción de tutela es improcedente, comoquiera que no cumple con los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

5.9. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)15 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, comoquiera que las solicitudes de modificación
salarial de carácter general para un grupo de servidores públicos, como el Cuerpo
de Custodia y Vigilancia del INPEC, no constituyen, por regla general, una materia
susceptible de ser tramitada a través de dicha acción.

14
Índice 16 de SAMAI, certificado 52FC3F4BDE1B28E1 9F821B0FD4AA2177 3B2F93EE8A3886B5 D6B87FDE2D5E569E.
15
Índice 17 de SAMAI, certificado B3FA7A38C1A9F453 53245A749E85A261 7A88E9C139F74EE6 F91FA295DA765890.

9

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En primer lugar, los funcionarios del INPEC tienen la posibilidad de presentar
solicitudes formales ante las autoridades competentes. En segundo lugar, podría
existir la posibilidad de participar en procesos de negociación colectiva a través de
las organizaciones sindicales que los representen y, finalmente, pueden interponer
las acciones correspondientes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
como la acción de nulidad contra los decretos expedidos por el gobierno Nacional.

5.10. El secretario general del Senado de la República16, al contestar la presente
acción, sostuvo que debe declararse su improcedencia, pues no cumple con el
requisito de subsidiariedad, ya que no es el mecanismo ideado por el constituyente
para promover iniciativas legislativas, conforme lo ha establecido el Consejo de
Estado. Añadió que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.11. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República rindió
informe17, para lo cual solicitó su desvinculación porque se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva ante la inexistencia de una acción u omisión,
imputable a dicha entidad, que pueda generar alguna vulneración a los derechos
fundamentales invocados por los accionantes.

5.12. La parte actora presenta memorial18 mediante el cual manifiesta su
inconformidad respecto a las contestaciones del INPEC, del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, del DAFP, del Senado de la
República y del Ministerio de Justicia y del Derecho.

5.13. La Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Valledupar (CPAMS)19,
la Contraloría General de la República y la Unión de Trabajadores Penitenciarios
(UTP) no se pronunciaron.20

16
Índice 19 de SAMAI, certificado CCBD1DDC249B93EA 0C07286AA7988C35 8D9D8743BD10852F 7487F73025D6601C.
17
Archivo denominado “OFI25-00059244_GFPU”, visible a índice 20 de SAMAI, certificado AEE71A56A8451152
48DB51C814C1C046 2381E6228B07D372 A19C23D914E95C78.
18
Índice 26 de SAMAI, certificado D980225C5BFEE589 A0D8B7B7A48D4A83 17055BF7552A05CF DB0657922C1960AD.
19
Nombre tomado de la página web oficial del INPEC, véase en: https://www.inpec.gov.co/establecimientos-
penitenciarios/regional-norte/carcel-penitenciaria-de-valledupar
20
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que hubieran rendido informe, pese a la
notificación electrónica surtida visible a índice 8 de SAMAI.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01571-00
Accionante: Asociación Sindical Penitenciarios y Carcelario (ASPEC)
Accionado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por la
Asociación Sindical Penitenciarios y Carcelario (ASPEC), a través de Jorge Andrés
Arias Camacho, Óscar Martínez Claros, Carlos Norberto Roya Sierra, Giovanny
Muñoz Hinestroza, Mauricio Quiceno Castaño, Alexander Lázaro Sepúlveda y
Víctor Aldana Aragonés, en calidad de miembros,21 en contra del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, del Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), de la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y del Congreso de la
República de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución,
37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

3.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional i) cuando a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y, en
el segundo, transitoria.

21
Se observa que la calidad de miembros principales y suplentes se encuentra en la certificación emitida el 4 de julio de 2023
por la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo, índice 2 de SAMAI, certificado
6969A993B0158CA5 7E7A165D07093805 43DBBBAF1C1B0A35 77BB4AB78DF610F4, folio 4.

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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3.2. En el sub examine la parte actora cuestiona, en esencia, que a. si bien la
actividad del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC es clasificada como de alto
riesgo, lo cierto es que no se ha dado aplicación al principio de “a trabajo igual,
salario igual”; b. desde el año de 1994 a la fecha no se ha efectuado una correcta
regulación del régimen salarial y prestacional de los funcionarios del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC, según lo establecido en el artículo 122 de la
Constitución Política y en el numeral 6 del artículo 172 de la Ley 65 de 1993, en
concordancia con la Ley 4 de 1992; y c. el gobierno Nacional, al no adecuar el
salario de los funcionarios en comento, afecta su derecho a la seguridad social y los
principios de equidad y proporcionalidad, pues a través de múltiples decretos ha
modificado los grados salariales del empleo de dragoneante, pero no los requisitos
mínimos del grado ni ha realizado el ajuste conforme con lo establecido en el artículo
119 del Decreto 407 de 1994 e, igualmente, el empleo de oficial es, también, objeto
de diferencias salariales.

