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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01571-00

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01571-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la señora Gloria Elvira González de Orozco, por incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, por lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01571-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01571-00
Accionante: GLORIA ELVIRA GONZÁLEZ DE OROZCO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / declara improcedente por falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por la señora Gloria Elvira González
de Orozco contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Quinto
Administrativo de Medellín, de conformidad con lo consagrado en los artículos 86
de la Constitución Política y 29 del Decreto 2591 de 19911.

ANTECEDENTES
La demanda

1. El 27 de febrero de 2026, la señora Gloria Elvira González de Orozco presentó
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el derecho a mantener
el poder adquisitivo, los cuales considera vulnerados por las sentencias del 8 de
marzo de 2022 y del 28 de agosto de 2025, dictadas por el Juzgado Quinto
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente, en cuanto declararon probada la excepción de cosa juzgada frente
algunas pretensiones relacionadas con el reconocimiento del reajuste de la
asignación de retiro con el IPC, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-005-2018-00397-00,
promovido por el señor José Rodrigo Orozco Valencia (fallecido).

Hechos relevantes

2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor José Rodrigo Orozco Valencia demandó a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, en adelante CREMIL, con el fin de obtener el reajuste de su asignación de
retiro con el índice de precios al consumidor, IPC, correspondiente a los años 1997
a 2004.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 11 de marzo de 2026.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01571-00
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

3. Mediante sentencia proferida por el Juzgado 27 Administrativo de Medellín, se
concedió el reajuste y pago de las diferencias causadas entre el 12 de mayo de
2004 y el 30 de diciembre de 2004, por efectos de la prescripción. La providencia
quedó en firme sin que se ejerciera el recurso de apelación.

4. Posteriormente, el señor José Rodrigo Orozco Valencia, agotó la vía
administrativa para que le reajustaran su prestación con el IPC para los años 1997,
1999, 2001, 2002 y 2003, y como no obtuvo respuesta favorable, ejerció
nuevamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con ese
objetivo.

5. La demanda correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Medellín, que
tramitó el proceso bajo el radicado 05001-33-33-005-2018-00397-00, y con
sentencia del 8 de marzo de 2022, declaró probada la excepción de cosa juzgada
en forma parcial, esto es, frente a los reajustes solicitados respecto de los años
2001, 2002 y 2003.

6. Inconforme con la decisión, el interesado la apeló y el Tribunal Administrativo de
Antioquia la confirmó parcialmente, conservando lo decidido frente a la excepción
de cosa juzgada en relación a la pretensión de reajuste para los años 2001, 2002 y
2003.

7. La actora, quien fue reconocida como sucesora procesal en el curso de la
segunda instancia del proceso ordinario, considera que las decisiones censuradas
vulneran sus derechos fundamentales y se encuentran viciadas de los defectos
sustantivo y violación directa de la Constitución.

Pretensiones

8. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):

Primera. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, derecho a
mantener el poder adquisitivo de su salario, al mínimo vital y al acceso efectivo
a la administración de justicia, de Gloria González de Orozco, los cuales fueron
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

Segunda. Dejar sin efectos parcialmente el numeral segundo de la sentencia
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín, únicamente en
cuanto declaró probada la excepción de cosa juzgada parcial para los reajustes
de los períodos correspondientes a los años 2001, 2002, 2003 y 2004, por
incurrir en: defecto sustantivo por indebida interpretación de la institución de la
cosa juzgada, defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
y violación directa de la Constitución Política como se sustentaron
anteriormente .

Tercera. Dejar sin efectos parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, exclusivamente en cuanto confirmó el numeral
segundo de la sentencia del Juzgado Quinto Administrativo de Medellín,
relativo a la declaratoria de cosa juzgada parcial respecto de reajustes

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01571-00
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

pensionales de los años 2001, 2002, 2003 y 2004, manteniendo incólumes los
demás extremos decisorios favorables a la accionante.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. Según la parte actora, las providencias censuradas adolecen de los siguientes
defectos:

10. Sustantivo. Reprocha una supuesta indebida aplicación e interpretación de las
normas que regulan la institución de la cosa juzgada, dado que no se consideró que
las pretensiones tuvieron origen en actos administrativos distintos y que, además se
trata de una controversia sobre prestaciones periódicas. Invocó la sentencia de
tutela del 8 de junio de 2016, proferida por la Sección Primera de esta Corporación,
en el proceso 11001-03-15-000-2016-00471-00(AC), con ponencia del consejero
Roberto Augusto Serrato Valdés.

