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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01571-01

Fecha
19 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01571-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01571-01 (4777)
Accionante: Gloria Elvira González Orozco
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reajuste asignación de retiro. Subtema
3: defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Gloria Elvira González Orozco contra la sentencia
del 24 de marzo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.

1. Síntesis del caso

La señora Gloria Elvira González Orozco presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a mantener el poder adquisitivo, que consideró
vulnerados con ocasión de las sentencias del 8 de marzo de 2022 y del 28 de agosto
de 2025, proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín y por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-33-33-005-
2018-00397-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01571-01 (4777)
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), mediante Resolución núm.
1066 del 13 de octubre de 1976, reconoció una asignación de retiro en favor del
señor José Rodrigo Orozco Valencia con el grado de sargento mayor del Ejército
Nacional.

3. El señor Orozco Valencia, en el año 2008, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con la cual solicitó que se dejaran sin efecto los oficios
núm. 27486 del 28 de mayo de 2008 y núm. 348337 del 15 de agosto de 2008.
Como restablecimiento del derecho pidió el reajuste de la asignación de retiro en
aplicación del IPC causado entre 2001 y 2007 y, en adelante.

4. El Juzgado Veintisiete Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 9 de
noviembre de 2009, resolvió favorablemente las pretensiones y ordenó pagar la
diferencia de las mesadas causadas desde el 12 de mayo de 2004 hasta el 30 de
diciembre de esa anualidad, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Contra dicha decisión ninguna de las partes propuso recurso de apelación.

5. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de la Resolución 2427 del
2 de agosto de 2010, reajustó la asignación de retiro del señor José Rodrígo Orozco
Valencia. Dicha decisión fue confirmada con la Resolución 3881 del 6 de octubre de
2010.

6. Posteriormente, el señor José Rodrígo Orozco Valencia, presentó escrito ante
CREMIL, con el fin de que ordenara el reajuste de su asignación de retiro con base
en el IPC de los años 1997, 1999, 2001, 2002 y 2003. Sin embargo, la entidad, a
través de los oficios núm. 002692 del 19 de enero de 2016 y núm. 96148 del 26 de
octubre de 2015, negó el requerimiento del peticionario.

7. El señor Orozco Valencia presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra CREMIL, con el fin de que se
dejaran sin efectos los referidos actos administrativos y, en su lugar, se condenara
a la entidad demandada a reajustar su asignación de retiro para los años de 1997,
1999, 2001, 2002 y 2003, con base en el IPC del año inmediatamente anterior en
aquellas anualidades en el que fue superior al incremento realizado por la autoridad
demandada.

8. El Juzgado Quinto Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 8 de
marzo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En
concreto, resolvió lo siguiente: i) declaró probada la excepción de cosa juzgada
parcial respecto de la reclamación por los periodos de 2001 a 2003, ii) declaró la
nulidad del oficio 002692 del 19 de enero de 2016, iii) ordenó a CREMIL reajustar
la asignación de retiro del demandante para los años 1997 y 1999, bajo la condición
de que sea más favorable la actualización con el IPC, que el sistema de oscilación
y, iv) declaró la prescripción de los valores causados con anterioridad al 23 de
diciembre de 2011.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01571-01 (4777)
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

9. La parte demandante, inconforme con la decisión, presentó recurso de
apelación dirigido a cuestionar la determinación de la cosa juzgada parcial.

10.El Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de auto del 20 de enero de
2025, reconoció como sucesora procesal a la señora Gloria Elvira González.

11. Más adelante, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante providencia del
28 de agosto de 2025, modificó parcialmente el fallo de primera instancia y le ordenó
a CREMIL reconocer y pagar, a favor de la masa sucesoral del señor José Rodrigo
Orozco Valencia, la diferencia favorable que resulte sobre las mesadas pensionales.
En los demás aspectos, confirmó la decisión del a quo.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

12. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela1, lo siguiente:

Primera. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, derecho a mantener
el poder adquisitivo de su salario, al mínimo vital y al acceso efectivo a la administración
de justicia, de Gloria González de Orozco, los cuales fueron vulnerados por las
autoridades judiciales accionadas.