Por consiguiente, existe disparidad entre la realidad salarial y las responsabilidades
inherentes a los cargos. Por su parte, sostiene que existen constantes amenazas y
ataques sistemáticos contra el personal penitenciario, en especial, por parte de
grupos armados al margen de la ley.

3.3. Pues bien, la Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se
satisface, por cuanto el grupo peticionario no está de acuerdo con el régimen salarial
y prestacional de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC
contenido, entre otros, en los Decretos 260 y 2741 de 2000, 770 de 2005, 2489 de
2006, 1785 de 2014 y 1083 de 2015, en particular, respecto a los empleos públicos
de dragoneante y oficial.

Sobre el asunto, es menester señalar que proceden los medios de control de nulidad
por inconstitucionalidad y nulidad simple contemplados en los artículos 237-2 de la
Constitución Política y 135 y 137 respectivamente del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyos objetivos son declarar la
nulidad de un decreto de carácter general dictado por el gobierno Nacional o de un
acto administrativo de carácter general. Adicionalmente, el ordenamiento jurídico
colombiano prevé la acción pública de inconstitucionalidad, prevista en los artículos
40-6 y 241-5 de la Constitución Política.

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Estos mecanismos permiten, en su orden, controvertir los decretos dictados por el
gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional y
por otro lado, los decretos con fuerza material de ley, con el fin de poder exponer
las razones por las que se considera que el régimen salarial y prestacional en
comento resulta contrario a la Constitución Política y, en esa medida, afecta
derechos fundamentales.

3.4. Por su parte, la Sala observa que la accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional para lograr que el Congreso de la República legisle sobre
condiciones laborales específicas para los funcionarios penitenciarios. Al respecto,
se precisa que el artículo 154 de la Constitución Política22 establece cuatro formas
diferentes en las que puede ocurrir la iniciativa legislativa: i) por los miembros del
Congreso de la República; ii) popular; iii) funcional; y iv) gubernamental.

La primera de estas alude a la facultad de los congresistas de presentar nuevos
proyectos de ley a fin de cumplir con su labor de “hacer las leyes” –en los términos
del artículo 114 de la Constitución Política–. Por ende, dada la naturaleza del
Congreso, cada uno de sus miembros tiene la competencia necesaria para radicar
iniciativas legislativas que representen a su electorado23.

La iniciativa popular es un instrumento que permite materializar la democracia
participativa, cuyo fin es garantizar que el pueblo intervenga directamente en la toma
de ciertas decisiones24. Aunque todo sistema que se autodenomine como
democrático supone un grado de participación, la expresión “participativa” va más
allá de los atributos generales que ostenta cualquier democracia25. Bajo este
modelo democrático, el poder de la ciudadanía no se limita a la elección de sus
representantes, sino a la adopción de las decisiones y a la participación directa en
la toma de estas26.

Por ende, la Constitución otorgó la posibilidad de que los ciudadanos presenten
proyectos de ley ante el Congreso de la República. Esto materializa el mencionado
concepto de democracia participativa, en tanto que “permite la intervención creadora

22
Constitución Política, artículo 154. “Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus
respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los
casos previstos en la Constitución”.
23
Corte Constitucional, sentencia C-031 de 2017.
24
Corte Constitucional, sentencia T-637 de 2001.
25
Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2015.
26
Corte Constitucional, sentencia T-324 de 2019.

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de los ciudadanos en la vida de la sociedad mediante la predeterminación de las
normas jurídicas (…) y la adopción de las reglas de conducta que se consideran
necesarias para un mejor vivir social”27.

Ante la necesidad de que el proyecto propuesto realmente represente los intereses
del pueblo, el constituyente dispuso algunos requisitos para el ejercicio de la
iniciativa legislativa popular, entre ellas, que un número suficiente de personas
impulsen el proyecto, tal como se desprende del artículo 155 de la Constitución
según el cual: “Podrán presentar proyectos de ley (…), un número de ciudadanos
igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha
respectiva”.

A su turno, la iniciativa funcional es la que detentan los principales órganos de la
Rama Judicial, así como los electorales y de control, en materias relacionadas con
sus funciones28. Es decir, gozan de esta facultad la Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el
procurador general de la Nación, el contralor general de la República, el defensor
del pueblo y el fiscal general de la Nación29.

Por su parte, la iniciativa gubernamental es la que detenta el gobierno Nacional.
Esta se caracteriza por ser exclusiva y privativa. Lo cual significa que se prescinde
de la intervención de cualquier otra autoridad para su ejercicio (carácter exclusivo)
y que la regulación de ciertas materias solo es posible siempre que exista el
consentimiento del ejecutivo (carácter privativo)30.

Expuesto lo anterior, es claro que la Constitución Política estableció varias
alternativas para dar inicio al proceso legislativo, de tal forma que la acción de tutela
no es el mecanismo ideado por el constituyente para promoverlo.