11. Expresó que en las providencias censuradas no se dio aplicación al precedente
antes enunciado (sentencia del 8 de junio de 2016), dado que allí se estableció
como regla que la identidad de objeto como elemento estructural de la cosa juzgada,
no se verifica frente a la pretensión económica de la reliquidación sino en relación
con los actos demandados.

12. En el caso particular, el pensionado agotó nuevamente la vía administrativa,
luego entonces, los actos proferidos en esta oportunidad son diferentes a los
atacados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho anterior. De
manera que, a su juicio, el hecho de haber desconocido el precedente fijado en el
fallo de tutela, ocasionó que las autoridades judiciales accionadas tomaran una
decisión contraria a derecho, dado que declararon la excepción de cosa juzgada sin
que se presentara la identidad de objeto, pues los actos acusados fueron distintos.

13. Adujo que el precedente fue reiterado en la sentencia de tutela del 22 de abril
de 2021, proferida por la subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, en la que se
ampararon los derechos fundamentales, tras considerar que «no existe cosa
juzgada en aquellos casos en los que se reclaman derechos prestacionales, en los
que no obstante la existencia de dos medios de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el mismo objeto, entre las mismas partes y causa petendi, se
puede establecer que se trata de actos diferentes y, por tanto, lo que se pide a título
de restablecimiento del derecho, es también distinto».

14. Citó otras providencias del Consejo de Estado, supuestamente desconocidas:
(i) sentencia del 29 de enero de 2018, Sección Segunda, Subsección A, con
ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado 11001-03-15-
000-2017-03024-00; (ii) sentencias del 27 de septiembre y del 8 de noviembre de
2018, Sección Quinta, ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio,
radicados 11001-03-15-000-2018-01588-01 y 11001-03-15-000-2018-03759-00;
(iii) sentencia del 3 de octubre de 2018, Sección Quinta, magistrada Rocío Araujo
Oñate, radicado 11001-03-15-000-2019-03899-00; (iv) sentencia del 12 de marzo

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01571-00
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

de 2020, Sección Segunda, Subsección A, ponencia del magistrado Gabriel
Valbuena Hernández, radicado 11001-03-15-000-2020 00476-00.

15. Violación directa de la Constitución. Concretamente, reprocha que las
autoridades judiciales accionadas hayan privilegiado la cosa juzgada sobre el
derecho sustancial reclamado. Proceder con el que considera, vulneraron los
artículos 2, 13, 29, 46 48 y 53 de la Carta Superior.

16. Agregó que las sentencias censuradas desconocieron los derechos de la
demandante y su condición de sujeto de especial protección, dado que tiene más
de 79 años de edad y lleva más de 18 años adelantando un proceso para el reajuste
pensional con el IPC, que aún no logra, materialmente hablando.

17. Acusó que las autoridades judiciales renunciaron al control de constitucionalidad
que les compete, por cuanto no realizaron la ponderación de los derechos de la
demandante y prefirieron cerrar injustificadamente el acceso a la administración de
justicia, con la declaratoria de cosa juzgada.

Trámite en primera instancia

18. Mediante auto del 3 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín,
y se vinculó, en calidad de tercera con interés, a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares – CREMIL, dado que intervino como demandada en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-005-2018-00397-00/01.

19. De igual forma, se ordenó al Juzgado Quinto Administrativo de Medellín que
remitiera copia digitalizada del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 05001-33-33-005-2018 00397-00/01.

Intervenciones

20. El Juzgado Quinto Administrativo de Medellín adujo que no incurrió en
vulneración alguna, porque se respetaron los derechos fundamentales invocados.

21. En todo caso, advirtió que la tutela no cumple los requisitos generales de
procedibilidad, porque plantea una discusión de tipo legal que no impacta la garantía
de los derechos fundamentales y no tiene la relevancia constitucional exigida en
estos casos.

22. Aunado a lo anterior, señaló que la parte actora no demostró la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, que habilite la procedencia de la acción de amparo.

23. El Tribunal Administrativo de Antioquia no intervino, pese a ser notificado en
debida forma2.

2 Índice 7 SAMAI.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01571-00
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

24. La apoderada de CREMIL señaló que la tutela es improcedente, toda vez que
la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión para dejar sin efectos
los fallos de primera y segunda instancia que consideran adversos y violatorios de
sus derechos.

CONSIDERACIONES

Competencia

25. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20193.

Problema jurídico y metodología de la decisión

26. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

27. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a las providencias del 8 de marzo
de 2022 y de 28 de agosto de 2025 y si, por consiguiente, el Tribunal Administrativo
de Antioquia y el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín vulneró los derechos
fundamentales invocados por la accionante.

28. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias judiciales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

29. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20054, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

30. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar5; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una

3 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
4 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
5 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la

SU-215 de 2022.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01571-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

sentencia de tutela6, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 7 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.

Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

31. Legitimación en la causa. La señora Gloria Elvira González de Orozco se
encuentra legitimada para interponer la acción de tutela, toda vez que es el titular
de los derechos que considera vulnerados, en su condición de sucesora procesal
del señor José Rodrigo Orozco Valencia8, quien fue demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-005-2018-00397-
00/01, en el que se adoptaron las decisiones cuestionadas.

32. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia fueron las autoridades judiciales que profirieron las sentencias del 8 de
marzo de 2022 y 28 de agosto de 2025, a las que la parte actora atribuye la
vulneración de sus derechos fundamentales.

33. Inmediatez. En este caso, la Sala considera que se cumple el requisito, toda
vez que la sentencia de segunda instancia cuestionada fue proferida el 28 de agosto
de 2025 y notificada al día siguiente9, razón por la cual, se concluye que si la tutela
se radicó el 27 de febrero de 2026, se ejerció en un término razonable.

34. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.

35. Subsidiariedad10. La tutela procede cuando la interesada no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la

6 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
7 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
8 Previo requerimiento de poder, en auto del 20 de enero de 2025, se le reconoció como sucesora

procesal a la señora Gloria Elvira González, quien acreditó ser la cónyuge del demandante.
9 Samai, índice 10.
10 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta

Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01571-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

36. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

37. La presente acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, pues se
agotaron todos los medios judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico
para proponer la controversia que aquí se planteó.

38. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga
argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

39. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente11 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

40. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.

Caso concreto

41. En esta oportunidad, la señora Gloria Elvira González presentó acción de tutela
a fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, vulnerados, a su juicio, por las sentencias
censuradas, proferidas por el Juzgado Quinto de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en las que se declaró probada la excepción de cosa

junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
11 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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juzgada respecto de los reajustes de la asignación de retiro percibida en vida por su
cónyuge José Rodrigo Orozco Valencia, con el incremento de IPC para los años
2001 a 2003.

42. En suma, la señora Gloria Elvira González de Orozco reprocha que las
autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente jurisprudencial
según el cual, cuando se trata de prestaciones periódicas y se demandan actos
administrativos diferentes (resultado de actuaciones administrativas distintas), no se
configura la cosa juzgada, por cuanto no se presenta la identidad de objeto exigida
para tal efecto.

43. En ese sentido, para la Sala es evidente que, a través de la acción constitucional
de la referencia, la accionante pretende revivir el debate suscitado en el proceso de
origen, toda vez que los argumentos esgrimidos en la demanda no evidencian la
vulneración de una garantía fundamental, sino más bien su inconformidad con la
decisión adoptada, que se fundamenta en los mismos aspectos que motivaron el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 8 de marzo de 2022,
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín.

44. En efecto, de la lectura de la sentencia de primera instancia proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-005-
2018-00397-00, ejercido por el señor José Rodrigo Orozco Valencia, se colige que
el juzgado accionado declaró probada la excepción de cosa juzgada parcial, al
encontrar que en un proceso anterior, con sentencia debidamente ejecutoriada, se
ventiló la misma controversia que estaba conociendo en esa oportunidad, esto es,
el reajuste de la asignación de retiro con el incremento del IPC, dado que, el exmilitar
ya había solicitado en sede judicial el reajuste de la prestación para los años 2001
a 2003. Así discurrió el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín:

Identidad de objeto: (…)

Revisado el acápite correspondiente a las pretensiones, se puede evidenciar
que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el
actor de manera inicial, solicitó se declarara la nulidad de los actos
administrativos contenidos en los Oficios No. 17337 del 28 de mayo de 2008, y
26927 del 15 de agosto de 2006 y que como consecuencia de ello, se ordenara
a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares “CREMIL”, procediera a reajustar
la asignación de retiro que le fue reconocida al señor José Rodrigo Orozco,
conforme al Índice de Precios al Consumidor entre los años 2001 y 2008. (Fl.
30):

En el presente medio de control, la parte actora pretende se declare la nulidad
de los actos administrativos contenidos en los Oficios No. 002692 2016-2693
del 19 de enero de 2016 y 96148 del 26 de octubre de 2015 y que como
consecuencia de ello, se ordene a la entidad demandada, reajuste la
asignación de retiro que le fue reconocida con los porcentajes del IPC desde el
año de 1997 hasta el año 2003, conforme lo previsto en la Ley 100 de 1993 y
238 de 1995.
(…)

Ahora, si bien es cierto en la demanda presentada ante el Juzgado Veintisiete
Administrativo y en la que aquí se estudia, se instauraron pretensiones

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01571-00
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

tendientes a obtener la nulidad de actos administrativos distintos, en virtud de
peticiones presentadas en diferentes momentos, dicha circunstancia no impide
la configuración de la cosa juzgada, pues lo que se debe verificar cuando se
trata de identidad de objeto es que la demanda verse sobre la misma pretensión
material o inmaterial, y se presenta cuando sobre lo pretendido existe un
derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre
una relación jurídica, presupuesto que se configura en el presente caso.