Segunda. Dejar sin efectos parcialmente el numeral segundo de la sentencia proferida
por el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín, únicamente en cuanto declaró
probada la excepción de cosa juzgada parcial para los reajustes de los períodos
correspondientes a los años 2001, 2002, 2003 y 2004, por incurrir en: defecto
sustantivo por indebida interpretación de la institución de la cosa juzgada, defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, y violación directa de la
Constitución Política como se sustentaron anteriormente .

Tercera. Dejar sin efectos parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, exclusivamente en cuanto confirmó el numeral segundo
de la sentencia del Juzgado Quinto Administrativo de Medellín, relativo a la declaratoria
de cosa juzgada parcial respecto de reajustes pensionales de los años 2001, 2002,
2003 y 2004, manteniendo incólumes los demás extremos decisorios favorables a la
accionante […]2.

13. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que las
sentencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, porque se apartaron injustificadamente del criterio expuesto por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia del 8 de junio de 2016,
expedida dentro del expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2016-00471-
00(AC), al declarar la excepción de cosa juzgada, sin examinar la particularidad de
los actos administrativos demandados.

14. En este sentido, indicó que, en la referida providencia se fijó como regla de
derecho que: «en los procesos de reliquidación de asignación de retiro, el objeto

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01571-00, índice 2, certificado núm. A2F677F579C4D94C 55818131D6587EC4
4BAB63D434F29547 98211F766B9D0387.
2
Se transcribe incluso con errores
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01571-01 (4777)
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

como elemento a analizar para la cosa juzgada, no está constituido por la pretensión
económica de reajuste, sino por el acto administrativo demandado, de manera que
la expedición de un nuevo acto administrativo rompe la identidad de objeto y excluye
la configuración de la cosa juzgada, aun cuando se persiga el mismo reajuste con
base en el IPC».

15. Asimismo, la actora mencionó que el referido criterio jurisprudencial fue
reiterado en la sentencia de tutela del 22 de abril de 2021, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente
con radicado núm. 11001-03-15-000-2020-04782-01(AC), en la que se ampararon
los derechos fundamentales, tras considerar que «no existe cosa juzgada en
aquellos casos en los que se reclaman derechos prestacionales, en los que no
obstante la existencia de dos medios de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el mismo objeto, entre las mismas partes y causa petendi, se puede
establecer que se trata de actos diferentes y, por tanto, lo que se pide a título de
restablecimiento del derecho, es también distinto»3.

16. Por otro lado, afirmó que las providencias cuestionadas incurrieron en el defecto
de violación directa de la Constitución, porque declararon la procedencia de la figura
procesal de la cosa juzgada sobre el derecho sustancial reclamado, lo cual es
contrario a los artículos 2, 13, 29, 46 48 y 53 superiores.

17. Agregó que las sentencias censuradas desconocieron los derechos de la
demandante y su condición de sujeto de especial protección, dado que tiene más
de 79 años y lleva más de 18 adelantando un proceso para el reajuste pensional
con el IPC.

2.3. Trámite procesal

18. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 3 de marzo de 20264, admitió la solicitud de amparo,
ordenó la notificación al Juzgado Quinto Administrativo de Medellín y al Tribunal
Administrativo de Antioquia y, puso en conocimiento el escrito de tutela a la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), en su condición de tercero con interés.

2.4. Intervenciones

19. El Juzgado Quinto Administrativo de Medellín5 afirmó que no vulneró los
derechos fundamentales de la parte actora, porque la decisión cuestionada respetó
las garantías procesales y sustanciales de las partes.