27
Corte Constitucional, sentencia C-643 de 2000.
28
Corte Constitucional, sentencia C-031 de 2017.
29
Constitución Política, artículo 156: “La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la
República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones”.
Constitución Política. Artículo 282. Numeral 6: “El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación
de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: (…) 6. Presentar proyectos de ley sobre materias
relativas a su competencia”.
Constitución Política. Artículo 251. Numeral 4: “Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: (…) 4. Participar
en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto”.
30
Corte Constitucional, sentencia C-031 de 2017.

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Así entonces, es claro que a través de la acción de tutela no es posible ordenarle al
Congreso de la República o al gobierno Nacional que regule sobre las condiciones
salariales y prestacionales de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
del INPEC, como lo solicitó la parte actora.

Ahora bien, la acción de tutela tampoco fue prevista para que el juez constitucional
requiera a los diferentes entes públicos para hacer uso de su iniciativa legislativa.
La presentación de proyectos de ley debe responder a las inquietudes que surjan al
interior del Congreso, del Gobierno o de los órganos que gozan de iniciativa
legislativa funcional, o de una parte considerable de la ciudadanía que aúne
esfuerzos sobre una misma materia. Por lo tanto, son estos actores, y no el juez de
tutela, quienes deben movilizarse en aras de la creación de nuevas leyes en las
temáticas que consideren relevantes.

Bajo esta línea argumentativa, esta Subsección señala que el ordenamiento jurídico
ha dotado de diferentes instrumentos y recursos a las personas para salvaguardar
sus intereses, siendo estos a los cuales deben ceñirse. Lo contrario, llevaría a
desnaturalizar el mecanismo tutelar, sobre todo porque, las situaciones planteadas
por la parte accionante no pueden ser óbice para desconocer las reglas establecidas
por el legislador para estas materias.

3.5. Por otro lado, esta Sala encuentra que la solicitud de amparo tampoco es
procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
comoquiera que no se cumplen los requisitos establecidos para su configuración,
en tanto la parte actora no alegó ni mucho menos demostró la existencia de un
perjuicio irremediable ni que la trasgresión a los derechos fundamentales sea de tal
envergadura que pueda notarse prima facie.

3.6. Al respecto, se debe precisar que la verificación del perjuicio irremediable no
está sujeta a que la parte actora manifieste tal afectación, pues este deberá estar
respaldado por elementos probatorios que lo acrediten31, sin embargo, no hay
prueba que dé cuenta de la inminencia y gravedad de la situación particular, que
amerite una urgente atención.

31
Corte Constitucional, sentencia SU-394 de 2016.

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Por ende, esta Subsección encuentra que la solicitud de amparo tampoco es
procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
comoquiera que no se cumplen los requisitos establecidos para su configuración.

4. Finalmente, la parte accionante manifiesta que existen constantes amenazas y
ataques sistemáticos contra el personal penitenciario, en especial por parte de
grupos armados al margen de la ley. Si bien, señala que la Defensoría del Pueblo
considera que los ataques contra funcionarios del INPEC constituyen una clara
infracción contra el Derecho Internacional Humanitario y que algunos medios de
comunicación han reportado amenazas contra la integridad física de aquellos, así
como a las instalaciones de la entidad, lo cierto es que no individualiza a los titulares
de los derechos fundamentales alegados.

Al respecto, esta Subsección ha precisado que “[e]n términos prácticos, le asiste al
juez de tutela estudiar hechos específicos ocurridos a una persona individualizable
y determinable, que impactan en sus derechos fundamentales y que justifica que se
le ordene a una autoridad concreta el amparo de estos.”32 Por lo anterior, es que,
precisamente, los efectos de las sentencias emitidas en virtud de la tutela como
mecanismo de defensa, son inter partes y no inter comunis, pares o erga omnes.
Esto significa que las decisiones del juez constitucional no tienen un alcance
“general, impersonal y abstracto, sino particular y concreto”.

Bajo esta línea argumentativa, no resulta suficiente que la parte accionante
sostenga que el Estado no garantiza sus prerrogativas para que el juez de tutela
pueda analizar la posible vulneración de derechos fundamentales, puesto que la
naturaleza del mecanismo constitucional ejercido radica en un control a hechos
determinables que puedan ser ubicados como generadores de obligaciones de
índole constitucional, elementos que están ausentes en esta acción.

Lo anterior, de ninguna manera desconoce las cargas que la ley y la Constitución
imponen a las autoridades públicas, las cuales deben ser cumplidas y acatadas sin
necesidad de una orden judicial. Cuestión distinta es que la acción de tutela no sea
un mecanismo idóneo para solicitar la protección de derechos de manera abstracta
o para juzgar la ejecución de las autoridades, pues, dichas acciones hacen parte de

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1.° de marzo de
2024, radicado 11001-03-15-000-2024-00397-00.

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políticas públicas o del ejercicio del principio de coordinación administrativa, todo lo
cual escapa del ámbito de competencia del juez de tutela.

5. En consecuencia, el presupuesto de subsidiariedad, como se expuso, no se
encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Salva voto

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado

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