Se insiste, si bien al efectuarse la confrontación de ambos procesos no existe
concordancia con respecto de los actos administrativos demandados en cuanto
a su numeración, el objeto de lo pretendido coincide como una misma causa
petendi, en cuanto en ambos procesos solicita el demandante se ordene a la
Caja de Retiros de las Fuerzas Militares (CREMIL), reliquidar la asignación de
retiro de acuerdo con el Índice de precios al consumidor (IPC), con la diferencia
que las pretensiones de la demanda en el presente caso solo incluye los años
1997 a 2003 y en el proceso anterior solicitaba tal reajuste para los años 2001
a 2008, siendo evidente que el demandante, acudió de nuevo a la
administración para plantear litigio frente al mismo derecho ya reclamado en lo
que atañe con los años indicados, lo cual ya fue objeto de pronunciamiento por
parte de esta jurisdicción mediante sentencia proferida por el Juzgado
Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín el día 9 de noviembre de
2009, lo que implica, entonces, que adquiere fuerza de cosa juzgada por lo
menos parcial respecto de los años 2001 a 2003 períodos sin que sea posible
adelantar un nuevo litigio sobre la base de los mismos hechos y pretensiones;
decisión dicho sea de paso quedó en firme, ya que contra la misma no se
interpuso recurso alguno.
(…)

45. Inconforme con la decisión, la apoderada del señor José Rodrigo Orozco
Valencia la apeló con el siguiente argumento:

1.- El Juzgado incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, al resolver el asunto, sin atender a la ratio decidendi que
estableció el Consejo De Estado en los fallos que se invocaron desde la
presentación de la demanda y en los alegatos de conclusión , referentes a que
no se configura la cosa juzgada y menos de cosa juzgada parcial por la
existencia de dos medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
cuando como en este caso, se evidencia que a pesar de que se trata de las
mismas partes, los cuestionamientos recaen sobre actos administrativos
distintos y, por consiguiente, lo que se persigue título de restablecimiento es
diferente.

46. Como sustento, invocó los mismos pronunciamientos judiciales que citó en la
demanda de la tutela de la referencia. También solicitó que se precisara la orden de
descuento de los aportes con destino a salud y la prescripción de las diferencias
resultantes por el reajuste ordenado (años 1997 y 1999).

47. Sobre todos estos aspectos se pronunció el Tribunal accionado en la
providencia del 28 de agosto de 2025, que es objeto de censura, con razonamientos
que no se observan caprichosos ni arbitrarios. Frente a los reparos por la
declaratoria de la cosa juzgada, discurrió:

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01571-00
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Lo mismo ocurre con relación a la identidad de objeto. Esta identidad exige
que los procesos versen sobre la misma pretensión y esto se ve respecto de
unos años específicos.

Aunque se atacan manifestaciones de voluntad disímiles, al tratarse de
diferentes actos administrativos, lo cierto es que estos apuntan a resolver una
misma reclamación de interés al demandante. Particularmente resuelven
sobre el reajuste de su asignación de retiro en aplicación del aumento del IPC,
coincidiendo los actos en la reclamación de los años desde 2001 hasta 2003.

Tanto en el proceso que dio lugar al fallo del 9 de noviembre de 2009 como
en el presente, lo que buscó el señor OROZCO VALENCIA es que CREMIL
proceda a reajustar la asignación de retiro reconocida mediante la Resolución
1066 del 13 de octubre de 1976 en el sentido de incrementarla anualmente
con la variación del IPC del año anterior cuando sea superior al aplicado
siguiendo la variación porcentual de los salarios, esto es, el principio de
oscilación.

Concretamente, en el anterior proceso se pidió el reajuste para los años 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y en adelante hasta la fecha de la
reliquidación. En el actual proceso, se pide el reajuste para los años 1997,
1999, 2001, 2002 y 2003. Luego, uno y otro convergen en la reclamación de
reajuste, con base en el IPC, por el periodo que va de 2001 a 2003.