3
Se aclara que el accionante citó como providencias desconocidas las siguientes: Consejo de Estado, supuestamente
desconocidas: (i) sentencia del 29 de enero de 2018, Sección Segunda, Subsección A, con ponencia del magistrado Roberto
Augusto Serrato Valdés, radicado 11001-03-15-000-2017-03024-00; (ii) sentencias del 27 de septiembre y del 8 de noviembre
de 2018, Sección Quinta, ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, radicados 11001-03-15-000-2018-01588-
01 y 11001-03-15-000-2018-03759-00; (iii) sentencia del 3 de octubre de 2018, Sección Quinta, magistrada Rocío Araujo
Oñate, radicado 11001-03-15-000-2019-03899-00; (iv) sentencia del 12 de marzo de 2020, Sección Segunda, Subsección A,
ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández, radicado 11001-03-15-000-2020 00476-00.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01571-00, índice 5, certificado A5F3A1419404CCD1 E2289B3F68353E48
626A08331B9E9C26 69B046174CDC27B4.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01571-00, índice 10, certificado 111D80D6A4EAAE3 5927691C4BD81B22
72BE9B8E58BB1732 706BD7E569433284.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01571-01 (4777)
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

20. Asimismo, refirió que la solicitud de amparo no cumplió con los requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, debido a que
plantea un debate de naturaleza legal que no tiene un impacto determinante en los
derechos invocados, por lo que no tiene una relevancia constitucional que requiera
la intervención del juez constitucional.

21. Agregó que la accionante no demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, que habilite la procedencia de la acción de amparo. En consecuencia,
solicitó que se declare improcedente la tutela.

22. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL6 indicó que la tutela es
improcedente, toda vez que la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de
revisión para dejar sin efectos los fallos de primera y segunda instancia que
consideran adversos y violatorios de sus derechos.

23. El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

24. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del
24 de marzo de 20267, declaró improcedente la tutela, al considerar que carece de
relevancia constitucional.

25. Al respecto, precisó que los argumentos planteados por la accionante en el
escrito de tutela fueron debidamente estudiados por las autoridades accionadas,
toda vez que se pronunciaron de fondo sobre la inconformidad relacionada con la
configuración de la cosa juzgada parcial, esto es, respecto de unas de las
anualidades reclamadas en el segundo proceso (años 2001 a 2003).

26. Explicó que las decisiones cuestionadas consideraron que se configuraba una
identidad de objeto, pues, si bien los actos administrativos eran distintos, lo cierto
es que todos resolvían la misma reclamación de reajuste pensional con el IPC para
2001, 2002 y 2003. Esa conclusión no fue arbitraria, ya que se trataba del mismo
incremento solicitado.

27.Además, consideró que las sentencias citadas por la accionante para alegar
desconocimiento del precedente no eran obligatorias, porque fueron proferidas en
sede de tutela y ya habían sido analizadas por el Tribunal en la apelación. De modo,
que dichas providencias no constituyen un criterio jurisprudencial vinculante.

28. Por último, dijo que la discusión planteada en la tutela es simplemente una
reiteración de un debate ya resuelto por el juez natural y carece de relevancia
constitucional.

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01571-00, índice 11, certificado DD666824EAC1321A 7FF3949D5AA15804
246B6FD4B3408336 ABDA7BF5685C0430.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01571-00, índice 16, certificado F2A5A07C3450A05D 979C4792BBAC3A6A
DB520FB8B833F470 DA1E0E5C78D28AD9.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01571-01 (4777)
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

2.6. Impugnación

29. La parte actora presentó impugnación8 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su escrito mencionó que la decisión
impugnada efectuó una interpretación restrictiva de los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, sin verificar los alcances de las
decisiones cuestionadas y su verdadero impacto en los derechos fundamentales
invocados y principios superiores como la igualdad, la coherencia en la aplicación
del derecho y la primacía del derecho sustancial.

30. Afirmó que la solicitud de amparo no se limitó a un desacuerdo con los fallos
de las autoridades accionadas, sino que cuestiona la forma en que se aplicó la cosa
juzgada en el reajuste de la asignación de retiro, lo cual afectó el acceso a la justicia
y la primacía del derecho sustancial. Por ello, la tutela no busca reabrir el debate
ordinario, sino examinar la constitucionalidad de la decisión judicial.