De manera que en el proceso anterior el pronunciamiento judicial se centró
en la procedencia de ordenar la reliquidación o reajuste de la asignación de
retiro desde 2001 teniendo en cuenta el incremento anual del IPC, aplicando
el artículo 14 de la Ley 100 y la Ley 238. Esta es la misma situación que
debería desatarse en este proceso, en caso de aceptar la procedencia del
nuevo enjuiciamiento respecto de los años concurrentes.

Uno de los planteamientos de quien apela es que, por ser un derecho
imprescriptible, no es procedente declarar cosa juzgada.

Esta consideración no se comparte porque prescripción y cosa juzgada son
instituciones procesales disímiles y no deben confundirse. El hecho de que un
derecho pensional sea pasible de reclamarse en cualquier tiempo no significa
que las prerrogativas derivadas de él corran la misma suerte; por el contrario
y por ejemplo, las mesadas están sometidas a prescripción. Por otra parte,
una vez se ejerce el derecho de acción lo cierto es que la sentencia que define
el conflicto de fondo surte los efectos procesales que le son propios; esto
ocurre aun cuando el derecho debatido es de aquellos imprescriptibles.

Justamente la sentencia que expidió el Juzgado Veintisiete Administrativo de
Medellín el 9 de noviembre de 2009 se rige por los efectos que determina el
artículo 175 del entonces vigente Decreto 01 de 1984. De acuerdo con el
inciso 1º de la norma, «[l]a sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.»

De acuerdo con lo dicho, para la Sala es claro que la controversia sometida a
debate sobre los años 2001 a 2003 ya fue desatada por el Juzgado Veintisiete
Administrativo, mediante sentencia que resolvió sobre el derecho reclamado,
como es el reajuste de la asignación de retiro del demandante con el IPC para
tal periodo.

48. Como se observa, el ad quem resolvió sobre los argumentos e inconformidades
expresadas por la parte actora en el recurso de alzada, que son las mismas
presentadas en esta instancia de tutela, de ahí que se advierta la falta de relevancia
constitucional de la controversia planteada.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01571-00
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

49. Nótese que tanto la autoridad judicial de primera instancia, como la de segunda,
abordaron de fondo la inconformidad argüida por la parte actora, frente a la
configuración de la cosa juzgada parcial, esto es, respecto de unas de las
anualidades reclamadas en el segundo proceso (años 2001 a 2003).

50. En ese sentido, descartaron el argumento según el cual, no se presenta tal
fenómeno porque no existe identidad de objeto, dado que los actos acusados son
distintos y se originaron en actuaciones administrativas diferentes, bajo el entendido
de que resuelven la misma reclamación de reajuste con el IPC para los años 2001,
2002 y 2003. Dicho discernimiento no se observa sesgado, arbitrario o caprichoso,
dado que, en efecto, se trata del incremento de la prestación aplicando el ajuste del
índice de precios al consumidor para las anualidades reclamadas en que
eventualmente ese porcentaje fue superior al incremento decretado por el Gobierno
Nacional.

51. Para la Sala, los argumentos expuestos en la sentencia censurada son
razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional. El
hecho de que la accionante no comparta el fundamento de la decisión, no significa
que las autoridades judiciales accionadas hubiesen tomado una decisión irracional,
absurda o contraevidente; al margen de las premisas normativas, de las pruebas y
de la jurisprudencia aplicable.

52. Aunque las sentencias invocadas en la tutela para cimentar el defecto del
desconocimiento del precedente, son las mismas señaladas en el recurso de
apelación incoado contra la sentencia del 8 de marzo de 2022, y por ende, el
Tribunal Administrativo ya se pronunció al respecto, como se dijo en precedencia,
no está demás señalar que las providencias referidas por la parte accionante, se
profirieron en sede de tutela y por ende, sus efectos inter partes no constituyen
antecedente obligatorio para resolver la controversia surtida en el proceso de origen.

53. Así las cosas, a la luz de la sentencia SU-304 de 202412, las providencias
invocadas por la parte actora para sustentar el defecto por desconocimiento del
precedente judicial, no resultan obligatorias para la autoridad judicial accionada.

54. En suma, para la Subsección, la discusión propuesta es una reiteración de un
debate ya surtido ante el juez natural de la causa, y en consecuencia carece de la
relevancia constitucional necesaria para ser estudiado en esta instancia.

55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

12 «(iii) Una sentencia previa constituye un precedente vinculante y aplicable a un caso concreto

cuando: a. la razón de su decisión contiene una regla aplicable a la situación por resolver; b. el
problema jurídico que allí se resolvió sea semejante al que ahora corresponde decidir; y c. los hechos
de ambos casos sean equiparables».

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01571-00
Accionante: Gloria Elvira González de Orozco
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la señora Gloria Elvira González de Orozco, por incumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional, por lo razonado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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