31. En este sentido, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
relacionados con el alcance y la determinación del precedente jurisprudencial
referido, que, en su criterio, no fue valorado por los jueces del proceso ordinario ni
por el juez de tutela.

32. Resaltó que casos similares a este, los jueces de tutela han procedido con el
estudio material de los cargos alegados por la parte tutelante, por lo que resulta
evidente que el asunto plantea un problema de evidente relevancia constitucional.

33. Además, mencionó que la decisión impugnada omitió considerar la especial
protección constitucional derivada de la edad de la accionante, quien tiene 79 años.

34. En consecuencia, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su
lugar se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

35. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 28 de agosto
de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01571-00 índice 20, certificado C54B4ECDA990A6BE DA6EA5BB673996F9
4ECF5C9E11A8273F A40FF541F68C760F.
6

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Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

3.2. Legitimación en la causa

36. La legitimación en la causa por activa de la señora Gloria Elviera González de
Orozco está acreditada, porque fue reconocida como parte demandante en el
proceso ordinario en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio,
desconocieron sus derechos fundamentales.

37. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Quinto
Administrativo de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquia, debido a que
fueron las autoridades que profirieron las decisiones, objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

38. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo de
Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos que
sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen
en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

39. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 28 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la
actuación judicial promovida el señor José Rodrigo Orozco Valencia contra
CREMIL, en cuyo trámite y, ante el fallecimiento del demandante se reconoció como
sucesora procesal a la señora Gloria Elvira González.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

40. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.

41.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7

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Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
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iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

42. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

43. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución12.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

44. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

45. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la

11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
8

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controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

46. En el caso particular, la cuestión que se discute tiene de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico que,
a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

47. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

48. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 28 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, fue notificada el 29 de agosto siguiente17, y la demanda de tutela se
presentó el 27 de febrero de 202618, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.

49. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

50. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

51. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación a las causales de los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

17
Samai, exp. 05001-33-33-005-2018-00397-01, índice 24.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01571-00, índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01571-01 (4777)
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

3.5. Problema jurídico

52. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Antioquia
vulneró los derechos fundamentales debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de la parte actora e incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución, al proferir la sentencia del 28
de agosto de 2025, mediante la cual se modificó parcialmente la providencia del 8
de marzo de 2022, expedida por el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín, en
cuanto precisó el destino de las sumas reconocidas por el reajuste pretendido
correspondiente al periodo de 1997 y 1999, y confirmó la determinación relacionada
con la cosa juzgada respecto del reajuste pretendido por los años 2001, 2002 y
2003?

53. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

54. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado21.

55. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

56. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los

21
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
10

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contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]22.

57. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

58. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).23

3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

59. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas24.

60. Al respecto, la Corte Constitucional25 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para
fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las

22
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
24 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
25 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales26.

61. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia27.

62. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»28.

63. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela29.

64. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación30.

65. Finalmente, resulta oportuno destacar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

26 Se transcribe incluso con errores.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
29 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
30 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5.3. Violación directa de la Constitución

66. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene
fundamento en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual
la Carta Política es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y,
ante cualquier «incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de
procedencia ocurre cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un
alcance insuficiente a las reglas, principios y valores consagrados en el texto
superior»31.

67. En un principio, el defecto de violación directa de la constitución fue concebido
como un defecto sustantivo; sin embargo, en la sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200532.
Ahora bien, el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura
en los siguientes eventos:

i) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional;
ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata;
iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución; y
iv) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales33.

68. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución
supone el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el
artículo 4 superior que antepone, de manera preferente, la aplicación de los
postulados de la Constitución Política, sus reglas, principios y valores.

3.6. Caso concreto

69. En el asunto bajo estudio, la señora Gloria Elvira González de Orozco34
presentó escrito en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

31
Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
32
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
33
Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
34
Se aclara que la tutelante al interior del proceso ordinario fue reconocida como sucesora procesal del señor Jose Rodrigo
Orozco Valencia.
13

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derecho contra CREMIL, con la pretensión de dejar sin efectos los oficios núm.
002692 del 19 de enero de 2016 y núm. 96148 del 26 de octubre de 2015 y, en
consecuencia, lograr el reajuste de la asignación de retiro percibida en los años de
1997, 1999, 2001, 2002 y 2003, con base en el IPC del año inmediatamente
anterior.

70. En primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín, mediante
providencia del 8 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Apelada
la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió sentencia el 28
de agosto de 2025, en la que modificó parcialmente el fallo del a quo, en lo que
respecta al destino de las sumas reconocidas y confirmó la determinación
relacionada con la cosa juzgada.

71. Ahora bien, la parte accionante argumentó, en el escrito de tutela, que el
Tribunal accionado, al proferir la sentencia objeto de amparo, incurrió en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente, porque se apartó injustificadamente
del criterio expuesto por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia
del 8 de junio de 201635, al declarar la excepción de cosa juzgada, sin examinar la
particularidad de los actos administrativos demandados.

72. La accionante resaltó que la referida providencia fijó como regla de derecho
que: «en los procesos de reliquidación de asignación de retiro, el objeto como
elemento a analizar para la cosa juzgada, no está constituido por la pretensión
económica de reajuste, sino por el acto administrativo demandado, de manera que
la expedición de un nuevo acto administrativo rompe la identidad de objeto y excluye
la configuración de la cosa juzgada, aun cuando se persiga el mismo reajuste con
base en el IPC».

73. De otra parte, la actora afirmó que la providencia cuestionada fue expedida con
desconocimiento de los artículos 2, 13, 29, 46 48 y 53 superiores, por lo que se
incurrió en el defecto de violación directa de la Constitución.

74. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela 36, se
observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia precisó que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 303 del Código General del Proceso las sentencias
ejecutoriadas hacen tránsito a cosa juzgada y para que se estructure esta figura
procesal, es necesario realizar una confrontación del nuevo proceso con el que
originó la providencia previa, con base en los siguientes elementos, partes, causa y
objeto.

75. A partir de lo anterior, el Tribunal accionado examinó los instrumentos
probatorios aportados al plenario y constató que el señor José Rodrigo Orozco
Valencia promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (radicado
núm. 05001-33-33-31-027-2008-00360) ante el Juzgado Veintisiete Administrativo
de Medellín, en el cual se dictó sentencia el 9 de noviembre de 2009 y cobró

35
Expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2016-00471-00(AC).
36
Sentencia del 17 de julio de 2025.
14

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ejecutoria el 2 de diciembre de 2009. De modo que consideró acreditado el primer
presupuesto procesal.

76. Conforme con lo anterior, la autoridad judicial, en la decisión cuestionada,
efectuó un estudio comparativo entre los procesos instaurados por el señor Orozco
Valencia, en los siguientes términos:

Para constatar los demás requisitos conviene hacer un paralelo entre procesos,
específicamente en lo referido a la pretensión de reajuste de la asignación de retiro
conforme al aumento del IPC:

77. En este sentido, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que las
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho identificadas con los radicados
núm. 05001-33-33-31-027-2008-00360 y núm. 05001-33-33-005-2018-00397
coinciden en que fueron promovidas por el señor José Rodrígo Orozco Valencia
contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, por lo que se configuró
el presupuesto de identidad de partes.

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78. Por otro lado, se observa que la providencia cuestionada se pronunció sobre el
presupuesto de identidad de objeto, para lo cual hizo énfasis en la naturaleza y la
particularidad de los actos administrativos demandados en uno y otro proceso, bajo
las siguientes consideraciones:

Lo mismo ocurre con relación a la identidad de objeto. Esta identidad exige que los
procesos versen sobre la misma pretensión y esto se ve respecto de unos años
específicos.

Aunque se atacan manifestaciones de voluntad disímiles, al tratarse de diferentes actos
administrativos, lo cierto es que estos apuntan a resolver una misma reclamación de
interés al demandante. Particularmente resuelven sobre el reajuste de su asignación
de retiro en aplicación del aumento del IPC, coincidiendo los actos en la reclamación
de los años desde 2001 hasta 2003.

Tanto en el proceso que dio lugar al fallo del 9 de noviembre de 2009 como en el
presente, lo que buscó el señor OROZCO VALENCIA es que CREMIL proceda a
reajustar la asignación de retiro reconocida mediante la Resolución 1066 del 13 de
octubre de 1976 en el sentido de incrementarla anualmente con la variación del IPC del
año anterior cuando sea superior al aplicado siguiendo la variación porcentual de los
salarios, esto es, el principio de oscilación.

Concretamente, en el anterior proceso se pidió el reajuste para los años 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y en adelante hasta la fecha de la reliquidación.
En el actual proceso, se pide el reajuste para los años 1997, 1999, 2001, 2002 y 2003.
Luego, uno y otro convergen en la reclamación de reajuste, con base en el IPC, por el
periodo que va de 2001 a 2003.

De manera que en el proceso anterior el pronunciamiento judicial se centró en la
procedencia de ordenar la reliquidación o reajuste de la asignación de retiro desde
2001 teniendo en cuenta el incremento anual del IPC, aplicando el artículo 14 de la Ley
100 y la Ley 238. Esta es la misma situación que debería desatarse en este proceso,
en caso de aceptar la procedencia del nuevo enjuiciamiento respecto de los años
concurrentes.

79. En efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia afirmó que, si bien los actos
administrativos cuestionados son distintos, lo cierto es que todos buscan resolver la
misma pretensión del demandante, consistente en el reajuste de su asignación de
retiro aplicando el IPC. Además, ambos procesos coincidían en la reclamación
correspondiente a los años 2001, 2002 y 2003.

80. En este sentido, la providencia objeto de tutela destacó que, tanto en el proceso
decidido en 2009 como en el actual, la parte demandante pretendía que CREMIL
reliquidara su asignación de retiro reconocida en 1976, con base en la variación
porcentual del IPC cuando esta superara el incremento derivado del principio de
oscilación. En el proceso anterior se reclamaron los reajustes correspondientes al
periodo comprendido entre 2001 y 2008 y en adelante, mientras que en el proceso
actual se solicitaron los relativos a los años 1997, 1999, 2001, 2002 y 2003. De este
modo, ambos casos coincidían en la reclamación correspondiente al periodo
2001-2003.
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81. Así pues, el Tribunal afirmó que la discusión jurídica en las dos demandas de
nulidad y restablecimiento del derecho se centraban en determinar la procedencia
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 238 de 1995, para definir la prestación
económica reclamada por el demandante.

82. Aunado a lo anterior, la providencia objeto de tutela, se pronunció sobre el
carácter imprescriptible de la asignación de retiro y la procedencia de la cosa
juzgada.

83. Sobre el particular, el Tribunal adujo que dichos institutos jurídicos son
diferentes, pues las prerrogativas económicas derivadas del derecho pensional
pueden prescribir con el paso del tiempo, pese a que el derecho no tenga esa
condición. Por otro lado, la cosa juzgada corresponde al efecto que tiene una
sentencia que define el conflicto jurídico que se planteó ante el juez, el cual prohíbe
volver decidir un asunto previamente resuelto. Al respecto, la providencia censurada
indicó lo siguiente:

Esta consideración no se comparte porque prescripción y cosa juzgada son
instituciones procesales disímiles y no deben confundirse. El hecho de que un derecho
pensional sea pasible de reclamarse en cualquier tiempo no significa que las
prerrogativas derivadas de él corran la misma suerte; por el contrario, y por ejemplo,
las mesadas están sometidas a prescripción. Por otra parte, una vez se ejerce el
derecho de acción lo cierto es que la sentencia que define el conflicto de fondo surte
los efectos procesales que le son propios; esto ocurre aun cuando el derecho debatido
es de aquellos imprescriptibles.

Dicho con otras palabras, quien detenta un derecho imprescriptible puede ejercerlo sin
perjuicio del paso del tiempo. No obstante, cuando para su garantía acude a la
administración de justicia y esta última define la situación a través de una sentencia
que tiene fuerza de cosa juzgada, la consecuencia es que el titular del derecho no
pueda reabrir el mismo debate en otro proceso. Lo contrario sería aceptar que una
controversia jurídica pueda someterse indefinidamente ante las autoridades judiciales,
con eventuales decisiones opuestas y en un claro desmedro de la seguridad jurídica.

Justamente la sentencia que expidió el Juzgado Veintisiete Administrativo de Medellín
el 9 de noviembre de 2009 se rige por los efectos que determina el artículo 175 del
entonces vigente Decreto 01 de 1984. De acuerdo con el inciso 1º de la norma, «[l]a
sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes.»

84. Con base en lo mencionado, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró
que la controversia sometida a debate sobre los años 2001 a 2003 ya fue resuelta
por el Juzgado Veintisiete Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 9 de
noviembre de 2009, que resolvió sobre el derecho reclamado, como es el reajuste
de la asignación de retiro del demandante con el IPC para tal periodo, el cual resultó
favorable a este. En consecuencia, consideró que se configuraba una identidad de
objeto.

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85. Adicional a lo expuesto, la autoridad judicial accionada, también indicó que
existía una identidad de causa, porque «la demanda presentada ante el Juzgado
Veintisiete Administrativo tuvo como fundamento el hecho de que la asignación de
retiro del demandante era reajustada en aplicación del principio de oscilación, lo que
generaba un aumento inferior al porcentaje del IPC, en desconocimiento de las
Leyes 100 y 238. Esta situación es, a su vez, la que impulsa la demanda del actual
proceso ya que se sostiene que, para los años discutidos, el aumento sobre la
asignación de retiro fue inferior al aumento del IPC».

86. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que la sentencia del 9 de
noviembre de 2009, proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo, tiene la
condición jurídica de cosa juzgada respecto de la pretensión de reajustar la
asignación de retiro conforme al incremento del IPC correspondiente a los años
2001, 2002 y 2003. En consecuencia, afirmó que no había lugar a emitir
pronunciamiento de fondo respecto a esa petición concreta de la parte actora.

87. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia 28 de agosto de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora, pues la decisión de confirmar la providencia
de primera instancia37, en lo que respecta a la declaratoria de la figura de la cosa
juzgada, en cuanto al reajuste de la asignación de retiro por el periodo
correspondiente a los años de 2001 a 2003, estuvo soportada en un estudio
razonable de los hechos, la normativa y las pruebas aportadas al proceso.

88. Lo anterior, por cuanto resulta evidente que la autoridad judicial accionada
efectuó una valoración razonable de los presupuestos jurídicos establecidos en el
artículo 303 del Código General del Proceso y al analizar el caso concreto constató
que se configuraba una identidad de partes, objeto y causa entre la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida ante el Juzgado Quinto
Administrativo de Medellín y la decidida en el año 2009 por el Juzgado Veintisiete
Administrativo de Medellín.

89. Esto, debido a que el señor José Rodrígo Orozco Valencia acudió a la
administración de justicia en dos oportunidades distintas a solicitar la misma
pretensión, consistente en el reajuste de su asignación de retiro por los años de
años 1997, 1999, 2001, 2002 y 2003, con fundamento en la variación porcentual del
IPC cuando este supere el aumento derivado del principio de oscilación.

90. Dicho esto, conviene precisar que la Corte Constitucional38 ha definido el
precedente como el mecanismo que le permite a los funcionarios judiciales resolver
los casos, con fundamento en una sentencia o en conjunto de ellas anteriores a la
solución de un nuevo proceso, que «por su pertinencia y semejanza [con] los
problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo»39.

37
Sentencia del 8 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín.
38
Corte Constitucional, sentencia SU-304-2024.
39
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
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91. De esta manera, la Corte ha indicado que para reconocer la existencia de
precedente y no un mero antecedente judicial, se requiere verificar que en la ratio
decidendi del conjunto anterior de fallos judiciales40, o en aquél que tiene la
condición de soporte de una nueva línea jurisprudencial41, se haya fijado una regla
de derecho para resolver controversias subsiguientes con similitud fáctica y de
problemas jurídicos42.

92. En el caso bajo estudio, la parte actora, en el escrito de tutela, manifestó que la
providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el criterio
jurisprudencial establecido en las sentencias de tutela del 8 de junio de 2016 43, y
del 22 de abril de 202144, proferidas por el Consejo de Estado, en las cuales se
indicó que en estos asuntos de reliquidación de asignación de retiro no opera la
figura de la cosa juzgada.

93. Al respecto, es pertinente mencionar que dichas providencias corresponden a
acciones de tutela con efectos interpartes. Además, los jueces de tutela, de manera
particular y concreta, efectuaron un estudio de los hechos y las pretensiones
expuestos por la parte demandante en los diferentes procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho cuestionados y, lograron constatar que no había
identidad de objeto, dado que la pretensión de resarcimiento era diferente, pues se
perseguía otro tipo de prestación de naturaleza económica. Dicha circunstancia no
ocurrió en el caso de la señora Gloria Elvira González.

94. Así pues, es posible inferir que el asunto resuelto por la autoridad accionada,
en esta oportunidad, no tiene una similitud fáctica y jurídica con relación a los casos
que la señora Gloria Elvira González indicó como desconocidos. Asimismo, se
resalta que se trata de acciones de tutela en cuyo contenido no se estableció una
regla de derecho, que hubiese podido ser aplicada a este asunto, por lo que tales
decisiones no podían considerarse precedente vinculante para el Tribunal
accionado.

95. Ahora bien, llama la atención de la Sala que la accionante, a través de esta
acción de tutela, pretenda desvirtuar una decisión judicial que se encuentra ajustada
a derecho, sin tener en cuenta que el señor José Rodrígo Orozco Valencia no hizo
uso del recurso de apelación en su momento contra la sentencia del 9 de noviembre
de 2009, proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo de Medellín, en cuyo
escenario hubiese podido insistir y precisar los alcances de la pretensión de reajuste
de la asignación que retiro que, en su criterio, pretendía se estudiara en un segundo

40
Corte Constitucional, sentencias T-534 de 2010, T-673 de 2011, SU-158 de 2013, T-538 de 2015, SU-428 de 2016 y SU-
499 de 2016.
41
Así ocurrió, entre otras, con las sentencias SU-120 de 2003, T-415 de 1992, y SU-146 de 2020.
42
En la sentencia SU-061 de 2023, se dijo que: “para determinar cuándo una sentencia -o varias sentencias- constituyen
precedente aplicable, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes criterios a) que en la ratio decidendi de la decisión
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; b) que la ratio decidendi resuelva un problema
jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y; c) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente.”
43
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de junio de 2016, radicado núm. 11001-03-15-000-2016-00471-
00(AC).
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2021, radicado núm. 11001-03-15-000-
2020-04782-01 (AC).
19

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01571-01 (4777)
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en lo que respecta a los años de
2001, 2002 y 2003, para que el superior jerárquico se hubiera pronunciado sobre
el tema.

96. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de la normativa legal aplicable al caso
concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia objeto de
tutela no resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

97. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

98. Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia no vulneró los derechos fundamentales invocados por
la accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, que exija la intervención del juez
de tutela.

99. En consecuencia, se modificará la sentencia del 24 de marzo de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y, en su lugar, se negará
la solicitud de amparo promovida por la accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 24 de marzo de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por Gloria Elvira González de
Orozco contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, por los motivos
indicados en las consideraciones de esta providencia
20

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01571-01 (4777)
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y Cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Édison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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